Asesinan a joven escritor de graffiti en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

31 mayo 200931 mayo 2009 Michael W. Chamberlin21 comentarios

El pasado miércoles 27 de mayo, Víctor Martín Penagos Estrada “el Burla”, de 16 años de edad, fue asesinado por Nicolás Gómez Sántiz presunto velador del hotel Maya Quetzal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a testimonios recibidos, el Burla se encontraba con algunos de sus amigos, realizando una pieza de graffiti cuando recibió los dos disparos que le quitaron la vida.

Este asesinato es consecuencia del ambiente de criminalización y estigmatización hacia los jóvenes, que ha sido generado desde el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión. Por acuerdo unánime de los asistentes, se tomó el acuerdo.

El operativo antigraffiti implementado por el ayuntamiento de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, contempla la detención de las y los jóvenes que sean sorprendidos practicando esta actividad, por parte de elementos de Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, y el fichaje de su nombre, domicilio y fotografía en una base de datos policiaca, además de la aplicación de sanciones de veinte mil pesos como medida “ejemplar”. A tan sólo tres días de su implementación, más de quince jóvenes habían sido ya detenidos.

A lo anterior se suman las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte del sector empresarial.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de hostigamiento y estigmatización de los jóvenes, que ha llegado hasta el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada.

La pretensión de mantener una ciudad turísticamente atractiva, no debe de tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún a costa de su niñez y juventud. Sin duda debemos condenar el asesinato “El Burla” y rechazar las medidas antigraffiti tomadas por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por ser contrarias a los derechos humanos de los jóvenes e incitadoras a la violencia.

El próximo viernes 5 de junio, Inicia y Melel Xojobal convocan al Foro «Graffiti, Juventudes y Resignificación de Espacios Públicos» donde seguramente se tratará el tema. Será a las 4:30 de latarde en el Centro de Convenciones Diego de Mazariegos.

¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? II

24 mayo 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

El precio a dos años de que “no lleguen las drogas a tus hijos” y “dar seguridad en las calles”, dijimos, ha sido de más de 10 mil muertos, al menos 610 de ellos niños de entre 2 meses y 16 años de edad, y 3,700 huérfanos de guerra contra el narcotráfico; tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, desapariciones forzadas y violación sexual, por parte de militares y policías. La guerra por la que ha optado el gobierno federal, pretendería evitar el consumo de droga, penalizándolo, y reducir la oferta de droga a través de la militarización, el armamentismo, la impunidad y el debilitamiento del estado de derecho.

Las consecuencias de esta guerra hablan por sí solas del despropósito del gobierno actual pero su irracionalidad en realidad radica en la lógica que está detrás de esta política desde hace varios sexenios.

Pensemos en el drama que significa para una familia que uno de sus miembros padezca de narco dependencia, la inestabilidad emocional y económica, la perdida de armonía y la carencia de seguridad sobre el futuro, y si se le suma la angustia de la persecución policiaca y la cárcel, resulta entonces que esa familia y particularmente quien sufre la dependencia, cuentan con muy pocas opciones para salir de esa situación, por el contrario, las perspectivas de solución se vuelven más lejanas. El consumo de droga es desde el punto de vista de quien la padece, un asunto de salud y no uno penal.

Ahora, se ha insistido que el fenómeno del narcotráfico no radica en la oferta sino en el consumo, y en esto existe razón, dado que el poderío económico de los narcotraficantes depende únicamente de los consumidores de droga. Si se ataca al oferente, en este caso a los cárteles de droga, por medio de las armas, resultará lógico que utilizarán ese poder financiero para adquirir más y mejores armas para defenderse. En esto consiste la espiral de violencia que ha sido fomentada por el gobierno actual. Si antes existía el narcotráfico, ahora existe con una faceta sumamente violenta que efectivamente atenta contra la seguridad nacional pero gracias al fomento de la violencia del propio gobierno federal.

Hemos dicho que en democracia, el único fin de las instituciones públicas, incluyendo las leyes, es procurar los derechos de los ciudadanos. La democracia es una forma de gobierno consecuente con los derechos humanos porque coinciden en poner a la persona como un ser de fines. Es la sujeción a ese propósito, prescrito en la Constitución, a lo que se le llama principio de legalidad, y al andamiaje institucional que lo hace posible, estado de derecho.

