Fue adoptado el 11 de junio pasado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el informe final relativo al Examen Periódico Universal (EPU) realizado a México en febrero pasado, y que incluye un anexo donde México responde a las recomendaciones hechas en aquel momento.

En total fueron 91 recomendaciones hechas por los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, de las cuales México aceptó 83 y rechazó 8. El balance sin embargo no puede ser cuantitativo sino cualitativo. Sin meternos ahora a discutir los pormenores de las que aceptó (y que  no garantiza cumplir), vale la pena echar un vistazo a aquellas recomendaciones que rechazó y sus razones, ya que nos dan una buena idea de cómo concibe el gobierno mexicano sus responsabilidades de Estado. Hagamos preguntas a partir de las respuestas de México al EPU.

El Estado Mexicano inició su presentación ante el Examen Periódico Universal diciendo: El informe presentado por México está basado en la premisa de que la corrupción, la inseguridad pública y la impunidad son una amenaza a los derechos humanos. El crimen organizado ha asesinado ciudadanos, periodistas, procuradores, oficiales de policía y miembros de las fuerzas armadas. Los grupos criminales utilizan el secuestro, el chantaje y la violencia, y también emplean la corrupción en contra de las instituciones, erosionándolas y violando los derechos de los mexicanos. La más grande amenaza viene del crimen organizado. Por tanto, la lucha para asegurar la ley y el orden en México es esencialmente una lucha para salvaguardar las libertades fundamentales y derechos de todos sus ciudadanos (Informe, parr.12). Sin duda una declaración de antología.

Resulta que el violador de los derechos humanos es el crimen organizado y no el Estado, o ¿será que es aquel quien ha tomado control sobre el segundo y por tanto es responsable por faltar a las obligaciones internacionales del Estado? Esto implicaría un reconocimiento de beligerancia y de control territorial de la delincuencia organizada, donde las instituciones han pasado a un segundo plano, ¿no es esto precisamente a lo que se refiere el término de estado fallido? El Estado mexicano pinta en verdad, un escenario de perdida de soberanía cuando es él mismo, como hemos dicho, quien ha alimentado el contexto que describe y es menos víctima de lo que pretende aparentar.

Es cierto que la jurisprudencia internacional más reciente, ha empezado a considerar la responsabilidad de los particulares en la violación a los derechos humanos pero esto no puede ser entendido de forma tal que exima al Estado de su responsabilidad de proteger a los ciudadanos de amenazas a sus derechos – como las del crimen organizado-, ni mucho menos dejar de respetarlos, cometiendo las mismas arbitrariedades.

Si el Estado mexicano está tan preocupado por salvaguardar las libertades fundamentales y los derechos de todos sus ciudadanos, ¿Por qué entonces rechaza la recomendación de Nueva Zelanda para derogar la figura del arraigo y asegurar que los derechos de los detenidos sean respetados (Informe, parr. 49)? Nueva Zelanda hizo un llamado a que México reconociera la centralidad de los derechos humanos y el estado de derecho en sus intentos por mejorar la seguridad pública, y éste argumentó la imposibilidad del ministerio público para realizar una investigación por delincuencia organizada en 96 horas (Anexo, parr. 19). ¿Se puede hacer una investigación por delincuencia organizada a partir de la detención en flagrancia de un individuo? ¿Tanta incompetencia hay en la investigación ministerial que México tiene que recurrir a medidas ineficaces por desesperación?

Si como argumentó la República de Korea, es necesario el involucramiento del Ejército en la lucha contra el crimen organizado ¿por qué no equilibrar el rol expandido de las fuerzas armadas tomando medidas que refuercen la protección de los derechos humanos, otorgando jurisdicción a las autoridades y cortes civiles sobre los actos del personal militar que realiza funciones para hacer cumplir la ley? (Informe, parr. 58). Junto con Korea, Bangladesh, Irlanda, Portugal, Perú y Uruguay, recomendaron terminar de una u otra forma con el fuero militar. ¿Acaso la disciplina militar es un bien mayor que los derechos humanos?, ¿Es la jurisdicción de las cortes civiles, alternativa y paralela a la militar y no al revés?, ¿se debe someter el orden civil al militar? (Anexo, parr.18).

¿Por qué si Portugal recomienda precisar la definición de crimen organizado de acuerdo a la Convención de Palermo, para que los miembros de grupos sociales no sean criminalizados, como ha sido evidenciado (Informe, parr. 33), la representación del Estado mexicano argumentó que no es necesario? (Anexo, parr. 24-26), ¿acaso la ambigüedad es deliberada?

Si el Estado mexicano reconoce que la impunidad es una amenaza a los derechos humanos y que su deber es protegerlos, ¿por qué ignora la recomendación de Bélgica de restablecer la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), o crear una oficina similar?, ¿En qué hechos verificables se basa el gobierno mexicano para demostrar que sus actuales actuaciones en la materia son una señal fuerte de combate a la impunidad para las víctimas y sus familias? (Recomendaciones).

En suma, ¿cómo es posible que el Estado mexicano diga salvaguardar las libertades fundamentales y derechos de todos sus ciudadanos, si se criminaliza a los miembros de organizaciones sociales, se mantiene la figura del arraigo, el uso expandido de las fuerzas armadas en funciones de hacer cumplir la ley, el fuero militar por encima de la jurisdicción civil, y no se combate la impunidad? Estas son amenazas a los derechos humanos que son de exclusiva responsabilidad del Estado.

El gobierno mexicano tergiversa las responsabilidades de un Estado democrático y constitucional (que no son otras más que respetar, proteger, garantizar y promover los derechos de todos y todas). ¿A quién rinde cuentas?, ¿qué tiene que decir el Poder Legislativo al respecto y cuáles son sus responsabilidades, cuáles del Judicial?, ¿dónde hay al menos un partido político con presencia en el Congreso, que haga eco de las preocupaciones reflejadas en el EPU? No hay sanción alguna más que la que los propios ciudadanos y ciudadanas les impongamos. Ya va siendo hora.

Pronunciamiento de la Red Nacional de Derechos Humanos

Pronunciamiento conjunto de ONG de Derechos Humanos