Michael W Chamberlin

Publicado en la columna Poder y Derechos Humanos. RompeVientoTV el 27 de septiembre de 2022

Dos golpes, uno para cada una, recibieron recientemente las Comisiones Presidenciales de la Verdad, la de Ayotzinapa y la de Guerra Sucia. Ambos fueron dados en su línea de flotación, el de la credibilidad. Se necesitarán acciones contundentes del gobierno para recuperarla.

Ambas Comisiones fueron instaladas en el seno de la Secretaría de Gobernación, específicamente en la Subsecretaría de Derechos Humanos y las preside Alejandro Encinas, es decir, son comisiones gubernamentales que no están exentas, por naturaleza, de sesgos políticos. En ambas su endeble imparcialidad cuelga de la participación de expertos independientes, pero sobre todo ajenos a conflictos de interés. Sin estos se abren huecos a la credibilidad y dudas sobre su desempeño, que es lo que hemos estado presenciando en los últimos días. Vamos por partes.

La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa cayó en crisis cuando el 18 de agosto pasado su presidente presentó un informe a nombre de la Comisión que no fue construido ni consultado previamente con el Grupo de Expertos Independientes (GIEI) ni con las víctimas, según sus propios dichos. El informe presenta de manera testada, evidencia de comunicaciones entre grupos de la delincuencia y autoridades que darían cuenta de la red de complicidades y los nombres de posibles responsables en la desaparición y supuesto asesinato de los estudiantes. No se sabe por qué no se consultó a los expertos o se comunicó esta evidencia a la Unidad de Ayotzinapa con antelación, este hecho generó dudas a las víctimas, a sus representantes y a la sociedad.

Las dudas crecieron cuando horas después de presentar el informe la Fiscalía da cumplimiento a una orden de aprehensión en contra del exfiscal Murillo Karam, ahora sabemos, sin la participación de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa; y días después retira, inexplicablemente, 21 órdenes de aprehensión que ya habían sido presentadas ante el juez por esa Unidad, 16 de ellas contra militares. Todo parece indicar que la Unidad Especial a cargo de Omar Trejo ha sido desplazada y con ello la larga investigación que ha hecho de la mano del GIEI. Es una pésima noticia.

Por su fuera poco, el fin de semana pasado el informe de la Comisión de la Verdad es filtrado a la prensa sin testar. Un día antes el presidente López Obrador señaló en su conferencia mañanera del viernes 23: “hay que buscar … que se den a conocer los nombres, y esto va a ayudar mucho. Hay que pedirle la autorización al Poder Judicial. Dile a Alejandro que nos ayude hablando con el Poder Judicial, haciendo los trámites legales para dar a conocer. Porque esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado” y añadió: “Les voy a decir algo. Yo conocí el informe, lo leí y me pareció sólido. Me lo entregó Alejandro Encinas y cuando lo leí lo que le dije es: Ya se tiene que proceder, y eso fue lo que se hizo”. Ayer lunes el presidente reitera “que la filtración sobre el caso Ayotzinapa fue un acto de mala fe (Encinas también lo condenó) pero que, en su opinión, no se debe de ocultar información”, y añade que “tras la entrega del informe sobre el caso Ayotzinapa, se decidió solicitar a la FGR actuar y que ya no se perdiera más tiempo”. Todas estas son declaraciones diáfanas de las intenciones del presidente, pero no es todo.

Hoy sabemos también que el fiscal Omar Trejo pidió más tiempo para fortalecer las pruebas en contra de Murillo que le fue negado con una prisa que encaja con los deseos expresos del presidente, prevaleciendo las razones políticas por encima de las de la verdad y la justicia. Parece ser que el presidente decidió interferir politizando el caso o alguien más lo hizo cumpliendo sus deseos, por encima del proceso legal y a costa de la Unidad Especial. En cualquier caso, es gravísimo.

La información contenida en el informe de la Comisión de la Verdad está siendo revisada por la defensa de las víctimas y por el GIEI para verificar su veracidad y no crear falsas expectativas en las familias de los 43. La Comisión Presidencial de la Verdad requiere del aval de los expertos nuevamente y estamos esperando su posición con respecto al Informe, a la Comisión Presidencial y a lo acontecido a la Unidad Especial del caso Ayotzinapa.

Por su parte la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia (o la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia) recibió la renuncia de una de sus miembros ad honorem, Aleida García, argumentando injerencias indebidas por parte de la Subsecretaría de Gobernación donde recae la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. De acuerdo con su carta de renuncia los expertos independientes no tienen poder para definir el rumbo de las investigaciones y señala que existe una agenda política para la Comisión definida desde Gobernación. La ex comisionada señala que la Comisión carece del presupuesto necesario y que no fueron consultados para definir el presupuesto para el 2023. Finalmente señala que existe un interés por empujar una verdad de manera parcial, dejando fuera a grupos de víctimas que no son políticamente redituables, lo que demuestra, según señala, la falta de voluntad hacia procesos reales de Verdad.

Similar a la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, la Comisión de Esclarecimiento Histórico es un organismo gubernamental que sostiene su imparcialidad en cinco expertos independientes que son los que hacen la investigación, cada uno con un grupo de aproximadamente 5 profesionales contratados para ese propósito, pero en conjunto tienen apenas un asiento en la sede de la toma de decisiones de la Comisión conformada por diversas instituciones de gobierno. La débil autoridad moral de la Comisión radica en el aval que las y los expertos del mecanismo de esclarecimiento le den en cada paso, pero a la luz de lo que sucede con la Comisión Presidencial de Ayotzinapa los señalamientos de Aleida García cobran mayor relevancia para ser urgentemente revisados.

Las Comisiones de la Verdad no pueden ser ni parecer parciales o politizadas. Para ahuyentar lo más posible cualquier sombra de duda deben ser y parecer imparciales. Por más buena fe que el Subsecretario Encinas tenga, su posición como funcionario público al frente de las Comisiones no le hace ningún favor ni a él, ni al presidente de la República, ni a las dos Comisiones de la Verdad, por el contrario, le abre grietas a un derecho que nos asiste a todos, empezando por las víctimas: el derecho a la verdad. 

Las Comisiones de la Verdad siempre tendrán ataques sobre su imparcialidad, pero hoy vemos con hechos la debilidad estructural que éstas dos tienen. Son urgentes acciones contundentes desde la Secretaria de Gobernación que le devuelvan a ambas Comisiones la credibilidad necesaria para su labor, empezando por dotar de mayor capacidad de decisión a los componentes civiles independientes y del presupuesto necesario para operar al mismo nivel que su desafío. De paso recuperar y respetar el trabajo de la Unidad Especial y a su titular, sacando las manos del Fiscal General y de otras áreas de la Fiscalía, para avanzar con pies de plomo en el acceso a la justicia. De otro modo caerán por tierra todos los esfuerzos por la verdad y la justicia que se han hecho. Hace falta una gran vocación democrática para saber soltar y confiar, espero que se tenga.