AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, Juan Sabines Guerrero
AL CONGRESO DEL ESTADO,
AL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD DE CHIAPAS, Directora Maria Luisa Dighero Gutiérrez.
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Ing. Mariano Díaz Ochoa,
AL CABILDO MUNICIPAL,
A LAS Y LOS JÓVENES HABITANTES DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
A LA SOCIEDAD EN GENERAL.
San Cristóbal de las Casas a martes 30 de junio de 2009
Ante el clima de confrontación promovido por decisiones tomadas desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, y que afectan los derechos de las y los ciudadanos, particularmente de los jóvenes quienes son criminalizados y agredidos bajo el pretexto de combatir el graffiti y “mejorar” la imagen urbana de la ciudad, lo cual ya ocasionó la muerte de un joven, la agresión física y psicológica de otro y muchos actos de intimidación más. Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos por medidas públicas que reconozcan las necesidades de las y los jóvenes y que no violenten la seguridad de nadie sino que promuevan los derechos de todas y todos en un diálogo intergeneracional y respetuoso de la diversidad, que haga de esta ciudad un bien público para todos sus habitantes por igual.
Proponemos que la prevención de conflictos sea a través de la participación respetuosa, equitativa y representativa de todos los ciudadanos y ciudadanas, en los asuntos públicos que a todos nos afectan. Proponemos generar condiciones de convivencia armónica privilegiando la comprensión, la comunicación, la responsabilidad y jamás la violencia. Demandamos se garantice la integridad, la seguridad y los Derechos Humanos de las y los jóvenes tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Estatal que indica la responsabilidad que tienen todos los niveles de gobierno en generar las oportunidades de desarrollo e impulso a la juventud, para el uso adecuado del tiempo libre, la expresión y la cultura juvenil.
Por lo tanto a las autoridades municipales y estatales demandamos y exigimos de forma urgente lo siguiente:
La derogación de los puntos 1º, 2º y 3º del acuerdo de cabildo del 30 de marzo del presente año referente a implementar una sanción de $20,000 a quien se encuentre realizando “pintas” o “grafittis” y de $5,000 como gratificación, a la persona que denuncie al responsable, así como establecer una base de datos que controle la compra de sprays en establecimientos de pintura. Ya que estas medidas han generado un ambiente de persecución y criminalización de los jóvenes, y han alentado un clima de mayor polarización y violencia.
La atención y cumplimiento al Decreto 140 de la Ley de las y los Jóvenes para el Estado de Chiapas que establece las acciones que todos los niveles de Gobierno deben implementar para contribuir al desarrollo de las y los jóvenes como actores estratégicos de transformación y mejoramiento del Estado.
La creación de un Instituto Municipal de Atención a la Juventud según el artículo 23, 24 y 25 del Decreto 140.
La implementación de mecanismos de participación ciudadana, en particular para las y los jóvenes, que permitan el diseño de políticas públicas que contribuyan al ejercicio y cumplimiento de sus derechos.
La creación de un parque con áreas verdes y espacios recreativos y de expresión que respondan a las necesidades e intereses actuales de las y los jóvenes.
Se garantice el derecho al uso de los espacios públicos para la expresión cultural y artística ya que elactual reglamento municipal prohíbe la presentación de actos culturales y callejeros en el Parque Central, Andadores y Plaza Catedral.
Firman de conformidad
COMISIÓN DE APOYO A LA UNIDAD Y RECONCILIACIÓN COMUNITARIA (CORECO), ALIANZA CIVICA CHIAPAS, JOVENES UNIDOS POR LA LIBRE EXPRESIÓN (JULE), EL PUNTO CENTRO DE JÓVENES, MARIE STOPES MÉXICO, MELEL XOJOBAL A.C., INICIATIVAS PARA LA IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN A.C., CHILTAK A.C., NUEVOS CÓDICES COMPATÍA A.C., MADRE TIERRA MÉXICO A.C., CENTRO DE DESARROLLO “PEQUEÑO SOL” A.C., EDUCREANDO A.C.
Ha generado mucha expectación el movimiento por la anulación del voto en las próximas elecciones del 5 de julio. Las modalidades propuestas aunque diversas son tienen fundamentalmente el mismo fin, demostrar el hartazgo de la sociedad mexicana del sistema de partidos. Sin duda los partidos políticos quienes sustentan el monopolio electoral en México y que carecen de sujeción a la rendición de cuentas, se ha alejado de los intereses de los ciudadanos para responder a intereses de grupos, lo que Jorge Camil denomina partidocracia.
Los partidos políticos carecen de obligatoriedad para elegir a sus candidatos a través de la participación ciudadana, ni siquiera de las bases de sus propia membrecía. En un informe del Comité Conciudadano para la Observación Electoral señala, entre otras cosas, que “(n)inguno de los ocho partidos nacionales siguió mecanismos democráticos y constitucionales para llevar a cabo el proceso para la selección de candidatos y candidatas. Las y los postulados fueron elegidos por las cúpulas de los partidos”. Resulta que a la falta de satisfacción de derechos en todos los órdenes, pobreza, marginación, violencia e impunidad, se le suma la imposibilidad de revertir la situación por la vía de la participación política a través de las elecciones.
