Michael W Chamberlin

Publicado por Data Cívica el 2 de septiembre de 2026

Hay una pregunta que aparece inevitablemente cuando hablamos de desapariciones en México: ¿cuántas personas están desaparecidas? Es una pregunta legítima, pero quizá no sea la más importante.

Después de más de diez años acompañando y de escuchar durante años a familias buscar a sus seres queridos, una idea es muy clara: el problema no es solamente saber cuántas personas nos faltan. Necesitamos saber quiénes son, dónde desaparecieron, qué ocurrió, qué tienen en común sus casos y qué podemos hacer para encontrarlas y evitar que otras personas desaparezcan. Ésa debería ser la razón de existir del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Un registro de desapariciones no es un censo. Tampoco es un marcador que aumenta cada vez que alguien desaparece y disminuye cada vez que alguien es localizado. Es, o debería ser, una herramienta fundamental del Sistema Nacional de Búsqueda: un instrumento que permita organizar información, cruzarla, identificar patrones, orientar búsquedas, contribuir a las investigaciones y generar conocimiento para prevenir nuevas desapariciones. La diferencia es enorme.

Si diez personas desaparecen en una misma región, en circunstancias similares, el valor del Registro no está solamente en decir que son diez. Está en permitirnos descubrir que quizá no son diez casos aislados. Tal vez existe un patrón territorial, temporal o criminal. Tal vez las víctimas tienen características comunes. Tal vez desaparecen en determinados lugares, horarios o circunstancias. Tal vez existe información que puede vincular sus casos.

Cuando la información puede cruzarse, una desaparición puede ayudar a explicar otra. Y cuando los casos empiezan a revelar patrones, el Estado tiene la posibilidad —y la obligación— de intervenir para impedir que se repitan. Por eso la calidad del Registro es una cuestión de derechos humanos y no simplemente de estadística.

El compendio Sin datos para encontrarles, elaborado por Data Cívica, documenta cinco años de inconsistencias en la información oficial. Su conclusión es contundente: no sabemos con certeza cuántas personas desaparecidas hay en México porque las propias versiones oficiales del Registro presentan discrepancias, las cifras históricas cambian sin que podamos reconstruir las razones y una parte importante de los registros se encuentra confidencializada.

Que un registro vivo cambie no es el problema. Es natural que se incorporen casos, que una persona sea localizada o que se corrija un dato. El problema es que no podamos seguir la huella de esos cambios.

Si una persona deja de aparecer en el Registro como desaparecida, necesitamos saber por qué. ¿Fue localizada con vida? ¿Fue localizada sin vida? ¿Se corrigió un error? ¿Se reclasificó el caso? ¿Se eliminó el registro? La información pública actual no permite responder estas preguntas de manera suficiente.

Data Cívica encontró, por ejemplo, que para 2006 el Registro pasó de 630 personas desaparecidas en una consulta de 2025 a 279 en una consulta de 2026: 351 registros menos. Sin una trazabilidad que permita conocer qué sucedió con cada uno, no podemos saber si la reducción corresponde a localizaciones, correcciones o modificaciones administrativas. Esto importa porque las cifras históricas son precisamente las que necesitamos para encontrar patrones.

Si cada año se modifica la fotografía de los años anteriores y no sabemos cómo ni por qué, resulta mucho más difícil estudiar el fenómeno. No podemos saber con certeza si una tendencia representa una transformación real de las desapariciones o una modificación posterior de la base de datos.

Y sin una historia confiable de los datos también resulta difícil evaluar al Estado. Una disminución en el número de personas desaparecidas podría significar que la búsqueda está funcionando, pero también podría ser consecuencia de reclasificaciones o depuraciones. No podemos convertir automáticamente una disminución estadística en una historia de éxito institucional.

Aquí aparece una cuestión todavía más profunda: ¿qué información necesita un registro para encontrar a una persona? No basta con un nombre y una fecha de desaparición. Necesitamos saber quién es esa persona, sus características, sus relaciones, los lugares que frecuentaba y las circunstancias de su desaparición. Estas variables no son adornos estadísticos. Pueden ser la diferencia entre buscar correctamente a alguien o no encontrarlo.

