Michael W Chamberlin

Publicado en la Revista Christus, México, Abril – Junio 2020

El 19 de diciembre de 2009 un grupo de familiares de personas desaparecidas anunciaron la creación de FUUNDEC, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Se trataba de familias de diversas partes del país que habían llegado a cuentagotas a lo largo de ese año a la Diócesis de Saltillo en búsqueda del apoyo de Monseñor Raúl Vera OP, para localizar a sus seres queridos. Tenían en común el miedo, la estigmatización y la esperanza de saber el paradero de sus familiares, cuyo último rastro se localizaba en algún punto del vasto territorio de Coahuila.

El obispo Vera le encargó entonces al Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC (Centro Fray Juan), una de las obras de su pastoral social, que atendiera a estas personas. El Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios estaba en un proceso de refundación y ese mismo año Don Raúl Vera había traído como nueva directora del Centro a Blanca Martínez, anterior directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fundado por Don Samuel Ruiz en Chiapas y presidido hasta la actualidad por Monseñor Vera. Yo tuve el privilegio de participar por cinco años en el Centro Diocesanos de derechos Humanos.

Tardaron poco tiempo, ellas y el Centro Fray Juan, en darse cuenta de que no se trataba de casos aislados y que se enfrentaban a un fenómeno de violencia que amenazaba la paz de todos. Desde entonces el Fray Juan, como se le conoce, prácticamente se ha dedicado de manera exclusiva a acompañar a FUUNDEC, y a investigar y documentar las desapariciones.

De esas 25 familias que aquel 19 de diciembre de 2009 anunciaban su decisión de unirse para acompañarse en la búsqueda de sus seres queridos (la organización de la esperanza que se contagiaba de la escuela de Don Samuel Ruiz en Chiapas), FUUNDEC creció para acoger en esa fraternidad a más de 125 familias, víctimas de la misma desgracia.

FUUNDEC ha sido una fuerza social que ha obligado al Estado a atender la problemática de las desapariciones, muchas veces en contra de muchas voluntades. En el año 2011 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU visitó México y Coahuila. Su informe preliminar ya reflejaba lo que el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios venía señalando en soledad: la desaparición de personas constituye una grave crisis de derechos humanos y no un mero “ajuste de cuentas” entre grupos de la delincuencia del que habría que mirar hacia otro lado.

El arduo trabajo de FUUNDEC y del Centro Fray Juan hizo que la visita del Grupo de Trabajo fuera un parteaguas en la manera en que sociedad y Estado miraban las desapariciones. La sociedad civil comenzó a escuchar a las víctimas y los diversos niveles de gobierno, tarde o temprano, se vieron obligados a atender el fenómeno.

La cifra oficial de personas desaparecidas en México creció a más de 61 mil personas, la gran mayoría de 2006 a 2019, donde Coahuila sola, reporta 3,010, de acuerdo con el último recuento de la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas de enero de 2020. Estos números constituyen un subregistro, pero son los únicos que tenemos. Se contabiliza a partir de la suma de averiguaciones abiertas en el fuero local y federal, pero al mismo tiempo sabemos que existe una cifra negra de desapariciones sin denunciar del 93%, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI.

Al mismo tiempo, en la mayoría de los estados de la República se han localizado cientos de fosas clandestinas y comunes que acumulan un número aún incalculable de cuerpos sin identificar, además de miles de fragmentos óseos humanos, en su mayoría con diversos grados de calcinación, en “campos de exterminio” del crimen organizado.

La armonización legislativa

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU fueron la base para que FUUNDEC demandara al Gobierno de Coahuila una política de atención a la problemática de la desaparición en el estado. En septiembre de 2012 se firmó el Acuerdo entre el Gobernador Rubén Moreira y FUUNDEC, por el que se crea el Grupo Autónomo de Trabajo (GAT), conformado por 5 personas: una representación del Gobierno de Estado, una de FUUNDEC, una de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una del Centro Fray Juan y una del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi.

Con este mandato, en junio de 2013 se realizó el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Personas en México, arrojando como acuerdos, el establecimiento de tres mesas permanentes de trabajo entre gobierno, víctimas y sociedad civil: Mesa de Armonización Legislativa, Mesa de Atención Humanitaria y Mesa de Investigación y Búsqueda, monitoreados en audiencias bimestrales entre las familias y el gobierno del estado de Coahuila.

