Michael W. Chamberlin

Publicado en la columna Poder y Derechos Humanos. RompeVientoTV el 18 de enero de 2022

Entramos en la segunda mitad de la administración del presidente López Obrador a un panorama muy sombrío y alejado de las expectativas anidadas en 2018 de cambiar el rumbo de la política de guerra instaurada por Felipe Calderón. Por el contrario, el proceso de militarización se profundiza, a la vez que se siguen rompiendo récords de asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas.

Desde que el entonces presidente Ernesto Zedillo impulsó el Sistema Nacional de Seguridad Pública que le dio entrada a la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública y a la militarización de los estados con mayor presencia indígena (Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz), no ha habido órgano intergubernamental de derechos humanos del sistema ONU y del sistema Interamericano que no haya alertado del riesgo que corren los derechos humanos de todas las personas con la participación de militares en áreas de las seguridad pública, urgiendo a establecer un límite temporal a esa participación. A casi treinta años de lo que en su día las organizaciones civiles describimos como una deliberada confusión entre seguridad pública y seguridad nacional, no existe evidencia de haber tenido buenos resultados en seguridad y, por el contrario, vivimos tiempos de una enorme violencia criminal tanto de agentes públicos como privados.

Lejos de cumplir con sus promesas de campaña, el presidente López Obrador ha llevado la militarización a niveles insospechados y hasta ahora inexplorados: Manu Ureste, del medio digital Animal Político, analiza cómo en estados especialmente golpeados por la violencia como Sonora, Tamaulipas o Baja California, el gobierno mexicano redobló en dos años el número de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional; sin embargo, los asesinatos continuaron al alza. Veracruz, en donde la presencia de soldados subió más de un 500%, se dispararon las denuncias por narcomenudeo; y nos recuerda que de los migrantes detenidos entre septiembre de 2020 y junio de 2021, según el Instituto Nacional de Migración, el 82% fue en manos de militares, marinos o Guardia Nacional.

Las fuerzas armadas que por la reforma constitucional del 2019 deben retirarse de las tareas de seguridad pública a más tardar el 26 de marzo de 2024, es decir en 800 días más, no parecen tener esa intención. Por el contrario, en virtud de una reforma al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional (de la que existen dudas sobre su constitucionalidad), se pretende adscribir a la Guardia Nacional a esta Secretaría, creando una nueva comandancia junto a la del Ejército y la de la Fuerza Aérea, entre otros cambios. Mientras, se comienza ya un proceso de sustitución de los elementos civiles que venían de la extinta Policía Federal por elementos castrenses. Para mediados de 2022, según reportan, serán los militares quienes estarán a cargo de la seguridad de todas las carreteras y aeropuertos del país.

Ahí no acaba. El Inventario Nacional de lo Militarizado del Programa de Política de Drogas (PPD) del CIDE, registra 246 funciones de carácter civil, muchas de ellas por medio de convenios con las instituciones federales, estatales y municipales, que lejos de fortalecer sus capacidades pagan a los militares por sus servicios. Esas funciones, además de la seguridad pública, incluyen, por ejemplo, la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya (de los que recibirá todas sus ganancias), hasta la distribución de las vacunas, la protección del medio ambiente, el traslado de gasolina, el control de aduanas, y un largo etcétera. No sobra decir que cada peso invertido en las fuerzas armadas por medio del presupuesto anual o por pagos vía estos convenios, es un peso menos al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones civiles. 

Este proceso de debilitamiento de las instituciones civiles para fortalecer las castrenses, algunos lo han llamado ya no militarización sino militarismo definido como ”el predominio de lo militar en el gobierno del Estado o el ensalzamiento de lo militar por encima de lo civil”. 

El problema que tiene nuestro sistema político al tener que reinventarse cada seis años sin poder dar continuidad a proyectos de mediano y largo plazo, resulta en buena parte en este tipo de decisiones. Construir la institucionalidad de la seguridad que necesita el país requiere un proceso de largo aliento, no sólo para formar policías sino los sistemas de control y evaluación, y la política pública coherente con los derechos humanos, así en todas las áreas de gobierno. Este es un tema que amerita una reflexión aparte. Pero la falsa salida de buscar resultados rápidos utilizando a los militares argumentando que la ciudadanía tiene una buena opinión de ellos, además de haber demostrado su ineficacia en 30 años como lo apunta Ernesto López Portillo, no sólo se exponen y nos exponen más a la corrupción, sino que abonan a la falta de rendición de cuentas y la transparencia: de las 246 funciones que tienen, 140 no tienen información pública sobre el presupuesto que se les ha asignado. 

Ahora bien, si por otro lado miramos el proceso de debilitamiento de las instituciones autónomas que ayudan a los contrapesos del poder y permiten una cierta continuidad transexenal y apartidista a la vigilancia de funciones que consideramos preciados a la democracia, los ataques o amenazas de desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Instituto Nacional Electoral (INE); y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre otros; y vemos además cómo en el presupuesto de egresos de este año a las fuerzas armadas en conjunto se les asignó el segundo monto más alto después de la pensión a los adultos mayores, en detrimento del resto de las secretarías (que ya habían tenido un recorte bajo la ley de austeridad republicana que afectó funciones básicas de todas las instancias del gobierno federal); la balanza nos indica que sí estaríamos entrando en ese proceso militarista del que será muy difícil dar vuelta atrás.

Los militares no obedecen la ley, obedecen órdenes. De esto nos dio ejemplo el General Secretario Crescencio Sandoval cuando, siendo comandante en Piedras Negras, no intervino en la masacre de Allende. Hace treinta años las organizaciones de la sociedad civil impulsamos la campaña contra la militarización del entonces presidente Zedillo a la que llamamos “No nos acostumbremos a esto”. Los militares siguen aquí, en medio de atrocidades que en ese entonces no nos hubiéramos ni imaginado. Necesitamos más sociedad civil, no nos rindamos a esto.