Pronunciamiento de Las Abejas ante posible amparo de la SCJN a paramilitares

11 agosto 200911 agosto 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

(Material diverso al final)

Organización de la Sociedad Civil las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal,

Chiapas, México

A 9 de agosto del año 2009

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los defensores de los Derechos Humanos

A las Organizaciones No Gubernamentales

A los pueblos de México y del Mundo

A la prensa Nacional e Internacional

A la Otra Campaña y

A la opinión pública

Ante las versiones que se han empezado a difundir en algunos medios de comunicación de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está a punto de emitir una sentencia que permitirá poner en libertad a 40 de los paramilitares responsables de la masacre de Acteal del 22 de Diciembre de 1997, queremos declarar lo siguiente:

Nosotros y nosotras somos los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas, del Municipio de San Pedro Chenalhó, Chiapas y con sede en la Tierra Sagrada de Acteal de ese mismo municipio.

Nuestra organización nació en el año de 1992 para enfrentar la represión que el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio González Garrido emprendía contra las comunidades indígenas, entre ellas nuestra propia comunidad de Chenalhó que vio cómo varios de sus miembros fundadores, entre ellos el actual presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, fueron llevados injustamente a la cárcel por delitos que no habían cometido.

Desde nuestra fundación nos hemos dedicado a la defensa de los derechos indígenas y a buscar una sociedad donde reinen la paz y la justicia. Siempre hemos dicho que nuestra lucha sería pacífica ya sí lo hemos practicado.

Cuando sucedió el levantamiento del EZLN el 1º. de enero de 1994, nosotros vimos cuáles eran sus demandas y nos dimos cuenta de que eran iguales a las nuestras. Así que decidimos apoyar sus demandas pero no aceptamos tomar las armas y mantuvimos nuestra postura no-violenta. Nos sumamos a los esfuerzos de la sociedad civil nacional e internacional para exigirle al gobierno de México que detuviera la guerra contra nuestros hermanos indígenas. Participamos en los cinturones de paz cuando se dieron las primeras pláticas entre los zapatistas y el gobierno y más adelante participamos con nuestros delegados en los Diálogos de San Andrés.

Después fuimos descubriendo que en realidad el gobierno no quería el diálogo y que mientras con su boca hablaba de paz, con sus acciones iba promoviendo la guerra a través de los grupos paramilitares.

En el año de 1997 aparecieron en Chenalhó los grupos armados paramilitares. Exigían por la fuerza a todas las comunidades que los ayudaran a comprar armas y a atacar a los zapatistas. Si nosotros no habíamos aceptado tomar las armas contra el gobierno ¿acaso íbamos a aceptar a tomarlas contra nuestros propios hermanos indígenas? Nos negamos a apoyar a los grupos armados paramilitares que vimos claramente que tenían el apoyo del gobierno para conseguir armas, para entrenarse y para hacer sus acciones violentas. Fuimos fieles a nuestros principios a pesar de las amenazas y como nos negamos a apoyarlos, los paramilitares nos secuestraron, nos corrieron de nuestras comunidades, se robaron nuestras cosechas, nos despojaron de nuestras pertenencias y quemaron nuestras casas. Así nos convertimos en desplazados, pero seguíamos siendo fieles a nuestros principios de paz y no-violencia.

Cuando estábamos desplazados llegó el ataque de los paramilitares del 22 de diciembre de 1997 y la Masacre de Acteal, donde murieron 45 de nuestros hermanos y hermanas que estaban ayunando y orando por la paz. Después de la Masacre de nuestros hermanos mantuvimos nuestra postura de paz. Nos negamos a buscar la venganza. Seguimos rechazando las armas.

Decidimos buscar la justicia por los caminos pacíficos y legales con la ayuda del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que es su presidente nuestro obispo «Totic» Samuel.

Con el apoyo de la sociedad civil nacional e internacional presionamos al gobierno para que castigara a los responsables de la Masacre de nuestros hermanos. La primera detención de un grupo de autores materiales se dio el mismo día en que sepultamos a nuestros seres queridos ante los ojos de miles de testigos. Como una provocación los asesinos se paseaban enfrente de los sobrevivientes en un camión de la presidencia municipal de Chenalhó, cuando todavía estaba fresca la sangre de los mártires. Ahora dicen los licenciados defensores de los presos que esos paramilitares deben quedar libres porque cuando obligamos a las autoridades a que los detuvieran no había una orden de aprehensión. Y así como ése son sus argumentos para liberarlos.

