El pasado miércoles 27 de mayo, Víctor Martín Penagos Estrada “el Burla”, de 16 años de edad, fue asesinado por Nicolás Gómez Sántiz presunto velador del hotel Maya Quetzal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a testimonios recibidos, el Burla se encontraba con algunos de sus amigos, realizando una pieza de graffiti cuando recibió los dos disparos que le quitaron la vida.
Este asesinato es consecuencia del ambiente de criminalización y estigmatización hacia los jóvenes, que ha sido generado desde el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión. Por acuerdo unánime de los asistentes, se tomó el acuerdo.
El operativo antigraffiti implementado por el ayuntamiento de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, contempla la detención de las y los jóvenes que sean sorprendidos practicando esta actividad, por parte de elementos de Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, y el fichaje de su nombre, domicilio y fotografía en una base de datos policiaca, además de la aplicación de sanciones de veinte mil pesos como medida “ejemplar”. A tan sólo tres días de su implementación, más de quince jóvenes habían sido ya detenidos.
A lo anterior se suman las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte del sector empresarial.
La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de hostigamiento y estigmatización de los jóvenes, que ha llegado hasta el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada.
La pretensión de mantener una ciudad turísticamente atractiva, no debe de tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún a costa de su niñez y juventud. Sin duda debemos condenarel asesinato “El Burla” y rechazar las medidas antigraffiti tomadas por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por ser contrarias a los derechos humanos de los jóvenes e incitadoras a la violencia.
El próximo viernes 5 de junio, Inicia y Melel Xojobal convocan al Foro «Graffiti, Juventudes y Resignificación de Espacios Públicos» donde seguramente se tratará el tema. Será a las 4:30 de latarde en el Centro de Convenciones Diego de Mazariegos.
Zenaida, una niña tsotsil de 12 años de una comunidad indígena de los Altos de Chiapas, cayó enferma el lunes 27 de abril, con un fuerte dolor de cabeza y calentura. Para el jueves 30, día del niño, Zenaida murió, de acuerdo al diagnóstico, por “fuertes calenturas”. Con sus doce años de edad, se hacía cargo de cuatro hermanos menores desde que la madre murió pariendo al último, el padre se desentendiera y la hermana de 14 años, la mayor, se fuera a trabajar a la ciudad de México para poder enviar algo de dinero.
José es el más viejo de una familia indígena migrante que se estableció en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Hace días que tiene un fuerte malestar pero se niega a ir al médico. Teme que, como en otras ocasiones, dependa de un tratamiento que le cueste a la familia lo que no tiene, además, dice, existen remedios tradicionales para curar la gripe, aunque sea fuerte.
Los vecinos de José no cambian su rutina, no pueden cambiarla, suspender el trabajo significa dejar de proveer a la familia, literalmente, del pan de cada día. Los niños que normalmente van a la escuela, ahora juegan en las calles con las gallinas, los puercos y los charcos. Los demás, como siempre, salen temprano con su mamá a las calles del centro, a vender sus artesanías a los turistas, que aunque se cubran la cara, todavía compran. Llueve, y mojados se refugian en los dinteles de los comercios cerrados desde hace varios días, esperando que escampe para continuar la vendimia.
Mientras, el gobernador del Estado, el 4 de mayo anuncia que “Chiapas se mantiene libre de la influenza AH1N1”. Para el 7 de mayo se reporta el tercer muerto en Chiapas por el virus, ahora en Comitán, luego de un primer caso en Ocosingo y otro en San Cristóbal de Las Casas, y de brotes de infección en Amatenango del Valle. El 9 de mayo se anuncia el regreso a clases hasta el 18 de mayo y no el 11 como habían dicho en la televisión hace unos días y confirman 222 casos de contagio en la entidad, la mitad en los Altos de Chiapas.
Existe desconcierto y no se sabe si se está saliendo de la emergencia o se está entrando apenas. Se esperaba que no llegara el contagio como quien reza por que en el último momento el huracán cambie de rumbo, evitando un desastre seguro. Pero la suerte y los milagros son cada vez más escasos y la condición, que es de pobreza extrema, no hace excepciones. Con la desnutrición y la deficiente cobertura de salud para la prevención y atención que existe en Chiapas, se es presa fácil. Los casos reportados, mayormente de las ciudades, no nos dicen mucho de la situación real.
