Contra derecho, Calderón ataca a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro

La decisión de Calderón de disolver la compañía paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC) constituye una acción arbitraria que habría que combatir en las calles y los tribunales. No se sostiene el argumento de Calderón de no ser una empresa rentable. Ni LyFC ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son empresas cuyo objetivo sea generar utilidades. Como empresas públicas prestadoras de un servicio público, su finalidad es dotar de energía eléctrica a la población, y por tanto el criterio de efectividad que debe ser utilizado es si cumple con ese cometido, y después si lo hizo con finanzas sanas aunque no exista superávit.

Por otro lado, la disolución de la empresa es ilegal, si es utilizada como medio para acabar con el sindicato o despedir masivamente a los trabajadores. Tanto el derecho al trabajo como el de asociación deberían prevalecer frente a la disposición de pasar las tareas de LyFC a la CFE, es decir, en una correcta aplicación de la ley, es decir, una interpretación democrática, los trabajadores de LyFC pasarían a ser trabajadores de la CFE, dado que estarían realizando la misma labor, sin perder el derecho a mantener su sindicato y evidentemente su plaza, de otra forma será una simulación jurídica.

Habrá que recordar que en el derecho internacional el derecho al trabajo y la sindicalización son considerados derechos humanos. Si existen corruptelas o ineficiencias, estas nunca podrán justificar arbitrariedades como las que se están cometiendo. La corrupción e ineficacia tiene que ser demostrada por el empleador, las sanciones, incluyendo el despido, tendrían que ser aplicadas caso por caso y no a tabula rasa.

Como ya ha sido mencionado en diversos medios, no es extraño que las víctimas de este atropello presidencial sean los integrantes de uno de los pocos sindicatos independientes y solidarios con las causas populares que existen en México, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). En el contexto de la política de criminalización de los movimientos sociales, no sería raro que el desmantelamiento del SME fuera una razón más de Calderón para tomar la determinación que tan orgullosamente tomó.

Con estas medidas el presidente del empleo nos pone el ejemplo de lo que sucederá con las reformas laborales que propone, que las empresas privadas tengan las mismas prerrogativas arbitrarias que tiene la presidencia frente a las empresas paraestatales. Menos empleos, menos ingresos, menos seguridad y menos garantías de derechos civiles y laborales, serán las características del gobierno arbitrario de Calderón.

Ahora es cuando toca hacer valer al SME, unirse por de los derechos de los trabajadores y proteger las fuentes de trabajo. Será importante llenar las calles, tomar los puestos de trabajo, regresar la solidaridad que muchos hemos recibido, pero será también importante que todos los trabajadores se amparen y que el poder judicial fije posición. ¿Lo harán los partidos en el Congreso de la Unión, y en su caso, lo harán como representantes de la voluntad popular?

La resistencia al pago de la luz, un ejercicio de derechos.

Foto Moysés Zúñiga - La Jornada
Foto Moysés Zúñiga - La Jornada

Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.

Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.

Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.

La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.

En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.

El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.

La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.

La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.

Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).

Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).

La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.

La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.

Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.

Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.

En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.

Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac