No hay trabajo más bonito que el de la policía, suelo comenzar diciendo en los talleres que he impartido a las corporaciones policiacas. Proteger la vida y la integridad, las posesiones y la paz social, particularmente cuando se trata de los más vulnerables, es un trabajo que debe llenar de satisfacción. De allí partimos para luego dialogar sobre los obstáculos que impiden cumplir con ese deber. Fruto de este diálogo con policías y de la experiencia documentando crímenes atroces (desapariciones, masacres, tortura, entre otros) puedo decir que tengo diagnosticados tres obstáculos principales que inciden en los niveles dantescos de violencia que se viven en México.
Eventos como el de San Fernando no son más que el extremo de una cadena de acontecimientos, la cola de un remolino pronto superado por un evento más ultrajante, en un proceso de normalización de la violencia que nos distorsiona, si no es que nos despoja, de nosotros mismos. Más pena damos los vivos que los muertos.
No diré más. Ve este video (si tienes tiempo) mientras piensas en San Fernando. Pregúntate qué papel juegas en él. Aléjate de falsos heroísmos que en nada ayudan más que en limpiar la conciencia para pasar la página. Acuérdate de la masacre de Creel y luego en Acteal, y las más que recuerdes. Finalmente pregúntate, ¿a dónde vamos, qué hemos hecho, en qué realidad quiero vivir (o vivo) y qué implicaciones tiene decir (si lo he dicho) “alto a la guerra, no más muertos”?
“No somos verdugos ni nos dedicamos a ultimar gente”, dijo el General Guillermo Moreno Serrano Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo León, refiriéndose al Ejército Mexicano, en respuesta a la CNDH por la recomendación 45/2010 sobre los jóvenes asesinados del Tecnológico de Monterrey, según constata La Jornada en su edición del pasado domingo.
Resulta difícil creerle al General cuando a estas alturas del sexenio calderonista son alrededor de 29,000 los ejecutados en la guerra contra el narco. No sabemos cuántos de ellos lo han sido por manos de las fuerzas armadas pero dos casos de resonancia nacional nos dan una idea de cómo sí actúan como verdugos, me refiero a las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009) y de Ignacio Coronel Villareal en Guadalajara (29 de julio de 2010), ambos presuntas cabezas del narcotráfico en México.
No me refiero sólo al hecho de que en el primero caso el enfrentamiento de 100 marinos contra apenas poco más de cinco hombres armados, y en el segundo de 200 militares contra dos presuntos delincuentes, hagan difícil creer la necesidad de ultimarlos en lugar de someterlos y detenerlos, como bien observa John Ackerman en su columna del 9 de agosto pasado; la mejor evidencia de la intención de las fuerzas armadas por ejecutar, es la portación y uso de balas expansivas. De acuerdo a notas de prensa, “varias balas expansivas le perforaron el tórax, el abdomen y la cabeza” a Beltrán Leyva, una más fue utilizada contra uno de sus escoltas en el mismo ataque, y dos fueron encontradas, según peritajes de la SIEDO, en el cuerpo de Ignacio Coronel.
El uso de balas expansivas se prohibió por primera vez por la Convención de Paz de La Haya de 1899. Posteriormente, esta prohibición fue retomada en el artículo 35 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados internacionales: “2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.” La razón de esta disposición tiene su fuente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en el que se establecía que “el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo” y que por tanto, “en la guerra es suficiente con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres”, no liquidarlos.
No sobra repetir que la guerra de Calderón en contra del narcotráfico es ilegal, dado que para declararla se necesitan cubrir los requisitos establecidos en el Artículo 29 constitucional e informar de dicha situación al menos a los Estados Americanos y establecer las medidas de protección de los derechos de las personas, como lo establece el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aun cuando estuviéramos en una situación de guerra o de peligro público que amenazara al Estado (recordemos que vivimos una situación de violencia creada por el propio gobierno federal, ver “A war on drugs?” de Luis Hernández Navarro), “agravar inútilmente los sufrimientos de quienes han sido puestos fuera de combate o hacer su muerte inevitable”, es hoy una norma considerada de derecho internacional consuetudinario, y aplica como delito de guerra de los Estados, aunque no sean parte de los Convenios que explícitamente lo prohíben.
Si esto es así en los supuestos de guerra internacional o interna, con mayor razón es aplicable a los supuestos donde se presumen condiciones de paz y un Estado de Derecho. Si en la guerra el objetivo legítimo es debilitar a las fuerzas armadas del enemigo, en tiempos de paz el objetivo legítimo de los funcionarios de hacer cumplir la ley (la policía o quién cumpla este papel, así sea el Ejército o la Armada) es proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, establecen que (Artículo 4)“(l)os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego (…). (Artículo 5) Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; (…)”. El uso de balas expansivas es, como se evidencia, contrario a este propósito.
