Desigualdad

 Una característica de la democracia es la igualdad, no sólo en la participación en la dirección de los asuntos públicos, sino también de sus resultados. La pobreza constituye una violación a los derechos humanos que se torna más grave en tanto se vuelve más generalizada. Para la Red Nacional de Derechos Humanos, la desigualdad constituye una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, “según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2007, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso, de la quinta parte de la población más rica en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos.”

Esta desigualdad es producto de una mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores económicos sino sobretodo de decisiones políticas. La preocupación por el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.

 Reconciliación y participación política

La llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, genera un retroceso en la certeza de los procedimientos electorales para la alternancia. Iniciado en el período de Vicente Fox, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, con el fin de no permitirle registrarse en tiempo como candidato a la presidencia de la República, se profundizó durante las elecciones de julio de 2006, en el que se presentaron diversas irregularidades en el proceso que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes. La falta de certeza en la legalidad de las elecciones ha generado dudas con respecto a la legitimidad del nuevo presidente y un movimiento de impugnación, encabezado por el mismo López Obrador.

La tercera pieza del deterioro la constituye la destitución arbitraria de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en 2007, afectado la autonomía de este instituto que en el año 2000 fue pieza clave para la alternancia en el poder y el fin de un régimen de 70 años.

El deterioro institucional de los órganos relacionados a la legalidad electoral es un reflejo de la degradación y deterioro de los partidos políticos para representar los intereses de la población una vez que llegan al poder. Protegidos en el monopolio del acceso al poder público, el régimen político actual se constituye principalmente por los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, que conforman los poderes del actual Estado Mexicano.

Una vez que el PRI perdió el poder presidencial y las mayorías en las cámaras, contrario a lo esperado, los partidos de oposición comenzaron a alejarse de las demandas sociales para entrar en el juego electoral de la alternancia, buscando ganar espacios de representación política sin importar con quien hicieran alianzas. Del régimen del partido único se pasó a un régimen de partidos en los que algunos han denominado partidocracia. Jorge Camil define la partidocracia como el gobierno de partidos políticos, una forma de oligarquía, el gobierno de unos cuantos que rigen en beneficio propio. Este régimen de unos cuantos, otorga a los partidos políticos el monopolio de la competencia electoral y, una vez en el poder, la libertad plenipotenciaria de decidir sobre los asuntos públicos sin ningún control por parte de los ciudadanos. El otro rasgo esencial de la democracia, que los individuos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos que les atañen, tampoco se verifica.

El Estado mexicano es, como caracteriza O’Donnell (PNUD, Ibíd.), “burocráticamente ineficiente y económicamente colonizado por intereses privados, que no puede cumplir con su dimensión de legalidad, dado que no sólo descuida la efectivización de derechos de la población en general, sino que manifiesta sesgos a favor de los mismos intereses que colonizan al Estado en su faceta de aparato burocrático. En consecuencia no es capaz de actuar como filtro y moderador de las desigualdades sociales. Es también un Estado casi completamente sordo a las demandas de equidad y reconocimiento que surgen del sector popular y, al contrario, es reproductor activo de las desigualdades existentes, así como también facilitador de las más devastadoras consecuencias de la globalización.”

En ese mismos tenor, el grupo Paz con Democracia ha señalado en su Llamamiento a la Nación Mexicana de noviembre de 2007, que “(El) proceso de ocupación neoliberal ha provocado (…) una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos (…). Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción”.

Esta arbitrariedad antes exclusiva del PRI, en lugar de eliminarse con la participación y contrapeso del resto de los partidos, se ha extendido. Hoy es posible ver acciones arbitrarias en la criminalización de la pobreza y de la protesta social, con la participación concertada de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD.

En el sexenio de Fox, particularmente desde 2004, ocurrieron graves casos de represión como lo fue el caso de los alter-mundistas en Guadalajara en 2004, bajo el gobierno del PAN en el que se infringieron numerosas detenciones arbitrarias y torturas. Los casos de Atenco en el Estado de México y u de la APPO en Oaxaca, en 2006, ambos gobernados por el PRI en el ámbito estatal y en mancuerna con el PAN en el nivel federal. En Guerrero, entidad gobernada por ex miembros del PRI, cobijados y postulados por el PRD, no es diferente. La acción de despojo y criminalización de los comuneros de Cacahoatán, por la construcción de la represa de La Parota fue concertada entre el gobernador Zeferino Torreblanca y el ex presidente Fox; actualmente, el hostigamiento militar y policiaco a las organizaciones indígenas de Guerrero, ha dado como resultado cientos de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, decenas de presos políticos y recientemente la ejecución de dos defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

 Esta política represiva es continuada e incrementada por el ahora presidente Felipe Calderón, permitiendo ejecuciones de activistas sociales y políticos, desapariciones forzadas como la de Raúl Reyes y Edmundo Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos, y en general la criminalización de la protesta social. La Red Nacional de Derechos Humanos en su Documento Conceptual sobre el derecho a la protesta, ha explicado que la criminalización de la protesta social se caracteriza por la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Como lo ha señalado la Red Nacional de Derechos Humanos, se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Se trata de la aplicación de una política de criminalización de la protesta social como forma de control del descontento social, reformado la legislación penal para enfrentar sus manifestaciones.

Continuará…