Sólo se le otorgó amparo por portación de armas prohibidas pero también de eso es culpable.

La Suprema Corte de Justicia aclara que no se liberó a ningún confeso , sin embargo, sí se le otorgó el amparo a Lorenzo Pérez Vázquez (y no Ruiz Vázquez) por portación de armas de uso exclusivo del ejército.

Aún sin haber sido excarcelado el amparo no se corresponde con las confesiones de Pérez Vázquez, que no dejan lugar a dudas.  Son declaraciones realizadas mucho tiempo después de los hechos, cuando el CIDE ya había tomado su defensa, por lo que no se puede alegar que fueron arrancadas bajo tortura.

Sobre las armas de uso exclusivo del ejército, la confesión de Lorenzo Pérez Vázquez (no Ruiz Vázquez) dice:

«14 (…) Dos o tres días después, supe que los del grupo formado por los Tseltales habían discutido con el señor Antonio Santiz López y abandonaron el grupo devolviéndole dos cuernos de chivos y una Uzi . A mí me preguntó que si iba seguir con ellos a lo que le respondí que si porque ya estoy adentro. Entonces me dijo que cual de las cuatro armas tipo cuerno de chivo que se encontraban sobre su mesa me gustaba y que tomara una de ellas. Lo mismo le dijo a Roberto Méndez Gutiérrez, por lo que en ese momento tanto Roberto como yo tomamos un cuerno de chivo cada uno, quedando en la mesa el arma conocida como Uzi»

«28. A las ocho de la mañana (del 22 de diciembre de 1997) salimos del domicilio de Antonio Vázquez Secum, portando un cuerno de chivo, en compañía de José Musio Vázquez Luna, Antonio López Hernández, julio López Hernández, Agustín Santiz Gómez y Roberto Méndez Gutiérrez, portando también “cuernos de chivo”, y Agustín Santiz Gómez, con una Uzi».

(Tomado de Reconstrucción de las declaraciones ministeriales de Lorenzo Pérez Vázquez a la fiscalía especial del Caso Acteal del gobierno de Chiapas, hecha por el abogado defensor Javier Cruz Angulo).

Este amparo, al igual que todos los demás, también debió haber sido para efectos. Nada abona la SCJN si no promueve la reapertura de las investigaciones. Viene lo que sigue, el recurso de presunción de inocencia interpusto por el ya denostado CIDE.

Boletín 171 PRECISIONES CASO ACTEAL

Libera la SCJN a uno de los paramilitares confesos por la masacre de Acteal

Las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías, federal y estatal, la perdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso, son la coartada perfecta para que hoy la Suprema Corte de Justicia deje libres a los paramilitares responsables materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.

La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la SCJN, de otra manera la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Lo que es claro, es que a pesar de la liberación no dejan de ser culpables. Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre, cuya imagen está registrada en el «Libro Blanco de Acteal», de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.

Uno de estos es Lorenzo Pérez Vázquez
Lorenzo Pérez Vázquez en el Libro Blanco de Acteal (PGR,1998)

Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR
Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR

Aguilar Camín, en su tercera parte de ”Regreso a Acteal, el día señalado”, relata: Hay hasta ahora cinco presos confesos de haber atacado a Acteal: 1) Roberto Méndez Gutiérrez, un indígena del barrio del Guayabal de Los Chorros que en 1997 tenía veintitrés años y era el jefe natural del grupo; 2) Lorenzo Pérez Vázquez, también de Los Chorros, un muchacho huérfano, entonces de diecisiete años, adherido con celo de hermano menor al mando y la cercanía de Roberto; 3) Alfredo Hernández Ruiz, de La Esperanza, que había tenido su baño de sangre en la refriega de Majomut de fines de septiembre de 1997, durante la primera batalla de la cuadrilla armada de Los Chorros con los combatientes zapatistas, la batalla que extendió la fama de los pojwanejetic (defensores) de Los Chorros por las aldeas y parajes de Chenalhó; 4) Felipe Luna Pérez, quien había participado en el ataque no por ser miembro del grupo armado de Los Chorros, sino por ser cuñado del muerto, Agustín Vázquez Secum, y porque en su calidad de vecino de Acteal Alto conocía el terreno por donde habría de ser la correría, y 5) Mariano Luna Ruiz Segundo, vecino también de Acteal Alto, quien se había sumado al ataque por vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, también su cuñado.

