Michael W. Chamberlin

Publicado en la columna Poder y Derechos Humanos. RompeVientoTV el 6 de abril de 2021

No cabe duda que, el nuevo ataque del presidente López Obrador a Articulo 19 resultó un catalizador de la molestia de las organizaciones de las sociedad civil y ciudadanos que se han sentido agraviados y/o cansados de la equivocada forma que tiene el presidente de defenderse de su críticos y detractores. 

En una carta circulada por Fundar, 164 organizaciones de la sociedad civil y más de 400 personas entre comunicadoras y defensoras de derechos humanos refrendaron su reconocimiento y apoyo al trabajo realizado por Artículo 19 a lo largo de los años y resaltaron, con toda razón, que “los señalamientos del Presidente en contra de las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, comunicadoras, comunicadores y periodistas abonan a la polarización existente en el país, ya la situación de vulnerabilidad en que se encuentran”. 

Artículo 19 había referido recientemente en su informe anual 2020 sobre México, denominado “Distorsión: el discurso contra la realidad” que esta práctica pone en riesgo a periodistas que luego son atacados y amenazados por autoridades locales, particulares y otros poderes fácticos que encuentran en los señalamientos estigmatizantes del presidente “un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado”.

Esto, dice el informe, se da en un contexto donde “el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro.” Vale la pena mirar la numeralia que nos ofrece el mismo informe:

• “De enero a diciembre (2020), se contabilizaron 692 agresiones contra medios de comunicación posiblemente vinculados con su labor, lo que representa un 13.6% más que en 2019. Una agresión contra la prensa cada 13 horas.
• En poco más de dos años de la presente administración, 17 periodistas han sido asesinados por motivos posiblemente vinculados a su labor. Tan solo en 2020, se registró el asesinato de seis periodistas.
• El año pasado (2020), las entidades que más sufrieron estos ataques fueron Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca. En conjunto, sobrepasan 47% del total nacional de las agresiones.”

El presidente repite que en su gobierno está garantizada la libertad de expresión, pero sus descalificaciones y señalamientos a periodistas, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos, son una forma de censura, a sabiendas que estos recibirán ataques en cascada que no sólo inhibirán la crítica, también mermarán el ambiente de libertades y empobrecerán el debate público. Las amenazas o incluso la muerte de algunos de ellos, después de haber sido estigmatizados por el presidente dejan un mensaje a todos los opositores y críticos. 

Un caso evidente del efecto que pueden tener las palabas del presidente es el asesinato de Samir Flores, defensor y líder comunitario, opositor de la termoeléctrica de Morelos, ocurrido diez días después de que su movimiento fue señalado por el primer mandatario como “radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”). Aún no se conoce quién lo mató, pero es claro que el presidente creó el ambiente propicio para que sus seguidores u opositores aprovecharan el momento para enrarecer un proceso de consulta. Conozco otros casos de periodistas amenazados tras señalamientos de diversas autoridades, de los que no puedo revelar detalles por seguridad, ya el informe de Artículo 19 citado más arriba, señala que las campañas de desprestigio constituyen el 22.34% de las agresiones perpetradas por autoridades que el presidente debería además condenar.

El presidente no puede olvidar que, antes de ser el líder de un movimiento político, es presidente de todas las mexicanas y mexicanos, incluso de quienes no lo quieren o lo critican, por tanto, tiene una responsabilidad de respeto y protección de los derechos de todas y todos. Por su investidura y por su poder, no tiene la misma libertad de expresión que el resto de la ciudadanía y en principio por auto regulación tiene que cuidar que sus palabras no sean promotoras de agresiones para nadie.

Es cierto que el presidente López Obrador tiene detractores y críticos, unos serios y otros que sólo se dedican a insultar o magnificar errores de su administración o de lo que represente al movimiento por la “Cuarta Transformación”; es cierto también que las etiquetas de derechas e izquierdas, conservadores, radicales de izquierda y liberales, fifis y chairos, etc., obstaculizan y distorsionan la información y el intercambio de ideas, por eso también, por razones de eficacia, es mejor cambiar de estrategia. 

Ante las críticas y señalamientos la mejor defensa es el argumento con evidencia. El derecho de réplica tiene como propósito desmentir o corregir al interlocutor, no atacarlo. Si el presidente quería desmentir a Artículo XIX, por seguir con el ejemplo, debió referirse a datos verificables de agresiones o a los esfuerzos de su gobierno para protegerlos, o a las investigaciones en curso para confirmar o desestimar las acusaciones en contra de Sanjuana Martínez y los señalamientos de abusos en Notimex. De este modo se abonaría a la verdad y la transparencia, que es uno de los propósitos del debate. Debió haber argumentado si el reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre los derechos humanos en México no era preciso o, si lo era, sumarse a las preocupaciones y adelantar las acciones de su gobierno para atenderlas, en lugar de envolverse en el discurso de la soberanía nacional y contra la injerencia extranjera, justo cuando la libertad de expresión es lo que está en discusión. De paso hay que decir que los derechos humanos están por encima de cualquier argumento de soberanía.

Más aún, si el presidente usara su derecho de réplica con evidencia, abonaría a las razones para apoyar a su movimiento, no sólo porque serían comprobables los avances, pondría el ejemplo de una autoridad respetuosa abonando a su autoridad moral y a un ambiente de debate abierto y libre, propio de una sociedad democrática a la que aspiramos y por la cual tenemos elecciones periódicas. 

Los ataques del presidente promueven un ambiente de polarización y no ayudan a su imagen ni a su gobierno. Asusta esa reacción porque pareciera estar desesperado y eso no es bueno para nadie. Si las cosas no avanzan bien, lo mejor será rectificar, escuchar consejos de expertos, tener mejores y más precisos diagnósticos y reunir evidencia para una mejor toma de decisiones. Muchas organizaciones de la sociedad civil, Articulo XIX incluida, activistas, académicas y académicos, tienen el conocimiento y la disposición de aportar a que las cosas vayan mejor para todas y todos, es mejor escucharlas que atacarlas, es mejor sumar que dividir.