Categoría: Democracia

La defensa de los paramilitares de Acteal

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Foto Frayba
Foto Frayba

Algunas fuentes recientemente han afirmado que  al parecer sería inminente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) sobre los amparos atraídos el 2 de julio pasado, de 12 de los inculpados en la Masacre de Acteal.

Recordemos que esta atracción fue el desenlace de una campaña mediática promovida por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien ha asumido la defensa de esos paramilitares, pretendiendo liberarlos por errores judiciales.

La ministra Olga Sánchez Cordero señaló en su dictamen que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera. Pareciera que el interés está puesto en la masacre misma pero no es así, la SCJN no va a ver ni a pronunciarse por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales.

El CIDE señala que Acteal es un ejemplo de denegación de justicia puesto que a 10 años la mayoría de los inculpados “no recibían aún una sentencia, que se permitió a las autoridades ministeriales inventar testimonios, desestimar pruebas periciales, desechar testigos de descargo, e incluso las confesiones de autores materiales de la matanza, entre otras”.

A los indígenas presos por la masacre de Acteal se les ha procesado y sentenciado a pesar del sistema de justicia. Contra viento y marea ha sido posible, después de 10 años, que terminen los juicios en primera instancia. Las fiscalías especiales creadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Zedillo, fueron cerradas dejando muchas dudas y líneas de investigación inconclusas que apuntaban hacia la responsabilidad de funcionarios públicos de niveles medios y superiores, incluido el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los expedientes se trasladaron a la jurisdicción estatal, que entre fiscalías que van y vienen, duermen el sueño de los impunes. El poder judicial ha sido parte de la impunidad. Ya en su momento se negó a atraer el caso. Sistemáticamente le ha otorgado amparo a los paramilitares por el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada, irónicamente, a pesar de la abundante evidencia de ser una banda criminal.

De los más de ochenta sentenciados y presos por la masacre, el CIDE ha escogido a 12 de ellos porque se supondría que son los casos más emblemáticos de las deficiencias del Sistema de Justicia, y los más claramente inocentes. Ellos son Alonso Jiménez Entzin, Elías Luna Vázquez, Florentino Pérez Jiménez, Julio Entzin Guzmán, Rafael Luna Vázquez, Sebastián Méndez Arias, Pablo (Pedro) Girón Méndez, Alonso López Arias, Andrés Méndez Vázquez, Lorenzo Ruiz Vázquez, Mariano Pucuj Luna y Antonio Pucuj Luna. El CIDE dice que los acusados fueron condenados “por el simple hecho de que las pruebas fabricadas llevaban a pensar que los acusados estuvieron presentes en el lugar donde se cometió el delito”.

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, los sobrevivientes, todos ellos participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal. No son testigos de oídas, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En la región no existe la menor duda de que los 12 son paramilitares, criminales y responsables por estas muertes y otros actos similares.

La decisión que tome la SCJN será un indicador de lo que se puede esperar en Chiapas en los próximos años, en la búsqueda de la verdad y la justicia. El representante común de los 12 amparados, Javier Angulo Novara, señala “que el Poder Judicial de la Federación es el único sendero en la construcción de una sociedad democrática; y que la Corte ha venido cumpliendo este papel al resolver los casos de los ciudadanos” para justificar que la defensa de los paramilitares constituye un caso emblemático, sin embargo cabe preguntar ¿dónde queda la verdad, un juicio justo, la reparación y las medidas de no repetición para los 45 muertos, los lesionados, sus familiares?, ¿dónde la satisfacción del agravio a la sociedad entera?

El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”, primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo porque a pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales.

En lo inmediato, la liberación de estos criminales pone en riesgo la frágil estabilidad en el muncipio de Chenalhó. En lo mediato constituiría un paso más para tergiversar la verdad, generar dudas sobre quién mató a los 45 indígenas pero sobretodo, desdibujar el plan contrainsurgente que lo provocó y sus responsables, en la línea trazada por Aguilar Camín.

Esta próxima semana una representación de Las Abejas y particularmente de los sobrevivientes, llevarán a cabo una jornada de oración y ayuno frente a las instalaciones de la SCJN, ojalá que podamos apoyarlos. (Nota de Alcance: Debido a la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, la manifestación de Las Abejas se pospondrá para mejor fecha).

Testimonios


La condena a Fujimori, enseñanzas.

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El ojo que llora, en homenaje a las víctimas
El ojo que llora, en homenaje a las víctimas

El pasado martes 7 de abril fue sentenciado a 25 años de prisión, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de secuestro y asesinato por los llamados casos Barrios Altos y La Cantuta, hechos cometidos en el contexto de guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso.

