Algunas fuentes recientemente han afirmado que  al parecer sería inminente la decisión de la Suprema Corte de Justicia de La Nación (SCJN) sobre los amparos atraídos el 2 de julio pasado, de 12 de los inculpados en la Masacre de Acteal.

Recordemos que esta atracción fue el desenlace de una campaña mediática promovida por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), quien ha asumido la defensa de esos paramilitares, pretendiendo liberarlos por errores judiciales.

La ministra Olga Sánchez Cordero señaló en su dictamen que el asunto es de interés nacional, en el que todos los sectores de la sociedad están interesados, pues los hechos ocurridos en Acteal han sido calificados por diversos medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, gobiernos y sociedad en general, tanto a escala nacional como internacional, como “la matanza de Acteal”, “el genocidio de Acteal”, “crimen de lesa humanidad”, etcétera. Pareciera que el interés está puesto en la masacre misma pero no es así, la SCJN no va a ver ni a pronunciarse por la responsabilidad material e intelectual de la masacre, sino por los procedimientos penales de los sentenciados como autores materiales.

El CIDE señala que Acteal es un ejemplo de denegación de justicia puesto que a 10 años la mayoría de los inculpados “no recibían aún una sentencia, que se permitió a las autoridades ministeriales inventar testimonios, desestimar pruebas periciales, desechar testigos de descargo, e incluso las confesiones de autores materiales de la matanza, entre otras”.

A los indígenas presos por la masacre de Acteal se les ha procesado y sentenciado a pesar del sistema de justicia. Contra viento y marea ha sido posible, después de 10 años, que terminen los juicios en primera instancia. Las fiscalías especiales creadas por la Procuraduría General de la República (PGR) en tiempos de Zedillo, fueron cerradas dejando muchas dudas y líneas de investigación inconclusas que apuntaban hacia la responsabilidad de funcionarios públicos de niveles medios y superiores, incluido el entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León.

Los expedientes se trasladaron a la jurisdicción estatal, que entre fiscalías que van y vienen, duermen el sueño de los impunes. El poder judicial ha sido parte de la impunidad. Ya en su momento se negó a atraer el caso. Sistemáticamente le ha otorgado amparo a los paramilitares por el delito de asociación delictuosa o delincuencia organizada, irónicamente, a pesar de la abundante evidencia de ser una banda criminal.

De los más de ochenta sentenciados y presos por la masacre, el CIDE ha escogido a 12 de ellos porque se supondría que son los casos más emblemáticos de las deficiencias del Sistema de Justicia, y los más claramente inocentes. Ellos son Alonso Jiménez Entzin, Elías Luna Vázquez, Florentino Pérez Jiménez, Julio Entzin Guzmán, Rafael Luna Vázquez, Sebastián Méndez Arias, Pablo (Pedro) Girón Méndez, Alonso López Arias, Andrés Méndez Vázquez, Lorenzo Ruiz Vázquez, Mariano Pucuj Luna y Antonio Pucuj Luna. El CIDE dice que los acusados fueron condenados “por el simple hecho de que las pruebas fabricadas llevaban a pensar que los acusados estuvieron presentes en el lugar donde se cometió el delito”.

De acuerdo a las declaraciones de los testigos presenciales, es decir, los sobrevivientes, todos ellos participaron en la masacre el día 22 de diciembre de 1997, en Acteal. No son testigos de oídas, sus declaraciones constan en los expedientes judiciales desde 1997 y en diligencias posteriores, incluyendo careos. En la región no existe la menor duda de que los 12 son paramilitares, criminales y responsables por estas muertes y otros actos similares.

La decisión que tome la SCJN será un indicador de lo que se puede esperar en Chiapas en los próximos años, en la búsqueda de la verdad y la justicia. El representante común de los 12 amparados, Javier Angulo Novara, señala “que el Poder Judicial de la Federación es el único sendero en la construcción de una sociedad democrática; y que la Corte ha venido cumpliendo este papel al resolver los casos de los ciudadanos” para justificar que la defensa de los paramilitares constituye un caso emblemático, sin embargo cabe preguntar ¿dónde queda la verdad, un juicio justo, la reparación y las medidas de no repetición para los 45 muertos, los lesionados, sus familiares?, ¿dónde la satisfacción del agravio a la sociedad entera?

El CIDE equivoca su análisis y su intención al escoger a los presos por la masacre de Acteal para su “litigio estratégico”, primero porque existirían muchos más casos que señalarían las mismas deficiencias y que a la vez constituirían agravios serios a la sociedad y a la democracia, baste pensar en Atenco y Oaxaca, por ejemplo; segundo porque a pesar de las deficiencias, los 12 paramilitares presos son culpables, lo que implicaría, contrario a cualquier sentido ético, que estarían aprovechando las deficiencias del sistema de justicia para liberar a criminales.

En lo inmediato, la liberación de estos criminales pone en riesgo la frágil estabilidad en el muncipio de Chenalhó. En lo mediato constituiría un paso más para tergiversar la verdad, generar dudas sobre quién mató a los 45 indígenas pero sobretodo, desdibujar el plan contrainsurgente que lo provocó y sus responsables, en la línea trazada por Aguilar Camín.

Esta próxima semana una representación de Las Abejas y particularmente de los sobrevivientes, llevarán a cabo una jornada de oración y ayuno frente a las instalaciones de la SCJN, ojalá que podamos apoyarlos. (Nota de Alcance: Debido a la contingencia sanitaria en la Ciudad de México, la manifestación de Las Abejas se pospondrá para mejor fecha).

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