Se termina el 2011 y de su agonía surgen las campañas electorales como promesa de más de lo mismo. El año nos dejó la reforma en derechos humanos como parteaguas para la defensa doméstica contra el poder, sin embargo falló en la madre de todas las reformas, la política.
Los defensores de derechos humanos tendrán ahora más herramientas en el ámbito nacional para la defensa de los derechos humanos, con un papel más activo del poder judicial en el control de constitucionalidad y de convencionalidad; por primera vez a los juzgadores se les permite pensar la ley y no ser meros aplicadores mecánicos de la ley, si son eficazmente estimulados por abogados y defensores de derecho humanos.
La reforma política, sin embargo, no corrió la misma suerte y de algún modo es entendible dentro de una partidocracia que se ha acomodado a las prebendas y a la defensa de intereses particulares; una partidocracia que, instalada por sí y para sí, lejos está de darse un tiro en el pie.
Si la reforma en derechos humanos constituye una herramienta para la defensa frente al poder, la reforma política deberá serlo para modificarlo; ampliar las vías de participación ciudadana, como diría Elías Díaz, en las decisiones y en sus resultados; en la elección de los representantes pero también en su postulación como candidatos, sin la interferencia de los partidos; en el sometimiento obligatorio de éstos a la voluntad popular y en la defensa de sus intereses, comenzado con sus derechos fundamentales; en fin, en un verdadero ejercicio de soberanía popular donde el Estado no es verdugo sino mera herramienta de ella.
La reforma de derechos humanos nos permitirá encontrar mejores condiciones de protección dado el contexto pero lo que realmente necesitamos es modificarlo y para ello se hace necesaria una reforma política con ese sentido.
2012 será año electoral en México. Las campañas, los discursos y los pleitos serán los mismos de hace seis o doce años, pero en algo estarán todos los contendientes de acuerdo: que la vida nacional gire en torno al proceso electoral, marque su ritmo y su agenda, y sea la causa y el juicio final de nuestro destino en los siguientes seis años, tras los cuales, como cada elección, nuevamente preguntarnos cuál de los verdugos será más benévolo, si será mejor votar, abstenerse o anular el voto.
En la defensa de los derechos humanos se necesitará audacia pero sobretodo enfoque para fijarnos objetivos que modifiquen el contexto de desigualdad, impunidad y violencia criminal e institucional que vive el país. Tal enfoque requiere dilucidar la escisión entre Estado y sociedad civil, como ha sido señalado por Boaventura Sousa: aquel no es más el producto del “contrato social” ni el arbitro y promotor del ejercicio ciudadano, es por el contrario, un instrumento de los poderes hegemónicos del sistema-mundo (Wallerstain) que han usado su legitimidad para, en nombre de la democracia, imponer sus intereses y sus medios. De tal magnitud es el reto.
Consecuentemente, la búsqueda por ampliar la jurisdicción del Estado a los ciudadanos, vieja premisa de la promoción de los derechos humanos y la lucha democrática, no será más que la búsqueda por ampliar los tentáculos de esa hegemonía, minando los pocos resquicios de ejercicio de soberanía popular; por el contrario, nuestro enfoque como defensores de derechos humanos debe fijarse en la posibilidad de reconfigurar territorios de existencia donde la vida digna, en libertad e igualdad, sea posible. La defensa de los derechos humanos será la defensa de la intromisión del Estado y su promoción será la creación de espacios de diálogo, de deliberación y de decisión de los medios para ejercerlos, es decir, recreando la soberanía popular desde abajo o como también se le llama, la autonomía.
Ahora bien, desconocer al Estado no hace que desaparezca, por lo que de nada sirve a los movimientos por la autonomía esconder la cabeza frente a él. Se tiene que mantener la defensa jurídica y el diálogo político frente al Estado, dado que ataca desgastando a los movimientos, y encarcela y mata a sus integrantes más activos o visibles, como hemos visto en el sur del país. Más aún, desde este enfoque, el llamado “litigio estratégico” puede ser una herramienta ofensiva importante para ampliar los márgenes del proyecto político por la autonomía, aprovechando la reforma de derechos humanos y la de amparo, como ya ocurrió en el juicio de amparo del pueblo indígena de Cherán en Michoacán.
En fin, utilizar los medios tradicionales de defensa de los derechos humanos pero con la clara conciencia que nos enfrentamos ante el reto de construir territorios concretos de vida digna en libertad y equidad, es decir, contra hegemónicos. Esos territorios en el largo plazo podrían reconfigurarse nuevamente en Estados o ser algo nuevo, como sea, será un mundo distinto al que conocemos, este comenzará a desmoronarse en 2012, si queremos.
Mientras, enfoquemos el esfuerzo, no nos distraigamos con la telenovela electoral sino mantener nuestra agenda y ritmo, reconocer nuestros territorios de existencia (comunidad, colonia, fábrica, etc.) y evaluar las condiciones que favorecen o limitan una vida digna, dar lugar al diálogo incluyente a partir de reconocer las divergencias, deliberar y hacer acuerdos desde abajo y con los de abajo, dar pie a la soberanía popular, mantener a raya al Estado no dando pie a la sujeción, ni esperar que del poder vendrá el fin del poder. Son mis mejores deseos para este año que comienza.
Michael W. Chamberlin 