La influenza humana y los derechos humanos.

10 mayo 200910 mayo 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

Zenaida, una niña tsotsil de 12 años de una comunidad indígena de los Altos de Chiapas, cayó enferma el lunes 27 de abril, con un fuerte dolor de cabeza y calentura. Para el jueves 30, día del niño, Zenaida murió, de acuerdo al diagnóstico, por “fuertes calenturas”. Con sus doce años de edad, se hacía cargo de cuatro hermanos menores desde que la madre murió pariendo al último, el padre se desentendiera y la hermana de 14 años, la mayor, se fuera a trabajar a la ciudad de México para poder enviar algo de dinero.

José es el más viejo de una familia indígena migrante que se estableció en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Hace días que tiene un fuerte malestar pero se niega a ir al médico. Teme que, como en otras ocasiones, dependa de un tratamiento que le cueste a la familia lo que no tiene, además, dice, existen remedios tradicionales para curar la gripe, aunque sea fuerte.

Los vecinos de José no cambian su rutina, no pueden cambiarla, suspender el trabajo significa dejar de proveer a la familia, literalmente, del pan de cada día. Los niños que normalmente van a la escuela, ahora juegan en las calles con las gallinas, los puercos y los charcos. Los demás, como siempre, salen temprano con su mamá a las calles del centro, a vender sus artesanías a los turistas, que aunque se cubran la cara, todavía compran. Llueve, y mojados se refugian en los dinteles de los comercios cerrados desde hace varios días, esperando que escampe para continuar la vendimia.

Mientras, el gobernador del Estado, el 4 de mayo anuncia que “Chiapas se mantiene libre de la influenza AH1N1”. Para el 7 de mayo se reporta el tercer muerto en Chiapas por el virus, ahora en Comitán, luego de un primer caso en Ocosingo y otro en San Cristóbal de Las Casas, y de brotes de infección en Amatenango del Valle. El 9 de mayo se anuncia el regreso a clases hasta el 18 de mayo y no el 11 como habían dicho en la televisión hace unos días y confirman 222 casos de contagio en la entidad, la mitad en los Altos de Chiapas.

Existe desconcierto y no se sabe si se está saliendo de la emergencia o se está entrando apenas. Se esperaba que no llegara el contagio como quien reza por que en el último momento el huracán cambie de rumbo, evitando un desastre seguro. Pero la suerte y los milagros son cada vez más escasos y la condición, que es de pobreza extrema, no hace excepciones. Con la desnutrición y la deficiente cobertura de salud para la prevención y atención que existe en Chiapas, se es presa fácil. Los casos reportados, mayormente de las ciudades, no nos dicen mucho de la situación real.

Pero no sólo la pobreza, también la discriminación y la desinformación vulnera. Melel Xojobal, una asociación civil que trabaja con niños y adolescentes en situación de calle, denunció la semana pasada que no existe suficiente información sobre la contingencia sanitaria entre la población indígena de San Cristóbal de Las Casas. En un monitoreo que realizaron los días 29 y 30 de abril, en cinco colonias de la zona norte de la ciudad, entrevistaron a 109 personas entre 8 y 45 años de edad, concluyendo lo siguiente:

-El 16 por ciento de las personas entrevistadas no había escuchado de la enfermedad por ningún medio, a más de una semana de haberse decretado la alerta y a tres días de haberse suspendido las clases en todo el país.

-El 62 por ciento de las personas se había enterado por medios electrónicos, principalmente a través de la televisión.

-El 22 por ciento desconocía los síntomas y las medidas de prevención del contagio, y el 85 por ciento no había recibido información en su lengua materna.

“En el recorrido por las colonias no observamos ningún cartel o documento informativo sobre la influenza y las niñas y niños entrevistados comentaron que en las escuelas solamente les dijeron que no habría clases sin darles mayor información al respecto”.

Los habitantes de las colonias “manifestaron que ninguna autoridad del sector salud se había acercado para brindar orientación sobre la alerta y nos comentaron que había llegado un grupo de personas a vender medicinas para la nueva enfermedad y que esto estaba confundiendo a la gente”.

Si este nivel de desinformación existe en una de las principales ciudades del Estado y en uno de los núcleos identificados con más proclividad al contagio, con mucha más razón se puede esperar en las zonas rurales predominantemente indígenas. Si a las condiciones de vulnerabilidad por la pobreza le sumamos la desinformación, la situación aún por venir puede ser altamente desastrosa.

Lo que estamos viendo es un desfase de dos semanas entre las acciones tomadas en el Distrito Federal (DF) y Chiapas, para distinguir los casos de contagio y muerte por este virus, e intentar cercar la epidemia, aunque aún no para dimensionar el problema. En el Distrito Federal es donde ha habido el mayor número de contagios y decesos registrados pero esto sólo puede significar la reiteración de que en la capital del país tienen mucho más recursos y capacidad instalada para enfrentar una emergencia como ésta. La diferencia entre Chiapas y el DF, en términos de los índices de desarrollo humano, es como la que existe entre España y Costa de Marfil. La verdad es que la cifra real de infectados y muertos por este virus, en Chiapas, difícilmente se sabrá, mucho menos a tiempo.

