Michael W. Chamberlin

Publicado en NEXOS el 1 de octubre de 2026

La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas de llevar la situación de México a la consideración de la Asamblea General, en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, coloca al Estado mexicano ante una disyuntiva que va mucho más allá de una discusión jurídica sobre las facultades del Comité.

México puede responder intentando defenderse de la decisión, cuestionando la interpretación que hizo el Comité de la Convención y argumentando que las desapariciones no constituyen una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. De hecho, esa ha sido hasta ahora una parte importante de la posición del Estado. En su respuesta al Comité, México expresó su desacuerdo con el procedimiento y sostuvo que no existe en el país una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. Al mismo tiempo, reconoció su larga trayectoria de cooperación con el Comité y con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Pero existe otra posibilidad, mucho más congruente con la historia de México en el sistema internacional de derechos humanos: aceptar el escrutinio internacional, reconocer las dimensiones de la crisis y utilizar el artículo 34 como una oportunidad para fortalecer la respuesta del Estado.

No se trata de aceptar, sin discusión, cada una de las interpretaciones jurídicas del Comité. Tampoco de renunciar a las atribuciones soberanas del Estado. Se trata de entender algo fundamental: si México forma parte de un sistema internacional de protección de los derechos humanos, debe ser consecuente con las reglas de ese sistema cuando el escrutinio internacional resulta incómodo.

México ha sido históricamente un actor relevante en la construcción y defensa del derecho internacional de los derechos humanos. Ha impulsado instrumentos, participado activamente en organismos internacionales, abierto sus puertas a mecanismos de la ONU y reconocido procedimientos que permiten que instancias internacionales examinen la situación de los derechos humanos en el país. La propia respuesta mexicana al procedimiento del artículo 34 recuerda que nuestro país fue el primer Estado visitado por el Comité y que ha mantenido una cooperación sostenida con él.

Por eso, reconocer nuestras fallas y nuestros límites no demerita las aportaciones que México ha hecho al derecho internacional de los derechos humanos. Al contrario: las fortalece. Un Estado demuestra la seriedad de sus compromisos internacionales no cuando nunca recibe críticas, sino cuando es capaz de escucharlas, reconocer aquello que no funciona y corregirlo.

El artículo 34 debe entenderse precisamente desde esa perspectiva. Su aplicación puede servir de herramienta para promover la cooperación y el diálogo constructivo entre el Estado y el Comité, y para movilizar el apoyo internacional que México necesita para enfrentar una crisis de esta magnitud.

No es momento de defender al Estado de las víctimas. México enfrenta una crisis de desapariciones que no puede resolverse mediante una disputa sobre cifras, definiciones jurídicas o competencias institucionales.

Las personas desaparecidas no son números. Cada registro representa una historia, una familia y un proyecto de vida interrumpido. Y detrás de cada familia hay, muchas veces, años de búsqueda, incertidumbre, desgaste económico, afectaciones emocionales y riesgos.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas debe ser mucho más que un mero contador. Debe servir para buscar, identificar patrones, orientar investigaciones y prevenir nuevas desapariciones. Del mismo modo, los sistemas de búsqueda, los centros de identificación humana, las fiscalías especializadas y los mecanismos de protección deben evaluarse no solo por su existencia formal, sino también por sus resultados.

El Estado mexicano ha construido en los últimos años un importante entramado institucional. El problema es que la existencia de instituciones, leyes y protocolos no garantiza por sí misma que las personas sean encontradas, que los restos sean identificados, que los responsables sean llevados ante la justicia o que las desapariciones dejen de ocurrir.

La pregunta que México debería llevar a la Asamblea General no tendría que ser únicamente si el Comité utilizó correctamente el concepto de desaparición forzada. ¿Qué necesitamos hacer, con la cooperación internacional, para que ninguna familia tenga que pasar por lo que están pasando las familias de las personas desaparecidas?

La respuesta mexicana debería partir de un reconocimiento sencillo: el Estado mexicano necesita fortalecer sus capacidades y la comunidad internacional puede contribuir a ello.

Necesitamos capacidades forenses para identificar a miles de personas fallecidas que permanecen sin nombre. Necesitamos investigaciones criminales más sólidas que permitan identificar patrones y no solo casos aislados. Necesitamos investigar las estructuras que posibilitan las desapariciones, incluidas las posibles relaciones entre autoridades y grupos criminales. Necesitamos fortalecer las fiscalías y los servicios periciales y garantizar que las familias tengan acceso efectivo a la información.

Y necesitamos algo todavía más básico: saber qué ocurrió.

La segunda recomendación del Comité a la Asamblea General es particularmente importante y debería ocupar un lugar central en la respuesta mexicana: establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las organizaciones y personas defensoras que las acompañan.

Esta recomendación no debería verse como una intromisión, sino como una oportunidad, porque no podemos atender las causas de las desapariciones si no conocemos la verdad detrás de ellas.

No basta con saber cuántas personas están desaparecidas. Necesitamos saber por qué desaparecieron, dónde fueron vistas por última vez, qué autoridades tuvieron conocimiento, qué hicieron o dejaron de hacer, qué estructuras criminales participaron, qué relaciones existieron entre éstas y funcionarios públicos, qué investigaciones se realizaron, por qué fracasaron y quiénes se beneficiaron de la impunidad.

Sin verdad, la prevención se convierte en una colección de buenas intenciones. ¿Cómo podemos impedir que vuelva a ocurrir algo que todavía no hemos esclarecido? ¿Cómo podemos modificar las instituciones si no sabemos qué falló? ¿Cómo podemos establecer responsabilidades si no reconstruimos los hechos? ¿Cómo podemos reparar a las víctimas si no reconocemos plenamente lo que les ocurrió?

