He trabajado en derechos humanos con organizaciones civiles en México desde principios de los años 90. En esta trayectoria me he encontrado con lo más sublime y con lo más atroz del ser humano. Creo en la vigencia de los derechos humanos como la sustancia de nuestra democracia, y en la persona como un ser de fines y fin último de esta asociación a la que llamamos Estado. No estoy de acuerdo con el estado actual de las cosas, la miseria, la humillación, los abusos y sobre todo la indiferencia. De esto pretendo escribir en este blog, esperando que este ejercicio de libertad de expresión se vuelva un espacio comunicativo.
Eventos como el de San Fernando no son más que el extremo de una cadena de acontecimientos, la cola de un remolino pronto superado por un evento más ultrajante, en un proceso de normalización de la violencia que nos distorsiona, si no es que nos despoja, de nosotros mismos. Más pena damos los vivos que los muertos.
No diré más. Ve este video (si tienes tiempo) mientras piensas en San Fernando. Pregúntate qué papel juegas en él. Aléjate de falsos heroísmos que en nada ayudan más que en limpiar la conciencia para pasar la página. Acuérdate de la masacre de Creel y luego en Acteal, y las más que recuerdes. Finalmente pregúntate, ¿a dónde vamos, qué hemos hecho, en qué realidad quiero vivir (o vivo) y qué implicaciones tiene decir (si lo he dicho) “alto a la guerra, no más muertos”?
“No somos verdugos ni nos dedicamos a ultimar gente”, dijo el General Guillermo Moreno Serrano Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo León, refiriéndose al Ejército Mexicano, en respuesta a la CNDH por la recomendación 45/2010 sobre los jóvenes asesinados del Tecnológico de Monterrey, según constata La Jornada en su edición del pasado domingo.
Resulta difícil creerle al General cuando a estas alturas del sexenio calderonista son alrededor de 29,000 los ejecutados en la guerra contra el narco. No sabemos cuántos de ellos lo han sido por manos de las fuerzas armadas pero dos casos de resonancia nacional nos dan una idea de cómo sí actúan como verdugos, me refiero a las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009) y de Ignacio Coronel Villareal en Guadalajara (29 de julio de 2010), ambos presuntas cabezas del narcotráfico en México.
No me refiero sólo al hecho de que en el primero caso el enfrentamiento de 100 marinos contra apenas poco más de cinco hombres armados, y en el segundo de 200 militares contra dos presuntos delincuentes, hagan difícil creer la necesidad de ultimarlos en lugar de someterlos y detenerlos, como bien observa John Ackerman en su columna del 9 de agosto pasado; la mejor evidencia de la intención de las fuerzas armadas por ejecutar, es la portación y uso de balas expansivas. De acuerdo a notas de prensa, “varias balas expansivas le perforaron el tórax, el abdomen y la cabeza” a Beltrán Leyva, una más fue utilizada contra uno de sus escoltas en el mismo ataque, y dos fueron encontradas, según peritajes de la SIEDO, en el cuerpo de Ignacio Coronel.
El uso de balas expansivas se prohibió por primera vez por la Convención de Paz de La Haya de 1899. Posteriormente, esta prohibición fue retomada en el artículo 35 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados internacionales: “2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.” La razón de esta disposición tiene su fuente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en el que se establecía que “el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo” y que por tanto, “en la guerra es suficiente con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres”, no liquidarlos.
No sobra repetir que la guerra de Calderón en contra del narcotráfico es ilegal, dado que para declararla se necesitan cubrir los requisitos establecidos en el Artículo 29 constitucional e informar de dicha situación al menos a los Estados Americanos y establecer las medidas de protección de los derechos de las personas, como lo establece el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aun cuando estuviéramos en una situación de guerra o de peligro público que amenazara al Estado (recordemos que vivimos una situación de violencia creada por el propio gobierno federal, ver “A war on drugs?” de Luis Hernández Navarro), “agravar inútilmente los sufrimientos de quienes han sido puestos fuera de combate o hacer su muerte inevitable”, es hoy una norma considerada de derecho internacional consuetudinario, y aplica como delito de guerra de los Estados, aunque no sean parte de los Convenios que explícitamente lo prohíben.
