¡Alto a la guerra, no más muertos!

28 agosto 2010 Michael W. Chamberlin5 comentarios

Podría ponerme solemne y decir que la masacre de San Fernando es reprobable pero ya no sirve. La realidad es hoy un show, un reality show para todo tipo de audiencias, los que con un cinismo sobrecogedor afirman que “es la muestra de que vamos ganando la guerra”; los que ríen diciendo “podemos más”; los que dicen “¡venganza!, ¡castigo!”; los que lamentan las muertes y envían condolencias a los familiares; los que señalan las violaciones a los derechos humanos y se indignan por el proceder gubernamental. No hacen más que consumir de la misma cadena de comida rápida, “reaccione rápido, como quiera, no lo piense, consuma” el mismo producto y al mismo ritmo hasta que aparezca el nuevo lanzamiento que le prometerá más de lo mismo, “lo que usted espera pero mejorado”. Vivimos al ritmo del show de las conciencias y repetimos nuestro patrón en cada nuevo evento.

Eventos como el de San Fernando no son más que el extremo de una cadena de acontecimientos, la cola de un remolino pronto superado por un evento más ultrajante, en un proceso de normalización de la violencia que nos distorsiona, si no es que nos despoja, de nosotros mismos. Más pena damos los vivos que los muertos.

No diré más. Ve este video (si tienes tiempo) mientras piensas en San Fernando. Pregúntate qué papel juegas en él. Aléjate de falsos heroísmos que en nada ayudan más que en limpiar la conciencia para pasar la página. Acuérdate de la masacre de Creel y luego en Acteal, y las más que recuerdes. Finalmente pregúntate, ¿a dónde vamos, qué hemos hecho, en qué realidad quiero vivir (o vivo) y qué implicaciones tiene decir (si lo he dicho) “alto a la guerra, no más muertos”?

Razones morales para el aborto legal

16 enero 201018 enero 2010 Michael W. Chamberlin8 comentarios

Por el derecho a decidir — Logo del movimiento por el derecho a decidir

Muchos argumentos se han puesto ya sobre la mesa en contra de la penalización del aborto, razones científicas, legales y políticas entre las principales. Yo quiero referirme a las razones morales para despenalizar el aborto, más aún, para asegurar que su práctica sea segura y por supuesto, legal. Lo hago fundamentalmente por una preocupación surgida a partir de leer muchos de los argumentos sobre la penalización del aborto, que rechazan vincular preceptos morales a los jurídicos, razonamiento que puede ser contrario a la protección de los derechos que se pretenden defender.

No existe precepto jurídico real que no esté influido por preceptos de tipo moral, simplemente por que la labor legislativa se enmarca en la esfera de lo político. El legislador creará leyes regido siempre por sus intereses y valores; la producción del derecho no es una ciencia pura, dado que se encuentra en el seno de un contexto histórico determinado (con perdón de los juristas kelsenianos, aunque lo dicho no implica que al derecho existente no se le pueda aplicar un análisis desde la propuesta teórica del derecho de Kelsen). Esos intereses y valores que rigen al legislador a la hora de crear leyes, deben ser sometidos a los intereses y valores de la ciudadanía, un interés colectivo y común, que le da su rasgo particular a la democracia, que hemos escogido como forma de gobierno.

La democracia tiene su fundamento en el reconocimiento de la dignidad de la persona, cuyos derechos, derivados de esa dignidad, son (o deberían ser) criterios de validez de todo el sistema jurídico, es decir, valores éticos que constituyen la moral de la ley. La igualdad política (una persona un voto), la igualdad jurídica (la balanza de la justicia) y yo agrego, la igualdad sustantiva (todos los derechos para todas y todos), tienen como fundamento ético la dignidad reconocida, de manera histórica, primero a los hombres propietarios, luego a los hombres blancos, y finalmente a los hombres y mujeres sin ninguna distinción, incluyendo, por supuesto, la no distinción por su condición sexual.

Reconocer que la persona tiene dignidad es aceptar que es un ser de fines, que existe (independientemente de la explicación teológica o científica) para ser libre, decidir su proyecto de vida y autodeterminarse, en otras palabras, la dignidad de la persona implica reconocernos como seres autónomos con la única restricción de no afectar la libertad y autonomía de los demás, dado el reconocimiento de la dignidad común a todas las personas.