Uno de los primeros resultados fue que para diciembre de 2013 se creara el Programa Integral de Atención a Familiares de Personas Desaparecidas (PROFADE), para atender los derechos a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda y a la justicia. Más del 80% de las personas desaparecidas en Coahuila son hombres jóvenes entre 17 y 35 años que al desaparecer dejan atrás a esposas, hijos en edad escolar, hipotecas; se pierde el seguro social y el ingreso fijo a las familias en un proceso acelerado de empobrecimiento. La carga de la familia en las esposas de los desaparecidos hace que el movimiento sea fundamentalmente de madres de las víctimas. Por otro lado, según un estudio de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad de Coahuila, en más del 60% de los casos los familiares desarrollan alguna enfermedad crónica después de la desaparición como la deficiencia cardiaca o diabetes. El PROFADE, impulsado por FUUNDEC con el acompañamiento del Centro Fray Juan, fue una pieza fundamental para atender los estragos expansivos de la desaparición de personas en Coahuila y un antecedente de la ley General de Víctimas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Más aún, en mayo de 2014 se aprobó el paquete de reformas a la Constitución del Estado para prohibir la desaparición de personas, al Código Penal para la creación del tipo penal de desaparición de acuerdo con la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU. No obstante que la práctica de las desapariciones forzadas en México existe al menos desde hace 50 años, el delito no existía en los códigos penales locales o no estaba armonizado, por lo que en el mejor de los casos se calificaba como secuestro, aunque no hubiese demanda de rescate. El delito de desaparición es complejo y sus particularidades lo hace distinto al secuestro en lo que hace a la intencionalidad de ocultar a la persona como conducta adicional a la de la privación de la libertad. Esto obliga a investigar no sólo al que priva de libertad si no también al que oculta, que no siempre es la misma persona. Este es un elemento fundamental para la localización de la persona desaparecida.

En el mismo paquete de reformas de 2014 se publicó la Ley de Declaración de Ausencia por Desaparición para dar acceso al patrimonio y prestaciones sociales y a otros derechos de las familias de los desaparecidos, sin necesidad de generar un juicio de presunción de muerte. De este modo, juicio civil de por medio, se puede mantener la seguridad social que proveía el desaparecido a su familia, acceder a sus cuentas bancarias o incluso registrar a un recién nacido sin la presencia del padre, entre otros muchos derechos que se ven trastocados por la desaparición.

Todo este paquete legislativo tiene la intención de atender los efectos graves que tiene la desaparición forzada o involuntaria, y fue la base para que a finales del año 2017 se aprobara y publicara la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas que contiene todos esos elementos y que rige ahora en todo el país.

La búsqueda y la justicia.

No obstante la importancia de todo este proceso legislativo y de política pública, lo prioritario para los familiares de las personas desaparecidas ha sido y será encontrar a sus seres queridos y hacer justicia. En este renglón ha habido esfuerzos relevantes, aunque con pocos resultados.

A partir de enero de 2015, la Mesa de Investigación y Búsqueda incluyó en su Plan Estatal de Búsqueda un capítulo forense. El estado de Coahuila había hecho un recuento de 458 cuerpos sin identificar en fosas comunes en diversos panteones municipales del estado y resultaba importante identificarlos ante la posibilidad que entre ellos se encontraran, dolorosamente, algunos de los desaparecidos.

Con la asesoría de la Delegación en México del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), se presenta en noviembre de 2015 una Propuesta de Intervención Forense para la Búsqueda de Personas Desaparecidas en Coahuila, con el doble objetivo de fortalecer las capacidades de las instancias del Gobierno del Estado de Coahuila y de la sociedad civil, y establecer buenas prácticas en el trabajo de procuración de justicia, mientras se lleva a cabo la exhumación y la identificación de cuerpos. A este trabajo se ha comprometido intensamente el CICR.

En su primera etapa, consistía en un programa de exhumación e identificación de 458 sin identificar, inhumadas en distintos cementerios del estado. Se consideran cuatro momentos: 1) Análisis y gestión de la información; 2) Procesamiento forense; 3) Obtención de información de las personas desaparecidas antemortem, y; 4. Comparación de información postmortem. Adicionalmente, la creación de convenios para el cruce de información genética con Centroamérica, Estados Unidos y otros estados del país.

La Propuesta de Intervención Forense que se realizó con el CICR, derivó en la promulgación, el 20 de diciembre de 2016, de la Ley de Localización, Recuperación e Identificación Forense de Personas del Estado de Coahuila, que permite a las familias hacer exigible ante la autoridad, que se sigan los trabajos de exhumación e identificación de personas, restos y fragmentos humanos.

El programa forense se fue modificando en las etapas propuestas debido a dos factores. El primero es que el diagnóstico inicial de 458 cuerpos sin identificar no era preciso; en la medida que se fueron abriendo fosas se encontraron más cuerpos sin identificar y sin registro de entierro, que rebasaron muy pronto los mil cuerpos en menos de la mitad de los cementerios previstos; un problema serio que nos lanza nuevamente a la incertidumbre de cuántas personas se encuentran realmente enterradas en fosas comunes. La segunda es la falta de capacidades institucionales para procesar ágil y profesionalmente las identificaciones de estos cuerpos, no obstante que el estado adquirió equipamiento y contrató a profesionales en ciencias forenses, se calculaba que en diez años se podría procesar los cuerpos hasta ahora localizados en fosas comunes, sin contar que pudiesen sumarse los que se encuentren en fosas sin registro, en fosas clandestinas, fragmentos óseos calcinados y los nuevos casos de cuerpos sin identificar. Esta tarea titánica requerirá de un apoyo extraordinario de carácter internacional para procesar debidamente y en el menor tiempo posible la identificación y entrega de esos cuerpos a sus familiares para darles una digna sepultura y cerrar los duelos.