En su narración, Aguilar Camín reproduce algunas de las declaraciones de aquellos 5 confesos. De Lorenzo Pérez Vázquez se remite a sus declaraciones en las reconstrucciones ministeriales ocurridas en 2007. En Nexos, Camín transcribe:

“Nos dimos cuenta”, dice Lorenzo Pérez, “de que la iglesia donde se reunían estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia”.

“Frente a la iglesia, nos reunimos todos”, dice Lorenzo Pérez. Lorenzo Pérez insiste en el enfrentamiento y calla los muertos que reconoce Roberto Méndez: Fue un enfrentamiento con los zapatistas. Nunca fuimos como se dice, a masacrar gente, niños y mujeres. Con quien nos enfrentamos fue con zapatistas encapuchados.

A las dos y media de la tarde regresaron a Quextic, dicen los atacantes, dejando esas armas y esos cuerpos tirados en el campamento Los Naranjos. “Escuchamos que llegaron los de Seguridad Pública”, explica Lorenzo Pérez, “y tuvimos miedo de que nos quitaran nuestras armas, ya que nos disparaban”.

¿Hasta qué punto la justicia puede abstraerse de la verdad? Ante lo ocurrido , más que nunca hace falta una Comisión imparcial y con credibilidad, de esclarecimiento histórico, la reposición de procedimientos y la apertura de nuevas líneas de investigación, que lleven, ahora sí, a la verdad, a la justicia y a la reparación.

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Resolución de la Primera Sala de la SCJN sobre los Amparos Directos a los paramilitares (en la primera hoja la Justicia de la Nación ampara y protege a Lorenzo Pérez Vázquez).

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Pronunciamiento de Las Abejas ante posible amparo de la SCJN a paramilitares

(Material diverso al final)

Organización de la Sociedad Civil las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal,

Chiapas, México

A 9 de agosto del año 2009

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los defensores de los Derechos Humanos

A las Organizaciones No Gubernamentales

A los pueblos de México y del Mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la Otra Campaña y

A la opinión pública

Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:

Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.

Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.

Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.

Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.

Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.

En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.

Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.

Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.

Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.

Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.

Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:

1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.

2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.

3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».

4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.

5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.

6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.

A T E N T A M E N T E

La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas.

Por la Mesa Directiva:

Sebastián Pérez Vázquez Presidente

Pedro Jiménez Arias Vicepresidente

Francisco Gómez Pérez Tesorero

Francisco Pérez Gómez Sub. Tesorero

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Sobre Acteal y la defensa de los paramilitares ver https://alasdecolibri.wordpress.com/2009/04/26/la-defensa-de-los-paramilitares-de-acteal/

Acteal La Verdad (reportaje con imagenes de los días siguientes a la masacre)

Reportaje de Ricardo Rocha en Xo’yep previo a la masacre

2009. Las Abejas van a la SCJN a exigir que no sea cómplice de la impunidad

Preguntas al Estado mexicano después del EPU

Logo EPU

Fue adoptado el 11 de junio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe final relativo al Examen Periódico Universal (EPU) realizado a México en febrero pasado, y que incluye un anexo donde México responde a las recomendaciones hechas en aquel momento.

En total fueron 91 recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, de las cuales México aceptó 83 y rechazó 8. El balance sin embargo no puede ser cuantitativo sino cualitativo. Sin meternos ahora a discutir los pormenores de las que aceptó (y que  no garantiza cumplir), vale la pena echar un vistazo a aquellas recomendaciones que rechazó y sus razones, ya que nos dan una buena idea de cómo concibe el gobierno mexicano sus responsabilidades de Estado. Hagamos preguntas a partir de las respuestas de México al EPU.

El Estado Mexicano inició su presentación ante el Examen Periódico Universal diciendo: El informe presentado por México está basado en la premisa de que la corrupción, la inseguridad pública y la impunidad son una amenaza a los derechos humanos. El crimen organizado ha asesinado ciudadanos, periodistas, procuradores, oficiales de policía y miembros de las fuerzas armadas. Los grupos criminales utilizan el secuestro, el chantaje y la violencia, y también emplean la corrupción en contra de las instituciones, erosionándolas y violando los derechos de los mexicanos. La más grande amenaza viene del crimen organizado. Por tanto, la lucha para asegurar la ley y el orden en México es esencialmente una lucha para salvaguardar las libertades fundamentales y derechos de todos sus ciudadanos (Informe, parr.12). Sin duda una declaración de antología.

