La condena a Fujimori, enseñanzas.

19 abril 200919 abril 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

El ojo que llora, en homenaje a las víctimas

El pasado martes 7 de abril fue sentenciado a 25 años de prisión, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de secuestro y asesinato por los llamados casos Barrios Altos y La Cantuta, hechos cometidos en el contexto de guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso.

Esta condena, a pesar de que aún puede ir a revisión por un tribunal superior, tiene una importancia superlativa, constituye efectivamente un hecho inédito en nuestro continente con respecto al tratamiento de crímenes contra la humanidad, que no puede pasarse por alto.

Primero porque esta sentencia rompe el paradigma de que los delitos de lesa humanidad no se cometen en democracia. Hasta ahora, sólo se ha podido juzgar a altos mandos políticos surgidos de las dictaduras militares como las de Chile, Argentina y Guatemala. El juicio a Fujimori demuestra por un lado que llegar al poder por medio de elecciones no garantiza que no se cometan estos crímenes, y por otro, que la democracia es algo más que elecciones.

Segundo porque el juicio fue realizado por el poder judicial peruano cuando por lo general estos casos han tenido que ser llevados a tribunales extranjeros, bajo el principio de jurisdicción universal, para que tengan algún efecto. Sin duda con este fallo, la democracia en Perú se ve fortalecida en el contexto latinoamericano.

Tercero porque se pudo arribar hasta este punto a pesar de las condiciones políticas del país. Perú es un Estado que al igual que México, no ha pasado aún por un proceso de transición a la democracia a partir de una renovación en la clase política, agobiado por la corrupción, la miseria de muchos y la inequidad, ni siquiera puede considerarse que tenga un gobierno de izquierda, no tiene ninguna semejanza ni relación con los procesos políticos de corte social por los que atraviesa Ecuador, Bolivia o Venezuela, o de democracia social moderada como los de Brasil, Argentina o Chile; a lo mucho, con Alan García, tiene un gobierno de izquierda simulada como la que representó el PRI en México, en los años 70s y mediados de los 80s, y una oposición de derecha vigorosa, que sigue apoyando a Fujimori, particularmente en la defensa de su política genocida durante su mandato.

: Ataque al Ojo que llora en 2007

Lo que hizo posible entonces, que se llegara hasta este punto fue el empuje de la sociedad civil en Perú, que más allá de los 16 meses que duro el juicio, estuvo tenazmente trabajando durante años, por la justicia y la memoria histórica de los crímenes cometidos bajo la dictadura «democrática» de Fujimori y anteriores, movilizando recursos y apoyos tanto en el ámbito local como internacional, haciendo funcionar la enmohecida maquinaria institucional.

La documentación de casos, su difusión y litigio frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, devino en la creación de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, integrada por personas de la misma sociedad civil, con capacidad probada y particularmente, independientes de poderes y partidos políticos. Ésta, recabó información y documentó cientos de casos de ejecuciones y desapariciones tanto por el ejército peruano como por la guerrilla. Si bien esta Comisión no tuvo nunca un mandato para iniciar procesos judiciales, su papel en mantener viva la memoria, nombrar a las víctimas y condenar moralmente los hechos, permitió cimbrar la conciencia del país, dando lugar a las condiciones, primero sociales y después políticas que arribaron a esta sentencia, un logro que no podrá echar atrás una disminución a la condena de este criminal.

El caso Fujimori debe alimentar nuestra esperanza pero también debemos aprender sus lecciones. Una primera es que el poder judicial en México, particularmente la Suprema Corte de Justicia, debería voltear a ver a Perú; segundo, que Echeverría no cante victoria y que Zedillo ponga sus barbas a remojar; pero sobretodo, la sociedad civil mexicana debemos aprender de la de Perú, en el papel que ha jugado para democratizar las estructuras de su país. Harán falta muchas cosas por hacer en aquel proceso pero sin duda, ésta es una de ellas.

Con cariño y admiración a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y a todos sus miembros.

Condena a 25 años de prisión de ex presidente Alberto Fujimori

La democracia en que vivimos II/IV

29 marzo 20099 abril 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

Desigualdad

Una característica de la democracia es la igualdad, no sólo en la participación en la dirección de los asuntos públicos, sino también de sus resultados. La pobreza constituye una violación a los derechos humanos que se torna más grave en tanto se vuelve más generalizada. Para la Red Nacional de Derechos Humanos, la desigualdad constituye una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, “según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2007, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso, de la quinta parte de la población más rica en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos.”

