Santa Cruz por ejemplo

A Rosa, a sus búsquedas y a sus sueños.

Aranda del Duero
Fachada de la Iglesia de Aranda del Duero

Cuando uno viaja por tierras desconocidas sin la guía adecuada, hechos históricos y lugares emblemáticos pueden pasar desapercibidos, máxime si se encuentran bajo tierra o bajo el corazón.

En Castilla León, en la región de la Rivera del Duero, los campesinos españoles cosechan la uva para hacer, lo que algunos consideran, uno de los mejores vinos del mundo. Poblaciones de origen medieval como Aranda del Duero, introdujeron esta tradición poco después de la expulsión mora, a finales del siglo XV. Debajo de las casas de Aranda, a varios metros de profundidad, aún se pueden visitar las bodegas centenarias, construidas por los vinicultores donde, en total oscuridad, reposaba y fermentaba el vino.

Pero no sólo estas sorpresas se encuentran debajo de la tierra de la región del río Duero. De manera reciente, en las inmediaciones de Santa Cruz de La Salceda y Vadocondes, -dos pequeñas poblaciones de Burgos, en las que van quedando sólo las generaciones mayores, pueblos de no más de 150 personas en la actualidad -, se han descubierto fosas clandestinas con los restos de pobladores desaparecidos por el franquismo durante la guerra civil, a finales de los años 30.

Los testimonios señalan que personas ligadas a La Falange franquista durante la guerra civil, allanaban las casas y detenían a quienes eran considerados “comunistas” para luego ejecutarlos en el campo, muchas veces, después de cavar su propia tumba. La mayoría de las veces las víctimas eran señaladas por los propios vecinos pero particularmente por funcionarios municipales y sacerdotes católicos. Hay quien todavía recuerda a los curas portando pistolas alrededor de las sotanas, negando la comunión o señalando desde el púlpito a “los hijos de satanás”. Como es sabido, los familiares o sobrevivientes, en su mayoría, emigraron a otros países, dejando detrás a los caídos y más de una maldición.

El conservadurismo religioso de derecha en esta región, según me explican, es resultado de la persecución, expulsión y eliminación de los opositores de izquierda, de los que quedan pocos y acallados sobrevivientes. La recuperación de los cuerpos hace apenas un par de años, ha recuperado también la memoria dormida, la razón de la enemistad entre familias y el dolor de una herida que a casi setenta años, no sana.

“Santa Cruz, por ejemplo” es el nombre de un video que documenta el rescate de los cuerpos en una fosa encontrada a las afueras de esa población de la rivera del Duero, y recoge testimonios de los familiares, amigos y vecinos del lugar. El título indica lo que en el documental se señala claramente: este es sólo un ejemplo de un sinnúmero de fosas que se encontrarían no sólo en la región del Duero sino en Castilla León, y según otros, a lo largo y ancho del Estado Español.

Hay quienes se ufanan que la transición española no necesitó del duelo, de la memoria, ni de la justicia; que “las Comisiones de la Verdad son para países bananeros”. Yo no estoy muy seguro de ello. Es claro para quien quiera verlo, la transición no ha generado la unidad esperada, hay dolor, hay rencor y persiste la negación del “otro”, y creo que la falta de memoria y justicia históricas son dos poderosos motivos.

Hay intentos de la sociedad civil como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que tratan de impulsar un trabajo de recuperación de la memoria histórica, que incipiente y a contrapelo, aún es posible. Hacemos votos porque la recuperación de esa memoria sea posible antes de que termine por extinguirse la generación de la guerra civil española.

Contra derecho, Calderón ataca a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

La decisión de Calderón de disolver la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) constituye una acción arbitraria que habría que combatir en las calles y los tribunales. No se sostiene el argumento de Calderón de no ser una empresa rentable. Ni LyFC ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas cuyo objetivo sea generar utilidades. Como empresas públicas prestadoras de un servicio público, su finalidad es dotar de energía eléctrica a la población, y por tanto el criterio de efectividad que debe ser utilizado es si cumple con ese cometido, y después si lo hizo con finanzas sanas aunque no exista superávit.

Por otro lado, la disolución de la empresa es ilegal, si es utilizada como medio para acabar con el sindicato o despedir masivamente a los trabajadores. Tanto el derecho al trabajo como el de asociación deberían prevalecer frente a la disposición de pasar las tareas de LyFC a la CFE, es decir, en una correcta aplicación de la ley, es decir, una interpretación democrática, los trabajadores de LyFC pasarían a ser trabajadores de la CFE, dado que estarían realizando la misma labor, sin perder el derecho a mantener su sindicato y evidentemente su plaza, de otra forma será una simulación jurídica.

