Eventos como el de San Fernando no son más que el extremo de una cadena de acontecimientos, la cola de un remolino pronto superado por un evento más ultrajante, en un proceso de normalización de la violencia que nos distorsiona, si no es que nos despoja, de nosotros mismos. Más pena damos los vivos que los muertos.
No diré más. Ve este video (si tienes tiempo) mientras piensas en San Fernando. Pregúntate qué papel juegas en él. Aléjate de falsos heroísmos que en nada ayudan más que en limpiar la conciencia para pasar la página. Acuérdate de la masacre de Creel y luego en Acteal, y las más que recuerdes. Finalmente pregúntate, ¿a dónde vamos, qué hemos hecho, en qué realidad quiero vivir (o vivo) y qué implicaciones tiene decir (si lo he dicho) “alto a la guerra, no más muertos”?
“No somos verdugos ni nos dedicamos a ultimar gente”, dijo el General Guillermo Moreno Serrano Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo León, refiriéndose al Ejército Mexicano, en respuesta a la CNDH por la recomendación 45/2010 sobre los jóvenes asesinados del Tecnológico de Monterrey, según constata La Jornada en su edición del pasado domingo.
Resulta difícil creerle al General cuando a estas alturas del sexenio calderonista son alrededor de 29,000 los ejecutados en la guerra contra el narco. No sabemos cuántos de ellos lo han sido por manos de las fuerzas armadas pero dos casos de resonancia nacional nos dan una idea de cómo sí actúan como verdugos, me refiero a las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009) y de Ignacio Coronel Villareal en Guadalajara (29 de julio de 2010), ambos presuntas cabezas del narcotráfico en México.
No me refiero sólo al hecho de que en el primero caso el enfrentamiento de 100 marinos contra apenas poco más de cinco hombres armados, y en el segundo de 200 militares contra dos presuntos delincuentes, hagan difícil creer la necesidad de ultimarlos en lugar de someterlos y detenerlos, como bien observa John Ackerman en su columna del 9 de agosto pasado; la mejor evidencia de la intención de las fuerzas armadas por ejecutar, es la portación y uso de balas expansivas. De acuerdo a notas de prensa, “varias balas expansivas le perforaron el tórax, el abdomen y la cabeza” a Beltrán Leyva, una más fue utilizada contra uno de sus escoltas en el mismo ataque, y dos fueron encontradas, según peritajes de la SIEDO, en el cuerpo de Ignacio Coronel.
El uso de balas expansivas se prohibió por primera vez por la Convención de Paz de La Haya de 1899. Posteriormente, esta prohibición fue retomada en el artículo 35 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados internacionales: “2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.” La razón de esta disposición tiene su fuente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en el que se establecía que “el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo” y que por tanto, “en la guerra es suficiente con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres”, no liquidarlos.
No sobra repetir que la guerra de Calderón en contra del narcotráfico es ilegal, dado que para declararla se necesitan cubrir los requisitos establecidos en el Artículo 29 constitucional e informar de dicha situación al menos a los Estados Americanos y establecer las medidas de protección de los derechos de las personas, como lo establece el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aun cuando estuviéramos en una situación de guerra o de peligro público que amenazara al Estado (recordemos que vivimos una situación de violencia creada por el propio gobierno federal, ver “A war on drugs?” de Luis Hernández Navarro), “agravar inútilmente los sufrimientos de quienes han sido puestos fuera de combate o hacer su muerte inevitable”, es hoy una norma considerada de derecho internacional consuetudinario, y aplica como delito de guerra de los Estados, aunque no sean parte de los Convenios que explícitamente lo prohíben.
Si esto es así en los supuestos de guerra internacional o interna, con mayor razón es aplicable a los supuestos donde se presumen condiciones de paz y un Estado de Derecho. Si en la guerra el objetivo legítimo es debilitar a las fuerzas armadas del enemigo, en tiempos de paz el objetivo legítimo de los funcionarios de hacer cumplir la ley (la policía o quién cumpla este papel, así sea el Ejército o la Armada) es proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, establecen que (Artículo 4)“(l)os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego (…). (Artículo 5) Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; (…)”. El uso de balas expansivas es, como se evidencia, contrario a este propósito.
No es difícil suponer que los grupos de narcotraficantes utilicen los mismos métodos prohibidos pero no podemos considerar que la responsabilidad sea la misma porque sería tanto como elevarlos a la calidad de autoridades. Por el contrario, el uso de esos métodos deslegitima a las fuerzas armadas y las degrada a la calidad de delincuentes. Para estos existe el derecho penal, no las ejecuciones extrajudiciales.
No sabemos en qué otros casos las fuerzas armadas habrían utilizado balas expansivas u otros materiales prohibidos en su guerra contra el narcotráfico. Lo que se evidencia en los casos de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, es que el Ejército y la Marina, si es verdad que utilizan balas expansivas, actúan como verdugos, violando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y más aún, incurriendo en delitos de guerra condenados por el derecho internacional humanitario.
