La decisión de Calderón de disolver la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) constituye una acción arbitraria que habría que combatir en las calles y los tribunales. No se sostiene el argumento de Calderón de no ser una empresa rentable. Ni LyFC ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas cuyo objetivo sea generar utilidades. Como empresas públicas prestadoras de un servicio público, su finalidad es dotar de energía eléctrica a la población, y por tanto el criterio de efectividad que debe ser utilizado es si cumple con ese cometido, y después si lo hizo con finanzas sanas aunque no exista superávit.
Por otro lado, la disolución de la empresa es ilegal, si es utilizada como medio para acabar con el sindicato o despedir masivamente a los trabajadores. Tanto el derecho al trabajo como el de asociación deberían prevalecer frente a la disposición de pasar las tareas de LyFC a la CFE, es decir, en una correcta aplicación de la ley, es decir, una interpretación democrática, los trabajadores de LyFC pasarían a ser trabajadores de la CFE, dado que estarían realizando la misma labor, sin perder el derecho a mantener su sindicato y evidentemente su plaza, de otra forma será una simulación jurídica.
Habrá que recordar que en el derecho internacional el derecho al trabajo y la sindicalización son considerados derechos humanos. Si existen corruptelas o ineficiencias, estas nunca podrán justificar arbitrariedades como las que se están cometiendo. La corrupción e ineficacia tiene que ser demostrada por el empleador, las sanciones, incluyendo el despido, tendrían que ser aplicadas caso por caso y no a tabula rasa.
Como ya ha sido mencionado en diversos medios, no es extraño que las víctimas de este atropello presidencial sean los integrantes de uno de los pocos sindicatos independientes y solidarios con las causas populares que existen en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En el contexto de la política de criminalización de los movimientos sociales, no sería raro que el desmantelamiento del SME fuera una razón más de Calderón para tomar la determinación que tan orgullosamente tomó.
Con estas medidas el presidente del empleo nos pone el ejemplo de lo que sucederá con las reformas laborales que propone, que las empresas privadas tengan las mismas prerrogativas arbitrarias que tiene la presidencia frente a las empresas paraestatales. Menos empleos, menos ingresos, menos seguridad y menos garantías de derechos civiles y laborales, serán las características del gobierno arbitrario de Calderón.
Ahora es cuando toca hacer valer al SME, unirse por de los derechos de los trabajadores y proteger las fuentes de trabajo. Será importante llenar las calles, tomar los puestos de trabajo, regresar la solidaridad que muchos hemos recibido, pero será también importante que todos los trabajadores se amparen y que el poder judicial fije posición. ¿Lo harán los partidos en el Congreso de la Unión, y en su caso, lo harán como representantes de la voluntad popular?
Michael W. Chamberlin 