Categoría: Derechos Humanos

Celebración bicentenaria de la rebeldía

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Mi amigo Bernardo me hacía notar que el festejo por la Independencia y la Revolución mexicanas estaba adelantado 11 años. Tiene razón, la consumación de la Independencia se ha fijado por los historiadores con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, y la de la Revolución, aunque sin un consenso (Adolfo Gilly nos habla de “La Revolución Interrumpida”), entrada la década de los años 20 del siglo pasado.

Con todo, encuentro razones para conmemorar esta fechas. La rebeldía contra la opresión y la tiranía, y el deseo ferviente y decidido por la libertad y la emancipación. Ninguno de quienes se embarcaron en las luchas tuvo nunca la certeza de conseguir lo que buscaba, de lo contrario no habría ningún mérito en ello. Antes que juzgar los resultados habría que analizar las razones que legitiman una causa.

En ambos acontecimientos se subraya la búsqueda de la libertad, entendida como la supresión de la esclavitud, de la tortura y de la indigencia (garantías sociales incluyendo la tierra y contra la alta recaudación). No sin descalabros, fuimos descubriendo que el mejor modelo que garantizaba tales ideales, era el de la República Constitucional.

El primero en desarrollar estas ideas en lo que ahora es nuestro país, fue José María Morelos y Pavón. Inspirado por la Revolución Francesa de 1789, creía en la necesidad de obedecer cuatro principios básicos que se convirtieron pronto en los cuatro pilares del constitucionalismo: El carácter inalienable de derechos básicos, la legitimidad de la autoridad descansada sobre el consenso de la población, la protección de derechos como primer deber de la autoridad y el derecho a la resistencia. Este último sirvió como justificación y razón para instaurar un régimen de gobierno que cumpliera con los primeros tres. Locke entre otros, afirmaba que el pueblo podía legítimamente resistir y finalmente derrocar al gobierno de turno en caso de que no fuera consecuente con el respeto de aquello derechos básicos.

Roberto Gargarella observa que en aquellos movimientos se consideraba que el orden legal no era merecedor de respeto cuando sus normas infligían ofensas severas sobre la población y cuando no eran el resultado de un proceso en el que dicha comunidad estuviera involucrada de modo significativo. Cuando estas dos condiciones estaban presentes, el derecho a la resistencia estaba justificado. (Gargarella, El derecho a resistir el derecho, Miñó y Dávila, 2005). En nuestra Constitución persiste una reminiscencia del derecho a la resistencia en el artículo 39, que señala que “(e)l pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”, y en la Declaración Universal de Derechos Humanos siguiendo la tradición, se reconoce “esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión; (…)”.

En las democracias constitucionales actuales, pareciera que el derecho a la resistencia hubiera perdido carta de naturalización, que la modernidad que devino después de las guerras mundiales, la creación de órganos internacionales como la ONU que se fundaran en el reconocimiento de los derechos inalienables de las personas, que las elecciones periódicas más o menos difundidas a lo largo y ancho del globo generaran la idea de que garantizaba el control y la voluntad popular, la hubieran cancelado. Sin embargo, la miseria y el temor, lejos de desaparecer, persisten y se profundizan, incluso en regímenes democráticos.

A casi dos siglos de independencia, aún no hemos podido consolidar nuestro régimen democrático en México, y en esto guardamos similitudes con muchos otros países latinoamericanos. La razón ha sido que no nos hemos permitido una participación horizontal, hemos ido saltando de oligarquías en oligarquías, dejando a unos pocos decidir por la mayoría.

La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen oligarca de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad. Si medimos esta llamada transición bajo los indicadores de Charles Tilly (Los movimientos sociales como agrupaciones históricamente específicas de actuaciones políticas. 1995), los derechos y obligaciones no se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado, no se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; no es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y no se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado. Por el contrario, vemos una crítica y peligrosa tendencia al retroceso.