Logramos que se detuvieran a cerca de 80 de los autores materiales de la Masacre junto con el presidente municipal de Chenalhó que era uno de sus jefes. Pero no logramos que se detuviera ni que se investigara a los autores intelectuales, porque no sólo fueron las autoridades municipales las que apoyaron a los paramilitares. También fueron las autoridades estatales y federales. Lo decimos porque nosotros los vimos con nuestros ojos y sabemos que es verdad y así lo hemos declarado. Desde entonces hemos declarado públicamente sin cansarnos que no hay justicia para el caso Acteal y que continúa la impunidad.

Hoy, cuando faltan 5 meses para que se cumplan 12 años del asesinato de nuestros hermanos y hermanas, nos enteramos con gran tristeza y con gran indignación que el gobierno va a liberar a 40 de esos paramilitares a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que más bien debería llamarse Suprema Corte de Injusticia. Ante esas noticias declaramos lo siguiente:

1) No es verdad, como están diciendo muchos medios de comunicación, que con la sentencia de la Suprema Corte se vaya a dar un paso para lograr la justicia en el caso Acteal. Más bien es un paso atrás de lo poco que se había logrado. Es un paso adelante de la impunidad.

2) Dicen ahora que la PGR inventó las pruebas contra los presos y que lo que está haciendo la Suprema Corte es algo justo porque no hay pruebas verdaderas de la culpabilidad de los paramilitares. Eso tampoco es verdad. Hay y ha habido siempre pruebas verdaderas que son nuestros testimonios que los vimos asesinar y conocemos a los paramilitares. Pero el gobierno (la PGR y los jueces) lo que han hecho es debilitar nuestras pruebas. Les hicieron agujeros para que cuando llegara este momento los paramilitares se pudieran escapar por esos agujeros con la ayuda de sus abogados y de los Ministros de la Suprema Corte. Es lo mismo que hacen para que se escapen los narcos. La Suprema Corte no está corrigiendo el trabajo de la PGR como dicen. Está completando el trabajo que ellos empezaron para que pudieran quedar libres los cómplices del gobierno.

3) Dicen que no hemos presentado pruebas de la culpa de los paramilitares. Tampoco es verdad. Las hemos presentado no una, sino, muchas veces. Y 11años después de los asesinatos que hubo en Acteal nos siguen llamando a presentar nuestras declaraciones, porque dicen que al juez o al ministerio público le faltó algo en la vez anterior. A los abogados del CIDE les decimos que sus clientes no son las únicas víctimas de la corrupción del sistema de administración de justicia. A los declarantes que vieron morir a sus seres queridos se les ha hecho repetir una y otra vez la historia terrible con todo el dolor que les causa a sus corazones. Y al final les dicen: «necesitamos que la cuentes otra vez porque el juez ordenó la reposición del procedimiento». Sabemos que eso se llama «tortura psicológica».

4) Las comunidades de Chenalhó están intranquilas porque hace días circulan los rumores de los paramilitares que han estado libres todo el tiempo, de que cuando salgan sus amigos se van a vengar de los que los metieron a la cárcel. Hacemos responsables a la Suprema Corte y a todos sus cómplices, desde el Sr. Aguilar Camín, los abogados del CIDE y al gobierno de Felipe Calderón si con el regreso de estos 40 paramilitares a Chenalhó vuelve la violencia a nuestro municipio. Los hacemos responsables de las vidas de los testigos y de cualquier acto criminal que cometan esos paramilitares que dicen que son inocentes.

5) Hacemos un llamada a las más altas autoridades del país para que reflexionen en lo que están haciendo. Si a organizaciones como nuestra Sociedad Civil de las Abejas, que rechazamos la violencia como medio para defender nuestros derechos, les dicen que el sistema de justicia y las instituciones del Estado están totalmente del lado de los que son cómplices del gobierno, entonces ¿Qué camino nos dejan? ¿Qué esperanza tiene el pueblo de México? Dice el gobierno que está en contra de la violencia pero todos los días vemos cómo es el primero que la promueve.