No es difícil suponer que los grupos de narcotraficantes utilicen los mismos métodos prohibidos pero no podemos considerar que la responsabilidad sea la misma porque sería tanto como elevarlos a la calidad de autoridades. Por el contrario, el uso de esos métodos deslegitima a las fuerzas armadas y las degrada a la calidad de delincuentes. Para estos existe el derecho penal, no las ejecuciones extrajudiciales.
No sabemos en qué otros casos las fuerzas armadas habrían utilizado balas expansivas u otros materiales prohibidos en su guerra contra el narcotráfico. Lo que se evidencia en los casos de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, es que el Ejército y la Marina, si es verdad que utilizan balas expansivas, actúan como verdugos, violando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y más aún, incurriendo en delitos de guerra condenados por el derecho internacional humanitario.
El Ejército y la Marina estarían lejos de cumplir con los objetivos legítimos de la guerra y mucho más lejos de los objetivos de hacer cumplir la ley, razón por la cual no deben suplir la acción policiaca. Mientras eso se cumple, al menos deben abstenerse de utilizar armas prohibidas y recordar que las ejecuciones extrajudiciales están proscritas.
Es difícil esperar que el fuero de guerra juzgue a las propias fuerzas armadas por contravenir el derecho internacional pero una denuncia ante el Sistema Interamericano sería posible por cualquier persona, dado el carácter de derechos objetivos que tienen los derechos humanos en ese ámbito. Sería un servicio a la democracia y al Estado de Derecho en México que algún organismo de derechos humanos lo hiciera.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 24 de agosto de 2009
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (Inicia), se suma a las voces de rechazo al golpe de estado en Honduras y hace un llamado al cese de la represión por parte del gobierno de facto en contra de la población civil.
Según información fidedigna, ante las múltiples manifestaciones de repudio de diversos sectores de la sociedad hondureña por el rompimiento del orden constitucional, la reacción policial y militar se ha ido recrudeciendo, dejando muertos, heridos y un número indeterminado de detenidos sobre los que se teme por su condición y su paradero, como los ocurridos en los eventos registrados el pasado 12 de julio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Esta misma información señala que a los periodistas y defensores de derechos humanos se les obstruye en su labor, y más aún, son víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias, como en el caso de Marcelino Martínez de la ciudad de El Progreso Yoro, quien se encuentra bajo libertad condicionada y Alex Matamoros, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, quien fuera detenido injustificadamente el pasado 11 de agosto para ser liberado al día siguiente, y de los periodistas Oslin George de la Revista Vida Laboral y César Silva, detenidos y golpeados por la policía el día 12 de agosto pasado.
A su vez, se han reportado atentados a las instalaciones de las organizaciones sociales como el ocurrido en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS) a inicios del mes de agosto y que fuera objeto posteriormente de un tiroteo. Las instalaciones del STIBYS es el lugar donde se reúnen los grupos de manifestantes. Así mismo, un tiroteo similar en contra de las oficinas de Vía Campesina en las mismas fechas. Diversas fuentes señalan que se estarían formulando cargos por sedición y terrorismo en contra de los dirigentes de los movimientos sociales.
La persecución y hostigamiento a la población es generalizada por parte de la policía y el ejército. Según informes, por el día realizan redadas y utilizan armas de fuego de manera indiscriminada para disuadir la manifestación popular; de noche, se dedican a buscar para luego detener a los diversos grupos de manifestantes en los refugios donde pernoctan, destacadamente en centros de estudio como la UPN y en los sindicatos.
Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación por parte del Congreso Nacional del Servicio Militar obligatorio en tiempos de crisis, dado que se presume sería utilizado en estos momentos de inestabilidad y zozobra para reclutar jóvenes en contra de su voluntad y enfrentarlos a los movimientos sociales de protesta. La aprobación del servicio Militar obligatorio significaría, además, un retroceso a la derogación que se hiciera de él en 1994 y sería contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular de la Convención Iberoamericana de Derechos de Las y Los Jóvenes, de la cual Honduras es parte.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño y particularmente con los y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y activistas en general, que han sufrido en carne propia la represión por parte de los golpistas, por defender los derechos humanos e intentar restablecer el orden constitucional.
Valoramos la visita realizada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras, como un importante aporte al proceso de recuperación de la paz y el estado de derecho, y urgimos al gobierno golpista a atender las observaciones y recomendaciones que se deriven de su informe.
Hacemos un llamado al gobierno golpista de Roberto Michelleti para que se abstenga de atacar a la población hondureña, y a respetar el Estado de derecho y la voluntad popular, permitiendo el retorno y la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de la República.
Urgimos a la comunidad de naciones, a la ONU y a la OEA para que tomen medidas efectivas tendientes a devolver la paz y el estado de derecho en Honduras y se ponga fin a esta espiral de violencia.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)
Michael W. Chamberlin 