Pero no sólo la pobreza, también la discriminación y la desinformación vulnera. Melel Xojobal, una asociación civil que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle, denunció la semana pasada que no existe suficiente información sobre la contingencia sanitaria entre la población indígena de San Cristóbal de Las Casas. En un monitoreo que realizaron los días 29 y 30 de abril, en cinco colonias de la zona norte de la ciudad, entrevistaron a 109 personas entre 8 y 45 años de edad, concluyendo lo siguiente:
-El 16 por ciento de las personas entrevistadas no había escuchado de la enfermedad por ningún medio, a más de una semana de haberse decretado la alerta y a tres días de haberse suspendido las clases en todo el país.
-El 62 por ciento de las personas se había enterado por medios electrónicos, principalmente a través de la televisión.
-El 22 por ciento desconocía los síntomas y las medidas de prevención del contagio, y el 85 por ciento no había recibido información en su lengua materna.
“En el recorrido por las colonias no observamos ningún cartel o documento informativo sobre la influenza y las niñas y niños entrevistados comentaron que en las escuelas solamente les dijeron que no habría clases sin darles mayor información al respecto”.
Los habitantes de las colonias “manifestaron que ninguna autoridad del sector salud se había acercado para brindar orientación sobre la alerta y nos comentaron que había llegado un grupo de personas a vender medicinas para la nueva enfermedad y que esto estaba confundiendo a la gente”.
Si este nivel de desinformación existe en una de las principales ciudades del Estado y en uno de los núcleos identificados con más proclividad al contagio, con mucha más razón se puede esperar en las zonas rurales predominantemente indígenas. Si a las condiciones de vulnerabilidad por la pobreza le sumamos la desinformación, la situación aún por venir puede ser altamente desastrosa.
Lo que estamos viendo es un desfase de dos semanas entre las acciones tomadas en el Distrito Federal (DF) y Chiapas, para distinguir los casos de contagio y muerte por este virus, e intentar cercar la epidemia, aunque aún no para dimensionar el problema. En el Distrito Federal es donde ha habido el mayor número de contagios y decesos registrados pero esto sólo puede significar la reiteración de que en la capital del país tienen mucho más recursos y capacidad instalada para enfrentar una emergencia como ésta. La diferencia entre Chiapas y el DF, en términos de los índices de desarrollo humano, es como la que existe entre España y Costa de Marfil. La verdad es que la cifra real de infectados y muertos por este virus, en Chiapas, difícilmente se sabrá, mucho menos a tiempo.
Dicen los que estudian catástrofes, que no existen desastres naturales sino fenómenos naturales. El desastre siempre es humano y consiste en no saber prevenir para evitar la vulneración. Ernesto Garzón Valdés lo dice de otro modo, explica que mientras los desastres son una desgracia que escapa al ser humano, la calamidad es una desgracia como resultado de acciones humanas intencionales y que por tanto, tiene implicaciones normativas, morales o jurídicas (Calamidades, Gedisa, 2004: 11-12).
En esta situación de emergencia sanitaria no podemos dejar de distinguir entre lo inevitable y lo prevenible. Si el grado de contagio y muerte se corresponde al grado de desigualdad, como es previsible, luego entonces la epidemia no será cuestión de mala suerte o un castigo inevitable, sino una nueva violación a los derechos humanos. Si el contagio y la mortalidad es producto de la desinformación, la negligencia o la discriminación, habrá una violación al derecho a la salud y a la vida. Sólo haciendo esta distinción es que podremos evaluar la respuesta del Estado frente a sus responsabilidades antes, durante y después de la contingencia sanitaria. Más aún, sólo haciendo esta distinción es que podremos imaginar y proponer medidas contra las calamidades.
Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.
Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.
Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.
La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.
En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.
El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.
La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.
La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.
Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).
Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).
La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.
La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.
Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.
Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.
En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.
Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac
Una característica de la democracia es la igualdad, no sólo en la participación en la dirección de los asuntos públicos, sino también de sus resultados. La pobreza constituye una violación a los derechos humanos que se torna más grave en tanto se vuelve más generalizada. Para la Red Nacional de Derechos Humanos, la desigualdad constituye una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, “según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2007, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso, de la quinta parte de la población más rica en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos.”
Esta desigualdad es producto de una mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores económicos sino sobretodo de decisiones políticas. La preocupación por el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.
Reconciliación y participación política
La llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, genera un retroceso en la certeza de los procedimientos electorales para la alternancia. Iniciado en el período de Vicente Fox, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, con el fin de no permitirle registrarse en tiempo como candidato a la presidencia de la República, se profundizó durante las elecciones de julio de 2006, en el que se presentaron diversas irregularidades en el proceso que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes. La falta de certeza en la legalidad de las elecciones ha generado dudas con respecto a la legitimidad del nuevo presidente y un movimiento de impugnación, encabezado por el mismo López Obrador.
