El precio a dos años de que “no lleguen las drogas a tus hijos” y “dar seguridad en las calles”, dijimos, ha sido de más de 10 mil muertos, al menos 610 de ellos niños de entre 2 meses y 16 años de edad, y 3,700 huérfanos de guerra contra el narcotráfico; tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, desapariciones forzadas y violación sexual, por parte de militares y policías. La guerra por la que ha optado el gobierno federal, pretendería evitar el consumo de droga, penalizándolo, y reducir la oferta de droga a través de la militarización, el armamentismo, la impunidad y el debilitamiento del estado de derecho.

Las consecuencias de esta guerra hablan por sí solas del despropósito del gobierno actual pero su irracionalidad en realidad radica en la lógica que está detrás de esta política desde hace varios sexenios.

Pensemos en el drama que significa para una familia que uno de sus miembros padezca de narco dependencia, la inestabilidad emocional y económica, la perdida de armonía y la carencia de seguridad sobre el futuro, y si se le suma la angustia de la persecución policiaca y la cárcel, resulta entonces que esa familia y particularmente quien sufre la dependencia, cuentan con muy pocas opciones para salir de esa situación, por el contrario, las perspectivas de solución se vuelven más lejanas. El consumo de droga es desde el punto de vista de quien la padece, un asunto de salud y no uno penal.

Ahora, se ha insistido que el fenómeno del narcotráfico no radica en la oferta sino en el consumo, y en esto existe razón, dado que el poderío económico de los narcotraficantes depende únicamente de los consumidores de droga. Si se ataca al oferente, en este caso a los cárteles de droga, por medio de las armas, resultará lógico que utilizarán ese poder financiero para adquirir más y mejores armas para defenderse. En esto consiste la espiral de violencia que ha sido fomentada por el gobierno actual. Si antes existía el narcotráfico, ahora existe con una faceta sumamente violenta que efectivamente atenta contra la seguridad nacional pero gracias al fomento de la violencia del propio gobierno federal.

Hemos dicho que en democracia, el único fin de las instituciones públicas, incluyendo las leyes, es procurar los derechos de los ciudadanos. La democracia es una forma de gobierno consecuente con los derechos humanos porque coinciden en poner a la persona como un ser de fines. Es la sujeción a ese propósito, prescrito en la Constitución, a lo que se le llama principio de legalidad, y al andamiaje institucional que lo hace posible, estado de derecho.

La democracia le da a la norma un carácter ético-político fundado en la libertad e igualdad de la persona para el ejercicio pleno de su autonomía individual. La autonomía es a la persona lo que la soberanía es al pueblo. La autonomía individual es capacidad de autocontenerse, es decir, de darse a si mismo un espacio en el mundo, regularse y crear para sí un proyecto de vida, es, en suma, libre albedrío. La autonomía es el atributo moral por excelencia porque es en su respeto que se reconoce la dignidad de la persona y es por ello un derecho que nadie tenga injerencia en ella. Sin el respeto a la autonomía, como a la soberanía, no es posible la paz.

Ahora bien, si el Estado es responsable (e insistiré que es su única función) de generar condiciones de posibilidad para el desarrollo máximo de la autonomía personal (que no es otra cosa que la vigencia de los derechos humanos), y respetar, proteger y garantizar el libre albedrío, luego entonces criminalizar el consumo de droga es atentar contra el principio de la autonomía personal.

Una política antidroga consecuente con un Estado democrático, debería considerar programas y acciones que fortalezcan la autonomía, para que la persona que sufre de dependencia sea sujeto y desarrolle su capacidad de agencia teniendo más y mejores oportunidades y opciones para elegir. Si los millones de pesos del presupuesto que se destinan al Ejército y la Policía Federal en su tarea antidroga y los millones de dólares de la iniciativa Mérida para la compra nunca suficiente de armas, se destinaran a ofrecer servicios de salud y atención a narcodependientes, en menos tiempo se abatiría el consumo y con ello el poder corruptor de los cárteles de la droga. Si el tráfico de droga dejara de considerarse un asunto penal para atenderse como un asunto de salud pública, como realmente es, ganaríamos con una reducción drástica de la violencia.

No escapa a mi atención que existen intereses inconfesables en esta guerra y en el narcotráfico mismo, que escapan al propósito que pregonan los gobernantes como son la gran rentabilidad de un negocio transnacional, quizá el más importante en la actualidad, la corrupción y la infiltración de estas redes en el gobierno, pero sobretodo que terminemos creyendo que esta es la única forma posible de la democracia. Si queremos dar pasos hacia condiciones de mayor libertad e igualdad, resulta necesario desmantelar los argumentos con los que nos quieren vender una falsa democracia y una guerra ilegal e ilegítima.