Esta condena, a pesar de que aún puede ir a revisión por un tribunal superior, tiene una importancia superlativa, constituye efectivamente un hecho inédito en nuestro continente con respecto al tratamiento de crímenes contra la humanidad, que no puede pasarse por alto.

Primero porque esta sentencia rompe el paradigma de que los delitos de lesa humanidad no se cometen en democracia. Hasta ahora, sólo se ha podido juzgar a altos mandos políticos surgidos de las dictaduras militares como las de Chile, Argentina y Guatemala. El juicio a Fujimori demuestra por un lado que llegar al poder por medio de elecciones no garantiza que no se cometan estos crímenes, y por otro, que la democracia es algo más que elecciones.

Segundo porque el juicio fue realizado por el poder judicial peruano cuando por lo general estos casos han tenido que ser llevados a tribunales extranjeros, bajo el principio de jurisdicción universal, para que tengan algún efecto. Sin duda con este fallo, la democracia en Perú se ve fortalecida en el contexto latinoamericano.

Tercero porque se pudo arribar hasta este punto a pesar de las condiciones políticas del país. Perú es un Estado que al igual que México, no ha pasado aún por un proceso de transición a la democracia a partir de una renovación en la clase política, agobiado por la corrupción, la miseria de muchos y la inequidad, ni siquiera puede considerarse que tenga un gobierno de izquierda, no tiene ninguna semejanza ni relación con los procesos políticos de corte social por los que atraviesa Ecuador, Bolivia o Venezuela, o de democracia social moderada como los de Brasil, Argentina o Chile; a lo mucho, con Alan García, tiene un gobierno de izquierda simulada como la que representó el PRI en México, en los años 70s y mediados de los 80s, y una oposición de derecha vigorosa, que sigue apoyando a Fujimori, particularmente en la defensa de su política genocida durante su mandato.

Ataque al Ojo que llora en 2007
Ataque al Ojo que llora en 2007

Lo que hizo posible entonces, que se llegara hasta este punto fue el empuje de la sociedad civil en Perú, que más allá de los 16 meses que duro el juicio, estuvo tenazmente trabajando durante años, por la justicia y la memoria histórica de los crímenes cometidos bajo la dictadura «democrática» de Fujimori y anteriores, movilizando recursos y apoyos tanto en el ámbito local como internacional, haciendo funcionar la enmohecida maquinaria institucional.

La documentación de casos, su difusión y litigio frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, devino en la creación de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, integrada por personas de la misma sociedad civil, con capacidad probada y particularmente, independientes de poderes y partidos políticos. Ésta, recabó información y documentó cientos de casos de ejecuciones y desapariciones tanto por el ejército peruano como por la guerrilla. Si bien esta Comisión no tuvo nunca un mandato para iniciar procesos judiciales, su papel en mantener viva la memoria, nombrar a las víctimas y condenar moralmente los hechos, permitió cimbrar la conciencia del país, dando lugar a las condiciones, primero sociales y después políticas que arribaron a esta sentencia, un logro que no podrá echar atrás una disminución a la condena de este criminal.

El caso Fujimori debe alimentar nuestra esperanza pero también debemos aprender sus lecciones. Una primera es que el poder judicial en México, particularmente la Suprema Corte de Justicia, debería voltear a ver a Perú; segundo, que Echeverría no cante victoria y que Zedillo ponga sus barbas a remojar; pero sobretodo, la sociedad civil mexicana debemos aprender de la de Perú, en el papel que ha jugado para democratizar las estructuras de su país. Harán falta muchas cosas por hacer en aquel proceso pero sin duda, ésta es una de ellas.

Con cariño y admiración a la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y a todos sus miembros.

 Condena a 25 años de prisión de ex presidente Alberto Fujimori

La democracia en que vivimos IV/IV

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Existen también experiencias de resistencia en México, no sólo las armadas, sino también civiles y pacíficas. De las primeras el Centro de Documentación de los Movimientos Armados tiene un listado de más de 30 grupos armados en México, de los cuales al menos 13 tienen su más reciente comunicado en 2007, lo que haría presumir que son grupos autónomos y activos. Los más representativos quizá sean el EZLN, el EPR y el ERPI.