El déficit democrático en México ha llegado al grado de generar las dos condiciones que históricamente se han conjugado para el surgimiento del derecho a la resistencia: las normas del orden legal infligen ofensas severas sobre la población y no son resultado de un proceso en el que dicha comunidad esté involucrada de modo significativo. No es de extrañar entonces, que existan en México movimientos de resistencia que consideren que el orden legal no es merecedor de respeto y la resistencia a la autoridad esté justificada.

La resistencia como la protesta son indicadores de una anomalía democrática frente a la que las víctimas reaccionan. La respuesta correcta del Estado, democráticamente hablando, es entenderla y atenderla; en términos de Thomas Jefferson “darle la bienvenida, para mantener al gobierno dentro de sus límites (evitar su degeneración) y a la ciudadanía implicada en los asuntos públicos”. Sin embargo no es así, la respuesta ha sido reprimirla.

Frente a una expresión violenta de la resistencia y a la violencia como respuesta del Estado, poco puede decirse de condiciones de democracia. Sin embargo, una razón de esperanza la constituye una fuerte expresión de la resistencia como un movimiento democratizador, que a pesar de la represión del Estado y de la propuesta armada de la resistencia, puede permitir cauces hacia mejores condiciones de igualdad y libertad. Las experiencias indígenas de autonomías de facto, en búsqueda de proteger los derechos que les han sido negados por el Estado, genera prácticas democráticas que son dignas de observar, aprender y apoyar.

Los movimientos de resistencia democratizadores, constituyen un doble desafió al Estado, no sólo rechazan el orden legal existente sino que se proponen hacer uno mejor. El movimiento de resistencia indígena en México ha entendido que su lucha no es por derechos específicos, dado que existe una conciencia de pertenencia a la nación y han comprendido que su suerte como pueblos está ligada a la del resto del país.

En palabras del EZLN, quien ha sido la expresión inspiradora del movimiento de resistencia indígena, en su VI Declaración de La Selva Lacandona, “Vamos a buscar, desde La Realidad hasta Tijuana, a quien quiera organizarse, luchar, construir acaso la última esperanza de que esta Nación, que lleva andando al menos desde el tiempo en que un águila se posó sobre un nopal para devorar una serpiente, no muera. Vamos por democracia, libertad y justicia para quienes nos son negadas. Vamos con otra política, por un programa de izquierda y por una nueva Constitución.»

En esta hora de temor y miseria, de violencia irracional promovida por el gobierno en turno, de ataques al sindicalismo y a los derechos de los trabajadores, de despojo de las tierras indígenas por el insaciable lucro de empresas sin escrúpulos, de la criminalización de la protesta y persecución de defensores y luchadores sociales, no es independencia ni revolución lo que celebramos sino la rebeldía de quienes generosa y solidariamente luchan, sueñan y construyen la libertad y emancipación para los hijos que vendrán, aún cuando no sepamos si lo conseguiremos.

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La Policía Comunitaria o de como se acabó la violencia de los narcos y del Estado en la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

¡Alto a la guerra, no más muertos!

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Podría ponerme solemne y decir que la masacre de San Fernando es reprobable pero ya no sirve. La realidad es hoy un show, un reality show para todo tipo de audiencias, los que con un cinismo sobrecogedor afirman que “es la muestra de que vamos ganando la guerra”;  los que ríen diciendo “podemos más”; los que dicen “¡venganza!, ¡castigo!”; los que lamentan las muertes y envían condolencias a los familiares; los que señalan las violaciones a los derechos humanos y se indignan por el proceder gubernamental. No hacen más que consumir de la misma cadena de comida rápida, “reaccione rápido, como quiera, no lo piense, consuma” el mismo producto y al mismo ritmo hasta que aparezca el nuevo lanzamiento que le prometerá más de lo mismo, “lo que usted espera pero mejorado”. Vivimos al ritmo del show de las conciencias y repetimos nuestro patrón en cada nuevo evento.

Eventos como el de San Fernando no son más que el extremo de una cadena de acontecimientos, la cola de un remolino pronto superado por un evento más ultrajante, en un proceso de normalización de la violencia que nos distorsiona, si no es que nos despoja, de nosotros mismos. Más pena damos los vivos que los muertos.