En materia de investigación penal la deuda es mayor. De las 63 averiguaciones que acompaña el Fray Juan con su pequeño equipo de abogados, sólo en tres existe alguna persona procesada, sólo dos vinculadas a la desaparición per se y no por otros delitos como tráfico de droga o delincuencia y siempre policías municipales de la más baja jerarquía. No sobra decir que, si la desaparición forzada o involuntaria sigue ocurriendo en el país, es gracias a la impunidad.

FUUNDEC y el Centro Fray Juan buscaron entonces, con el apoyo de Open Society Justice Initiative, una asesoría de expertos internacionales para dictaminar la falta de resultados de la procuraduría. El diagnóstico arrojó que a pesar de la armonización legislativa, la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas de Coahuila no contaba con las herramientas más elementales, vehículos y gasolina, acceso a internet, papel para imprimir y tinta para las copiadoras; que había privilegios, sueldos y bonos diferenciados entre el personal debido al amiguismo, que desalientan el trabajo; falta de preparación y desinterés institucional por la capacitación de cuadros; que los policías tenían asignadas tareas distintas a las de su labor, como guardaespaldas de políticos, prácticas de corrupción, tortura y colusión con grupos criminales. Este diagnóstico arrojó una serie de recomendaciones que a la fecha no han sido cumplidas.

Paralelamente el Centro Fray Juan se abocó a hacer sus propias investigaciones con el apoyo de diversas organizaciones y universidades. Supimos entonces que el fenómeno de la desaparición es el resultado del lucro inescrupuloso de redes criminales constituidas por cárteles de droga, políticos y empresarios; que la desaparición de personas tiene como fin la explotación y la trata en los casos de quienes estén vivos, y el castigo y amedrentamiento a las personas, familias y comunidades que pretendan oponerse al régimen de terror para el cobro de piso, el despojo, la trata y el control de rutas de droga hacia el extranjero; que la impunidad es la pinza que permite reproducir ese mercado del horror; y que la podredumbre del aparato de justicia hará imposible encontrar una salida en el ámbito interno.

La atención a la problemática detonada por la labor de FUUNDEC resultó en el interés de diversos actores que a su vez publicaron sendos informes, quizá más que en cualquier otro lugar del país, explicando el fenómeno: “Control… sobre todo el estado de Coahuila”, “Informe especial para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, “Impunidad que mata”, “Anatomía de una masacre”, “En el desamparo”, “El yugo Zeta”, “México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, “Captura del Estado, macro criminalidad y derechos humanos”, entre otros más.

En julio de 2017, a sabiendas de la profunda corrupción detrás del sufrimiento de tanta gente inocente y de la incapacidad de las instituciones para detener el problema, el obispo Raúl Vera y quien esto escribe, en representación del Centro Fray Juan, acudimos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, para presentar una comunicación sobre las desapariciones en Coahuila, solicitando una investigación de esa fiscalía y la intervención de la Corte Penal Internacional. Por esta denuncia Monseñor Vera sufrió persecución del poder político.

Conclusión.

Puedo resumir en tres objetivos el acompañamiento pastoral que Don Raúl y el Centro Fray Juan hacemos a las familias de los desaparecidos: contribuir a eliminar la práctica de la desaparición en México, realizar todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos, y coadyuvar a la transformación de víctimas en sujetos de cambio.

Este tercer objetivo se encuentra a la base del trabajo cotidiano con las madres y demás familiares que regularmente se reúnen a compartir, a planear, pero sobre todo a reflexionar su fe en medio de la tragedia. La incertidumbre es la principal característica de su caminar, la angustia y la desesperación han hecho estragos en su salud. En algunos casos han cobrado la vida de muchas de ellas sumidas en una gran tristeza, otras adormecieron ese dolor cayendo en la seducción del poder y el dinero, pero las más, como estas mujeres que siguen en la lucha después de 10 años, han encontrado certeza en la fe y en la rendición a la voluntad de Dios, mientras asumen su papel activo en la búsqueda de la verdad y la justicia. FUUNDEC es uno de los colectivos de víctimas más viejos del país, a diez años de su caminar la transformación de las mamás es notable y esperanzadora.

Como señala monseñor Raúl Vera, las madres de los desaparecidos ya no son víctimas: se han convertido en sujetos de la historia y de la transformación social. En ellas encontramos hoy al Cristo crucificado y resucitado; en ellas reside hoy la esperanza de una nueva ciudadanía y un futuro de paz para México.