Celebración bicentenaria de la rebeldía

Mi amigo Bernardo me hacía notar que el festejo por la Independencia y la Revolución mexicanas estaba adelantado 11 años. Tiene razón, la consumación de la Independencia se ha fijado por los historiadores con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, y la de la Revolución, aunque sin un consenso (Adolfo Gilly nos habla de “La Revolución Interrumpida”), entrada la década de los años 20 del siglo pasado.

Con todo, encuentro razones para conmemorar esta fechas. La rebeldía contra la opresión y la tiranía, y el deseo ferviente y decidido por la libertad y la emancipación. Ninguno de quienes se embarcaron en las luchas tuvo nunca la certeza de conseguir lo que buscaba, de lo contrario no habría ningún mérito en ello. Antes que juzgar los resultados habría que analizar las razones que legitiman una causa.

En ambos acontecimientos se subraya la búsqueda de la libertad, entendida como la supresión de la esclavitud, de la tortura y de la indigencia (garantías sociales incluyendo la tierra y contra la alta recaudación). No sin descalabros, fuimos descubriendo que el mejor modelo que garantizaba tales ideales, era el de la República Constitucional.

El primero en desarrollar estas ideas en lo que ahora es nuestro país, fue José María Morelos y Pavón. Inspirado por la Revolución Francesa de 1789, creía en la necesidad de obedecer cuatro principios básicos que se convirtieron pronto en los cuatro pilares del constitucionalismo: El carácter inalienable de derechos básicos, la legitimidad de la autoridad descansada sobre el consenso de la población, la protección de derechos como primer deber de la autoridad y el derecho a la resistencia. Este último sirvió como justificación y razón para instaurar un régimen de gobierno que cumpliera con los primeros tres. Locke entre otros, afirmaba que el pueblo podía legítimamente resistir y finalmente derrocar al gobierno de turno en caso de que no fuera consecuente con el respeto de aquello derechos básicos.

Roberto Gargarella observa que en aquellos movimientos se consideraba que el orden legal no era merecedor de respeto cuando sus normas infligían ofensas severas sobre la población y cuando no eran el resultado de un proceso en el que dicha comunidad estuviera involucrada de modo significativo. Cuando estas dos condiciones estaban presentes, el derecho a la resistencia estaba justificado. (Gargarella, El derecho a resistir el derecho, Miñó y Dávila, 2005). En nuestra Constitución persiste una reminiscencia del derecho a la resistencia en el artículo 39, que señala que “(e)l pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos siguiendo la tradición, se reconoce “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; (…)”.

En las democracias constitucionales actuales, pareciera que el derecho a la resistencia hubiera perdido carta de naturalización, que la modernidad que devino después de las guerras mundiales, la creación de órganos internacionales como la ONU que se fundaran en el reconocimiento de los derechos inalienables de las personas, que las elecciones periódicas más o menos difundidas a lo largo y ancho del globo generaran la idea de que garantizaba el control y la voluntad popular, la hubieran cancelado. Sin embargo, la miseria y el temor, lejos de desaparecer, persisten y se profundizan, incluso en regímenes democráticos.

A casi dos siglos de independencia, aún no hemos podido consolidar nuestro régimen democrático en México, y en esto guardamos similitudes con muchos otros países latinoamericanos. La razón ha sido que no nos hemos permitido una participación horizontal, hemos ido saltando de oligarquías en oligarquías, dejando a unos pocos decidir por la mayoría.

La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen oligarca de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad. Si medimos esta llamada transición bajo los indicadores de Charles Tilly (Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas. 1995), los derechos y obligaciones no se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado, no se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; no es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y no se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado. Por el contrario, vemos una crítica y peligrosa tendencia al retroceso.

El déficit democrático en México ha llegado al grado de generar las dos condiciones que históricamente se han conjugado para el surgimiento del derecho a la resistencia: las normas del orden legal infligen ofensas severas sobre la población y no son resultado de un proceso en el que dicha comunidad esté involucrada de modo significativo. No es de extrañar entonces, que existan en México movimientos de resistencia que consideren que el orden legal no es merecedor de respeto y la resistencia a la autoridad esté justificada.

La resistencia como la protesta son indicadores de una anomalía democrática frente a la que las víctimas reaccionan. La respuesta correcta del Estado, democráticamente hablando, es entenderla y atenderla; en términos de Thomas Jefferson “darle la bienvenida, para mantener al gobierno dentro de sus límites (evitar su degeneración) y a la ciudadanía implicada en los asuntos públicos”. Sin embargo no es así, la respuesta ha sido reprimirla.