Los ciudadanos y ciudadanas nos encontramos en un callejón sin salida y no es claro cómo revertir el deterioro institucional hacia una real transición a la democracia. En este contexto votar entre candidatos que responden a intereses de grupo, al parecer no tiene mucha relevancia pero anular el voto, además de demostrar la inconformidad, parece que tampoco. Creo que en ninguno de los casos se debe considerar un fin en si mismo. La situación nos exige acciones ciudadanas eficaces que verdaderamente obliguen a los partidos una reforma electoral que abarque y garantice el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y sujeten a los poderes a la rendición de cuentas: referéndum, plebiscito, iniciativa popular, candidaturas independientes, revocación de mandato, y que del mismo modo sujeten a los partidos al interés público, por ejemplo, obligándolos a postular candidatos propuestos por los propios ciudadanos.
Si nos quedamos en el 5 de julio entonces votar o anular será otra forma de abstenerse. Ya veremos qué resulta de la participación en las elecciones pero los “anulistas” y todos quienes estamos preocupados por que este país verdaderamente sea democrático, debemos estar pensando en lo que tocará hacer desde el día siguiente, hacia un movimiento ciudadano de transición a la democracia.
Algunos grupos y colectivos promotores de la anulación
Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.
Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.
Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.
La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.
En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.
El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.
La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.
La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.
Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:
Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).
Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).
La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.
La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.
Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.
Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.
En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.
Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac
El pasado martes 7 de abril fue sentenciado a 25 años de prisión, el ex presidente peruano Alberto Fujimori, acusado de secuestro y asesinato por los llamados casos Barrios Altos y La Cantuta, hechos cometidos en el contexto de guerra contrainsurgente contra Sendero Luminoso.
Esta condena, a pesar de que aún puede ir a revisión por un tribunal superior, tiene una importancia superlativa, constituye efectivamente un hecho inédito en nuestro continente con respecto al tratamiento de crímenes contra la humanidad, que no puede pasarse por alto.
Primero porque esta sentencia rompe el paradigma de que los delitos de lesa humanidad no se cometen en democracia. Hasta ahora, sólo se ha podido juzgar a altos mandos políticos surgidos de las dictaduras militares como las de Chile, Argentina y Guatemala. El juicio a Fujimori demuestra por un lado que llegar al poder por medio de elecciones no garantiza que no se cometan estos crímenes, y por otro, que la democracia es algo más que elecciones.
Segundo porque el juicio fue realizado por el poder judicial peruano cuando por lo general estos casos han tenido que ser llevados a tribunales extranjeros, bajo el principio de jurisdicción universal, para que tengan algún efecto. Sin duda con este fallo, la democracia en Perú se ve fortalecida en el contexto latinoamericano.
Tercero porque se pudo arribar hasta este punto a pesar de las condiciones políticas del país. Perú es un Estado que al igual que México, no ha pasado aún por un proceso de transición a la democracia a partir de una renovación en la clase política, agobiado por la corrupción, la miseria de muchos y la inequidad, ni siquiera puede considerarse que tenga un gobierno de izquierda, no tiene ninguna semejanza ni relación con los procesos políticos de corte social por los que atraviesa Ecuador, Bolivia o Venezuela, o de democracia social moderada como los de Brasil, Argentina o Chile; a lo mucho, con Alan García, tiene un gobierno de izquierda simulada como la que representó el PRI en México, en los años 70s y mediados de los 80s, y una oposición de derecha vigorosa, que sigue apoyando a Fujimori, particularmente en la defensa de su política genocida durante su mandato.
Ataque al Ojo que llora en 2007
Lo que hizo posible entonces, que se llegara hasta este punto fue el empuje de la sociedad civil en Perú, que más allá de los 16 meses que duro el juicio, estuvo tenazmente trabajando durante años, por la justicia y la memoria histórica de los crímenes cometidos bajo la dictadura «democrática» de Fujimori y anteriores, movilizando recursos y apoyos tanto en el ámbito local como internacional, haciendo funcionar la enmohecida maquinaria institucional.
La documentación de casos, su difusión y litigio frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, devino en la creación de la Comisión por la Verdad y la Reconciliación, integrada por personas de la misma sociedad civil, con capacidad probada y particularmente, independientes de poderes y partidos políticos. Ésta, recabó información y documentó cientos de casos de ejecuciones y desapariciones tanto por el ejército peruano como por la guerrilla. Si bien esta Comisión no tuvo nunca un mandato para iniciar procesos judiciales, su papel en mantener viva la memoria, nombrar a las víctimas y condenar moralmente los hechos, permitió cimbrar la conciencia del país, dando lugar a las condiciones, primero sociales y después políticas que arribaron a esta sentencia, un logro que no podrá echar atrás una disminución a la condena de este criminal.
El caso Fujimori debe alimentar nuestra esperanza pero también debemos aprender sus lecciones. Una primera es que el poder judicial en México, particularmente la Suprema Corte de Justicia, debería voltear a ver a Perú; segundo, que Echeverría no cante victoria y que Zedillo ponga sus barbas a remojar; pero sobretodo, la sociedad civil mexicana debemos aprender de la de Perú, en el papel que ha jugado para democratizar las estructuras de su país. Harán falta muchas cosas por hacer en aquel proceso pero sin duda, ésta es una de ellas.
Michael W. Chamberlin 