La democracia le da a la norma un carácter ético-político fundado en la libertad e igualdad de la persona para el ejercicio pleno de su autonomía individual. La autonomía es a la persona lo que la soberanía es al pueblo. La autonomía individual es capacidad de autocontenerse, es decir, de darse a si mismo un espacio en el mundo, regularse y crear para sí un proyecto de vida, es, en suma, libre albedrío. La autonomía es el atributo moral por excelencia porque es en su respeto que se reconoce la dignidad de la persona y es por ello un derecho que nadie tenga injerencia en ella. Sin el respeto a la autonomía, como a la soberanía, no es posible la paz.

Ahora bien, si el Estado es responsable (e insistiré que es su única función) de generar condiciones de posibilidad para el desarrollo máximo de la autonomía personal (que no es otra cosa que la vigencia de los derechos humanos), y respetar, proteger y garantizar el libre albedrío, luego entonces criminalizar el consumo de droga es atentar contra el principio de la autonomía personal.

Una política antidroga consecuente con un Estado democrático, debería considerar programas y acciones que fortalezcan la autonomía, para que la persona que sufre de dependencia sea sujeto y desarrolle su capacidad de agencia teniendo más y mejores oportunidades y opciones para elegir. Si los millones de pesos del presupuesto que se destinan al Ejército y la Policía Federal en su tarea antidroga y los millones de dólares de la iniciativa Mérida para la compra nunca suficiente de armas, se destinaran a ofrecer servicios de salud y atención a narcodependientes, en menos tiempo se abatiría el consumo y con ello el poder corruptor de los cárteles de la droga. Si el tráfico de droga dejara de considerarse un asunto penal para atenderse como un asunto de salud pública, como realmente es, ganaríamos con una reducción drástica de la violencia.

No escapa a mi atención que existen intereses inconfesables en esta guerra y en el narcotráfico mismo, que escapan al propósito que pregonan los gobernantes como son la gran rentabilidad de un negocio transnacional, quizá el más importante en la actualidad, la corrupción y la infiltración de estas redes en el gobierno, pero sobretodo que terminemos creyendo que esta es la única forma posible de la democracia. Si queremos dar pasos hacia condiciones de mayor libertad e igualdad, resulta necesario desmantelar los argumentos con los que nos quieren vender una falsa democracia y una guerra ilegal e ilegítima.

¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? I

17 mayo 200924 mayo 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

El uso de las fuerzas armadas por razones de “seguridad interna” ha sido permanente en la historia del país. La lógica del Ejército Mexicano no es la de combatir a enemigos externos en defensa de la nación, sino de mantener el control frente a amenazas internas. Así, el Ejército mexicano ha tenido una labor destacada en la persecución de la disidencia política, que en la época moderna militar puede ser que marque sus inicios en el ataque al Cuartel de Madera, Chihuahua (1965), pasando por la masacre de Tlatelolco (1968) y que derivó en la llamada Guerra Sucia de los años 70s, época en la que se produjeron los peores crímenes de lesa humanidad, con cientos de ejecutados y desaparecidos. En lo que podría considerarse una nueva fase en las actividades del Ejército Mexicano, durante el sexenio de Miguel de La Madrid (1982-1988), los militares comenzaron a participar en la lucha contra el narcotráfico, elevándolo a un asunto de seguridad nacional.

A raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, los militares reiniciaron su actividad de persecución del “enemigo interno”. Las regiones indígenas del país se militarizaron hasta la fecha, no sólo en Chiapas, aunque por años éste fue el principal foco de atención de los medios debido a una descarada persecución contrainsurgente, que tuvo cientos de víctimas combatientes pero sobretodo civiles. El presidente Zedillo (1994-2000) frente a su débil legitimidad política, a través del establecimiento, a finales de 1995, de la Coordinación Nacional del Sistema de Seguridad Pública, le dio carta de naturalización al Ejército para participar en materia de seguridad pública, en una deliberada confusión con la seguridad nacional. Durante los 70 años del PRI, el Ejército fue clave para el mantenimiento del régimen revolucionario contra la disidencia popular.

El bono democrático de Vicente Fox, presidente surgido del PAN, provocó que los reflectores a los abusos cometidos por el Ejército se desviaran, sin que éste abandonara ni sus funciones ni sus posiciones, por el contrario, se le agregó la función de control migratorio en la frontera sur en lo que se conoce como “sellamiento de la frontera”, particularmente en Chiapas, y continuó sus acciones contrainsurgentes en las regiones indígenas del sur del país, notoriamente en Guerrero y Oaxaca. La acción del Ejército en al vida pública del país es uno de los rasgos de la transición fallida.

