Cuando uno viaja por tierras desconocidas sin la guía adecuada, hechos históricos y lugares emblemáticos pueden pasar desapercibidos, máxime si se encuentran bajo tierra o bajo el corazón.
En Castilla León, en la región de la Rivera del Duero, los campesinos españoles cosechan la uva para hacer, lo que algunos consideran, uno de los mejores vinos del mundo. Poblaciones de origen medieval como Aranda del Duero, introdujeron esta tradición poco después de la expulsión mora, a finales del siglo XV. Debajo de las casas de Aranda, a varios metros de profundidad, aún se pueden visitar las bodegas centenarias, construidas por los vinicultores donde, en total oscuridad, reposaba y fermentaba el vino.
Pero no sólo estas sorpresas se encuentran debajo de la tierra de la región del río Duero. De manera reciente, en las inmediaciones de Santa Cruz de La Salceda y Vadocondes, -dos pequeñas poblaciones de Burgos, en las que van quedando sólo las generaciones mayores, pueblos de no más de 150 personas en la actualidad -, se han descubierto fosas clandestinas con los restos de pobladores desaparecidos por el franquismo durante la guerra civil, a finales de los años 30.
Los testimonios señalan que personas ligadas a La Falange franquista durante la guerra civil, allanaban las casas y detenían a quienes eran considerados “comunistas” para luego ejecutarlos en el campo, muchas veces, después de cavar su propia tumba. La mayoría de las veces las víctimas eran señaladas por los propios vecinos pero particularmente por funcionarios municipales y sacerdotes católicos. Hay quien todavía recuerda a los curas portando pistolas alrededor de las sotanas, negando la comunión o señalando desde el púlpito a “los hijos de satanás”. Como es sabido, los familiares o sobrevivientes, en su mayoría, emigraron a otros países, dejando detrás a los caídos y más de una maldición.
El conservadurismo religioso de derecha en esta región, según me explican, es resultado de la persecución, expulsión y eliminación de los opositores de izquierda, de los que quedan pocos y acallados sobrevivientes. La recuperación de los cuerpos hace apenas un par de años, ha recuperado también la memoria dormida, la razón de la enemistad entre familias y el dolor de una herida que a casi setenta años, no sana.
“Santa Cruz, por ejemplo” es el nombre de un video que documenta el rescate de los cuerpos en una fosa encontrada a las afueras de esa población de la rivera del Duero, y recoge testimonios de los familiares, amigos y vecinos del lugar. El título indica lo que en el documental se señala claramente: este es sólo un ejemplo de un sinnúmero de fosas que se encontrarían no sólo en la región del Duero sino en Castilla León, y según otros, a lo largo y ancho del Estado Español.
Hay quienes se ufanan que la transición española no necesitó del duelo, de la memoria, ni de la justicia; que “las Comisiones de la Verdad son para países bananeros”. Yo no estoy muy seguro de ello. Es claro para quien quiera verlo, la transición no ha generado la unidad esperada, hay dolor, hay rencor y persiste la negación del “otro”, y creo que la falta de memoria y justicia históricas son dos poderosos motivos.
Hay intentos de la sociedad civil como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que tratan de impulsar un trabajo de recuperación de la memoria histórica, que incipiente y a contrapelo, aún es posible. Hacemos votos porque la recuperación de esa memoria sea posible antes de que termine por extinguirse la generación de la guerra civil española.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 24 de agosto de 2009
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (Inicia), se suma a las voces de rechazo al golpe de estado en Honduras y hace un llamado al cese de la represión por parte del gobierno de facto en contra de la población civil.
Según información fidedigna, ante las múltiples manifestaciones de repudio de diversos sectores de la sociedad hondureña por el rompimiento del orden constitucional, la reacción policial y militar se ha ido recrudeciendo, dejando muertos, heridos y un número indeterminado de detenidos sobre los que se teme por su condición y su paradero, como los ocurridos en los eventos registrados el pasado 12 de julio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Esta misma información señala que a los periodistas y defensores de derechos humanos se les obstruye en su labor, y más aún, son víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias, como en el caso de Marcelino Martínez de la ciudad de El Progreso Yoro, quien se encuentra bajo libertad condicionada y Alex Matamoros, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, quien fuera detenido injustificadamente el pasado 11 de agosto para ser liberado al día siguiente, y de los periodistas Oslin George de la Revista Vida Laboral y César Silva, detenidos y golpeados por la policía el día 12 de agosto pasado.
A su vez, se han reportado atentados a las instalaciones de las organizaciones sociales como el ocurrido en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS) a inicios del mes de agosto y que fuera objeto posteriormente de un tiroteo. Las instalaciones del STIBYS es el lugar donde se reúnen los grupos de manifestantes. Así mismo, un tiroteo similar en contra de las oficinas de Vía Campesina en las mismas fechas. Diversas fuentes señalan que se estarían formulando cargos por sedición y terrorismo en contra de los dirigentes de los movimientos sociales.
La persecución y hostigamiento a la población es generalizada por parte de la policía y el ejército. Según informes, por el día realizan redadas y utilizan armas de fuego de manera indiscriminada para disuadir la manifestación popular; de noche, se dedican a buscar para luego detener a los diversos grupos de manifestantes en los refugios donde pernoctan, destacadamente en centros de estudio como la UPN y en los sindicatos.
Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación por parte del Congreso Nacional del Servicio Militar obligatorio en tiempos de crisis, dado que se presume sería utilizado en estos momentos de inestabilidad y zozobra para reclutar jóvenes en contra de su voluntad y enfrentarlos a los movimientos sociales de protesta. La aprobación del servicio Militar obligatorio significaría, además, un retroceso a la derogación que se hiciera de él en 1994 y sería contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular de la Convención Iberoamericana de Derechos de Las y Los Jóvenes, de la cual Honduras es parte.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño y particularmente con los y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y activistas en general, que han sufrido en carne propia la represión por parte de los golpistas, por defender los derechos humanos e intentar restablecer el orden constitucional.
Valoramos la visita realizada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras, como un importante aporte al proceso de recuperación de la paz y el estado de derecho, y urgimos al gobierno golpista a atender las observaciones y recomendaciones que se deriven de su informe.
Hacemos un llamado al gobierno golpista de Roberto Michelleti para que se abstenga de atacar a la población hondureña, y a respetar el Estado de derecho y la voluntad popular, permitiendo el retorno y la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de la República.
Urgimos a la comunidad de naciones, a la ONU y a la OEA para que tomen medidas efectivas tendientes a devolver la paz y el estado de derecho en Honduras y se ponga fin a esta espiral de violencia.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)
Las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías, federal y estatal, la perdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso, son la coartada perfecta para que hoy la Suprema Corte de Justicia deje libres a los paramilitares responsables materiales de la masacre del 22 de diciembre de 1997.
La verdad de los hechos y la justicia no son el tema en la decisión recientemente tomada por la SCJN, de otra manera la decisión sabia habría sido reponer el procedimiento (amparo para efectos). Lo que es claro, es que a pesar de la liberación no dejan de ser culpables. Los testimonios se han soslayado al grado que entre los liberados se encuentra uno de los cinco confesos por la masacre, cuya imagen está registrada en el «Libro Blanco de Acteal», de la Procuraduría General de la República: Lorenzo Pérez Vázquez.
Lorenzo Pérez Vázquez en el Libro Blanco de Acteal (PGR,1998)
Fotos de los paramilitares de Acteal del Libro Blanco de la PGR
Aguilar Camín, en su tercera parte de ”Regreso a Acteal, el día señalado”, relata: Hay hasta ahora cinco presos confesos de haber atacado a Acteal: 1) Roberto Méndez Gutiérrez, un indígena del barrio del Guayabal de Los Chorros que en 1997 tenía veintitrés años y era el jefe natural del grupo; 2) Lorenzo Pérez Vázquez, también de Los Chorros, un muchacho huérfano, entonces de diecisiete años, adherido con celo de hermano menor al mando y la cercanía de Roberto; 3) Alfredo Hernández Ruiz, de La Esperanza, que había tenido su baño de sangre en la refriega de Majomut de fines de septiembre de 1997, durante la primera batalla de la cuadrilla armada de Los Chorros con los combatientes zapatistas, la batalla que extendió la fama de los pojwanejetic (defensores) de Los Chorros por las aldeas y parajes de Chenalhó; 4) Felipe Luna Pérez, quien había participado en el ataque no por ser miembro del grupo armado de Los Chorros, sino por ser cuñado del muerto, Agustín Vázquez Secum, y porque en su calidad de vecino de Acteal Alto conocía el terreno por donde habría de ser la correría, y 5) Mariano Luna Ruiz Segundo, vecino también de Acteal Alto, quien se había sumado al ataque por vengar la muerte de Agustín Vázquez Secum, también su cuñado.
En su narración, Aguilar Camín reproduce algunas de las declaraciones de aquellos 5 confesos. De Lorenzo Pérez Vázquez se remite a sus declaraciones en las reconstrucciones ministeriales ocurridas en 2007. En Nexos, Camín transcribe:
“Nos dimos cuenta”, dice Lorenzo Pérez, “de que la iglesia donde se reunían estaba rodeada de varias trincheras. Por eso atacamos alrededor de la iglesia. Nunca entramos en la iglesia, estábamos enfrentándonos fuera de la iglesia”.
“Frente a la iglesia, nos reunimos todos”, dice Lorenzo Pérez. Lorenzo Pérez insiste en el enfrentamiento y calla los muertos que reconoce Roberto Méndez: Fue un enfrentamiento con los zapatistas. Nunca fuimos como se dice, a masacrar gente, niños y mujeres. Con quien nos enfrentamos fue con zapatistas encapuchados.
A las dos y media de la tarde regresaron a Quextic, dicen los atacantes, dejando esas armas y esos cuerpos tirados en el campamento Los Naranjos. “Escuchamos que llegaron los de Seguridad Pública”, explica Lorenzo Pérez, “y tuvimos miedo de que nos quitaran nuestras armas, ya que nos disparaban”.
¿Hasta qué punto la justicia puede abstraerse de la verdad? Ante lo ocurrido , más que nunca hace falta una Comisión imparcial y con credibilidad, de esclarecimiento histórico, la reposición de procedimientos y la apertura de nuevas líneas de investigación, que lleven, ahora sí, a la verdad, a la justicia y a la reparación.
Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:
Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.
Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.
Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.
Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.
Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.
En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.
Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.
Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.
Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.
Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.
Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:
1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.
2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.
3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».
4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.
5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.
6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.
Michael W. Chamberlin 