En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México, la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundización un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos.

Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la “transición” ha dejado claro a la conciencia pública, que una democracia formal electoral es insuficiente para atender los graves y añejos agravios a la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia civil.

Lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia.

Al inicio del sexenio (2000-2006) de Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República, se anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la Procuraduría General de La República. Esta figura, que se prefirió a una Comisión de La Verdad, tenía como misión investigar los crímenes de lesa humanidad en contra de los movimientos sociales y políticos de los años 70’s y 80’s (aproximadamente a partir de la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, hasta las ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el sexenio de José López Portillo finalizado en 1982), en lo que se conoció como la guerra sucia.

Esta Fiscalía se entrevistó con numerosas familias de las víctimas, con sobrevivientes y testigos, pero inició apenas tres procedimientos significativos, dos contra los militares De La Barreda y Quiroz Hermosillo por la desaparición de Jesús Piedra, hijo de la luchadora social Rosario Ibarra, y uno contra el expresidente Luis Echeverría por genocidio en los eventos de San Cosme en 1971 que, sin embargo, no fructificaron.

Con la llegada, en el 2006, del impugnado Presidente Felipe Calderón Hinojosa se cerró dicha Fiscalía, sin ninguna información con respecto a sus investigaciones, salvo un informe preliminar filtrado a la prensa, que no ha sido oficialmente publicado. La administración de Felipe Calderón ha guardado silencio con respecto a este urgente tema para la sociedad.

Esta actitud omisa no fue nueva. Algo similar hizo el expresidente Fox con respecto a las investigaciones de los crímenes cometidos por grupos paramilitares en Chiapas, al cerrar las dos fiscalías creadas en el sexenio (1994 – 2000) del expresidente Ernesto Zedillo: la Fiscalía de Chenalhó, encargada de investigar los sucesos alrededor de la masacre de Acteal, y la Fiscalía para Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados. La primera cerró con un informe que concluía que la masacre de Acteal fue producto de los problemas intracomunitarios, la segunda simplemente cerró, sin ninguna información con respecto a sus gestiones y sus investigaciones, a pesar de que tuvo contacto e información privilegiada del grupo paramilitar Paz y Justicia, y sus vínculos con el Ejército Mexicano.

Tanto en el caso de la FEMOSPP, como el de las fiscalías especiales para Chiapas, los expedientes abiertos se dispersaron entre los diferentes ministerios públicos en lo local y lo federal, individualizando los delitos y dejando de lado el fenómeno de los grupos paramilitares y la investigación de las responsabilidades del Estado, traicionando el derecho a la verdad y a la justicia.

La falta de voluntad política para actuar frente a la impunidad tiene una cortapisa en la incapacidad institucional para procurar y administrar justicia. De acuerdo a estadísticas rescatadas por Miguel Carbonell, 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; se denuncia solamente uno de cada 15 delitos cometidos; se castigan menos de 1% de los delitos cometidos; 99% de los delincuentes no terminan condenados; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 40% de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria; 80% de los sentenciados nunca habló con el juez que lo condenó; la posibilidad de que el presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial es de 3.3% del total de delitos denunciados, lo que equivale a decir que la impunidad se da en 96.7% de los casos.

Una mirada más cualitativa nos muestra que las víctimas tienden a ser las mismas. Amnistía Internacional señala en su Informe México: Leyes Sin Justicia que “a los más pobres se les niegan también sus derechos civiles básicos: no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada; se les niega el acceso igualitario a las instituciones del Estado y los juzgados; sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente; y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos”. En términos de Guillermo O’Donnell (La Democracia en América Latina, PNUD, 2004: 49) este sector de la población no sólo es materialmente pobre, sino también legalmente pobre.

Continuará…