Marchan jóvenes graffiteros por San Cristóbal de Las Casas

Marcha de jóvenes graffiteros/MWCHR
Marcha de jóvenes graffiteros/MWCHR

El miércoles 10 de abril pasado, aniversario de la matanza de San Cosme de 1971, los jóvenes graffiteros de San Cristóbal de Las Casas marcharon por las calles de la ciudad demandando un alto a la persecución que se ha desatado de nueva cuenta, a raíz del acuerdo del cabildo municipal del 30 de marzo, que ha exacerbado los ánimos en contra de los jóvenes y que cobró ya la vida de uno de ellos, Victor Penagos “El Burla”.

MWCHR
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La marcha fue inédita no sólo por quien convocó, sino porque a pesar de ser una marcha de graffiteros, no hicieron graffiti. “Compañeros, ya se ha denigrado al graffiti, no les demos motivos para denigrarlo más”; “respetemos al pueblo, la lucha es en contra de las autoridades”.

Entre 200 y 300 personas se vieron convocadas por la causa, no sólo jóvenes, no sólo escritores de graffiti, sino ciudadanía en general, consciente de que si bien existe una controversia de intereses entre los dueños de las fachadas y quienes escriben graffiti, esto no debe ser pretexto para la persecución, la discriminación, las detenciones arbitrarias y mucho menos el asesinato, como forma de dirimirlo.

El acuerdo pendiente de aprobación por el Congreso de Chiapas, no sólo ha tenido como resultado la multa a quienes se les encuentra graffiteando y la gratificación económica a quienes los denuncien o detengan, en los hechos ha significado la estigmatización de los jóvenes quienes reiteradamente han sido detenidos por la forma en que visten o por su apariencia física, y en no pocos casos el maltrato. Existen testimonios de como los policías municipales han arrancado aretes, amenazado e incluso desvestido y pintado con los mismos aerosoles a los jóvenes, denigrándolos con total impunidad. Este tipo de eventos han hecho que la demanda de los jóvenes no sea que los dejen pintar o como en otros casos, se exijan espacios de esparcimiento que bien hacen falta en una ciudad que se piensa para el turismo y para quienes viven de él pero no para la diversidad de la ciudadanía, la demanda fue muy clara “basta de represión”, “no somos delincuentes”.

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No faltó como en los tiempos más oscuros de la guerra en Chiapas, coincidentemente con el primer gobierno del actual presidente municipal hacia 1998, un anónimo que circuló por la ciudad en la que amenazaban a los jóvenes con agarrarlos uno por uno. Los jóvenes responsabilizaron a Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal, de cualquier cosa que les pase en los días posteriores a la marcha.

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Al final de la marcha, incontenibles, tapizaron de graffitis dos mamparas blancas, blanquísimas, puestas por el ayuntamiento en la plaza de la ciudad “Una pared blanca es una mente en blanco”, para finalizar con piezas de hip hop en una fiesta improvisada.

“No somos delincuentes, somos diferentes”. Esta es quizá la expresión que más se acerca al problema. Los escritores de graffiti en San Cristóbal son claramente jóvenes y la marcha lo dejó más claro que nunca. Los jóvenes constituyen otra forma de diversidad, quizá la más invisibilizada. El joven es por naturaleza, inquieto e inconforme, cruza por un etapa de la vida en la que busca construir una identidad y juega con los límites, trasgrede pero no con el afán de agredir, sino en búsqueda de un sentido. Pero la parecer a los adultos se nos olvida, seguimos pensando que la forma de formar es con agresión y represión.  ¿De qué otra forma un joven puede construir un proyecto de vida, si no es a partir del disfrute de sus derechos?, ¿No es acaso el graffiti, en cualquiera de sus manifestaciones, un síntoma, un termómetro del grado de cumplimiento de los derechos de los jóvenes?, ¿No se les ocurre a los servidores públicos otra forma de relacionarse con la diversidad más que reprimiéndola?, ¿No se les ocurre a los políticos otra forma de resolver problemas sociales que no sea por la vía penal?