El Ejército y la Marina estarían lejos de cumplir con los objetivos legítimos de la guerra y mucho más lejos de los objetivos de hacer cumplir la ley, razón por la cual no deben suplir la acción policiaca. Mientras eso se cumple, al menos deben abstenerse de utilizar armas prohibidas y recordar que las ejecuciones extrajudiciales están proscritas.
Es difícil esperar que el fuero de guerra juzgue a las propias fuerzas armadas por contravenir el derecho internacional pero una denuncia ante el Sistema Interamericano sería posible por cualquier persona, dado el carácter de derechos objetivos que tienen los derechos humanos en ese ámbito. Sería un servicio a la democracia y al Estado de Derecho en México que algún organismo de derechos humanos lo hiciera.
Las elecciones del pasado 4 de julio al parecer han dado el banderazo a la carrera presidencial para el 2012. Los partidos discuten, se reprochan o aplauden sus alianzas buscando crear las condiciones propicias para ganar “la grande”, mientras Andrés Manuel López Obrador se pone a la delantera, ha anunciado su deseo de contender y ha presentado su “proyecto de nación”. Los resultados electorales son objeto de análisis y cálculos de lo que será el escenario posible dentro de dos años. Comienza el “reality show” político, con la misma expectación de un partido de futbol o el final de una telenovela, donde sólo contamos como rating, y en el que el desenlace, más allá de la satisfacción o insatisfacción que nos produzca, en nada cambia nuestra vida cotidiana.
En términos reales ¿qué se puede esperar por parte de la coalición ganadora en Oaxaca y Puebla, por poner dos ejemplos, distinto al PRI? Si observamos a los gobiernos perredistas de Chiapas y Guerrero, en el entorno geográfico y político de los primeros, no se encuentran muchas diferencias: despojos, asesinatos, presos políticos, pobreza e impunidad. Este continuismo tiene que ver menos con la persona y más con las condiciones institucionales de los partidos, de las leyes y de los grupos de poder que están detrás.
Si vemos el comportamiento de los mismos partidos en el Congreso, preocupa mucho su indiferencia, por no decir su complicidad, en una guerra ilegal e inaceptable que sólo ha generado muerte y terror en el país; que estén más preocupados por la reducción de las remesas de los migrantes, en lugar de atacar las condiciones que siguen expulsándolos de sus lugares de origen; que le sigan el juego al desmantelamiento de las economías locales para engordar los bolsillos de unos cuantos en detrimento de las mayorías; que entorpezcan o aplacen injustificadamente la reforma a la justicia para abatir la impunidad (particularmente la militar), verdadera arma contra el narcotráfico, la reforma al juicio de amparo y el reconocimiento del principio de presunción de inocencia elevado a derecho; que en su lugar se enfrasquen en una reforma laboral que por donde se mire, está encaminada a reducir los derechos de los trabajadores y a favorecer las utilidades de las grandes empresas so pretexto de la “competitividad”; que nos sigan vendiendo el cuento de la inversión externa como salvación cuando ha sido ésta la causante del deterioro de la ya de por sí precaria calidad de vida de cientos (o miles) de localidades; que se envuelvan en la bandera por la privatización del petróleo y no digan nada de la privatización del subsuelo que está causando un verdadero desastre ecológico y social por parte de empresas mineras, muchas de ellas canadienses.
Detrás de estos males, y de otros que se podrían seguir enumerando, se encuentra una decisión política, así sea por omisión. La peor impunidad es la del poder cuando se encuentra libre de la obligación de dar cuentas, que sumada a la seguridad que tienen los partidos del monopolio de la representación política, deja a las verdaderas mayorías a merced de lo que resulte de las negociaciones entre intereses particulares de grupos y partidos.
Parece que sigue siendo pertinente preguntarse, como lo hizo la APPO en 2006 y como nos repiten todos los días los zapatistas con sus Juntas de Buen Gobierno, por la democracia como forma y contenido de gobierno, no sólo como método para acceder al poder. Los partidos políticos, si en verdad se asumieran democráticos, en lugar de preocuparse por aliarse a cualquier costo por conquistar el poder, deberían estar buscando institucionalizar mecanismos de control ciudadano sobre los gobernantes (esa reminiscencia jurídica llamada Estado de Derecho), y sobre las decisiones públicas, es decir, el ejercicio de los derechos ciudadanos como forma de distribución del poder. Se trata del viejo dilema de la democracia griega, de si es mejor un gobierno de buenas personas (el buen tirano) o uno de buenas leyes (el imperio de la ley), donde incluso el peor gobernante se vea sometido a la obediencia del bien común.
En democracia, tener buenas leyes significa igualdad de condiciones en la toma de decisiones de quienes forman parte de la comunidad política, es decir de los ciudadanos (donde reside la soberanía). Este es el verdadero sentido de “una persona, un voto”, no sólo la participación política para decidir quién será el gobernante sino también en el contenido de lo que debe decidirse porque afecta a esa misma comunidad política, más aún, la participación de los resultados de esa decisión.