Esta desigualdad es producto de una mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores económicos sino sobretodo de decisiones políticas. La preocupación por el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.

Reconciliación y participación política

La llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, genera un retroceso en la certeza de los procedimientos electorales para la alternancia. Iniciado en el período de Vicente Fox, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, con el fin de no permitirle registrarse en tiempo como candidato a la presidencia de la República, se profundizó durante las elecciones de julio de 2006, en el que se presentaron diversas irregularidades en el proceso que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes. La falta de certeza en la legalidad de las elecciones ha generado dudas con respecto a la legitimidad del nuevo presidente y un movimiento de impugnación, encabezado por el mismo López Obrador.

La tercera pieza del deterioro la constituye la destitución arbitraria de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en 2007, afectado la autonomía de este instituto que en el año 2000 fue pieza clave para la alternancia en el poder y el fin de un régimen de 70 años.

El deterioro institucional de los órganos relacionados a la legalidad electoral es un reflejo de la degradación y deterioro de los partidos políticos para representar los intereses de la población una vez que llegan al poder. Protegidos en el monopolio del acceso al poder público, el régimen político actual se constituye principalmente por los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, que conforman los poderes del actual Estado Mexicano.

Una vez que el PRI perdió el poder presidencial y las mayorías en las cámaras, contrario a lo esperado, los partidos de oposición comenzaron a alejarse de las demandas sociales para entrar en el juego electoral de la alternancia, buscando ganar espacios de representación política sin importar con quien hicieran alianzas. Del régimen del partido único se pasó a un régimen de partidos en los que algunos han denominado partidocracia. Jorge Camil define la partidocracia como el gobierno de partidos políticos, una forma de oligarquía, el gobierno de unos cuantos que rigen en beneficio propio. Este régimen de unos cuantos, otorga a los partidos políticos el monopolio de la competencia electoral y, una vez en el poder, la libertad plenipotenciaria de decidir sobre los asuntos públicos sin ningún control por parte de los ciudadanos. El otro rasgo esencial de la democracia, que los individuos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos que les atañen, tampoco se verifica.

El Estado mexicano es, como caracteriza O’Donnell (PNUD, Ibíd.), “burocráticamente ineficiente y económicamente colonizado por intereses privados, que no puede cumplir con su dimensión de legalidad, dado que no sólo descuida la efectivización de derechos de la población en general, sino que manifiesta sesgos a favor de los mismos intereses que colonizan al Estado en su faceta de aparato burocrático. En consecuencia no es capaz de actuar como filtro y moderador de las desigualdades sociales. Es también un Estado casi completamente sordo a las demandas de equidad y reconocimiento que surgen del sector popular y, al contrario, es reproductor activo de las desigualdades existentes, así como también facilitador de las más devastadoras consecuencias de la globalización.”

En ese mismos tenor, el grupo Paz con Democracia ha señalado en su Llamamiento a la Nación Mexicana de noviembre de 2007, que “(El) proceso de ocupación neoliberal ha provocado (…) una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos (…). Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción”.

Esta arbitrariedad antes exclusiva del PRI, en lugar de eliminarse con la participación y contrapeso del resto de los partidos, se ha extendido. Hoy es posible ver acciones arbitrarias en la criminalización de la pobreza y de la protesta social, con la participación concertada de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD.

En el sexenio de Fox, particularmente desde 2004, ocurrieron graves casos de represión como lo fue el caso de los alter-mundistas en Guadalajara en 2004, bajo el gobierno del PAN en el que se infringieron numerosas detenciones arbitrarias y torturas. Los casos de Atenco en el Estado de México y u de la APPO en Oaxaca, en 2006, ambos gobernados por el PRI en el ámbito estatal y en mancuerna con el PAN en el nivel federal. En Guerrero, entidad gobernada por ex miembros del PRI, cobijados y postulados por el PRD, no es diferente. La acción de despojo y criminalización de los comuneros de Cacahoatán, por la construcción de la represa de La Parota fue concertada entre el gobernador Zeferino Torreblanca y el ex presidente Fox; actualmente, el hostigamiento militar y policiaco a las organizaciones indígenas de Guerrero, ha dado como resultado cientos de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, decenas de presos políticos y recientemente la ejecución de dos defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

Esta política represiva es continuada e incrementada por el ahora presidente Felipe Calderón, permitiendo ejecuciones de activistas sociales y políticos, desapariciones forzadas como la de Raúl Reyes y Edmundo Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos, y en general la criminalización de la protesta social. La Red Nacional de Derechos Humanos en su Documento Conceptual sobre el derecho a la protesta, ha explicado que la criminalización de la protesta social se caracteriza por la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Como lo ha señalado la Red Nacional de Derechos Humanos, se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Se trata de la aplicación de una política de criminalización de la protesta social como forma de control del descontento social, reformado la legislación penal para enfrentar sus manifestaciones.