Marcha jóvenes graffireros 5
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La protesta ya ha tenido su efecto, los regidores opositores en San Cristóbal ahora proponen dialogar con los jóvenes, crear el Consejo Municipal Juvenil, etc. Todo esto está muy bien pero como ha sido reclamado a raíz del Foro Graffiti, Juventudes y la Resignificación de los Espacios Públicos, cualquier propuesta debe estar antecedida por la derogación del acuerdo municipal del 30 de marzo y por garantías que pongan fin a la persecución, hostigamiento, amenazas, tratos denigrantes y detenciones arbitrarias en contra de los jóvenes por parte de la policía municipal. Sin ellas se volverá un diálogo condicionado por la amenaza y las medidas servirán sólo para obligarlos a aceptar las reglas que imponga el ayuntamiento.

Video de la marcha por el Colectivo La Juncia

Pronunciamiento del Foro Graffiti, Juventudes y Resignificación de los Espacios Públicos.

 
El respeto a los derechos de todos es el principio de la convivencia democrática.
 
Los abajo firmantes, preocupados por la persecución y el clima de violencia que se ha desatado contra los jóvenes en San Cristóbal de Las Casas, a raíz de la aprobación de un acuerdo municipal el 30 de marzo pasado queremos manifestar lo siguiente:
No somos delincuentes
No somos delincuentes

El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión, acordada por el cabildo de manera unánime.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado por un lado, enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de criminalización y estigmatización de las y los jóvenes; y por otro, de manera más velada, un ambiente propicio para la persecución, la detención arbitraria, los malos tratos, la extorsión y lamentablemente, el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada, por parte de un particular, el pasado 27 de mayo. Estos casos han sido cometidos por igual, tanto por policías municipales como por personas  alentados por la recompensa.

La decisión del ayuntamiento es errática en varios sentidos. Primero porque está orientada a criminalizar la expresión artística de las y los jóvenes a partir de un criterio arbitrario, calificando la manifestación artística como errónea o correcta. Segundo porque castiga una práctica juvenil aislándola del contexto de exclusión que viven las y los jóvenes en su relación con la ciudad y el resto de la sociedad, sin abrir opciones. Tercero porque incentiva y avala a la ciudadanía a ser parte de esta criminalización, exclusión y violencia, y a los establecimientos de pintura a ser cómplices de ello. Cuarto porque la experiencia ha demostrado que las políticas basadas en la intolerancia son ineficaces y agudizan la violencia. Quinto porque omite analizar la problemática juvenil para el ejercicio de sus derechos en un ambiente de convivencia democrática, como se esperaría del ejercicio de un buen gobierno.

Lo que está en juego no son las paredes “manchadas” ni la calidad artística del Graffiti, tampoco que se asignen paredes como forma de “acabar con el problema” que lo único que hace es dividir entre escritores buenos y malos. Se trata de cómo los jóvenes pueden, con pleno respeto y protección a sus derechos, ser partícipes de esta ciudad. Se trata de mirar el tipo de convivencia que queremos y de cómo queremos dirimir nuestras diferencias, donde quepamos todos y todas, de manera respetuosa, equitativa y participativa.

No ignoramos las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones e identidades culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos por acción u omisión, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, en general, con un énfasis específico en los indígenas, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte, esta sí minoritaria de la población. Resulta contradictorio justificar la exclusión argumentando el bien común. La ciudad debe ser un bien público para todos quienes la habitamos y esto sólo es medible a partir del cumplimiento de todos los derechos de todas y todos, de lo contrario sólo será botín de intereses particulares.

Atendiendo a lo anterior:

Nos pronunciamos por medidas participativas, incluyentes, equitativas y respetuosas de la diversidad que existe en nuestro municipio. Un gobierno democrático debe regirse por principios de respeto y protección a los derechos humanos, implementando prácticas que promuevan la convivencia democrática, incluyendo mecanismos para dirimir controversias.

Nos proponemos participar en iniciativas de diálogo o de otra índole, siempre y cuando sean incluyentes y respetuosas de los derechos de todos y todas, anteponiendo siempre el bien superior de los jóvenes.