Consecuentemente, ser libres y autónomos no puede excluir la determinación personal y exclusiva sobre nuestro cuerpo, esta es nuestra primera trinchera de autonomía; como seres de fines tenemos derecho a decidir sobre nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, y a alcanzar libremente nuestros propios fines, incluyendo la maternidad. Ninguna persona puede ser considerada como medio, sin atacar su dignidad, tampoco como medio para la procreación. La libertad en un régimen democrático, es un valor público que tiene que ser protegido, garantizado y promovido, incluyendo la libertad de decidir sobre nuestro cuerpo.

Ahora bien, la vida también es un valor público derivado de nuestra condición de seres libres e iguales en dignidad y derechos. La vida es la condición primera de nuestra libertad y autonomía. Nos preocupa por ello que las mujeres no la arriesguen practicándose abortos clandestinos e inseguros, de la misma forma que estamos en contra de los feminicidios, los asesinatos y masacres o incluso el aborto. La vida es un valor tan importante como la libertad que le da sentido y la cualifica, la dignifica. Nadie desde la ética de la dignidad de la persona, está a favor del aborto como no lo está a favor de la maternidad obligada. Estamos entonces ante la confrontación de dos derechos igualmente valiosos, que deben ser protegidos sin que uno de ellos sea anulado o estaremos violando el principio de la dignidad de la persona.

De la misma manera que las personas no existen solas como entidades abstractas o de manera ideal, los derechos tampoco existen de manera absoluta y aislada. Bajo el reconocimiento de la dignidad igual de todas las personas, los derechos tienen límites que tienen que ser regulados por el Estado. Esos límites deben establecerse en base a la razón (y no al dogma) para garantizar la convivencia democrática, es decir, demostrando razonablemente que están encaminados a otorgar la máxima garantía posible para el respeto y protección de los derechos de las partes confrontadas. Lograr ese equilibrio es el arte del gobierno democrático. Así, el aborto legal es una decisión política que responde al reconocimiento moral de la dignidad de la mujer y de la convivencia democrática, estableciéndose como el límite para la vigencia y convivencia de dos derechos igualmente valiosos pero enfrentados. No regular el aborto con criterios razonables, genera arbitrariedad, abuso, discriminación y vulnerabilidad.

La moral y el derecho no son excluyentes, argumentar lo contrario es pretender la arbitrariedad y el fraude legal. En democracia, el derecho debe ser la garantía y concreción de una ética pública basada en el reconocimiento de la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas, los derechos y libertades como normas superiores de validez de la ley. Los vínculos entre democracia, reconocimiento de derechos y estado de derecho (sometimiento de los poderes), son indisolubles, son tres elementos que viven en simbiosis o no viven. Las entidades públicas y privadas deberíamos someternos a esa ética pública independientemente de nuestra religiosidad, y tomar en serio la democracia, con el único fin de lograr la paz.

Blog Por el derecho a decidir

Marchan jóvenes graffiteros por San Cristóbal de Las Casas

14 junio 200925 junio 2009 Michael W. Chamberlin3 comentarios

El miércoles 10 de abril pasado, aniversario de la matanza de San Cosme de 1971, los jóvenes graffiteros de San Cristóbal de Las Casas marcharon por las calles de la ciudad demandando un alto a la persecución que se ha desatado de nueva cuenta, a raíz del acuerdo del cabildo municipal del 30 de marzo, que ha exacerbado los ánimos en contra de los jóvenes y que cobró ya la vida de uno de ellos, Victor Penagos “El Burla”.

La marcha fue inédita no sólo por quien convocó, sino porque a pesar de ser una marcha de graffiteros, no hicieron graffiti. “Compañeros, ya se ha denigrado al graffiti, no les demos motivos para denigrarlo más”; “respetemos al pueblo, la lucha es en contra de las autoridades”.