No diré más. Ve este video (si tienes tiempo) mientras piensas en San Fernando. Pregúntate qué papel juegas en él. Aléjate de falsos heroísmos que en nada ayudan más que en limpiar la conciencia para pasar la página. Acuérdate de la masacre de Creel y luego en Acteal, y las más que recuerdes. Finalmente pregúntate, ¿a dónde vamos, qué hemos hecho, en qué realidad quiero vivir (o vivo) y qué implicaciones tiene decir (si lo he dicho) “alto a la guerra, no más muertos”?

¿Actúan las fuerzas armadas como verdugo? Delitos internacionales en la guerra contra el narcotráfico de Calderón.

Michael W. Chamberlin6 comentarios

Foto Víctor Camacho
Víctor Camacho / La Jornada

“No somos verdugos ni nos dedicamos a ultimar gente”, dijo el General Guillermo Moreno Serrano Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo León, refiriéndose al Ejército Mexicano, en respuesta a la CNDH por la recomendación 45/2010 sobre los jóvenes asesinados del Tecnológico de Monterrey, según constata La Jornada en su edición del pasado domingo.

Resulta difícil creerle al General cuando a estas alturas del sexenio calderonista son alrededor de 29,000 los ejecutados en la guerra contra el narco. No sabemos cuántos de ellos lo han sido por manos de las fuerzas armadas pero dos casos de resonancia nacional nos dan una idea de cómo sí actúan como verdugos, me refiero a las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009) y de Ignacio Coronel Villareal en Guadalajara (29 de julio de 2010), ambos presuntas cabezas del narcotráfico en México.

No me refiero sólo al hecho de que en el primero caso el enfrentamiento de 100 marinos contra apenas poco más de cinco hombres armados, y en el segundo de 200 militares contra dos presuntos delincuentes, hagan difícil creer la necesidad de ultimarlos en lugar de someterlos y detenerlos, como bien observa John Ackerman en su columna del 9 de agosto pasado; la mejor evidencia de la intención de las fuerzas armadas por ejecutar, es la portación y uso de balas expansivas. De acuerdo a notas de prensa, “varias balas expansivas le perforaron el tórax, el abdomen y la cabeza” a Beltrán Leyva, una más fue utilizada contra uno de sus escoltas en el mismo ataque, y dos fueron encontradas, según peritajes de la SIEDO, en el cuerpo de Ignacio Coronel.

El uso de balas expansivas se prohibió por primera vez por la Convención de Paz de La Haya de 1899. Posteriormente, esta prohibición fue retomada en el artículo 35 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados internacionales: “2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.” La razón de esta disposición tiene su fuente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en el que se establecía que “el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo” y que por tanto, “en la guerra es suficiente con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres”, no liquidarlos.

No sobra repetir que la guerra de Calderón en contra del narcotráfico es ilegal, dado que para declararla se necesitan cubrir los requisitos establecidos en el Artículo 29 constitucional e informar de dicha situación al menos a los Estados Americanos y establecer las medidas de protección de los derechos de las personas,  como lo establece el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aun cuando estuviéramos en una situación de guerra o de peligro público que amenazara al Estado (recordemos que vivimos una situación de violencia creada por el propio gobierno federal, ver “A war on drugs?” de Luis Hernández Navarro), “agravar inútilmente los sufrimientos de quienes han sido puestos fuera de combate o hacer su muerte inevitable”, es hoy una norma considerada de derecho internacional consuetudinario, y aplica como delito de guerra de los Estados, aunque no sean parte de los Convenios que explícitamente lo prohíben.

Si esto es así en los supuestos de guerra internacional o interna, con mayor razón es aplicable a los supuestos donde se presumen condiciones de paz y un Estado de Derecho. Si en la guerra el objetivo legítimo es debilitar a las fuerzas armadas del enemigo, en tiempos de paz el objetivo legítimo de los funcionarios de hacer cumplir la ley (la policía o quién cumpla este papel, así sea el Ejército o la Armada) es proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, establecen que (Artículo 4)“(l)os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego (…). (Artículo 5) Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; (…)”. El uso de balas expansivas es, como se evidencia, contrario a este propósito.