Nos solidarizamos con las y los jóvenes que han sido agredidos, y particularmente con la familia Penagos Estrada en su dolor, por la muerte de Victor, su hijo.

Exigimos al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas:

1.- Una postura conciliadora de los derechos de toda la ciudadanía y no punitiva, particularmente de quienes se encuentran en una situación de desventaja. El gobierno municipal no puede ser parte en este problema sino el primero en proponer soluciones incluyentes para la convivencia democrática.

2.- La derogación inmediata del acuerdo municipal del 30 de marzo pasado, que ha generado un ambiente de persecución y criminalización de los jóvenes, y ha alentado un clima de mayor polarización y violencia.

3.- El debate con la ciudadanía de este municipio, particularmente con las y los jóvenes, de manera participativa, equitativa, transparente e incluyente, que derive en acuerdos para la creación e implementación de mecanismos de participación ciudadana y de convivencia democrática, iniciando en la sesión de cabildo inmediatamente posterior al cumplimiento del segundo punto.

San Cristóbal de Las Casas, a 5 de junio de 2009

Firmantes:

Melel Xojobal, A.C.

Iniciativas para la Identidad e Inclusión, A.C. (INICIA)

Colectivo Graffitiarte

Doscientas firmas más

Asesinan a joven escritor de graffiti en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El pasado miércoles 27 de mayo, Víctor Martín Penagos Estrada “el Burla”, de 16 años de edad, fue asesinado por Nicolás Gómez Sántiz presunto velador del hotel Maya Quetzal de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. De acuerdo a testimonios recibidos, el Burla se encontraba con algunos de sus amigos, realizando una pieza de graffiti cuando recibió los dos disparos que le quitaron la vida.

Este asesinato es consecuencia del ambiente de criminalización y estigmatización hacia los jóvenes, que ha sido generado desde el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas. El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión. Por acuerdo unánime de los asistentes, se tomó el acuerdo.

El operativo antigraffiti implementado por el ayuntamiento de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, contempla la detención de las y los jóvenes que sean sorprendidos practicando esta actividad, por parte de elementos de Dirección de Policía, Tránsito y Protección Civil, y el fichaje de su nombre, domicilio y fotografía en una base de datos policiaca, además de la aplicación de sanciones de veinte mil pesos como medida “ejemplar”. A tan sólo tres días de su implementación, más de quince jóvenes habían sido ya detenidos.

A lo anterior se suman las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte del sector empresarial.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de hostigamiento y estigmatización de los jóvenes, que ha llegado hasta el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada.

La pretensión de mantener una ciudad turísticamente atractiva, no debe de tener ningún costo social para la ciudadanía y menos aún a costa de su niñez y juventud. Sin duda debemos condenar el asesinato “El Burla” y rechazar las medidas antigraffiti tomadas por el ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por ser contrarias a los derechos humanos de los jóvenes e incitadoras a la violencia.

El próximo viernes 5 de junio, Inicia y Melel Xojobal convocan al Foro «Graffiti, Juventudes y Resignificación de Espacios Públicos» donde seguramente se tratará el tema. Será a las 4:30 de latarde en el Centro de Convenciones Diego de Mazariegos.

Foto Radiomorfosis XY
Foto Radiomorfosis XY

¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? II

Foto Noé Pineda
Foto Noé Pineda

El precio a dos años de que “no lleguen las drogas a tus hijos” y “dar seguridad en las calles”, dijimos, ha sido de más de 10 mil muertos, al menos 610 de ellos niños de entre 2 meses y 16 años de edad, y 3,700 huérfanos de guerra contra el narcotráfico; tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, desapariciones forzadas y violación sexual, por parte de militares y policías. La guerra por la que ha optado el gobierno federal, pretendería evitar el consumo de droga, penalizándolo, y reducir la oferta de droga a través de la militarización, el armamentismo, la impunidad y el debilitamiento del estado de derecho.

Las consecuencias de esta guerra hablan por sí solas del despropósito del gobierno actual pero su irracionalidad en realidad radica en la lógica que está detrás de esta política desde hace varios sexenios.