6) A pesar de todo, nosotros los miembros de la Sociedad Civil las Abejas manifestamos que no vamos a arriar nuestra bandera de Paz y de Justicia. Vamos a seguir luchando de manera no-violenta. Pero no tenemos ninguna confianza en el gobierno. Nuestra confianza está puesta en la solidaridad de la sociedad civil, en la sangre de nuestros mártires que nos da fuerzas para no abandonar la lucha y en nuestro Dios que no es sordo al clamor de los pobres y de los oprimidos.

A T E N T A M E N T E

La Voz de la Sociedad Civil Las Abejas.

Por la Mesa Directiva:

Sebastián Pérez Vázquez Presidente

Pedro Jiménez Arias Vicepresidente

Francisco Gómez Pérez Tesorero

Francisco Pérez Gómez Sub. Tesorero

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Sobre Acteal y la defensa de los paramilitares ver https://alasdecolibri.wordpress.com/2009/04/26/la-defensa-de-los-paramilitares-de-acteal/

Acteal La Verdad (reportaje con imagenes de los días siguientes a la masacre)

Reportaje de Ricardo Rocha en Xo’yep previo a la masacre

2009. Las Abejas van a la SCJN a exigir que no sea cómplice de la impunidad

La jurisdicción militar a la espera de vientos democráticos.

12 julio 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

Al Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont

¿Cuántas veces no hemos visto casos como el de Ernestina Ascención, o de civiles ejecutados en retenes militares?, ¿Qué ha pasado con los más de quinientos casos de desaparición forzada durante la Guerra Sucia de los 70’s?, ¿A cuántos militares se han sentenciado por violaciones a derechos humanos?

A raíz de una reciente sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que se presentaron alegatos en torno al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en manos del Ejército mexicano en los años 70´s, hubo en días pasados, un inesperado e inusual debate en radio, entre miembros de ONGs de derechos humanos y el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien sin esperarlo, habló a la radiodifusora para debatir los puntos señalados por los defensores de derechos humanos.

La controversia se centró en dos puntos: en si es el fuero militar un recurso que respete el debido proceso de las víctimas, particularmente cuando son civiles, y en cuál es el bien jurídico a tutelar en la jurisdicción castrense.

En torno al primero, es claro para México desde el caso de las Hermanas González, elevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde finales de los años 90, que: “(…)en razón de su naturaleza y estructura, la jurisdicción penal militar no satisface los requisitos de independencia e imparcialidad que impone el artículo 8(1) de la Convención Americana”. La Comisión Interamericana ha sostenido anteriormente que ‘cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas’, en virtud de lo cual los procedimientos resultan ‘incapaces de proporcionar la investigación, la información y el remedio supuestamente disponibles’ y se verifica una impunidad de facto que ‘supone la corrosión del imperio de la ley y viola los principios de la Convención Americana’ (Párrafo. 81).

El Secretario Gómez Mont argumentó que la imparcialidad de los jueces estaba salvada y que incluso en todo momento se puede apelar vía amparo, la resolución de un juez militar, lo que demostraría la sujeción del fuero militar a la jurisdicción civil. Ninguno de los dos argumentos es cierto. Si bien es cierto que los jueces militares gozan de una especie de fuero personal en virtud de su mandato, no dejan de estar sujetos durante su vida profesional, al ámbito de lo castrense; una vez que toman otra responsabilidad dentro del Ejército, su carrera se puede ver afectada por “una mala decisión” lo que los sujeta a consideraciones políticas, a la hora de tomar determinaciones «judiciales». Segundo, cuando la víctima es un civil, su representante legal es el Ministerio Público Militar, si este decide no apelar una sentencia de las corte militares, sus defendidos, no tienen ningún recurso.

Pero más aún. La jurisdicción militar no goza de independencia por el único hecho que todo el cuerpo castrense pertenece al Poder Ejecutivo. Es por eso que ni siquiera puede ser considerado un sistema de justicia en si mismo, porque en un régimen democrático constitucional, es necesaria la separación de poderes.

