Las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías, federal y estatal, la perdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso, son la coartada perfecta para que hoy la Suprema Corte de Justicia deje libres a los paramilitares responsables materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.
La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la SCJN, de otra manera la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Lo que es claro, es que a pesar de la liberación no dejan de ser culpables. Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre, cuya imagen está registrada en el «Libro Blanco de Acteal», de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.
Lorenzo Pérez Vázquez en el Libro Blanco de Acteal (PGR,1998)
Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR
Aguilar Camín, en su tercera parte de ”Regreso a Acteal, el día señalado”, relata: Hay hasta ahora cinco presos confesos de haber atacado a Acteal: 1) Roberto Méndez Gutiérrez, un indígena del barrio del Guayabal de Los Chorros que en 1997 tenía veintitrés años y era el jefe natural del grupo; 2) Lorenzo Pérez Vázquez, también de Los Chorros, un muchacho huérfano, entonces de diecisiete años, adherido con celo de hermano menor al mando y la cercanía de Roberto; 3) Alfredo Hernández Ruiz, de La Esperanza, que había tenido su baño de sangre en la refriega de Majomut de fines de septiembre de 1997, durante la primera batalla de la cuadrilla armada de Los Chorros con los combatientes zapatistas, la batalla que extendió la fama de los pojwanejetic (defensores) de Los Chorros por las aldeas y parajes de Chenalhó; 4) Felipe Luna Pérez, quien había participado en el ataque no por ser miembro del grupo armado de Los Chorros, sino por ser cuñado del muerto, Agustín Vázquez Secum, y porque en su calidad de vecino de Acteal Alto conocía el terreno por donde habría de ser la correría, y 5) Mariano Luna Ruiz Segundo, vecino también de Acteal Alto, quien se había sumado al ataque por vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, también su cuñado.
En su narración, Aguilar Camín reproduce algunas de las declaraciones de aquellos 5 confesos. De Lorenzo Pérez Vázquez se remite a sus declaraciones en las reconstrucciones ministeriales ocurridas en 2007. En Nexos, Camín transcribe:
“Nos dimos cuenta”, dice Lorenzo Pérez, “de que la iglesia donde se reunían estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia”.
“Frente a la iglesia, nos reunimos todos”, dice Lorenzo Pérez. Lorenzo Pérez insiste en el enfrentamiento y calla los muertos que reconoce Roberto Méndez: Fue un enfrentamiento con los zapatistas. Nunca fuimos como se dice, a masacrar gente, niños y mujeres. Con quien nos enfrentamos fue con zapatistas encapuchados.
A las dos y media de la tarde regresaron a Quextic, dicen los atacantes, dejando esas armas y esos cuerpos tirados en el campamento Los Naranjos. “Escuchamos que llegaron los de Seguridad Pública”, explica Lorenzo Pérez, “y tuvimos miedo de que nos quitaran nuestras armas, ya que nos disparaban”.
¿Hasta qué punto la justicia puede abstraerse de la verdad? Ante lo ocurrido , más que nunca hace falta una Comisión imparcial y con credibilidad, de esclarecimiento histórico, la reposición de procedimientos y la apertura de nuevas líneas de investigación, que lleven, ahora sí, a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:
Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.
Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.
Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.
Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.
Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.
En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.
Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.
Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.
Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.
Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.
Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:
1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.
2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.
3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».
4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.
5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.
6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.
Zenaida, una niña tsotsil de 12 años de una comunidad indígena de los Altos de Chiapas, cayó enferma el lunes 27 de abril, con un fuerte dolor de cabeza y calentura. Para el jueves 30, día del niño, Zenaida murió, de acuerdo al diagnóstico, por “fuertes calenturas”. Con sus doce años de edad, se hacía cargo de cuatro hermanos menores desde que la madre murió pariendo al último, el padre se desentendiera y la hermana de 14 años, la mayor, se fuera a trabajar a la ciudad de México para poder enviar algo de dinero.
José es el más viejo de una familia indígena migrante que se estableció en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Hace días que tiene un fuerte malestar pero se niega a ir al médico. Teme que, como en otras ocasiones, dependa de un tratamiento que le cueste a la familia lo que no tiene, además, dice, existen remedios tradicionales para curar la gripe, aunque sea fuerte.
Los vecinos de José no cambian su rutina, no pueden cambiarla, suspender el trabajo significa dejar de proveer a la familia, literalmente, del pan de cada día. Los niños que normalmente van a la escuela, ahora juegan en las calles con las gallinas, los puercos y los charcos. Los demás, como siempre, salen temprano con su mamá a las calles del centro, a vender sus artesanías a los turistas, que aunque se cubran la cara, todavía compran. Llueve, y mojados se refugian en los dinteles de los comercios cerrados desde hace varios días, esperando que escampe para continuar la vendimia.