Un mecanismo independiente de esclarecimiento podría contribuir precisamente a responder esas preguntas. No tendría que sustituir a las fiscalías ni a los tribunales. Su función sería distinta: reconstruir la verdad, identificar patrones, documentar responsabilidades y explicar las condiciones que hicieron posible la desaparición y la impunidad.

Y tendría que hacerlo con la participación central de las familias, porque las madres y demás familiares que buscan no son beneficiarios pasivos de una política pública. Son actores fundamentales para conocer la verdad. Han acumulado información, reconstruido rutas, identificado patrones y, en muchos casos, realizado labores que deberían corresponder al Estado. Protegerlas y escucharlas no es una concesión: es una obligación.

Por eso, cualquier respuesta mexicana ante la Asamblea General debe incluir un compromiso inequívoco con la protección de las familias buscadoras.

No podemos pedirles que busquen, sustituyendo las obligaciones del Estado, y mucho menos mientras enfrentan amenazas, agresiones, criminalización o asesinatos. Las familias de personas desaparecidas deben ser reconocidas como titulares de derechos y, en muchos casos, como defensoras de derechos humanos.

El Estado debe garantizar su seguridad, su participación efectiva y su acceso a la información; investigar las agresiones que sufren y establecer políticas de prevención y protección acordes con los riesgos que enfrentan. Sostener la búsqueda de la verdad implica sostener la vida de quienes buscan.

Finalmente, México debería aprovechar la discusión en la Asamblea General para establecer un mecanismo público de seguimiento a sus compromisos. No necesitamos otro conjunto de declaraciones. Necesitamos metas, responsables, presupuesto, indicadores y plazos.

¿Cuántas personas fueron localizadas? ¿Cuántas fueron identificadas? ¿Cuántas investigaciones avanzaron? ¿Cuántos responsables fueron procesados y sentenciados? ¿Cuántos restos permanecen sin identificar? ¿Cuántas nuevas desapariciones ocurrieron? ¿Qué medidas de prevención funcionaron? ¿Qué ocurrió con las investigaciones sobre posibles vínculos entre autoridades y grupos criminales? La rendición de cuentas debe permitir responder periódicamente esas preguntas al escrutinio internacional y particularmente a la cooperación financiera y técnica de países amigos.

La Asamblea General tampoco debería convertirse en un tribunal de México. El artículo 34 puede ser algo distinto: un espacio de cooperación internacional para ayudar a México a enfrentar una crisis que el propio Estado debe asumir como su responsabilidad principal.

México debería acudir a la Asamblea General con la madurez de un Estado que reconoce sus avances, pero también sus límites; que defiende sus contribuciones al derecho internacional, pero no las utiliza como argumento para evitar el escrutinio; que reconoce que ha construido instituciones importantes, pero acepta que todavía no han sido suficientes.

Porque la verdadera congruencia con el sistema internacional de derechos humanos no consiste en abrirse al escrutinio únicamente cuando éste confirma lo que queremos escuchar. Consiste en defender la existencia de ese sistema precisamente cuando nos obliga a mirarnos a nosotros mismos.

Y hay algo más en juego. Llevar a buen puerto la aplicación del artículo 34 no sólo puede contribuir a que México encuentre una respuesta más efectiva a la crisis de desapariciones. También puede sentar un precedente para futuros casos en los que un Estado se enfrente a desapariciones generalizadas o sistemáticas que sus propias instituciones no han logrado resolver, y en los que el Comité active nuevamente el artículo 34; los Estados concernientes, las víctimas y todo el sistema internacional tendrían certeza sobre los pasos a seguir.

En un momento en que el orden multilateral enfrenta un deterioro evidente, preservar la eficacia de los tratados internacionales de derechos humanos resulta particularmente importante. México y muchos de sus países aliados han defendido reiteradamente la vigencia del derecho internacional, el multilateralismo y un sistema internacional basado en reglas. Esa defensa pierde fuerza si, cuando uno de esos mecanismos se activa ante una crisis en nuestro propio territorio, la primera reacción es cuestionarlo en lugar de utilizarlo para encontrar soluciones.

El artículo 34 ofrece, por el contrario, una oportunidad para demostrar que el sistema internacional no es solo una arquitectura normativa, sino también una herramienta capaz de responder a situaciones concretas y de movilizar la cooperación internacional para proteger a las personas, en suma, una respuesta a la promesa de paz para el que fue creado. Si México logra convertir este procedimiento en un ejercicio serio de cooperación, esclarecimiento, fortalecimiento institucional y rendición de cuentas, habrá contribuido no sólo a enfrentar su propia crisis, sino también a fortalecer la credibilidad y la autoridad del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

Por eso, México puede convertir el artículo 34 en una confrontación diplomática o en un punto de inflexión.

Puede discutir si el mundo está mirando correctamente a México, o bien preguntarse qué puede hacer México, con la ayuda del mundo, para que las desapariciones dejen de ser una realidad cotidiana.

La segunda opción no debilita al Estado mexicano. Lo hace más responsable, más democrático y más capaz de garantizar los derechos de quienes llevan años esperando una respuesta. Y, al mismo tiempo, puede demostrar que los tratados internacionales de derechos humanos siguen siendo instrumentos vivos, capaces de proteger a las personas precisamente cuando los mecanismos nacionales han alcanzado sus límites. En un momento de debilitamiento del multilateralismo, México tiene aquí la oportunidad de ser congruente con lo que durante décadas ha defendido: que el derecho internacional importa, que los tratados obligan y que la cooperación internacional no termina cuando comienza el escrutinio, sino que, precisamente, ahí adquiere su mayor sentido.