Los partidos políticos en México, lejos de representar una alternativa, han retomado los modos del viejo paternalismo priista, que por alguna razón metafísica, ahora también consideran poseer una especie de capacidad superior al resto de los mortales ciudadanos para decidir lo que mejor nos conviene e incluso protegernos de nosotros mismos, no importa si son de derecha o de izquierda. Por eso nuestra precaria democracia, como la de la mayoría de países que se dicen democráticos, ha reducido la participación a la mera formalidad de la elección del tirano (bueno o malo) en turno, dejando en unas cuantas manos el poder de decisión que nos corresponde a todos y cada uno.
Con todo, esta idea no es contraria a la democracia representativa sino complementaria. Los representantes políticos, que nada explica que deban ser de algún partido, lo son precisamente porque representan los intereses de sus representados (y el primer interés es la garantía de sus derechos), por tanto, estos últimos deben contar con los mecanismos de control, garantizados por ley, que sujeten al representante a la voluntad de la comunidad política desde su elección hasta su ejercicio de gobierno y por tanto su revocación, y no que aquel expropie esa voluntad imponiendo la suya, como sucede hoy en día.
Este viejo ideal encerrado en el concepto de democracia, es la raíz sobre la que se supone se sostiene nuestra República (a pesar de derechas o izquierdas), al parecer tan lejos como la Revolución Francesa y tan necesario como entonces. Es la soberanía popular y la garantía de los derechos humanos, los dos contenidos fundamentales de cualquier “proyecto de nación” que busque la paz y la emancipación, promesas postergadas por 200 años. Este es el debate que deberían estar dando los partidos en el Congreso y de cara a las elecciones presidenciales del 2012, este es el ideario ideológico y político de una verdadera oposición, esta es la agenda de los ciudadanos y su plan de lucha, todo lo demás son rivalidades triviales en un partido de futbol.
Cuando uno viaja por tierras desconocidas sin la guía adecuada, hechos históricos y lugares emblemáticos pueden pasar desapercibidos, máxime si se encuentran bajo tierra o bajo el corazón.
En Castilla León, en la región de la Rivera del Duero, los campesinos españoles cosechan la uva para hacer, lo que algunos consideran, uno de los mejores vinos del mundo. Poblaciones de origen medieval como Aranda del Duero, introdujeron esta tradición poco después de la expulsión mora, a finales del siglo XV. Debajo de las casas de Aranda, a varios metros de profundidad, aún se pueden visitar las bodegas centenarias, construidas por los vinicultores donde, en total oscuridad, reposaba y fermentaba el vino.
Pero no sólo estas sorpresas se encuentran debajo de la tierra de la región del río Duero. De manera reciente, en las inmediaciones de Santa Cruz de La Salceda y Vadocondes, -dos pequeñas poblaciones de Burgos, en las que van quedando sólo las generaciones mayores, pueblos de no más de 150 personas en la actualidad -, se han descubierto fosas clandestinas con los restos de pobladores desaparecidos por el franquismo durante la guerra civil, a finales de los años 30.
Los testimonios señalan que personas ligadas a La Falange franquista durante la guerra civil, allanaban las casas y detenían a quienes eran considerados “comunistas” para luego ejecutarlos en el campo, muchas veces, después de cavar su propia tumba. La mayoría de las veces las víctimas eran señaladas por los propios vecinos pero particularmente por funcionarios municipales y sacerdotes católicos. Hay quien todavía recuerda a los curas portando pistolas alrededor de las sotanas, negando la comunión o señalando desde el púlpito a “los hijos de satanás”. Como es sabido, los familiares o sobrevivientes, en su mayoría, emigraron a otros países, dejando detrás a los caídos y más de una maldición.
El conservadurismo religioso de derecha en esta región, según me explican, es resultado de la persecución, expulsión y eliminación de los opositores de izquierda, de los que quedan pocos y acallados sobrevivientes. La recuperación de los cuerpos hace apenas un par de años, ha recuperado también la memoria dormida, la razón de la enemistad entre familias y el dolor de una herida que a casi setenta años, no sana.
“Santa Cruz, por ejemplo” es el nombre de un video que documenta el rescate de los cuerpos en una fosa encontrada a las afueras de esa población de la rivera del Duero, y recoge testimonios de los familiares, amigos y vecinos del lugar. El título indica lo que en el documental se señala claramente: este es sólo un ejemplo de un sinnúmero de fosas que se encontrarían no sólo en la región del Duero sino en Castilla León, y según otros, a lo largo y ancho del Estado Español.
Hay quienes se ufanan que la transición española no necesitó del duelo, de la memoria, ni de la justicia; que “las Comisiones de la Verdad son para países bananeros”. Yo no estoy muy seguro de ello. Es claro para quien quiera verlo, la transición no ha generado la unidad esperada, hay dolor, hay rencor y persiste la negación del “otro”, y creo que la falta de memoria y justicia históricas son dos poderosos motivos.
Hay intentos de la sociedad civil como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que tratan de impulsar un trabajo de recuperación de la memoria histórica, que incipiente y a contrapelo, aún es posible. Hacemos votos porque la recuperación de esa memoria sea posible antes de que termine por extinguirse la generación de la guerra civil española.
Michael W. Chamberlin 