Resulta que el violador de los derechos humanos es el crimen organizado y no el Estado, o ¿será que es aquel quien ha tomado control sobre el segundo y por tanto es responsable por faltar a las obligaciones internacionales del Estado? Esto implicaría un reconocimiento de beligerancia y de control territorial de la delincuencia organizada, donde las instituciones han pasado a un segundo plano, ¿no es esto precisamente a lo que se refiere el término de estado fallido? El Estado mexicano pinta en verdad, un escenario de perdida de soberanía cuando es él mismo, como hemos dicho, quien ha alimentado el contexto que describe y es menos víctima de lo que pretende aparentar.

Es cierto que la jurisprudencia internacional más reciente, ha empezado a considerar la responsabilidad de los particulares en la violación a los derechos humanos pero esto no puede ser entendido de forma tal que exima al Estado de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos de amenazas a sus derechos – como las del crimen organizado-, ni mucho menos dejar de respetarlos, cometiendo las mismas arbitrariedades.

Si el Estado mexicano está tan preocupado por salvaguardar las libertades fundamentales y los derechos de todos sus ciudadanos, ¿Por qué entonces rechaza la recomendación de Nueva Zelanda para derogar la figura del arraigo y asegurar que los derechos de los detenidos sean respetados (Informe, parr. 49)? Nueva Zelanda hizo un llamado a que México reconociera la centralidad de los derechos humanos y el estado de derecho en sus intentos por mejorar la seguridad pública, y éste argumentó la imposibilidad del ministerio público para realizar una investigación por delincuencia organizada en 96 horas (Anexo, parr. 19). ¿Se puede hacer una investigación por delincuencia organizada a partir de la detención en flagrancia de un individuo? ¿Tanta incompetencia hay en la investigación ministerial que México tiene que recurrir a medidas ineficaces por desesperación?

Si como argumentó la República de Korea, es necesario el involucramiento del Ejército en la lucha contra el crimen organizado ¿por qué no equilibrar el rol expandido de las fuerzas armadas tomando medidas que refuercen la protección de los derechos humanos, otorgando jurisdicción a las autoridades y cortes civiles sobre los actos del personal militar que realiza funciones para hacer cumplir la ley? (Informe, parr. 58). Junto con Korea, Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú y Uruguay, recomendaron terminar de una u otra forma con el fuero militar. ¿Acaso la disciplina militar es un bien mayor que los derechos humanos?, ¿Es la jurisdicción de las cortes civiles, alternativa y paralela a la militar y no al revés?, ¿se debe someter el orden civil al militar? (Anexo, parr.18).

¿Por qué si Portugal recomienda precisar la definición de crimen organizado de acuerdo a la Convención de Palermo, para que los miembros de grupos sociales no sean criminalizados, como ha sido evidenciado (Informe, parr. 33), la representación del Estado mexicano argumentó que no es necesario? (Anexo, parr. 24-26), ¿acaso la ambigüedad es deliberada?

Si el Estado mexicano reconoce que la impunidad es una amenaza a los derechos humanos y que su deber es protegerlos, ¿por qué ignora la recomendación de Bélgica de restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), o crear una oficina similar?, ¿En qué hechos verificables se basa el gobierno mexicano para demostrar que sus actuales actuaciones en la materia son una señal fuerte de combate a la impunidad para las víctimas y sus familias? (Recomendaciones).

En suma, ¿cómo es posible que el Estado mexicano diga salvaguardar las libertades fundamentales y derechos de todos sus ciudadanos, si se criminaliza a los miembros de organizaciones sociales, se mantiene la figura del arraigo, el uso expandido de las fuerzas armadas en funciones de hacer cumplir la ley, el fuero militar por encima de la jurisdicción civil, y no se combate la impunidad? Estas son amenazas a los derechos humanos que son de exclusiva responsabilidad del Estado.

El gobierno mexicano tergiversa las responsabilidades de un Estado democrático y constitucional (que no son otras más que respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de todos y todas). ¿A quién rinde cuentas?, ¿qué tiene que decir el Poder Legislativo al respecto y cuáles son sus responsabilidades, cuáles del Judicial?, ¿dónde hay al menos un partido político con presencia en el Congreso, que haga eco de las preocupaciones reflejadas en el EPU? No hay sanción alguna más que la que los propios ciudadanos y ciudadanas les impongamos. Ya va siendo hora.

Pronunciamiento de la Red Nacional de Derechos Humanos

Pronunciamiento conjunto de ONG de Derechos Humanos