San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 24 de agosto de 2009
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (Inicia), se suma a las voces de rechazo al golpe de estado en Honduras y hace un llamado al cese de la represión por parte del gobierno de facto en contra de la población civil.
Según información fidedigna, ante las múltiples manifestaciones de repudio de diversos sectores de la sociedad hondureña por el rompimiento del orden constitucional, la reacción policial y militar se ha ido recrudeciendo, dejando muertos, heridos y un número indeterminado de detenidos sobre los que se teme por su condición y su paradero, como los ocurridos en los eventos registrados el pasado 12 de julio en Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Esta misma información señala que a los periodistas y defensores de derechos humanos se les obstruye en su labor, y más aún, son víctimas de hostigamiento y detenciones arbitrarias, como en el caso de Marcelino Martínez de la ciudad de El Progreso Yoro, quien se encuentra bajo libertad condicionada y Alex Matamoros, miembro del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH, quien fuera detenido injustificadamente el pasado 11 de agosto para ser liberado al día siguiente, y de los periodistas Oslin George de la Revista Vida Laboral y César Silva, detenidos y golpeados por la policía el día 12 de agosto pasado.
A su vez, se han reportado atentados a las instalaciones de las organizaciones sociales como el ocurrido en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de Bebidas y Similares (STIBYS) a inicios del mes de agosto y que fuera objeto posteriormente de un tiroteo. Las instalaciones del STIBYS es el lugar donde se reúnen los grupos de manifestantes. Así mismo, un tiroteo similar en contra de las oficinas de Vía Campesina en las mismas fechas. Diversas fuentes señalan que se estarían formulando cargos por sedición y terrorismo en contra de los dirigentes de los movimientos sociales.
La persecución y hostigamiento a la población es generalizada por parte de la policía y el ejército. Según informes, por el día realizan redadas y utilizan armas de fuego de manera indiscriminada para disuadir la manifestación popular; de noche, se dedican a buscar para luego detener a los diversos grupos de manifestantes en los refugios donde pernoctan, destacadamente en centros de estudio como la UPN y en los sindicatos.
Manifestamos nuestra preocupación por la posible aprobación por parte del Congreso Nacional del Servicio Militar obligatorio en tiempos de crisis, dado que se presume sería utilizado en estos momentos de inestabilidad y zozobra para reclutar jóvenes en contra de su voluntad y enfrentarlos a los movimientos sociales de protesta. La aprobación del servicio Militar obligatorio significaría, además, un retroceso a la derogación que se hiciera de él en 1994 y sería contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular de la Convención Iberoamericana de Derechos de Las y Los Jóvenes, de la cual Honduras es parte.
Nos solidarizamos con el pueblo hondureño y particularmente con los y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y activistas en general, que han sufrido en carne propia la represión por parte de los golpistas, por defender los derechos humanos e intentar restablecer el orden constitucional.
Valoramos la visita realizada recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Honduras, como un importante aporte al proceso de recuperación de la paz y el estado de derecho, y urgimos al gobierno golpista a atender las observaciones y recomendaciones que se deriven de su informe.
Hacemos un llamado al gobierno golpista de Roberto Michelleti para que se abstenga de atacar a la población hondureña, y a respetar el Estado de derecho y la voluntad popular, permitiendo el retorno y la restitución de Manuel Zelaya en la presidencia de la República.
Urgimos a la comunidad de naciones, a la ONU y a la OEA para que tomen medidas efectivas tendientes a devolver la paz y el estado de derecho en Honduras y se ponga fin a esta espiral de violencia.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión AC (INICIA)
Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:
Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.
Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.
Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.
Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.
Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.
En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.
Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.
Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.
Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.
Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.
Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:
1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.
2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.
3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».
4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.
5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.
6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.
AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, Juan Sabines Guerrero
AL CONGRESO DEL ESTADO,
AL INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD DE CHIAPAS, Directora Maria Luisa Dighero Gutiérrez.
AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Ing. Mariano Díaz Ochoa,
AL CABILDO MUNICIPAL,
A LAS Y LOS JÓVENES HABITANTES DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
A LA SOCIEDAD EN GENERAL.
San Cristóbal de las Casas a martes 30 de junio de 2009
Ante el clima de confrontación promovido por decisiones tomadas desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas, y que afectan los derechos de las y los ciudadanos, particularmente de los jóvenes quienes son criminalizados y agredidos bajo el pretexto de combatir el graffiti y “mejorar” la imagen urbana de la ciudad, lo cual ya ocasionó la muerte de un joven, la agresión física y psicológica de otro y muchos actos de intimidación más. Las organizaciones abajo firmantes nos pronunciamos por medidas públicas que reconozcan las necesidades de las y los jóvenes y que no violenten la seguridad de nadie sino que promuevan los derechos de todas y todos en un diálogo intergeneracional y respetuoso de la diversidad, que haga de esta ciudad un bien público para todos sus habitantes por igual.
Proponemos que la prevención de conflictos sea a través de la participación respetuosa, equitativa y representativa de todos los ciudadanos y ciudadanas, en los asuntos públicos que a todos nos afectan. Proponemos generar condiciones de convivencia armónica privilegiando la comprensión, la comunicación, la responsabilidad y jamás la violencia. Demandamos se garantice la integridad, la seguridad y los Derechos Humanos de las y los jóvenes tomando en cuenta el Plan de Desarrollo Estatal que indica la responsabilidad que tienen todos los niveles de gobierno en generar las oportunidades de desarrollo e impulso a la juventud, para el uso adecuado del tiempo libre, la expresión y la cultura juvenil.
Por lo tanto a las autoridades municipales y estatales demandamos y exigimos de forma urgente lo siguiente:
La derogación de los puntos 1º, 2º y 3º del acuerdo de cabildo del 30 de marzo del presente año referente a implementar una sanción de $20,000 a quien se encuentre realizando “pintas” o “grafittis” y de $5,000 como gratificación, a la persona que denuncie al responsable, así como establecer una base de datos que controle la compra de sprays en establecimientos de pintura. Ya que estas medidas han generado un ambiente de persecución y criminalización de los jóvenes, y han alentado un clima de mayor polarización y violencia.
La atención y cumplimiento al Decreto 140 de la Ley de las y los Jóvenes para el Estado de Chiapas que establece las acciones que todos los niveles de Gobierno deben implementar para contribuir al desarrollo de las y los jóvenes como actores estratégicos de transformación y mejoramiento del Estado.
La creación de un Instituto Municipal de Atención a la Juventud según el artículo 23, 24 y 25 del Decreto 140.
La implementación de mecanismos de participación ciudadana, en particular para las y los jóvenes, que permitan el diseño de políticas públicas que contribuyan al ejercicio y cumplimiento de sus derechos.
La creación de un parque con áreas verdes y espacios recreativos y de expresión que respondan a las necesidades e intereses actuales de las y los jóvenes.
Se garantice el derecho al uso de los espacios públicos para la expresión cultural y artística ya que elactual reglamento municipal prohíbe la presentación de actos culturales y callejeros en el Parque Central, Andadores y Plaza Catedral.
Firman de conformidad
COMISIÓN DE APOYO A LA UNIDAD Y RECONCILIACIÓN COMUNITARIA (CORECO), ALIANZA CIVICA CHIAPAS, JOVENES UNIDOS POR LA LIBRE EXPRESIÓN (JULE), EL PUNTO CENTRO DE JÓVENES, MARIE STOPES MÉXICO, MELEL XOJOBAL A.C., INICIATIVAS PARA LA IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN A.C., CHILTAK A.C., NUEVOS CÓDICES COMPATÍA A.C., MADRE TIERRA MÉXICO A.C., CENTRO DE DESARROLLO “PEQUEÑO SOL” A.C., EDUCREANDO A.C.
Algunas fuentes recientemente han afirmado que al parecer sería inminente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) sobre los amparos atraídos el 2 de julio pasado, de 12 de los inculpados en la Masacre de Acteal.