No es difícil suponer que los grupos de narcotraficantes utilicen los mismos métodos prohibidos pero no podemos considerar que la responsabilidad sea la misma porque sería tanto como elevarlos a la calidad de autoridades. Por el contrario, el uso de esos métodos deslegitima a las fuerzas armadas y las degrada a la calidad de delincuentes. Para estos existe el derecho penal, no las ejecuciones extrajudiciales.

No sabemos en qué otros casos las fuerzas armadas habrían utilizado balas expansivas u otros materiales prohibidos en su guerra contra el narcotráfico. Lo que se evidencia en los casos de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, es que el Ejército y la Marina, si es verdad que utilizan balas expansivas, actúan como verdugos, violando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y más aún, incurriendo en delitos de guerra condenados por el derecho internacional humanitario.

El Ejército y la Marina estarían lejos de cumplir con los objetivos legítimos de la guerra y mucho más lejos de los objetivos de hacer cumplir la ley, razón por la cual no deben suplir la acción policiaca. Mientras eso se cumple, al menos deben abstenerse de utilizar armas prohibidas y recordar que las ejecuciones extrajudiciales están proscritas.

Es difícil esperar que el fuero de guerra juzgue a las propias fuerzas armadas por contravenir el derecho internacional pero una denuncia ante el Sistema Interamericano sería posible por cualquier persona, dado el carácter de derechos objetivos que tienen los derechos humanos en ese ámbito. Sería un servicio a la democracia y al Estado de Derecho en México que algún organismo de derechos humanos lo hiciera.

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La lógica de la guerra contra el narco:

Proyecto de Nación

Michael W. Chamberlin1 comentario

Las elecciones del pasado 4 de julio al parecer han dado el banderazo a la carrera presidencial para el 2012. Los partidos discuten, se reprochan o aplauden sus alianzas buscando crear las condiciones propicias para ganar “la grande”, mientras Andrés Manuel López Obrador se pone a la delantera, ha anunciado su deseo de contender y ha presentado su “proyecto de nación”. Los resultados electorales son objeto de análisis y cálculos de lo que será el escenario posible dentro de dos años. Comienza el “reality show” político, con la misma expectación de un partido de futbol o el final de una telenovela, donde sólo contamos como rating, y en el que el desenlace, más allá de la satisfacción o insatisfacción que nos produzca, en nada cambia nuestra vida cotidiana.

En términos reales ¿qué se puede esperar por parte de la coalición ganadora en Oaxaca y Puebla, por poner dos ejemplos, distinto al PRI? Si observamos a los gobiernos perredistas de Chiapas y Guerrero, en el entorno geográfico y político de los primeros, no se encuentran muchas diferencias: despojos, asesinatos, presos políticos, pobreza e impunidad. Este continuismo tiene que ver menos con la persona y más con las condiciones institucionales de los partidos, de las leyes y de los grupos de poder que están detrás.

Si vemos el comportamiento de los mismos partidos en el Congreso, preocupa mucho su indiferencia, por no decir su complicidad, en una guerra ilegal e inaceptable que sólo ha generado muerte y terror en el país; que estén más preocupados por la reducción de las remesas de los migrantes, en lugar de atacar las condiciones que siguen expulsándolos de sus lugares de origen; que le sigan el juego al desmantelamiento de las economías locales para engordar los bolsillos de unos cuantos en detrimento de las mayorías; que entorpezcan o aplacen injustificadamente la reforma a la justicia para abatir la impunidad (particularmente la militar), verdadera arma contra el narcotráfico, la reforma al juicio de amparo y el reconocimiento del principio de presunción de inocencia elevado a derecho; que en su lugar se enfrasquen en una reforma laboral que por donde se mire, está encaminada a reducir los derechos de los trabajadores y a favorecer las utilidades de las grandes empresas so pretexto de la “competitividad”; que nos sigan vendiendo el cuento de la inversión externa como salvación cuando ha sido ésta la causante del deterioro de la ya de por sí precaria calidad de vida de cientos (o miles) de localidades; que se envuelvan en la bandera por la privatización del petróleo y no digan nada de la privatización del subsuelo que está causando un verdadero desastre ecológico y social por parte de empresas mineras, muchas de ellas canadienses.