Pensemos en el drama que significa para una familia que uno de sus miembros padezca de narco dependencia, la inestabilidad emocional y económica, la perdida de armonía y la carencia de seguridad sobre el futuro, y si se le suma la angustia de la persecución policiaca y la cárcel, resulta entonces que esa familia y particularmente quien sufre la dependencia, cuentan con muy pocas opciones para salir de esa situación, por el contrario, las perspectivas de solución se vuelven más lejanas. El consumo de droga es desde el punto de vista de quien la padece, un asunto de salud y no uno penal.

Ahora, se ha insistido que el fenómeno del narcotráfico no radica en la oferta sino en el consumo, y en esto existe razón, dado que el poderío económico de los narcotraficantes depende únicamente de los consumidores de droga. Si se ataca al oferente, en este caso a los cárteles de droga, por medio de las armas, resultará lógico que utilizarán ese poder financiero para adquirir más y mejores armas para defenderse. En esto consiste la espiral de violencia que ha sido fomentada por el gobierno actual. Si antes existía el narcotráfico, ahora existe con una faceta sumamente violenta que efectivamente atenta contra la seguridad nacional pero gracias al fomento de la violencia del propio gobierno federal.

Hemos dicho que en democracia, el único fin de las instituciones públicas, incluyendo las leyes, es procurar los derechos de los ciudadanos. La democracia es una forma de gobierno consecuente con los derechos humanos porque coinciden en poner a la persona como un ser de fines. Es la sujeción a ese propósito, prescrito en la Constitución, a lo que se le llama principio de legalidad, y al andamiaje institucional que lo hace posible, estado de derecho.

La democracia le da a la norma un carácter ético-político fundado en la libertad e igualdad de la persona para el ejercicio pleno de su autonomía individual. La autonomía es a la persona lo que la soberanía es al pueblo. La autonomía individual es capacidad de autocontenerse, es decir, de darse a si mismo un espacio en el mundo, regularse y crear para sí un proyecto de vida, es, en suma, libre albedrío. La autonomía es el atributo moral por excelencia porque es en su respeto que se reconoce la dignidad de la persona y es por ello un derecho que nadie tenga injerencia en ella. Sin el respeto a la autonomía, como a la soberanía, no es posible la paz.

Ahora bien, si el Estado es responsable (e insistiré que es su única función) de generar condiciones de posibilidad para el desarrollo máximo de la autonomía personal (que no es otra cosa que la vigencia de los derechos humanos), y respetar, proteger y garantizar el libre albedrío, luego entonces criminalizar el consumo de droga es atentar contra el principio de la autonomía personal.

Una política antidroga consecuente con un Estado democrático, debería considerar programas y acciones que fortalezcan la autonomía, para que la persona que sufre de dependencia sea sujeto y desarrolle su capacidad de agencia teniendo más y mejores oportunidades y opciones para elegir. Si los millones de pesos del presupuesto que se destinan al Ejército y la Policía Federal en su tarea antidroga y los millones de dólares de la iniciativa Mérida para la compra nunca suficiente de armas, se destinaran a ofrecer servicios de salud y atención a narcodependientes, en menos tiempo se abatiría el consumo y con ello el poder corruptor de los cárteles de la droga. Si el tráfico de droga dejara de considerarse un asunto penal para atenderse como un asunto de salud pública, como realmente es, ganaríamos con una reducción drástica de la violencia.

No escapa a mi atención que existen intereses inconfesables en esta guerra y en el narcotráfico mismo, que escapan al propósito que pregonan los gobernantes como son la gran rentabilidad de un negocio transnacional, quizá el más importante en la actualidad, la corrupción y la infiltración de estas redes en el gobierno, pero sobretodo que terminemos creyendo que esta es la única forma posible de la democracia. Si queremos dar pasos hacia condiciones de mayor libertad e igualdad, resulta necesario desmantelar los argumentos con los que nos quieren vender una falsa democracia y una guerra ilegal e ilegítima.