Dicen los que estudian catástrofes, que no existen desastres naturales sino fenómenos naturales. El desastre siempre es humano y consiste en no saber prevenir para evitar la vulneración. Ernesto Garzón Valdés lo dice de otro modo, explica que mientras los desastres son una desgracia que escapa al ser humano, la calamidad es una desgracia como resultado de acciones humanas intencionales y que por tanto, tiene implicaciones normativas, morales o jurídicas (Calamidades, Gedisa, 2004: 11-12).

En esta situación de emergencia sanitaria no podemos dejar de distinguir entre lo inevitable y lo prevenible. Si el grado de contagio y muerte se corresponde al grado de desigualdad, como es previsible, luego entonces la epidemia no será cuestión de mala suerte o un castigo inevitable, sino una nueva violación a los derechos humanos. Si el contagio y la mortalidad es producto de la desinformación, la negligencia o la discriminación, habrá una violación al derecho a la salud y a la vida. Sólo haciendo esta distinción es que podremos evaluar la respuesta del Estado frente a sus responsabilidades antes, durante y después de la contingencia sanitaria. Más aún, sólo haciendo esta distinción es que podremos imaginar y proponer medidas contra las calamidades.

La resistencia al pago de la luz, un ejercicio de derechos.

3 mayo 2009 Michael W. Chamberlin4 comentarios

Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.

Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.

Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.

La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.

En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.

El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.

La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.

La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.

Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).

Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).

La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.

La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.

Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.

Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.

En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.

Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac

La defensa de los paramilitares de Acteal

26 abril 20091 mayo 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

Algunas fuentes recientemente han afirmado que al parecer sería inminente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) sobre los amparos atraídos el 2 de julio pasado, de 12 de los inculpados en la Masacre de Acteal.

Recordemos que esta atracción fue el desenlace de una campaña mediática promovida por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien ha asumido la defensa de esos paramilitares, pretendiendo liberarlos por errores judiciales.

La ministra Olga Sánchez Cordero señaló en su dictamen que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera. Pareciera que el interés está puesto en la masacre misma pero no es así, la SCJN no va a ver ni a pronunciarse por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales.

El CIDE señala que Acteal es un ejemplo de denegación de justicia puesto que a 10 años la mayoría de los inculpados “no recibían aún una sentencia, que se permitió a las autoridades ministeriales inventar testimonios, desestimar pruebas periciales, desechar testigos de descargo, e incluso las confesiones de autores materiales de la matanza, entre otras”.

A los indígenas presos por la masacre de Acteal se les ha procesado y sentenciado a pesar del sistema de justicia. Contra viento y marea ha sido posible, después de 10 años, que terminen los juicios en primera instancia. Las fiscalías especiales creadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Zedillo, fueron cerradas dejando muchas dudas y líneas de investigación inconclusas que apuntaban hacia la responsabilidad de funcionarios públicos de niveles medios y superiores, incluido el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los expedientes se trasladaron a la jurisdicción estatal, que entre fiscalías que van y vienen, duermen el sueño de los impunes. El poder judicial ha sido parte de la impunidad. Ya en su momento se negó a atraer el caso. Sistemáticamente le ha otorgado amparo a los paramilitares por el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada, irónicamente, a pesar de la abundante evidencia de ser una banda criminal.

De los más de ochenta sentenciados y presos por la masacre, el CIDE ha escogido a 12 de ellos porque se supondría que son los casos más emblemáticos de las deficiencias del Sistema de Justicia, y los más claramente inocentes. Ellos son Alonso Jiménez Entzin, Elías Luna Vázquez, Florentino Pérez Jiménez, Julio Entzin Guzmán, Rafael Luna Vázquez, Sebastián Méndez Arias, Pablo (Pedro) Girón Méndez, Alonso López Arias, Andrés Méndez Vázquez, Lorenzo Ruiz Vázquez, Mariano Pucuj Luna y Antonio Pucuj Luna. El CIDE dice que los acusados fueron condenados “por el simple hecho de que las pruebas fabricadas llevaban a pensar que los acusados estuvieron presentes en el lugar donde se cometió el delito”.

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, los sobrevivientes, todos ellos participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal. No son testigos de oídas, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En la región no existe la menor duda de que los 12 son paramilitares, criminales y responsables por estas muertes y otros actos similares.

La decisión que tome la SCJN será un indicador de lo que se puede esperar en Chiapas en los próximos años, en la búsqueda de la verdad y la justicia. El representante común de los 12 amparados, Javier Angulo Novara, señala “que el Poder Judicial de la Federación es el único sendero en la construcción de una sociedad democrática; y que la Corte ha venido cumpliendo este papel al resolver los casos de los ciudadanos” para justificar que la defensa de los paramilitares constituye un caso emblemático, sin embargo cabe preguntar ¿dónde queda la verdad, un juicio justo, la reparación y las medidas de no repetición para los 45 muertos, los lesionados, sus familiares?, ¿dónde la satisfacción del agravio a la sociedad entera?

