Dra. Denise Maerker,

Hago referencia a su columna Atando Cabos del 17 de agosto pasado, en la que de algún modo resulto representante de una legión de deshonestos. A modo de réplica, permítame aclarar unos puntos y sugerir otros en honor a la verdad.

Hablando a título personal, en ningún modo aplaudo las invenciones de la Procuraduría de Justicia, empezando por la versión de que la masacre de Acteal se explique por un conflicto intercomunitario o familiar pero tampoco la negligencia e ineptitud de los funcionarios de procurar y administrar justicia.

Vale aclarar que la Suprema Corte de Justicia rechazó algunas de las pruebas por haber sido obtenidas ilícitamente, faltaría valorar si son veraces, asunto distinto (recuerde Maro Marín) y sin duda polémico. Sin embargo, lo más importante en el caso, no es ni la lista de nombres ni el álbum de fotografías, que presentó en su momento la PGR para procesar a algunos de los señalados como responsables de la masacre, sino el cúmulo de pruebas que no han sido suficientemente valoradas, incluyendo las testimoniales y que para el proceso, desafortunadamente, se han quedado como meras pruebas indiciarias: el contexto y los antecedentes, la asociación delictuosa, las declaraciones de diversos policías, paramilitares confesos y autoridades, los que faltan por declarar ministerialmente, y pruebas documentales del CISEN, de la misma PGR y el Ejército, incluyendo el informe del Pentágono desclasificado, recientemente dado a conocer, etc., allí encontraríamos nuevos nombres y se repetirían otros.

Por el contrario, la integración de las averiguaciones previas fue floja y por tanto procesalmente fácil de invalidar. La SCJN reprueba a la PGR pero como siempre, quienes pagan los platos rotos de la incapacidad y la indolencia de los funcionarios del sistema de justicia, son las víctimas, las que a los encumbrados ministros no les merece ni una mención. Eso se llama impunidad.

¿En qué sentido podemos aplaudir la liberación de los presos, que como es sabido, particularmente en la región de Chenalhó, estuvieron involucrados en el desplazamiento forzado, en detenciones arbitrarias, en tortura física y psicológica, en asesinatos y en última instancia, en la masacre de Acteal? Si había procesados y, hasta diez años después, sentenciados, lo fue a pesar de la procuración y administración de justicia, no por ella. El caso de Acteal está marcado por la omisión, la negligencia y la complicidad, antes que por la acción y el deber de las autoridades de procuración y administración de justicia.

Pero no le pido que me crea porque frente a hechos tan ignominiosos para las víctimas y la sociedad como la masacre de Acteal, lo que cada uno entiende o cree es tan inocuo a la verdad y a la justicia como la respuesta que a lo largo de los años han tenido los gobiernos de turno, particularmente el sistema de justicia.

En honor a la verdad, dada la desconfianza en las instituciones de justicia y la ineficacia de los procesos judiciales para resolver los crímenes que nos han marcado como sociedad, es decir, delitos de lesa humanidad, la demanda que usted y yo deberíamos tener, es la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico, independiente, imparcial, comprometida con la justicia y con credibilidad frente al país o al menos para las partes involucradas, cuyos resultados sean el marco para procurar y administrar justicia pero sobre todo para reconciliarnos como nación a partir de la verdad. Espero para esta tarea que sí seamos legiones.

Respetuosamente,

Michael W. Chamberlin

Antigua, Guatemala, a 21 de agosto de 2009.