Mientras, el gobernador del Estado, el 4 de mayo anuncia que “Chiapas se mantiene libre de la influenza AH1N1”. Para el 7 de mayo se reporta el tercer muerto en Chiapas por el virus, ahora en Comitán, luego de un primer caso en Ocosingo y otro en San Cristóbal de Las Casas, y de brotes de infección en Amatenango del Valle. El 9 de mayo se anuncia el regreso a clases hasta el 18 de mayo y no el 11 como habían dicho en la televisión hace unos días y confirman 222 casos de contagio en la entidad, la mitad en los Altos de Chiapas.
Existe desconcierto y no se sabe si se está saliendo de la emergencia o se está entrando apenas. Se esperaba que no llegara el contagio como quien reza por que en el último momento el huracán cambie de rumbo, evitando un desastre seguro. Pero la suerte y los milagros son cada vez más escasos y la condición, que es de pobreza extrema, no hace excepciones. Con la desnutrición y la deficiente cobertura de salud para la prevención y atención que existe en Chiapas, se es presa fácil. Los casos reportados, mayormente de las ciudades, no nos dicen mucho de la situación real.
Pero no sólo la pobreza, también la discriminación y la desinformación vulnera. Melel Xojobal, una asociación civil que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle, denunció la semana pasada que no existe suficiente información sobre la contingencia sanitaria entre la población indígena de San Cristóbal de Las Casas. En un monitoreo que realizaron los días 29 y 30 de abril, en cinco colonias de la zona norte de la ciudad, entrevistaron a 109 personas entre 8 y 45 años de edad, concluyendo lo siguiente:
-El 16 por ciento de las personas entrevistadas no había escuchado de la enfermedad por ningún medio, a más de una semana de haberse decretado la alerta y a tres días de haberse suspendido las clases en todo el país.
-El 62 por ciento de las personas se había enterado por medios electrónicos, principalmente a través de la televisión.
-El 22 por ciento desconocía los síntomas y las medidas de prevención del contagio, y el 85 por ciento no había recibido información en su lengua materna.
“En el recorrido por las colonias no observamos ningún cartel o documento informativo sobre la influenza y las niñas y niños entrevistados comentaron que en las escuelas solamente les dijeron que no habría clases sin darles mayor información al respecto”.
Los habitantes de las colonias “manifestaron que ninguna autoridad del sector salud se había acercado para brindar orientación sobre la alerta y nos comentaron que había llegado un grupo de personas a vender medicinas para la nueva enfermedad y que esto estaba confundiendo a la gente”.
Si este nivel de desinformación existe en una de las principales ciudades del Estado y en uno de los núcleos identificados con más proclividad al contagio, con mucha más razón se puede esperar en las zonas rurales predominantemente indígenas. Si a las condiciones de vulnerabilidad por la pobreza le sumamos la desinformación, la situación aún por venir puede ser altamente desastrosa.
Lo que estamos viendo es un desfase de dos semanas entre las acciones tomadas en el Distrito Federal (DF) y Chiapas, para distinguir los casos de contagio y muerte por este virus, e intentar cercar la epidemia, aunque aún no para dimensionar el problema. En el Distrito Federal es donde ha habido el mayor número de contagios y decesos registrados pero esto sólo puede significar la reiteración de que en la capital del país tienen mucho más recursos y capacidad instalada para enfrentar una emergencia como ésta. La diferencia entre Chiapas y el DF, en términos de los índices de desarrollo humano, es como la que existe entre España y Costa de Marfil. La verdad es que la cifra real de infectados y muertos por este virus, en Chiapas, difícilmente se sabrá, mucho menos a tiempo.
Dicen los que estudian catástrofes, que no existen desastres naturales sino fenómenos naturales. El desastre siempre es humano y consiste en no saber prevenir para evitar la vulneración. Ernesto Garzón Valdés lo dice de otro modo, explica que mientras los desastres son una desgracia que escapa al ser humano, la calamidad es una desgracia como resultado de acciones humanas intencionales y que por tanto, tiene implicaciones normativas, morales o jurídicas (Calamidades, Gedisa, 2004: 11-12).
En esta situación de emergencia sanitaria no podemos dejar de distinguir entre lo inevitable y lo prevenible. Si el grado de contagio y muerte se corresponde al grado de desigualdad, como es previsible, luego entonces la epidemia no será cuestión de mala suerte o un castigo inevitable, sino una nueva violación a los derechos humanos. Si el contagio y la mortalidad es producto de la desinformación, la negligencia o la discriminación, habrá una violación al derecho a la salud y a la vida. Sólo haciendo esta distinción es que podremos evaluar la respuesta del Estado frente a sus responsabilidades antes, durante y después de la contingencia sanitaria. Más aún, sólo haciendo esta distinción es que podremos imaginar y proponer medidas contra las calamidades.
Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.
Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.
Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.
La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.
En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.
El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.
La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.
La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.
Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).
Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).
La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.
La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.
Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.
Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.
En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.
Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac
Michael W. Chamberlin 