El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”, primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo porque a pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales.

En lo inmediato, la liberación de estos criminales pone en riesgo la frágil estabilidad en el muncipio de Chenalhó. En lo mediato constituiría un paso más para tergiversar la verdad, generar dudas sobre quién mató a los 45 indígenas pero sobretodo, desdibujar el plan contrainsurgente que lo provocó y sus responsables, en la línea trazada por Aguilar Camín.

Esta próxima semana una representación de Las Abejas y particularmente de los sobrevivientes, llevarán a cabo una jornada de oración y ayuno frente a las instalaciones de la SCJN, ojalá que podamos apoyarlos. (Nota de Alcance: Debido a la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, la manifestación de Las Abejas se pospondrá para mejor fecha).

Testimonios

La condena a Fujimori, enseñanzas.

19 abril 200919 abril 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

El ojo que llora, en homenaje a las víctimas

El pasado martes 7 de abril fue sentenciado a 25 años de prisión, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de secuestro y asesinato por los llamados casos Barrios Altos y La Cantuta, hechos cometidos en el contexto de guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso.

Esta condena, a pesar de que aún puede ir a revisión por un tribunal superior, tiene una importancia superlativa, constituye efectivamente un hecho inédito en nuestro continente con respecto al tratamiento de crímenes contra la humanidad, que no puede pasarse por alto.

Primero porque esta sentencia rompe el paradigma de que los delitos de lesa humanidad no se cometen en democracia. Hasta ahora, sólo se ha podido juzgar a altos mandos políticos surgidos de las dictaduras militares como las de Chile, Argentina y Guatemala. El juicio a Fujimori demuestra por un lado que llegar al poder por medio de elecciones no garantiza que no se cometan estos crímenes, y por otro, que la democracia es algo más que elecciones.

Segundo porque el juicio fue realizado por el poder judicial peruano cuando por lo general estos casos han tenido que ser llevados a tribunales extranjeros, bajo el principio de jurisdicción universal, para que tengan algún efecto. Sin duda con este fallo, la democracia en Perú se ve fortalecida en el contexto latinoamericano.

Tercero porque se pudo arribar hasta este punto a pesar de las condiciones políticas del país. Perú es un Estado que al igual que México, no ha pasado aún por un proceso de transición a la democracia a partir de una renovación en la clase política, agobiado por la corrupción, la miseria de muchos y la inequidad, ni siquiera puede considerarse que tenga un gobierno de izquierda, no tiene ninguna semejanza ni relación con los procesos políticos de corte social por los que atraviesa Ecuador, Bolivia o Venezuela, o de democracia social moderada como los de Brasil, Argentina o Chile; a lo mucho, con Alan García, tiene un gobierno de izquierda simulada como la que representó el PRI en México, en los años 70s y mediados de los 80s, y una oposición de derecha vigorosa, que sigue apoyando a Fujimori, particularmente en la defensa de su política genocida durante su mandato.

: Ataque al Ojo que llora en 2007

Lo que hizo posible entonces, que se llegara hasta este punto fue el empuje de la sociedad civil en Perú, que más allá de los 16 meses que duro el juicio, estuvo tenazmente trabajando durante años, por la justicia y la memoria histórica de los crímenes cometidos bajo la dictadura «democrática» de Fujimori y anteriores, movilizando recursos y apoyos tanto en el ámbito local como internacional, haciendo funcionar la enmohecida maquinaria institucional.

La documentación de casos, su difusión y litigio frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, devino en la creación de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, integrada por personas de la misma sociedad civil, con capacidad probada y particularmente, independientes de poderes y partidos políticos. Ésta, recabó información y documentó cientos de casos de ejecuciones y desapariciones tanto por el ejército peruano como por la guerrilla. Si bien esta Comisión no tuvo nunca un mandato para iniciar procesos judiciales, su papel en mantener viva la memoria, nombrar a las víctimas y condenar moralmente los hechos, permitió cimbrar la conciencia del país, dando lugar a las condiciones, primero sociales y después políticas que arribaron a esta sentencia, un logro que no podrá echar atrás una disminución a la condena de este criminal.

El caso Fujimori debe alimentar nuestra esperanza pero también debemos aprender sus lecciones. Una primera es que el poder judicial en México, particularmente la Suprema Corte de Justicia, debería voltear a ver a Perú; segundo, que Echeverría no cante victoria y que Zedillo ponga sus barbas a remojar; pero sobretodo, la sociedad civil mexicana debemos aprender de la de Perú, en el papel que ha jugado para democratizar las estructuras de su país. Harán falta muchas cosas por hacer en aquel proceso pero sin duda, ésta es una de ellas.

Con cariño y admiración a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y a todos sus miembros.

Condena a 25 años de prisión de ex presidente Alberto Fujimori