Habrá que recordar que en el derecho internacional el derecho al trabajo y la sindicalización son considerados derechos humanos. Si existen corruptelas o ineficiencias, estas nunca podrán justificar arbitrariedades como las que se están cometiendo. La corrupción e ineficacia tiene que ser demostrada por el empleador, las sanciones, incluyendo el despido, tendrían que ser aplicadas caso por caso y no a tabula rasa.

Como ya ha sido mencionado en diversos medios, no es extraño que las víctimas de este atropello presidencial sean los integrantes de uno de los pocos sindicatos independientes y solidarios con las causas populares que existen en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En el contexto de la política de criminalización de los movimientos sociales, no sería raro que el desmantelamiento del SME fuera una razón más de Calderón para tomar la determinación que tan orgullosamente tomó.

Con estas medidas el presidente del empleo nos pone el ejemplo de lo que sucederá con las reformas laborales que propone, que las empresas privadas tengan las mismas prerrogativas arbitrarias que tiene la presidencia frente a las empresas paraestatales. Menos empleos, menos ingresos, menos seguridad y menos garantías de derechos civiles y laborales, serán las características del gobierno arbitrario de Calderón.

Ahora es cuando toca hacer valer al SME, unirse por de los derechos de los trabajadores y proteger las fuentes de trabajo. Será importante llenar las calles, tomar los puestos de trabajo, regresar la solidaridad que muchos hemos recibido, pero será también importante que todos los trabajadores se amparen y que el poder judicial fije posición. ¿Lo harán los partidos en el Congreso de la Unión, y en su caso, lo harán como representantes de la voluntad popular?

Pronunciamiento por la grave situación de los derechos humanos en Honduras

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 24 de agosto de 2009

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (Inicia), se suma a las voces de rechazo al golpe de estado en Honduras y hace un llamado al cese de la represión por parte del gobierno de facto en contra de la población civil.

Según información fidedigna, ante las múltiples manifestaciones de repudio de diversos sectores de la sociedad hondureña por el rompimiento del orden constitucional, la reacción policial y militar se ha ido recrudeciendo, dejando muertos, heridos y un número indeterminado de detenidos sobre los que se teme por su condición y su paradero, como los ocurridos en los eventos registrados el pasado 12 de julio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Esta misma información señala que a los periodistas y defensores de derechos humanos se les obstruye en su labor, y más aún, son víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias, como en el caso de Marcelino Martínez de la ciudad de El Progreso Yoro, quien se encuentra bajo libertad condicionada y Alex Matamoros, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, quien fuera detenido injustificadamente el pasado 11 de agosto para ser liberado al día siguiente, y de los periodistas Oslin George de la Revista Vida Laboral y César Silva, detenidos y golpeados por la policía el día 12 de agosto pasado.

A su vez, se han reportado atentados a las instalaciones de las organizaciones sociales como el ocurrido en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS) a inicios del mes de agosto y que fuera objeto posteriormente de un tiroteo. Las instalaciones del STIBYS es el lugar donde se reúnen los grupos de manifestantes. Así mismo, un tiroteo similar en contra de las oficinas de Vía Campesina en las mismas fechas. Diversas fuentes señalan que se estarían formulando cargos por sedición y terrorismo en contra de los dirigentes de los movimientos sociales.

La persecución y hostigamiento a la población es generalizada por parte de la policía y el ejército. Según informes, por el día realizan redadas y utilizan armas de fuego de manera indiscriminada para disuadir la manifestación popular; de noche, se dedican a buscar para luego detener a los diversos grupos de manifestantes en los refugios donde pernoctan, destacadamente en centros de estudio como la UPN y en los sindicatos.

Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación por parte del Congreso Nacional del Servicio Militar obligatorio en tiempos de crisis, dado que se presume sería utilizado en estos momentos de inestabilidad y zozobra para reclutar jóvenes en contra de su voluntad y enfrentarlos a los movimientos sociales de protesta. La aprobación del servicio Militar obligatorio significaría, además, un retroceso a la derogación que se hiciera de él en 1994 y sería contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular de la Convención Iberoamericana de Derechos de Las y Los Jóvenes, de la cual Honduras es parte. 

Nos solidarizamos con el pueblo hondureño y particularmente con los y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y activistas en general, que han sufrido en carne propia la represión por parte de los golpistas, por defender los derechos humanos e intentar restablecer el orden constitucional.