El ejemplo reciente más significativo de resistencia civil con el fin de destituir al tirano, lo constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que sobretodo en 2006, aglutinó a sindicatos, organizaciones sociales, civiles, padres de familia, comunidades, ayuntamientos populares, organizaciones de colonos, entre otras expresiones, que tuvieron tomada la ciudad por cerca de 5 meses, incluyendo las instalaciones de los poderes locales, el palacio de gobierno, el congreso del estado y el supremo tribunal de justicia, con el fin de destituir al gobernador Ulises Ruiz. La oligarquía política nacional finalmente impuso la fuerza policiaca federal y sostuvo al gobernador en el poder, dispersando la movilización pero no al movimiento que sigue actuante por todo el territorio oaxaqueño, y que sin duda reaparecerá, de algún modo, en un futuro inmediato, porque los agravios persisten y la voluntad de la sociedad oaxaqueña por cambiar el orden social también.

De las experiencias de resistencia civil quisiera resaltar, sin embargo, aquellas que tienen claros procesos democratizadores, dado que de ellas surgirá, sin lugar a dudas, un verdadero proceso de transición a la democracia en México. Su característica principal, además de rechazar el orden legal existente, es la de construir uno paralelo en el que pueden incidir y participar para procurar la vigencia de derechos que han sido negados por el Estado, asumiendo para sí funciones de gobierno a partir de la participación amplia de los sujetos involucrados y recuperando las formas tradicionales de autoridad indígena, en un doble desafío. Esta forma de resistencia está fuertemente influenciada por una idea en común que se ha difundido ampliamente, sobretodo entre pueblos indígenas: el derecho a la autonomía, que no es otra cosa que el ejercicio de la soberanía popular. En estas experiencias nos enfrentamos aunque sea de manera embrionaria, a los cuatro principios constitucionales vistos más arriba, que los vuelve un movimiento democrático.

Entre estos podemos ver de manera preponderante al EZLN, que de ser un movimiento insurgente abrió paso, sin dejar las armas, a un movimiento también civil y pacífico con la creación de los Consejos Autónomos que devinieron en Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ) y posteriormente, en un segundo nivel de gobierno, los Caracoles Zapatistas. El EZLN desde su Primera Declaración de La Selva Lacandona llamaba a un proceso de democratización que cerrara la brecha de la desigualdad y modificara las estructuras de un modelo excluyente: “pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático (…) y una nueva Constitución”. Como respuesta a la traición de los acuerdos pactados, tomaron la decisión de ejercer su derecho a la soberanía popular a través de órganos de gobierno y comités participativos, bajo la figura de la autonomía indígena, basándose en el Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés firmados con el gobierno federal el 1996.

Con una fuerte influencia de los zapatistas, se han extendido otras experiencias de resistencia civil democratizadora. El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero (SSJC), conocida como La Policía Comunitaria, que es como ellos mismos se definen, “la organización de los pueblos indígenas y mestizos de la Costa-Montaña de Guerrero”. Su comandancia es un consejo de comunidades y su propósito es atender el problema de inseguridad que privaba en su región garantizando la seguridad pública, procurar e impartir justicia, y reeducar con trabajo comunitario a los maleantes. Como es fácil imaginar, el Estado no ha sido omiso a esta “usurpación” de funciones y en varios momentos ha tratado de desarmar y desorganizar la resistencia.

También, la creación de nuevos municipios autónomos más allá de Chiapas en las que reivindican la máxima de “mandar obedeciendo”. El Municipio Autómomo de Suljaa’, en territorio amuzgo de Guerrero, el Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui de Oaxaca, el Caracol de Zirahuén en Michoacán, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, el Pueblo de Vicente Guerrero de Centla, Tabasco, entre otros.

No es un hecho menor que estas experiencias sean fundamentalmente indígenas, ello se debe por un lado a su identidad común y a su memoria histórica y por el otro, a la oportunidad política para estos movimientos, suscitada por el debate sobre sus derechos partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT y al contexto del 500 aniversario de la conquista española, no sólo en México sino en toda América Latina. El movimiento indígena en México no está reivindicando derechos para sí sino para todos porque están conscientes que su suerte depende de la de todos que navegamos en este barco llamado México, y eso le pone otra característica, su universalismo a partir del reconocimiento de la igualdad en la diversidad.

Conclusión

La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad, que de acuerdo a Charles Tilly debería reflejarse en algún grado en al menos uno de estos indicadores: Los derechos y obligaciones se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado; los derechos y obligaciones se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y/o se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado.

El desenlace está aún por verse, todo parece indicar que la crisis del Estado mexicano tiende a una mayor profundización, antes que podamos vislumbrar una salida. Quizá surjan salidas insospechadas y procesos sociales y políticos aún por confluir, pero las semillas de una época más democrática están germinando en las tierras que se habían desechado. Valdrá la pena no sólo ser observantes sino participes de esta historia.