Detrás de estos males, y de otros que se podrían seguir enumerando, se encuentra una decisión política, así sea por omisión. La peor impunidad es la del poder cuando se encuentra libre de la obligación de dar cuentas, que sumada a la seguridad que tienen los partidos del monopolio de la representación política, deja a las verdaderas mayorías a merced de lo que resulte de las negociaciones entre intereses particulares de grupos y partidos.

Parece que sigue siendo pertinente preguntarse, como lo hizo la APPO en 2006 y como nos repiten todos los días los zapatistas con sus Juntas de Buen Gobierno, por la democracia como forma y contenido de gobierno, no sólo como método para acceder al poder. Los partidos políticos, si en verdad se asumieran democráticos, en lugar de preocuparse por aliarse a cualquier costo por conquistar el poder, deberían estar buscando institucionalizar mecanismos de control ciudadano sobre los gobernantes (esa reminiscencia jurídica llamada Estado de Derecho), y sobre las decisiones públicas, es decir, el ejercicio de los derechos ciudadanos como forma de distribución del poder. Se trata del viejo dilema de la democracia griega, de si es mejor un gobierno de buenas personas (el buen tirano) o uno de buenas leyes (el imperio de la ley), donde incluso el peor gobernante se vea sometido a la obediencia del bien común.

En democracia, tener buenas leyes significa igualdad de condiciones en la toma de decisiones de quienes forman parte de la comunidad política, es decir de los ciudadanos (donde reside la soberanía). Este es el verdadero sentido de “una persona, un voto”, no sólo la participación política para decidir quién será el gobernante sino también en el contenido de lo que debe decidirse porque afecta a esa misma comunidad política, más aún, la participación de los resultados de esa decisión.

Los partidos políticos en México, lejos de representar una alternativa, han retomado los modos del viejo paternalismo priista, que por alguna razón metafísica, ahora también consideran poseer una especie de capacidad superior al resto de los mortales ciudadanos para decidir lo que mejor nos conviene e incluso protegernos de nosotros mismos, no importa si son de derecha o de izquierda. Por eso nuestra precaria democracia, como la de la mayoría de países que se dicen democráticos, ha reducido la participación a la mera formalidad de la elección del tirano (bueno o malo) en turno, dejando en unas cuantas manos el poder de decisión que nos corresponde a todos y cada uno.

Con todo, esta idea no es contraria a la democracia representativa sino complementaria. Los representantes políticos, que nada explica que deban ser de algún partido, lo son precisamente porque representan los intereses de sus representados (y el primer interés es la garantía de sus derechos), por tanto, estos últimos deben contar con los mecanismos de control, garantizados por ley,  que sujeten al representante a la voluntad de la comunidad política desde su elección hasta su ejercicio de gobierno y por tanto su revocación, y no que aquel expropie esa voluntad imponiendo la suya, como sucede hoy en día.

Este viejo ideal encerrado en el concepto de democracia, es la raíz sobre la que se supone se sostiene nuestra República (a pesar de derechas o izquierdas), al parecer tan lejos como la Revolución Francesa y tan necesario como entonces. Es la soberanía popular y la garantía de los derechos humanos, los dos contenidos fundamentales de cualquier “proyecto de nación” que busque la paz y la emancipación, promesas postergadas por 200 años. Este es el debate que deberían estar dando los partidos en el Congreso y de cara a las elecciones presidenciales del 2012, este es el ideario ideológico y político de una verdadera oposición, esta es la agenda de los ciudadanos y su plan de lucha, todo lo demás son rivalidades triviales en un partido de futbol.