El fuerte cuestionamiento a la legitimidad del presidente Felipe Calderón, hizo del Ejército nuevamente su principal fuerza, decretando una “guerra contra el narcotráfico” que no ha sido retórica. Según un recuento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentado en mayo pasado, entre enero de 2007 y noviembre de 2008 se publicaron en los medios 101 casos de abusos militares en contra de civiles, entre ejecuciones, tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales.

Human Rights Watch (HRW) por su lado, documentó abusos militares en el mismo período, que incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República. Resaltan en su informe que “muchas de las víctimas en los casos documentados no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”.

Tanto HRW como el Centro Prodh resaltan un elemento más de esta guerra, la impunidad que genera el fuero militar frente a las violaciones a derechos humanos, y se pronuncian, como lo han hecho muchos otras organizaciones civiles, por la eliminación de este fuero, sustentado en el código penal militar.

Las víctimas en esta guerra, sin embargo, no son sólo a quienes se les viola sus derechos individuales. El derecho a la paz es un bien público que deber ser respetado, protegido y garantizado en un régimen democrático, lo cual significa no sólo que los abusos militares sean castigados, ni que sólo se eviten las violaciones a los civiles, sino que la guerra misma sea proscrita.

En democracia las instituciones existen para dirimir conflictos y proteger derechos, esta es su principal virtud. La guerra siempre es el último recurso frente a la falta de esas instituciones y la capacidad política de generar acuerdos. Para evitar la guerra es que se inventó la democracia. Optar por la guerra, como lo hace el gobierno de Calderón, no sólo ha significado atacar el fuego con gasolina, promoviendo una espiral imparable de violencia, significa sobretodo rechazar la democracia como forma de convivencia. Cuando es el Estado el que suprime los derechos, así se justifique por los más nobles propósitos, no se le puede denominar democrático sino tirano.

La política de Calderón consiste en crear inseguridad y violencia para generar control a través de la militarización acompañada de la creación y reforma de leyes que atentan contra los derechos humanos. Una política que cuenta con la anuencia de la clase política representada en los tres principales partidos políticos y el apoyo decidido de los Estados Unidos.

A dos años de la gestión de Felipe Calderón, se superaron las 10,000 ejecuciones, dos mil más que todo el sexenio anterior y más que el total de bajas estadounidenses en Irak, a la misma fecha. Felipe Calderón justifica la militarización para “dar seguridad en las calles”, nada más lejos de ese propósito; y su guerra, “para que no lleguen las drogas a tus hijos” mientras que informes del Ejército señalan que de diciembre de 2006 a mayo de 2009, han muerto 610 niños menores de 16 años a causa de esta guerra y 3,700 quedaron huérfanos al ser ejecutados sus padres, vaya forma de lograr sus objetivos.

Mexico’s Drug War, Narco News

La influenza humana y los derechos humanos.

10 mayo 200910 mayo 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

Zenaida, una niña tsotsil de 12 años de una comunidad indígena de los Altos de Chiapas, cayó enferma el lunes 27 de abril, con un fuerte dolor de cabeza y calentura. Para el jueves 30, día del niño, Zenaida murió, de acuerdo al diagnóstico, por “fuertes calenturas”. Con sus doce años de edad, se hacía cargo de cuatro hermanos menores desde que la madre murió pariendo al último, el padre se desentendiera y la hermana de 14 años, la mayor, se fuera a trabajar a la ciudad de México para poder enviar algo de dinero.

José es el más viejo de una familia indígena migrante que se estableció en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Hace días que tiene un fuerte malestar pero se niega a ir al médico. Teme que, como en otras ocasiones, dependa de un tratamiento que le cueste a la familia lo que no tiene, además, dice, existen remedios tradicionales para curar la gripe, aunque sea fuerte.

Los vecinos de José no cambian su rutina, no pueden cambiarla, suspender el trabajo significa dejar de proveer a la familia, literalmente, del pan de cada día. Los niños que normalmente van a la escuela, ahora juegan en las calles con las gallinas, los puercos y los charcos. Los demás, como siempre, salen temprano con su mamá a las calles del centro, a vender sus artesanías a los turistas, que aunque se cubran la cara, todavía compran. Llueve, y mojados se refugian en los dinteles de los comercios cerrados desde hace varios días, esperando que escampe para continuar la vendimia.

Mientras, el gobernador del Estado, el 4 de mayo anuncia que “Chiapas se mantiene libre de la influenza AH1N1”. Para el 7 de mayo se reporta el tercer muerto en Chiapas por el virus, ahora en Comitán, luego de un primer caso en Ocosingo y otro en San Cristóbal de Las Casas, y de brotes de infección en Amatenango del Valle. El 9 de mayo se anuncia el regreso a clases hasta el 18 de mayo y no el 11 como habían dicho en la televisión hace unos días y confirman 222 casos de contagio en la entidad, la mitad en los Altos de Chiapas.