Entre 200 y 300 personas se vieron convocadas por la causa, no sólo jóvenes, no sólo escritores de graffiti, sino ciudadanía en general, consciente de que si bien existe una controversia de intereses entre los dueños de las fachadas y quienes escriben graffiti, esto no debe ser pretexto para la persecución, la discriminación, las detenciones arbitrarias y mucho menos el asesinato, como forma de dirimirlo.

El acuerdo pendiente de aprobación por el Congreso de Chiapas, no sólo ha tenido como resultado la multa a quienes se les encuentra graffiteando y la gratificación económica a quienes los denuncien o detengan, en los hechos ha significado la estigmatización de los jóvenes quienes reiteradamente han sido detenidos por la forma en que visten o por su apariencia física, y en no pocos casos el maltrato. Existen testimonios de como los policías municipales han arrancado aretes, amenazado e incluso desvestido y pintado con los mismos aerosoles a los jóvenes, denigrándolos con total impunidad. Este tipo de eventos han hecho que la demanda de los jóvenes no sea que los dejen pintar o como en otros casos, se exijan espacios de esparcimiento que bien hacen falta en una ciudad que se piensa para el turismo y para quienes viven de él pero no para la diversidad de la ciudadanía, la demanda fue muy clara “basta de represión”, “no somos delincuentes”.

No faltó como en los tiempos más oscuros de la guerra en Chiapas, coincidentemente con el primer gobierno del actual presidente municipal hacia 1998, un anónimo que circuló por la ciudad en la que amenazaban a los jóvenes con agarrarlos uno por uno. Los jóvenes responsabilizaron a Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal, de cualquier cosa que les pase en los días posteriores a la marcha.

Al final de la marcha, incontenibles, tapizaron de graffitis dos mamparas blancas, blanquísimas, puestas por el ayuntamiento en la plaza de la ciudad “Una pared blanca es una mente en blanco”, para finalizar con piezas de hip hop en una fiesta improvisada.

“No somos delincuentes, somos diferentes”. Esta es quizá la expresión que más se acerca al problema. Los escritores de graffiti en San Cristóbal son claramente jóvenes y la marcha lo dejó más claro que nunca. Los jóvenes constituyen otra forma de diversidad, quizá la más invisibilizada. El joven es por naturaleza, inquieto e inconforme, cruza por un etapa de la vida en la que busca construir una identidad y juega con los límites, trasgrede pero no con el afán de agredir, sino en búsqueda de un sentido. Pero la parecer a los adultos se nos olvida, seguimos pensando que la forma de formar es con agresión y represión. ¿De qué otra forma un joven puede construir un proyecto de vida, si no es a partir del disfrute de sus derechos?, ¿No es acaso el graffiti, en cualquiera de sus manifestaciones, un síntoma, un termómetro del grado de cumplimiento de los derechos de los jóvenes?, ¿No se les ocurre a los servidores públicos otra forma de relacionarse con la diversidad más que reprimiéndola?, ¿No se les ocurre a los políticos otra forma de resolver problemas sociales que no sea por la vía penal?

La protesta ya ha tenido su efecto, los regidores opositores en San Cristóbal ahora proponen dialogar con los jóvenes, crear el Consejo Municipal Juvenil, etc. Todo esto está muy bien pero como ha sido reclamado a raíz del Foro Graffiti, Juventudes y la Resignificación de los Espacios Públicos, cualquier propuesta debe estar antecedida por la derogación del acuerdo municipal del 30 de marzo y por garantías que pongan fin a la persecución, hostigamiento, amenazas, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias en contra de los jóvenes por parte de la policía municipal. Sin ellas se volverá un diálogo condicionado por la amenaza y las medidas servirán sólo para obligarlos a aceptar las reglas que imponga el ayuntamiento.

Video de la marcha por el Colectivo La Juncia

Pronunciamiento del Foro Graffiti, Juventudes y Resignificación de los Espacios Públicos.

8 junio 2009 Michael W. Chamberlin2 comentarios

El respeto a los derechos de todos es el principio de la convivencia democrática.