Si esto es así en los supuestos de guerra internacional o interna, con mayor razón es aplicable a los supuestos donde se presumen condiciones de paz y un Estado de Derecho. Si en la guerra el objetivo legítimo es debilitar a las fuerzas armadas del enemigo, en tiempos de paz el objetivo legítimo de los funcionarios de hacer cumplir la ley (la policía o quién cumpla este papel, así sea el Ejército o la Armada) es proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, establecen que (Artículo 4)“(l)os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego (…). (Artículo 5) Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; (…)”. El uso de balas expansivas es, como se evidencia, contrario a este propósito.
No es difícil suponer que los grupos de narcotraficantes utilicen los mismos métodos prohibidos pero no podemos considerar que la responsabilidad sea la misma porque sería tanto como elevarlos a la calidad de autoridades. Por el contrario, el uso de esos métodos deslegitima a las fuerzas armadas y las degrada a la calidad de delincuentes. Para estos existe el derecho penal, no las ejecuciones extrajudiciales.
No sabemos en qué otros casos las fuerzas armadas habrían utilizado balas expansivas u otros materiales prohibidos en su guerra contra el narcotráfico. Lo que se evidencia en los casos de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, es que el Ejército y la Marina, si es verdad que utilizan balas expansivas, actúan como verdugos, violando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y más aún, incurriendo en delitos de guerra condenados por el derecho internacional humanitario.
El Ejército y la Marina estarían lejos de cumplir con los objetivos legítimos de la guerra y mucho más lejos de los objetivos de hacer cumplir la ley, razón por la cual no deben suplir la acción policiaca. Mientras eso se cumple, al menos deben abstenerse de utilizar armas prohibidas y recordar que las ejecuciones extrajudiciales están proscritas.
Es difícil esperar que el fuero de guerra juzgue a las propias fuerzas armadas por contravenir el derecho internacional pero una denuncia ante el Sistema Interamericano sería posible por cualquier persona, dado el carácter de derechos objetivos que tienen los derechos humanos en ese ámbito. Sería un servicio a la democracia y al Estado de Derecho en México que algún organismo de derechos humanos lo hiciera.
Las elecciones del pasado 4 de julio al parecer han dado el banderazo a la carrera presidencial para el 2012. Los partidos discuten, se reprochan o aplauden sus alianzas buscando crear las condiciones propicias para ganar “la grande”, mientras Andrés Manuel López Obrador se pone a la delantera, ha anunciado su deseo de contender y ha presentado su “proyecto de nación”. Los resultados electorales son objeto de análisis y cálculos de lo que será el escenario posible dentro de dos años. Comienza el “reality show” político, con la misma expectación de un partido de futbol o el final de una telenovela, donde sólo contamos como rating, y en el que el desenlace, más allá de la satisfacción o insatisfacción que nos produzca, en nada cambia nuestra vida cotidiana.
En términos reales ¿qué se puede esperar por parte de la coalición ganadora en Oaxaca y Puebla, por poner dos ejemplos, distinto al PRI? Si observamos a los gobiernos perredistas de Chiapas y Guerrero, en el entorno geográfico y político de los primeros, no se encuentran muchas diferencias: despojos, asesinatos, presos políticos, pobreza e impunidad. Este continuismo tiene que ver menos con la persona y más con las condiciones institucionales de los partidos, de las leyes y de los grupos de poder que están detrás.
Si vemos el comportamiento de los mismos partidos en el Congreso, preocupa mucho su indiferencia, por no decir su complicidad, en una guerra ilegal e inaceptable que sólo ha generado muerte y terror en el país; que estén más preocupados por la reducción de las remesas de los migrantes, en lugar de atacar las condiciones que siguen expulsándolos de sus lugares de origen; que le sigan el juego al desmantelamiento de las economías locales para engordar los bolsillos de unos cuantos en detrimento de las mayorías; que entorpezcan o aplacen injustificadamente la reforma a la justicia para abatir la impunidad (particularmente la militar), verdadera arma contra el narcotráfico, la reforma al juicio de amparo y el reconocimiento del principio de presunción de inocencia elevado a derecho; que en su lugar se enfrasquen en una reforma laboral que por donde se mire, está encaminada a reducir los derechos de los trabajadores y a favorecer las utilidades de las grandes empresas so pretexto de la “competitividad”; que nos sigan vendiendo el cuento de la inversión externa como salvación cuando ha sido ésta la causante del deterioro de la ya de por sí precaria calidad de vida de cientos (o miles) de localidades; que se envuelvan en la bandera por la privatización del petróleo y no digan nada de la privatización del subsuelo que está causando un verdadero desastre ecológico y social por parte de empresas mineras, muchas de ellas canadienses.