La tercera pieza del deterioro la constituye la destitución arbitraria de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en 2007, afectado la autonomía de este instituto que en el año 2000 fue pieza clave para la alternancia en el poder y el fin de un régimen de 70 años.
El deterioro institucional de los órganos relacionados a la legalidad electoral es un reflejo de la degradación y deterioro de los partidos políticos para representar los intereses de la población una vez que llegan al poder. Protegidos en el monopolio del acceso al poder público, el régimen político actual se constituye principalmente por los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, que conforman los poderes del actual Estado Mexicano.
Una vez que el PRI perdió el poder presidencial y las mayorías en las cámaras, contrario a lo esperado, los partidos de oposición comenzaron a alejarse de las demandas sociales para entrar en el juego electoral de la alternancia, buscando ganar espacios de representación política sin importar con quien hicieran alianzas. Del régimen del partido único se pasó a un régimen de partidos en los que algunos han denominado partidocracia. Jorge Camil define la partidocracia como el gobierno de partidos políticos, una forma de oligarquía, el gobierno de unos cuantos que rigen en beneficio propio. Este régimen de unos cuantos, otorga a los partidos políticos el monopolio de la competencia electoral y, una vez en el poder, la libertad plenipotenciaria de decidir sobre los asuntos públicos sin ningún control por parte de los ciudadanos. El otro rasgo esencial de la democracia, que los individuos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos que les atañen, tampoco se verifica.
El Estado mexicano es, como caracteriza O’Donnell (PNUD, Ibíd.), “burocráticamente ineficiente y económicamente colonizado por intereses privados, que no puede cumplir con su dimensión de legalidad, dado que no sólo descuida la efectivización de derechos de la población en general, sino que manifiesta sesgos a favor de los mismos intereses que colonizan al Estado en su faceta de aparato burocrático. En consecuencia no es capaz de actuar como filtro y moderador de las desigualdades sociales. Es también un Estado casi completamente sordo a las demandas de equidad y reconocimiento que surgen del sector popular y, al contrario, es reproductor activo de las desigualdades existentes, así como también facilitador de las más devastadoras consecuencias de la globalización.”
En ese mismos tenor, el grupo Paz con Democracia ha señalado en su Llamamiento a la Nación Mexicana de noviembre de 2007, que “(El) proceso de ocupación neoliberal ha provocado (…) una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos (…). Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción”.
Esta arbitrariedad antes exclusiva del PRI, en lugar de eliminarse con la participación y contrapeso del resto de los partidos, se ha extendido. Hoy es posible ver acciones arbitrarias en la criminalización de la pobreza y de la protesta social, con la participación concertada de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD.
En el sexenio de Fox, particularmente desde 2004, ocurrieron graves casos de represión como lo fueel caso de los alter-mundistas en Guadalajara en 2004, bajo el gobierno del PAN en el que se infringieron numerosas detenciones arbitrarias y torturas. Los casos de Atenco en el Estado de México y u de la APPO en Oaxaca, en 2006, ambos gobernados por el PRI en el ámbito estatal y en mancuerna con el PAN en el nivel federal. En Guerrero, entidad gobernada por ex miembros del PRI, cobijados y postulados por el PRD, no es diferente. La acción de despojo y criminalización de los comuneros de Cacahoatán, por la construcción de la represa de La Parota fue concertada entre el gobernador Zeferino Torreblanca y el ex presidente Fox; actualmente, el hostigamiento militar y policiaco a las organizaciones indígenas de Guerrero, ha dado como resultado cientos de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, decenas de presos políticos y recientemente la ejecución de dos defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.
Esta política represiva es continuada e incrementada por el ahora presidente Felipe Calderón, permitiendo ejecuciones de activistas sociales y políticos, desapariciones forzadas como la de Raúl Reyes y Edmundo Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos, y en general la criminalización de la protesta social. La Red Nacional de Derechos Humanos en su Documento Conceptual sobre el derecho a la protesta, ha explicado que la criminalización de la protesta social se caracteriza por la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Como lo ha señalado la Red Nacional de Derechos Humanos, se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Se trata de la aplicación de una política de criminalización de la protesta social como forma de control del descontento social, reformado la legislación penal para enfrentar sus manifestaciones.
Michael W. Chamberlin 