Continuará…

La democracia en que vivimos I/IV

24 marzo 20099 abril 2009 Michael W. Chamberlin3 comentarios

En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México, la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundización un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos.

Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la “transición” ha dejado claro a la conciencia pública, que una democracia formal electoral es insuficiente para atender los graves y añejos agravios a la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia civil.

Lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia.

Al inicio del sexenio (2000-2006) de Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República, se anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la Procuraduría General de La República. Esta figura, que se prefirió a una Comisión de La Verdad, tenía como misión investigar los crímenes de lesa humanidad en contra de los movimientos sociales y políticos de los años 70’s y 80’s (aproximadamente a partir de la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, hasta las ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el sexenio de José López Portillo finalizado en 1982), en lo que se conoció como la guerra sucia.

Esta Fiscalía se entrevistó con numerosas familias de las víctimas, con sobrevivientes y testigos, pero inició apenas tres procedimientos significativos, dos contra los militares De La Barreda y Quiroz Hermosillo por la desaparición de Jesús Piedra, hijo de la luchadora social Rosario Ibarra, y uno contra el expresidente Luis Echeverría por genocidio en los eventos de San Cosme en 1971 que, sin embargo, no fructificaron.

Con la llegada, en el 2006, del impugnado Presidente Felipe Calderón Hinojosa se cerró dicha Fiscalía, sin ninguna información con respecto a sus investigaciones, salvo un informe preliminar filtrado a la prensa, que no ha sido oficialmente publicado. La administración de Felipe Calderón ha guardado silencio con respecto a este urgente tema para la sociedad.

Esta actitud omisa no fue nueva. Algo similar hizo el expresidente Fox con respecto a las investigaciones de los crímenes cometidos por grupos paramilitares en Chiapas, al cerrar las dos fiscalías creadas en el sexenio (1994 – 2000) del expresidente Ernesto Zedillo: la Fiscalía de Chenalhó, encargada de investigar los sucesos alrededor de la masacre de Acteal, y la Fiscalía para Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados. La primera cerró con un informe que concluía que la masacre de Acteal fue producto de los problemas intracomunitarios, la segunda simplemente cerró, sin ninguna información con respecto a sus gestiones y sus investigaciones, a pesar de que tuvo contacto e información privilegiada del grupo paramilitar Paz y Justicia, y sus vínculos con el Ejército Mexicano.

Tanto en el caso de la FEMOSPP, como el de las fiscalías especiales para Chiapas, los expedientes abiertos se dispersaron entre los diferentes ministerios públicos en lo local y lo federal, individualizando los delitos y dejando de lado el fenómeno de los grupos paramilitares y la investigación de las responsabilidades del Estado, traicionando el derecho a la verdad y a la justicia.

La falta de voluntad política para actuar frente a la impunidad tiene una cortapisa en la incapacidad institucional para procurar y administrar justicia. De acuerdo a estadísticas rescatadas por Miguel Carbonell, 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; se denuncia solamente uno de cada 15 delitos cometidos; se castigan menos de 1% de los delitos cometidos; 99% de los delincuentes no terminan condenados; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 40% de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria; 80% de los sentenciados nunca habló con el juez que lo condenó; la posibilidad de que el presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial es de 3.3% del total de delitos denunciados, lo que equivale a decir que la impunidad se da en 96.7% de los casos.

Una mirada más cualitativa nos muestra que las víctimas tienden a ser las mismas. Amnistía Internacional señala en su Informe México: Leyes Sin Justicia que “a los más pobres se les niegan también sus derechos civiles básicos: no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada; se les niega el acceso igualitario a las instituciones del Estado y los juzgados; sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente; y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos”. En términos de Guillermo O’Donnell (La Democracia en América Latina, PNUD, 2004: 49) este sector de la población no sólo es materialmente pobre, sino también legalmente pobre.

Continuará…