El Secretario Gómez Mont preguntó a los abogados en el programa de radio, si no consideraban que una desaparición o una tortura, afectan la disciplina del Ejército y por tanto es a este al primero al que le debiera preocupar investigar y sancionar ese tipo de hechos. La pregunta es engañosa y me temo que mis colegas y amigos defensores de derechos humanos, no salieron bien librados. En primer término pareciera que sí, y que efectivamente el Ejército debiera procurar no incurrir en violaciones a derechos humanos, y si fuera el caso, sancionarlas, por supuesto. Sin embargo ese bien jurídico que es la disciplina militar, es distinto al bien jurídico de la vida e integridad de las personas. Estamos hablando de dos cosas distintas que no debieran subsumirse ni confundirse. Es a la justicia militar a la que le interesa velar por la disciplina militar, y es a la jurisdicción civil a la que le toca velar por la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos. Una cosa no exime a la otra. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho al respecto: “En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con la función que la ley asigna a las fuerzas militares. Así, debe estar excluido del ámbito de la jurisdicción militar el juzgamiento de civiles y sólo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar” (Párrafo 117).

Por su naturaleza, la jurisdicción militar debiera ser similar a los tribunales administrativos, como los que tienen las corporaciones policiacas, por ejemplo. Los delitos o faltas en contra del orden militar son en todo caso adicionales a los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas castrenses, y es en ese ámbito, y sólo en ese, que la jurisdicción militar debiera tener competencia. La jurisdicción civil, por otro lado, debiera ocuparse de la protección de los derechos de los civiles, defendiendo su derecho a la verdad, al juicio justo y a la reparación del daño, haciendo valer el Estado de Derecho.

Jurídicamente es un asunto muy sencillo, los países que han superado los regímenes militares han dado pasos inmensos, permitiendo mejores condiciones para la vida democrática. El caso más notorio al respecto es Argentina, que recientemente abolió el código penal militar, por ser contrario a sus aspiraciones democráticas. Aspiraciones que nosotros en México, también tenemos, sólo basta referir nuestro malinterpretado artículo 13 de nuestra Constitución: “(…). Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.”

Políticamente no es tan sencillo. Dependemos de la correlación de fuerzas, de la voluntad democrática de los gobernantes y particularmente de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. Es un tema que va para largo pero existe una esperanza que con la presión que pueda ejercer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o con la resolución que pueda tener la Suprema Corte de Justicia próximamente, podamos avanzar, al menos un poco, mientras soplan mejores vientos para la democracia.

Acción Urgente de Amnistía Internacional

10 julio 200910 julio 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

ACCIÓN URGENTE

ESTUDIANTE MEXICANO GOLPEADO HASTA PERDER EL CONOCIMIENTO

José Emiliano Nandayapa Gómez estudiante mexicano de dieciséis años fue golpeado hasta perder el conocimiento por agentes de la policía del estado de Chiapas, en el sur de México. Cuando intentó poner una denuncia, él y sus familiares fueron intimidados, agredidos y perseguidos por la policía. Si siguen adelante con la demanda, corren el riesgo de sufrir más represalias.

Según José Emiliano Nandayapa, el 27 de junio a las 2 de la madrugada iba de camino a su casa en la ciudad de San Cristóbal de las Casas cuando fue cacheado por la policía municipal en un control rutinario. Minutos después, cinco agentes distintos de la policía municipal le hicieron subir a la parte de atrás de una camioneta. Allí, durante una hora aproximadamente, tres agentes le dieron patadas y puñetazos y le pisaron espalda, cabeza y piernas. Uno de los policías le instó: “Qué bonito peinado subversivo tienes, ahí esta tu revolución, saca las armas y las drogas”. Le dijeron: “Si sigues en lo que andas no lo vas a contar”. A continuación le dieron una patada en la cara y perdió el conocimiento.

Cuando él y su familia presentaron una denuncia en la sede local de la Procuraduría de Justicia, el agente del Ministerio Público les dijo que fueran a la comandancia de la policía de la ciudad a identificar a los autores materiales. La familia indicó que el comandante de policía no quiso ayudarles y que les insultó. El comandante y otro agente intentaron meter a la fuerza al padre de José Emiliano Nandayapa en un cuarto pequeño. En el forcejeo, el agente dio un puñetazo a su abuelo y empujó a su madre, que está embarazada. El 30 de junio, José Emiliano Nandayapa y su padre fueron entrevistados en un programa de radio local sobre lo sucedido. Tras la entrevista estaban paseando por un parque cuando comenzaron a ser perseguidos por dos agentes de la policía municipal y tuvieron que buscar refugio en un hospital local. Cuando fueron a la sede local de la Procuraduría de Justicia a dar parte de lo sucedido, la agente del Ministerio Público que estaba allí se negó en un primer momento a dejar constancia del incidente.

ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:

solicitando que se garantice la seguridad de José Emiliano Nandayapa y de su familia, de acuerdo con su voluntad, para que puedan seguir adelante con la denuncia sin miedo a las represalias;

pidiendo a las autoridades que lleven a cabo inmediatamente una investigación imparcial sobre las torturas y los malos tratos que agentes de la policía municipal infligieron a José Emiliano Nandayapa el 27 de junio en San Cristóbal de las Casas y que los autores materiales sean llevados ante la justicia con prontitud;

reclamando que todas las denuncias de torturas y otros malos tratos se investiguen de forma eficaz e imparcial, que las personas responsables rindan cuentas de sus actos y que las víctimas reciban las compensaciones apropiadas.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 19 DE AGOSTO DE 2009 A:

Lic. Juan José Sabines Guerrero

Gobernador del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno, 1º piso

Col. Centro, 29000

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MÉXICO

Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122

Correo-e: juansabines@chiapas.gob.mx

Tratamiento: Señor Gobernador / Dear Governor

Mtro. Raciel López Salazar

Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas

Libramiento Norte y Rosa del Oriente, no. 2010

Col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

México, CP 29049

Fax: +52 961 6165724

Correo-e: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx

Tratamiento: Señor Procurador / Dear Attorney General

Mariano Díaz Ochoa

Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas

Palacio Municipal, Plaza 31 de marzo

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

México

Correo-e: marianodiazochoa@sancristobal.gob.mx

Tratamiento: Señor Presidente Municipal / Dear Mayor

ENVÍEN COPIAS A: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Brasil 14, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Correo electrónico: accionurgente@frayba.org.mx

Envíen también copias a la representación diplomática de México acreditada en su país. Por favor, consulten con su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.

AU Jose Emiliano Gomez 24103809 aus (AU 182-09 México) (2)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

José Emiliano Nandayapa y su padre han intervenido en funciones de teatro callejero en San Cristóbal de las Casas en las que hacen hincapié en la impunidad y critican las políticas gubernamentales. José Emiliano Nandayapa ha participado en movimientos locales que promueven los derechos de las personas jóvenes y proclama que ha sido hostigado por la policía por dichas actividades.

El 27 de mayo, un grafitero de dieciséis años resultó muerto por un disparo de un guarda de seguridad privado en San Cristóbal de las Casas. El incidente se produce dos meses después de que el gobierno local aprobara una ley que sanciona con fuertes multas a los grafiteros y ofrece una recompensa en metálico a las personas que colaboren en su detención. Las organizaciones locales de derechos humanos han denunciado que esta medida ha provocado el acoso injustificado de personas jóvenes en la ciudad. Amnistía Internacional sigue documentando casos de tortura y de otros malos tratos en varias partes del país a manos de la policía federal, estatal y sobre todo municipal. Los responsables casi nunca rinden cuentas.

AU: 182/09, Índice: AMR 41/038/2009, fecha de emisión: 08 de julio de 2009

Policía agresor de José Emiliano Nandayapa

1 julio 20091 julio 2009 Michael W. Chamberlin1 comentario

Nota de Moyses Zúñiga Santiago

San Cristóbal de Las Casas, a 30 de junio de 2009.

Juan Carlos Gómez Santiz (en la gráfica) es el policía municipal identificado por el joven José Emiliano Nandayapa Deciga de 16 años de edad, como su agresor la madrugada del pasado sábado 27 de junio, quien lo subiera junto con otros policías a una patrulla para golpearlo con garrotes y patadas en todo el cuerpo y la cabeza acusándolo de «revoltoso» y por «andar organizando marchas de grafiteros».

Hoy (30 de junio) el policía intento golpear a José Emiliano y a su padre cuando se encontraron fortuitamente en la calle, padre e hijo tuvieron que entrar al hospital general de esta ciudad para protegerse de la agresión policial.