Detrás de estos males, y de otros que se podrían seguir enumerando, se encuentra una decisión política, así sea por omisión. La peor impunidad es la del poder cuando se encuentra libre de la obligación de dar cuentas, que sumada a la seguridad que tienen los partidos del monopolio de la representación política, deja a las verdaderas mayorías a merced de lo que resulte de las negociaciones entre intereses particulares de grupos y partidos.
Parece que sigue siendo pertinente preguntarse, como lo hizo la APPO en 2006 y como nos repiten todos los días los zapatistas con sus Juntas de Buen Gobierno, por la democracia como forma y contenido de gobierno, no sólo como método para acceder al poder. Los partidos políticos, si en verdad se asumieran democráticos, en lugar de preocuparse por aliarse a cualquier costo por conquistar el poder, deberían estar buscando institucionalizar mecanismos de control ciudadano sobre los gobernantes (esa reminiscencia jurídica llamada Estado de Derecho), y sobre las decisiones públicas, es decir, el ejercicio de los derechos ciudadanos como forma de distribución del poder. Se trata del viejo dilema de la democracia griega, de si es mejor un gobierno de buenas personas (el buen tirano) o uno de buenas leyes (el imperio de la ley), donde incluso el peor gobernante se vea sometido a la obediencia del bien común.
En democracia, tener buenas leyes significa igualdad de condiciones en la toma de decisiones de quienes forman parte de la comunidad política, es decir de los ciudadanos (donde reside la soberanía). Este es el verdadero sentido de “una persona, un voto”, no sólo la participación política para decidir quién será el gobernante sino también en el contenido de lo que debe decidirse porque afecta a esa misma comunidad política, más aún, la participación de los resultados de esa decisión.
Los partidos políticos en México, lejos de representar una alternativa, han retomado los modos del viejo paternalismo priista, que por alguna razón metafísica, ahora también consideran poseer una especie de capacidad superior al resto de los mortales ciudadanos para decidir lo que mejor nos conviene e incluso protegernos de nosotros mismos, no importa si son de derecha o de izquierda. Por eso nuestra precaria democracia, como la de la mayoría de países que se dicen democráticos, ha reducido la participación a la mera formalidad de la elección del tirano (bueno o malo) en turno, dejando en unas cuantas manos el poder de decisión que nos corresponde a todos y cada uno.
Con todo, esta idea no es contraria a la democracia representativa sino complementaria. Los representantes políticos, que nada explica que deban ser de algún partido, lo son precisamente porque representan los intereses de sus representados (y el primer interés es la garantía de sus derechos), por tanto, estos últimos deben contar con los mecanismos de control, garantizados por ley, que sujeten al representante a la voluntad de la comunidad política desde su elección hasta su ejercicio de gobierno y por tanto su revocación, y no que aquel expropie esa voluntad imponiendo la suya, como sucede hoy en día.
Este viejo ideal encerrado en el concepto de democracia, es la raíz sobre la que se supone se sostiene nuestra República (a pesar de derechas o izquierdas), al parecer tan lejos como la Revolución Francesa y tan necesario como entonces. Es la soberanía popular y la garantía de los derechos humanos, los dos contenidos fundamentales de cualquier “proyecto de nación” que busque la paz y la emancipación, promesas postergadas por 200 años. Este es el debate que deberían estar dando los partidos en el Congreso y de cara a las elecciones presidenciales del 2012, este es el ideario ideológico y político de una verdadera oposición, esta es la agenda de los ciudadanos y su plan de lucha, todo lo demás son rivalidades triviales en un partido de futbol.
Muchos argumentos se han puesto ya sobre la mesa en contra de la penalización del aborto, razones científicas, legales y políticas entre las principales. Yo quiero referirme a las razones morales para despenalizar el aborto, más aún, para asegurar que su práctica sea segura y por supuesto, legal. Lo hago fundamentalmente por una preocupación surgida a partir de leer muchos de los argumentos sobre la penalización del aborto, que rechazan vincular preceptos morales a los jurídicos, razonamiento que puede ser contrario a la protección de los derechos que se pretenden defender.