Frente a una expresión violenta de la resistencia y a la violencia como respuesta del Estado, poco puede decirse de condiciones de democracia. Sin embargo, una razón de esperanza la constituye una fuerte expresión de la resistencia como un movimiento democratizador, que a pesar de la represión del Estado y de la propuesta armada de la resistencia, puede permitir cauces hacia mejores condiciones de igualdad y libertad. Las experiencias indígenas de autonomías de facto, en búsqueda de proteger los derechos que les han sido negados por el Estado, genera prácticas democráticas que son dignas de observar, aprender y apoyar.

Los movimientos de resistencia democratizadores, constituyen un doble desafió al Estado, no sólo rechazan el orden legal existente sino que se proponen hacer uno mejor. El movimiento de resistencia indígena en México ha entendido que su lucha no es por derechos específicos, dado que existe una conciencia de pertenencia a la nación y han comprendido que su suerte como pueblos está ligada a la del resto del país.

En palabras del EZLN, quien ha sido la expresión inspiradora del movimiento de resistencia indígena, en su VI Declaración de La Selva Lacandona, “Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva Constitución.»

En esta hora de temor y miseria, de violencia irracional promovida por el gobierno en turno, de ataques al sindicalismo y a los derechos de los trabajadores, de despojo de las tierras indígenas por el insaciable lucro de empresas sin escrúpulos, de la criminalización de la protesta y persecución de defensores y luchadores sociales, no es independencia ni revolución lo que celebramos sino la rebeldía de quienes generosa y solidariamente luchan, sueñan y construyen la libertad y emancipación para los hijos que vendrán, aún cuando no sepamos si lo conseguiremos.

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La Policía Comunitaria o de como se acabó la violencia de los narcos y del Estado en la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Sólo se le otorgó amparo por portación de armas prohibidas pero también de eso es culpable.

La Suprema Corte de Justicia aclara que no se liberó a ningún confeso , sin embargo, sí se le otorgó el amparo a Lorenzo Pérez Vázquez (y no Ruiz Vázquez) por portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Aún sin haber sido excarcelado el amparo no se corresponde con las confesiones de Pérez Vázquez, que no dejan lugar a dudas.  Son declaraciones realizadas mucho tiempo después de los hechos, cuando el CIDE ya había tomado su defensa, por lo que no se puede alegar que fueron arrancadas bajo tortura.

Sobre las armas de uso exclusivo del ejército, la confesión de Lorenzo Pérez Vázquez (no Ruiz Vázquez) dice:

«14 (…) Dos o tres días después, supe que los del grupo formado por los Tseltales habían discutido con el señor Antonio Santiz López y abandonaron el grupo devolviéndole dos cuernos de chivos y una Uzi . A mí me preguntó que si iba seguir con ellos a lo que le respondí que si porque ya estoy adentro. Entonces me dijo que cual de las cuatro armas tipo cuerno de chivo que se encontraban sobre su mesa me gustaba y que tomara una de ellas. Lo mismo le dijo a Roberto Méndez Gutiérrez, por lo que en ese momento tanto Roberto como yo tomamos un cuerno de chivo cada uno, quedando en la mesa el arma conocida como Uzi»

«28. A las ocho de la mañana (del 22 de diciembre de 1997) salimos del domicilio de Antonio Vázquez Secum, portando un cuerno de chivo, en compañía de José Musio Vázquez Luna, Antonio López Hernández, julio López Hernández, Agustín Santiz Gómez y Roberto Méndez Gutiérrez, portando también “cuernos de chivo”, y Agustín Santiz Gómez, con una Uzi».

(Tomado de Reconstrucción de las declaraciones ministeriales de Lorenzo Pérez Vázquez a la fiscalía especial del Caso Acteal del gobierno de Chiapas, hecha por el abogado defensor Javier Cruz Angulo).

Este amparo, al igual que todos los demás, también debió haber sido para efectos. Nada abona la SCJN si no promueve la reapertura de las investigaciones. Viene lo que sigue, el recurso de presunción de inocencia interpusto por el ya denostado CIDE.

Boletín 171 PRECISIONES CASO ACTEAL

Libera la SCJN a uno de los paramilitares confesos por la masacre de Acteal

Las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías, federal y estatal, la perdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso, son la coartada perfecta para que hoy la Suprema Corte de Justicia deje libres a los paramilitares responsables materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la SCJN, de otra manera la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Lo que es claro, es que a pesar de la liberación no dejan de ser culpables. Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre, cuya imagen está registrada en el «Libro Blanco de Acteal», de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.

