A la memoria de Cornelia San Juan, asesinada el 15 de enero de 2016 por buscar justicia para su hijo

El pasado viernes 8 de enero, mientras capturaban al Chapo Guzmán por tercera vez, se celebraba la reunión anual del cuerpo diplomático acreditado en México con el gabinete del Presidente Peña Nieto. Allí no sólo se dio la primicia de la captura del narcotraficante (donde se da esa escena en la que el general Cienfuegos hace a un lado al Secretario de la Marina para salir en primera plana –no obstante fue ésta y no el ejército quien participó en la captura-), de los muchos temas de interés para México ante los diplomáticos extranjeros, tocaron el tema de los desaparecidos.

No era la primera vez que, como en esa reunión, el gobierno de México trata de minimizar la grave crisis de violaciones a derechos humanos y particularmente la gravedad de las desapariciones a manos del crimen pero con el apoyo, aquiescencia o incluso la competencia de las autoridades de diferentes niveles. En esta ocasión, la Cancillería trivializó la cifra de los 26 mil desaparecidos que tienen en el propio gobierno con su Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), diciendo que en países desarrollados las cifras de personas no localizadas son mayores, por ejemplo los Estados Unidos en donde al año tienen un registro de alrededor de 80 mil personas extraviadas. No es la primera vez que usan ese argumento tramposo  ante órganos multilaterales o con sus pares europeos.

Es tramposo porque el RNPED se alimenta de los datos de las averiguaciones previas que las procuradurías locales y de la PGR aportan al registro. Se trata de casos en donde los ministerios públicos valoran la existencia de un delito y por tanto determinan abrir una investigación penal, no se trata de reportes de personas extraviadas como los que tendrían los programas Locatel (uno de sus muchos servicios es recibir y canalizar reportes de personas extraviadas) o CAPEA (Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes), ambos del gobierno de la ciudad de México.

Es tramposo también porque además el gobierno sabe que el RNPED no se alimenta de manera sistemática por parte de las 33 procuradurías del país y no corresponde sólo a desapariciones, en parte porque no todas las entidades contemplan el delito y es clasificado de maneras diversas. La PGR alimenta la base desde 2014 y las procuradurías a partir de 2006, normalmente a discreción de los agentes ministerios públicos encargados de cada investigación. Así por ejemplo, de la lista de 494 personas desaparecidas que ha registrado el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC, el RNPED sólo incluye al 20%.

Ahora bien, un problema adicional del RNPED es que al alimentarse de las averiguaciones previas no contempla los casos que no son denunciados. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), en el 2010 la cifra negra fue del 92%, en 2011 del 91.6%, en el 2012 de 92.1%, 2013 de 93.8% y 2014 de 92.8[1]. Es decir, si el RNPED contuviera todos los casos denunciados de desaparición, este número sólo representaría entre el 8% y el 6% del total de los delitos realmente cometidos.

Para mirar cómo el número de personas desaparecidas que ofrece el RNPED no refleja la realidad, hagamos el ejercicio de considerar la cifra negra de delitos no denunciados, multiplicando la cifra actual por diez, pero si además este tiene efectivamente un sub registro del 80%, entonces multiplique nuevamente ese número por cinco, al final de la operación llegará a una cifra de siete dígitos. Una proyección del número real de personas desaparecidas en México tendrá aún que calcularse pero deberá considerar variables como las que expongo aquí.

El problema de trivializar la dimensión de la desaparición en México es por un lado que sin un diagnóstico claro, no se podrá diseñar las herramientas para erradicarlo y para atender sus consecuencias en términos de verdad, justicia y reparación; pero el principal temor es que por intentar procurar una mejor percepción del país ante la opinión pública, particularmente al exterior, la política de trivialización lleve al ocultamiento, simplemente no buscando a los desaparecidos. La vehemencia por presentar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa como un caso excepcional, la omisión por identificar los cientos de cadáveres en Iguala, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Veracruz, en Morelos y un largo etcétera, la falta de investigación de la cadena de mando de autoridades señaladas como responsables, la falta ominosa de procesos y sentencias, y sobre todo la falta escandalosa de resultados en la búsqueda de las personas desaparecidas, apuntan a la trivialización por medio del ocultamiento (¿no es esa precisamente la característica y finalidad del delito de desaparición forzada?).

La falta de certidumbre en el registro llevó al Comité de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas en febrero de 2014, a recomendar al Estado mexicano la creación de un registro confiable. Sin embargo, aunque el gobierno aceptó la recomendación, sigue utilizando esos datos para trivializarlos. Un nuevo Registro Nacional de Personas Desaparecidas Forzadamente y por Particulares como la que se pretende incluya la Ley General ahora en discusión en el Senado, deberá dar cuenta del fenómeno en su verdadera dimensión a fin de poder diseñar y tomar acciones acertadas para la prevención, la investigación y la búsqueda, pero deberá también contar con la participación y el escrutinio de los colectivos de familiares de las personas desaparecidas, sin detrimento de un registro construido desde la sociedad civil, para crear garantías para que nadie vuelva a trivializar el grave problema de la desaparición en México.

[1] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI).  http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/ (consultado en enero 2016)