No existe precepto jurídico real que no esté influido por preceptos de tipo moral, simplemente por que la labor legislativa se enmarca en la esfera de lo político. El legislador creará leyes regido siempre por sus intereses y valores; la producción del derecho no es una ciencia pura, dado que se encuentra en el seno de un contexto histórico determinado (con perdón de los juristas kelsenianos, aunque lo dicho no implica que al derecho existente no se le pueda aplicar un análisis desde la propuesta teórica del derecho de Kelsen). Esos intereses y valores que rigen al legislador a la hora de crear leyes, deben ser sometidos a los intereses y valores de la ciudadanía, un interés colectivo y común, que le da su rasgo particular a la democracia, que hemos escogido como forma de gobierno.
La democracia tiene su fundamento en el reconocimiento de la dignidad de la persona, cuyos derechos, derivados de esa dignidad, son (o deberían ser) criterios de validez de todo el sistema jurídico, es decir, valores éticos que constituyen la moral de la ley. La igualdad política (una persona un voto), la igualdad jurídica (la balanza de la justicia) y yo agrego, la igualdad sustantiva (todos los derechos para todas y todos), tienen como fundamento ético la dignidad reconocida, de manera histórica, primero a los hombres propietarios, luego a los hombres blancos, y finalmente a los hombres y mujeres sin ninguna distinción, incluyendo, por supuesto, la no distinción por su condición sexual.
Reconocer que la persona tiene dignidad es aceptar que es un ser de fines, que existe (independientemente de la explicación teológica o científica) para ser libre, decidir su proyecto de vida y autodeterminarse, en otras palabras, la dignidad de la persona implica reconocernos como seres autónomos con la única restricción de no afectar la libertad y autonomía de los demás, dado el reconocimiento de la dignidad común a todas las personas.
Consecuentemente, ser libres y autónomos no puede excluir la determinación personal y exclusiva sobre nuestro cuerpo, esta es nuestra primera trinchera de autonomía; como seres de fines tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, y a alcanzar libremente nuestros propios fines, incluyendo la maternidad. Ninguna persona puede ser considerada como medio, sin atacar su dignidad, tampoco como medio para la procreación. La libertad en un régimen democrático, es un valor público que tiene que ser protegido, garantizado y promovido, incluyendo la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo.
Ahora bien, la vida también es un valor público derivado de nuestra condición de seres libres e iguales en dignidad y derechos. La vida es la condición primera de nuestra libertad y autonomía. Nos preocupa por ello que las mujeres no la arriesguen practicándose abortos clandestinos e inseguros, de la misma forma que estamos en contra de los feminicidios, los asesinatos y masacres o incluso el aborto. La vida es un valor tan importante como la libertad que le da sentido y la cualifica, la dignifica. Nadie desde la ética de la dignidad de la persona, está a favor del aborto como no lo está a favor de la maternidad obligada. Estamos entonces ante la confrontación de dos derechos igualmente valiosos, que deben ser protegidos sin que uno de ellos sea anulado o estaremos violando el principio de la dignidad de la persona.
De la misma manera que las personas no existen solas como entidades abstractas o de manera ideal, los derechos tampoco existen de manera absoluta y aislada. Bajo el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas, los derechos tienen límites que tienen que ser regulados por el Estado. Esos límites deben establecerse en base a la razón (y no al dogma) para garantizar la convivencia democrática, es decir, demostrando razonablemente que están encaminados a otorgar la máxima garantía posible para el respeto y protección de los derechos de las partes confrontadas. Lograr ese equilibrio es el arte del gobierno democrático. Así, el aborto legal es una decisión política que responde al reconocimiento moral de la dignidad de la mujer y de la convivencia democrática, estableciéndose como el límite para la vigencia y convivencia de dos derechos igualmente valiosos pero enfrentados. No regular el aborto con criterios razonables, genera arbitrariedad, abuso, discriminación y vulnerabilidad.
La moral y el derecho no son excluyentes, argumentar lo contrario es pretender la arbitrariedad y el fraude legal. En democracia, el derecho debe ser la garantía y concreción de una ética pública basada en el reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, los derechos y libertades como normas superiores de validez de la ley. Los vínculos entre democracia, reconocimiento de derechos y estado de derecho (sometimiento de los poderes), son indisolubles, son tres elementos que viven en simbiosis o no viven. Las entidades públicas y privadas deberíamos someternos a esa ética pública independientemente de nuestra religiosidad, y tomar en serio la democracia, con el único fin de lograr la paz.
Michael W. Chamberlin 