-Fin-

La democracia en que vivimos III/IV

Michael W. ChamberlinDeja un comentario

Crisis democrática

 La conjugación de la falta de legitimidad política, el cierre de espacios de diálogo, la debilidad institucional particularmente frente al crimen organizado y la creciente protesta social tanto civil como armada, se ha traducido en una profundización de la militarización de la policía y de la presencia de unidades del Ejército, por todo el territorio nacional en un literal estado de Guerra. Justificada como “guerra contra el narcotráfico” ha cobrado alrededor de 10 mil muertos en poco más de dos años de la administración calderonista, cerca de dos mil más que en el sexenio de Fox (El Universal, 13 de marzo de 2009).

Esta guerra que tiene el propósito formal de recuperar la seguridad en las calles, ha provocado exactamente lo opuesto, una escalada de violencia armada y el reforzamiento de las cárteles de la drogas que ahora controlan el secuestro, el mercado negro y cada vez más el comercio formal a través de la venta de seguridad, generando un verdadero estado de sitio y un terror generalizado. El estado actual de las cosas no tiene otro responsable que el gobierno federal, dado que ha decidido atacar el fuego con gasolina.

La guerra es lo opuesto al estado de derecho. Apostar a la militarización y a la violencia armada en lugar de fortalecer la institucionalidad para tener la capacidad de enfrentar el conflicto de manera pacífica, es rechazar definitivamente, a la posibilidad de una transición a un régimen democrático de derecho, traicionada y postergada por la nueva composición de la oligarquía política que aún gobierna el destino de México a la vieja usanza. 

Desobediencia civil, resistencia y democracia desde abajo

En los últimos años 7 años ha existido una creciente efervescencia social en México caracterizada por un sentimiento de inconformidad. A la falta de canales institucionales, la población ejerce, cada vez con mayor intensidad, el derecho a la protesta, como exigencia al Estado del resto de los derechos, expresados como agravios o daños producidos por el Estado mismo o que debiera proteger o corregir, debido a esto Roberto Gargarella lo caracteriza como el primer derecho (El derecho a la protesta, el primer derecho, Ad Hoc, 2005). 

Acciones de desobediencia civil como al llamada “resistencia al pago de la luz eléctrica” que se disemina por todo el territorio de Chiapas y extendiéndose a otras partes, tanto en comunidades rurales como urbanas, en donde no sólo se abstienen del pago sino que han construido toda una red de técnicos electricistas populares que reconectan la energía en comunidades y colonias, de manera organizada; o la gran extensión de radios comunitarias indígenas y populares que reivindican su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la información, y operan sin concesiones dados sus inalcanzables requisitos. La desobediencia civil se caracteriza por desobedecer una obligación o una prohibición de manera consciente y pública, y de manera no violenta, apelando a un sentido de justicia comunitario. Hugo Bedau lo define así: “cualquiera comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, no violenta y conscientemente, con el fin de frustrar (alguna de) las leyes, políticas o decisiones de su gobierno” (citado por Gargarella, El derecho a la protesta).

Pero más allá, el derecho a la resistencia constituye, de acuerdo al mismo Gargarella, uno de los cuatro principios del constitucionalismo del siglo XVIII, junto con el carácter inalienable de derechos básicos, la de la legitimidad de la autoridad sobre el consenso de los gobernados, y la que establece que el primer deber de todo gobierno es el de proteger los derechos inalienables de toda persona. Locke afirmaba que el pueblo podía legítimamente resistir y finalmente derrocar al gobierno de turno en caso de que no fuera consecuente con el respeto de aquello derechos básicos, y a él se sumaban Jefferson, Buchanan, Gerson en Estados Unidos y Morelos en México  (Gargarella R. El derecho a resistir el derecho, Miño y Dávila, 2005). 

Gargarella señala que si el derecho no es expresión más o menos fiel de la voluntad de nuestra comunidad nacional, si no que se presenta como un conjunto de normas ajenas a nuestro designio y control, que afecta a los intereses más básicos de una mayoría de la población, pero frente al cual ésta aparece sometida, nos enfrentamos a una crisis tal en la que se dan las condiciones para el derecho a la resistencia, dado que quien sufre sistemáticamente la violación a sus derechos no tiene el deber de obedecer el derecho (Gargarella, 2005: 14).

La resistencia rechaza la legitimidad del Estado (normas e instituciones) por ser responsable de una situación de injusticia generalizada y/o sistemática; puede ser pacífica o violenta y es ejercida principalmente, pero no exclusivamente, por los que la sufren, de manera colectiva, con el fin revertir el orden legal existente. La resistencia hace referencia a la rebelión, a los movimientos revolucionarios que pretenden derrocar un gobernante o un sistema despótico y autoritario. 

Existen también experiencias de resistencia en México, no sólo las armadas, sino también civiles y pacíficas. 

Continuará…