Los abajo firmantes, preocupados por la persecución y el clima de violencia que se ha desatado contra los jóvenes en San Cristóbal de Las Casas, a raíz de la aprobación de un acuerdo municipal el 30 de marzo pasado queremos manifestar lo siguiente:

: No somos delincuentes

El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión, acordada por el cabildo de manera unánime.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado por un lado, enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de criminalización y estigmatización de las y los jóvenes; y por otro, de manera más velada, un ambiente propicio para la persecución, la detención arbitraria, los malos tratos, la extorsión y lamentablemente, el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada, por parte de un particular, el pasado 27 de mayo. Estos casos han sido cometidos por igual, tanto por policías municipales como por personas alentados por la recompensa.

La decisión del ayuntamiento es errática en varios sentidos. Primero porque está orientada a criminalizar la expresión artística de las y los jóvenes a partir de un criterio arbitrario, calificando la manifestación artística como errónea o correcta. Segundo porque castiga una práctica juvenil aislándola del contexto de exclusión que viven las y los jóvenes en su relación con la ciudad y el resto de la sociedad, sin abrir opciones. Tercero porque incentiva y avala a la ciudadanía a ser parte de esta criminalización, exclusión y violencia, y a los establecimientos de pintura a ser cómplices de ello. Cuarto porque la experiencia ha demostrado que las políticas basadas en la intolerancia son ineficaces y agudizan la violencia. Quinto porque omite analizar la problemática juvenil para el ejercicio de sus derechos en un ambiente de convivencia democrática, como se esperaría del ejercicio de un buen gobierno.

Lo que está en juego no son las paredes “manchadas” ni la calidad artística del Graffiti, tampoco que se asignen paredes como forma de “acabar con el problema” que lo único que hace es dividir entre escritores buenos y malos. Se trata de cómo los jóvenes pueden, con pleno respeto y protección a sus derechos, ser partícipes de esta ciudad. Se trata de mirar el tipo de convivencia que queremos y de cómo queremos dirimir nuestras diferencias, donde quepamos todos y todas, de manera respetuosa, equitativa y participativa.

No ignoramos las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones e identidades culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos por acción u omisión, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, en general, con un énfasis específico en los indígenas, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte, esta sí minoritaria de la población. Resulta contradictorio justificar la exclusión argumentando el bien común. La ciudad debe ser un bien público para todos quienes la habitamos y esto sólo es medible a partir del cumplimiento de todos los derechos de todas y todos, de lo contrario sólo será botín de intereses particulares.

Atendiendo a lo anterior:

Nos pronunciamos por medidas participativas, incluyentes, equitativas y respetuosas de la diversidad que existe en nuestro municipio. Un gobierno democrático debe regirse por principios de respeto y protección a los derechos humanos, implementando prácticas que promuevan la convivencia democrática, incluyendo mecanismos para dirimir controversias.

Nos proponemos participar en iniciativas de diálogo o de otra índole, siempre y cuando sean incluyentes y respetuosas de los derechos de todos y todas, anteponiendo siempre el bien superior de los jóvenes.

Nos solidarizamos con las y los jóvenes que han sido agredidos, y particularmente con la familia Penagos Estrada en su dolor, por la muerte de Victor, su hijo.

Exigimos al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas:

1.- Una postura conciliadora de los derechos de toda la ciudadanía y no punitiva, particularmente de quienes se encuentran en una situación de desventaja. El gobierno municipal no puede ser parte en este problema sino el primero en proponer soluciones incluyentes para la convivencia democrática.

2.- La derogación inmediata del acuerdo municipal del 30 de marzo pasado, que ha generado un ambiente de persecución y criminalización de los jóvenes, y ha alentado un clima de mayor polarización y violencia.

3.- El debate con la ciudadanía de este municipio, particularmente con las y los jóvenes, de manera participativa, equitativa, transparente e incluyente, que derive en acuerdos para la creación e implementación de mecanismos de participación ciudadana y de convivencia democrática, iniciando en la sesión de cabildo inmediatamente posterior al cumplimiento del segundo punto.

San Cristóbal de Las Casas, a 5 de junio de 2009

Firmantes:

Melel Xojobal, A.C.

Iniciativas para la Identidad e Inclusión, A.C. (INICIA)

Colectivo Graffitiarte

Doscientas firmas más