Uno de estos es Lorenzo Pérez Vázquez
Lorenzo Pérez Vázquez en el Libro Blanco de Acteal (PGR,1998)

Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR
Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR

Aguilar Camín, en su tercera parte de ”Regreso a Acteal, el día señalado”, relata: Hay hasta ahora cinco presos confesos de haber atacado a Acteal: 1) Roberto Méndez Gutiérrez, un indígena del barrio del Guayabal de Los Chorros que en 1997 tenía veintitrés años y era el jefe natural del grupo; 2) Lorenzo Pérez Vázquez, también de Los Chorros, un muchacho huérfano, entonces de diecisiete años, adherido con celo de hermano menor al mando y la cercanía de Roberto; 3) Alfredo Hernández Ruiz, de La Esperanza, que había tenido su baño de sangre en la refriega de Majomut de fines de septiembre de 1997, durante la primera batalla de la cuadrilla armada de Los Chorros con los combatientes zapatistas, la batalla que extendió la fama de los pojwanejetic (defensores) de Los Chorros por las aldeas y parajes de Chenalhó; 4) Felipe Luna Pérez, quien había participado en el ataque no por ser miembro del grupo armado de Los Chorros, sino por ser cuñado del muerto, Agustín Vázquez Secum, y porque en su calidad de vecino de Acteal Alto conocía el terreno por donde habría de ser la correría, y 5) Mariano Luna Ruiz Segundo, vecino también de Acteal Alto, quien se había sumado al ataque por vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, también su cuñado.

En su narración, Aguilar Camín reproduce algunas de las declaraciones de aquellos 5 confesos. De Lorenzo Pérez Vázquez se remite a sus declaraciones en las reconstrucciones ministeriales ocurridas en 2007. En Nexos, Camín transcribe:

“Nos dimos cuenta”, dice Lorenzo Pérez, “de que la iglesia donde se reunían estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia”.

“Frente a la iglesia, nos reunimos todos”, dice Lorenzo Pérez. Lorenzo Pérez insiste en el enfrentamiento y calla los muertos que reconoce Roberto Méndez: Fue un enfrentamiento con los zapatistas. Nunca fuimos como se dice, a masacrar gente, niños y mujeres. Con quien nos enfrentamos fue con zapatistas encapuchados.

A las dos y media de la tarde regresaron a Quextic, dicen los atacantes, dejando esas armas y esos cuerpos tirados en el campamento Los Naranjos. “Escuchamos que llegaron los de Seguridad Pública”, explica Lorenzo Pérez, “y tuvimos miedo de que nos quitaran nuestras armas, ya que nos disparaban”.

¿Hasta qué punto la justicia puede abstraerse de la verdad? Ante lo ocurrido , más que nunca hace falta una Comisión imparcial y con credibilidad, de esclarecimiento histórico, la reposición de procedimientos y la apertura de nuevas líneas de investigación, que lleven, ahora sí, a la verdad, a la justicia y a la reparación.

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Resolución de la Primera Sala de la SCJN sobre los Amparos Directos a los paramilitares (en la primera hoja la Justicia de la Nación ampara y protege a Lorenzo Pérez Vázquez).

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Pronunciamiento de Las Abejas ante posible amparo de la SCJN a paramilitares

(Material diverso al final)

Organización de la Sociedad Civil las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal,

Chiapas, México

A 9 de agosto del año 2009

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los defensores de los Derechos Humanos

A las Organizaciones No Gubernamentales

A los pueblos de México y del Mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la Otra Campaña y

A la opinión pública

Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:

Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.

Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.

Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.

Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.

Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.

En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.

Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.

Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.

Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.

Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.

Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:

1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.

2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.

3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».

4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.

5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.

6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.

A T E N T A M E N T E

La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas.

Por la Mesa Directiva:

Sebastián Pérez Vázquez Presidente

Pedro Jiménez Arias Vicepresidente

Francisco Gómez Pérez Tesorero

Francisco Pérez Gómez Sub. Tesorero

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Sobre Acteal y la defensa de los paramilitares ver https://alasdecolibri.wordpress.com/2009/04/26/la-defensa-de-los-paramilitares-de-acteal/

Acteal La Verdad (reportaje con imagenes de los días siguientes a la masacre)

Reportaje de Ricardo Rocha en Xo’yep previo a la masacre

2009. Las Abejas van a la SCJN a exigir que no sea cómplice de la impunidad