Existe desconcierto y no se sabe si se está saliendo de la emergencia o se está entrando apenas. Se esperaba que no llegara el contagio como quien reza por que en el último momento el huracán cambie de rumbo, evitando un desastre seguro. Pero la suerte y los milagros son cada vez más escasos y la condición, que es de pobreza extrema, no hace excepciones. Con la desnutrición y la deficiente cobertura de salud para la prevención y atención que existe en Chiapas, se es presa fácil. Los casos reportados, mayormente de las ciudades, no nos dicen mucho de la situación real.

Pero no sólo la pobreza, también la discriminación y la desinformación vulnera. Melel Xojobal, una asociación civil que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle, denunció la semana pasada que no existe suficiente información sobre la contingencia sanitaria entre la población indígena de San Cristóbal de Las Casas. En un monitoreo que realizaron los días 29 y 30 de abril, en cinco colonias de la zona norte de la ciudad, entrevistaron a 109 personas entre 8 y 45 años de edad, concluyendo lo siguiente:

-El 16 por ciento de las personas entrevistadas no había escuchado de la enfermedad por ningún medio, a más de una semana de haberse decretado la alerta y a tres días de haberse suspendido las clases en todo el país.

-El 62 por ciento de las personas se había enterado por medios electrónicos, principalmente a través de la televisión.

-El 22 por ciento desconocía los síntomas y las medidas de prevención del contagio, y el 85 por ciento no había recibido información en su lengua materna.

“En el recorrido por las colonias no observamos ningún cartel o documento informativo sobre la influenza y las niñas y niños entrevistados comentaron que en las escuelas solamente les dijeron que no habría clases sin darles mayor información al respecto”.

Los habitantes de las colonias “manifestaron que ninguna autoridad del sector salud se había acercado para brindar orientación sobre la alerta y nos comentaron que había llegado un grupo de personas a vender medicinas para la nueva enfermedad y que esto estaba confundiendo a la gente”.

Si este nivel de desinformación existe en una de las principales ciudades del Estado y en uno de los núcleos identificados con más proclividad al contagio, con mucha más razón se puede esperar en las zonas rurales predominantemente indígenas. Si a las condiciones de vulnerabilidad por la pobreza le sumamos la desinformación, la situación aún por venir puede ser altamente desastrosa.

Lo que estamos viendo es un desfase de dos semanas entre las acciones tomadas en el Distrito Federal (DF) y Chiapas, para distinguir los casos de contagio y muerte por este virus, e intentar cercar la epidemia, aunque aún no para dimensionar el problema. En el Distrito Federal es donde ha habido el mayor número de contagios y decesos registrados pero esto sólo puede significar la reiteración de que en la capital del país tienen mucho más recursos y capacidad instalada para enfrentar una emergencia como ésta. La diferencia entre Chiapas y el DF, en términos de los índices de desarrollo humano, es como la que existe entre España y Costa de Marfil. La verdad es que la cifra real de infectados y muertos por este virus, en Chiapas, difícilmente se sabrá, mucho menos a tiempo.

Dicen los que estudian catástrofes, que no existen desastres naturales sino fenómenos naturales. El desastre siempre es humano y consiste en no saber prevenir para evitar la vulneración. Ernesto Garzón Valdés lo dice de otro modo, explica que mientras los desastres son una desgracia que escapa al ser humano, la calamidad es una desgracia como resultado de acciones humanas intencionales y que por tanto, tiene implicaciones normativas, morales o jurídicas (Calamidades, Gedisa, 2004: 11-12).

En esta situación de emergencia sanitaria no podemos dejar de distinguir entre lo inevitable y lo prevenible. Si el grado de contagio y muerte se corresponde al grado de desigualdad, como es previsible, luego entonces la epidemia no será cuestión de mala suerte o un castigo inevitable, sino una nueva violación a los derechos humanos. Si el contagio y la mortalidad es producto de la desinformación, la negligencia o la discriminación, habrá una violación al derecho a la salud y a la vida. Sólo haciendo esta distinción es que podremos evaluar la respuesta del Estado frente a sus responsabilidades antes, durante y después de la contingencia sanitaria. Más aún, sólo haciendo esta distinción es que podremos imaginar y proponer medidas contra las calamidades.