Valoramos la visita realizada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras, como un importante aporte al proceso de recuperación de la paz y el estado de derecho, y urgimos al gobierno golpista a atender las observaciones y recomendaciones que se deriven de su informe.

Hacemos un llamado al gobierno golpista de Roberto Michelleti para que se abstenga de atacar a la población hondureña, y a respetar el Estado de derecho y la voluntad popular, permitiendo el retorno y la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de la República.

Urgimos a la comunidad de naciones, a la ONU y a la OEA para que tomen medidas efectivas tendientes a devolver la paz y el estado de derecho en Honduras y se ponga fin a esta espiral de violencia.

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)

Observaciones preliminares de la CIDH sobre su visita a Honduras

Honduras: Amenaza de crisis de derechos humanos. Informe de Amnistía Internacional.

Gobierno de facto viola derechos humanos en Honduras. Informe de la Misión Internacional de Observación sobre la Sitación de los Derechos Humanos en Honduras.

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras COFADEH

Réplica a Denise Maerker

Dra. Denise Maerker,

Hago referencia a su columna Atando Cabos del 17 de agosto pasado, en la que de algún modo resulto representante de una legión de deshonestos. A modo de réplica, permítame aclarar unos puntos y sugerir otros en honor a la verdad.

Hablando a título personal, en ningún modo aplaudo las invenciones de la Procuraduría de Justicia, empezando por la versión de que la masacre de Acteal se explique por un conflicto intercomunitario o familiar pero tampoco la negligencia e ineptitud de los funcionarios de procurar y administrar justicia.

Vale aclarar que la Suprema Corte de Justicia rechazó algunas de las pruebas por haber sido obtenidas ilícitamente, faltaría valorar si son veraces, asunto distinto (recuerde Maro Marín) y sin duda polémico. Sin embargo, lo más importante en el caso, no es ni la lista de nombres ni el álbum de fotografías, que presentó en su momento la PGR para procesar a algunos de los señalados como responsables de la masacre, sino el cúmulo de pruebas que no han sido suficientemente valoradas, incluyendo las testimoniales y que para el proceso, desafortunadamente, se han quedado como meras pruebas indiciarias: el contexto y los antecedentes, la asociación delictuosa, las declaraciones de diversos policías, paramilitares confesos y autoridades, los que faltan por declarar ministerialmente, y pruebas documentales del CISEN, de la misma PGR y el Ejército, incluyendo el informe del Pentágono desclasificado, recientemente dado a conocer, etc., allí encontraríamos nuevos nombres y se repetirían otros.

Por el contrario, la integración de las averiguaciones previas fue floja y por tanto procesalmente fácil de invalidar. La SCJN reprueba a la PGR pero como siempre, quienes pagan los platos rotos de la incapacidad y la indolencia de los funcionarios del sistema de justicia, son las víctimas, las que a los encumbrados ministros no les merece ni una mención. Eso se llama impunidad.

¿En qué sentido podemos aplaudir la liberación de los presos, que como es sabido, particularmente en la región de Chenalhó, estuvieron involucrados en el desplazamiento forzado, en detenciones arbitrarias, en tortura física y psicológica, en asesinatos y en última instancia, en la masacre de Acteal? Si había procesados y, hasta diez años después, sentenciados, lo fue a pesar de la procuración y administración de justicia, no por ella. El caso de Acteal está marcado por la omisión, la negligencia y la complicidad, antes que por la acción y el deber de las autoridades de procuración y administración de justicia.

Pero no le pido que me crea porque frente a hechos tan ignominiosos para las víctimas y la sociedad como la masacre de Acteal, lo que cada uno entiende o cree es tan inocuo a la verdad y a la justicia como la respuesta que a lo largo de los años han tenido los gobiernos de turno, particularmente el sistema de justicia.

En honor a la verdad, dada la desconfianza en las instituciones de justicia y la ineficacia de los procesos judiciales para resolver los crímenes que nos han marcado como sociedad, es decir, delitos de lesa humanidad, la demanda que usted y yo deberíamos tener, es la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico, independiente, imparcial, comprometida con la justicia y con credibilidad frente al país o al menos para las partes involucradas, cuyos resultados sean el marco para procurar y administrar justicia pero sobre todo para reconciliarnos como nación a partir de la verdad. Espero para esta tarea que sí seamos legiones.

Respetuosamente,

Michael W. Chamberlin

Antigua, Guatemala, a 21 de agosto de 2009.