El propio análisis de Data Cívica advierte que la ausencia de variables de vulnerabilidad dificulta las búsquedas diferenciadas y la identificación de patrones. Información como sexo, género, pertenencia étnica, ocupación o condición migratoria puede ser fundamental para comprender a quiénes afecta la desaparición y cómo ocurre.

Pensemos en las personas migrantes. Si no sabemos cuántas son, dónde desaparecen y bajo qué circunstancias, difícilmente podremos identificar las rutas y modalidades que las afectan.

Pensemos en las personas indígenas o afromexicanas. Si sus características no aparecen adecuadamente en el Registro, no sólo tenemos un problema estadístico: perdemos la posibilidad de identificar patrones de victimización que podrían orientar búsquedas y políticas de prevención.

Lo mismo ocurre con las personas de la diversidad sexo-genérica. El compendio documenta casos de mujeres trans cuyos registros han sido malgenerizados, borrados o excluidos de las estadísticas nacionales.

Por eso puede existir una segunda desaparición: la desaparición administrativa.

Una persona puede desaparecer físicamente y después desaparecer de los registros, de las estadísticas o de la memoria institucional. Cuando esto sucede, la familia tiene que luchar no solamente para encontrar a su ser querido, sino también para que el Estado reconozca que lo está buscando.

También es preocupante que la reciente depuración del RNPDNO haya puesto el énfasis en reducir el universo de personas consideradas desaparecidas. Si existen registros con información insuficiente, la respuesta debería ser completar la información y buscar a las personas, no utilizar la insuficiencia institucional como criterio para disminuir la magnitud del problema.

La obligación de investigar no nació con la depuración de 2026. Ya estaba establecida en la Ley General desde 2017. Convertir la existencia de una carpeta de investigación en una condición para reconocer un caso significa, en los hechos, convertir una falla institucional en una razón para depurar el Registro.

Las familias no son usuarias pasivas del RNPDNO. Han sido protagonistas de la construcción de la política de búsqueda y, en muchos casos, poseen la información más detallada sobre las personas desaparecidas. Un Registro construido sin ellas corre el riesgo de convertirse en una herramienta burocrática en lugar de una herramienta de búsqueda.

Necesitamos otra concepción del RNPDNO. Debe permitir que una familia aporte información y pueda conocer qué ha ocurrido con ella. Debe permitir a las autoridades cruzar datos de diferentes instituciones. Debe ayudar a localizar personas vivas, identificar cuerpos y relacionar casos. Debe permitir analizar tendencias y detectar patrones territoriales, temporales y de victimización.

Y debe servir para prevenir. Porque prevenir también es buscar hacia adelante. Cuando descubrimos que determinadas personas están desapareciendo bajo ciertas circunstancias, no basta con buscar a quienes ya desaparecieron. Tenemos que preguntarnos quiénes pueden ser las próximas víctimas y qué medidas puede adoptar el Estado para impedirlo. Ésa es la discusión que perdemos cuando reducimos el RNPDNO a una cifra.

No necesitamos solamente saber cuántas personas desaparecieron. Necesitamos que la información sobre cada desaparición nos ayude a encontrar a esa persona, a comprender lo que ocurrió y a evitar que vuelva a ocurrir.

Para ello necesitamos un Registro transparente, trazable, auditable, interoperable y suficientemente detallado. Necesitamos poder reconstruir su historia y saber cuándo y por qué cambia un registro. Necesitamos proteger los datos personales sin impedir la rendición de cuentas. Y necesitamos que las familias participen sustantivamente en su construcción y funcionamiento.

Sobre todo, necesitamos dejar de pensar que la calidad de un Registro se mide por la cantidad de números que contiene. La calidad de un Registro de personas desaparecidas se mide por su capacidad para encontrar personas, explicar las desapariciones y evitar que haya nuevas víctimas. Ésa debería ser la vara con la que evaluemos al RNPDNO.

Porque detrás de cada registro hay una persona. Detrás de cada persona hay una familia. Y detrás de miles de casos pueden existir patrones de violencia que el Estado tiene la responsabilidad de identificar.

Contar es necesario. Pero contar, por sí solo, no encuentra a nadie. Necesitamos datos para encontrarles. Y necesitamos esos mismos datos para saber cómo evitar que sigan desapareciendo.