Recordemos que esta atracción fue el desenlace de una campaña mediática promovida por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien ha asumido la defensa de esos paramilitares, pretendiendo liberarlos por errores judiciales.
La ministra Olga Sánchez Cordero señaló en su dictamen que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera. Pareciera que el interés está puesto en la masacre misma pero no es así, la SCJN no va a ver ni a pronunciarse por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales.
El CIDE señala que Acteal es un ejemplo de denegación de justicia puesto que a 10 años la mayoría de los inculpados “no recibían aún una sentencia, que se permitió a las autoridades ministeriales inventar testimonios, desestimar pruebas periciales, desechar testigos de descargo, e incluso las confesiones de autores materiales de la matanza, entre otras”.
A los indígenas presos por la masacre de Acteal se les ha procesado y sentenciado a pesar del sistema de justicia. Contra viento y marea ha sido posible, después de 10 años, que terminen los juicios en primera instancia. Las fiscalías especiales creadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Zedillo, fueron cerradas dejando muchas dudas y líneas de investigación inconclusas que apuntaban hacia la responsabilidad de funcionarios públicos de niveles medios y superiores, incluido el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Los expedientes se trasladaron a la jurisdicción estatal, que entre fiscalías que van y vienen, duermen el sueño de los impunes. El poder judicial ha sido parte de la impunidad. Ya en su momento se negó a atraer el caso. Sistemáticamente le ha otorgado amparo a los paramilitares por el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada, irónicamente, a pesar de la abundante evidencia de ser una banda criminal.
De los más de ochenta sentenciados y presos por la masacre, el CIDE ha escogido a 12 de ellos porque se supondría que son los casos más emblemáticos de las deficiencias del Sistema de Justicia, y los más claramente inocentes. Ellos son Alonso Jiménez Entzin, Elías Luna Vázquez, Florentino Pérez Jiménez, Julio Entzin Guzmán, Rafael Luna Vázquez, Sebastián Méndez Arias, Pablo (Pedro) Girón Méndez, Alonso López Arias, Andrés Méndez Vázquez, Lorenzo Ruiz Vázquez, Mariano Pucuj Luna y Antonio Pucuj Luna. El CIDE dice que los acusados fueron condenados “por el simple hecho de que las pruebas fabricadas llevaban a pensar que los acusados estuvieron presentes en el lugar donde se cometió el delito”.
De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, los sobrevivientes, todos ellos participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal. No son testigos de oídas, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En la región no existe la menor duda de que los 12 son paramilitares, criminales y responsables por estas muertes y otros actos similares.
La decisión que tome la SCJN será un indicador de lo que se puede esperar en Chiapas en los próximos años, en la búsqueda de la verdad y la justicia. El representante común de los 12 amparados, Javier Angulo Novara, señala “que el Poder Judicial de la Federación es el único sendero en la construcción de una sociedad democrática; y que la Corte ha venido cumpliendo este papel al resolver los casos de los ciudadanos” para justificar que la defensa de los paramilitares constituye un caso emblemático, sin embargo cabe preguntar ¿dónde queda la verdad, un juicio justo, la reparación y las medidas de no repetición para los 45 muertos, los lesionados, sus familiares?, ¿dónde la satisfacción del agravio a la sociedad entera?
El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”, primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo porque a pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales.
En lo inmediato, la liberación de estos criminales pone en riesgo la frágil estabilidad en el muncipio de Chenalhó. En lo mediato constituiría un paso más para tergiversar la verdad, generar dudas sobre quién mató a los 45 indígenas pero sobretodo, desdibujar el plan contrainsurgente que lo provocó y sus responsables, en la línea trazada por Aguilar Camín.
Esta próxima semana una representación de Las Abejas y particularmente de los sobrevivientes, llevarán a cabo una jornada de oración y ayuno frente a las instalaciones de la SCJN, ojalá que podamos apoyarlos. (Nota de Alcance: Debido a la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, la manifestación de Las Abejas se pospondrá para mejor fecha).
