Pronunciamiento del Foro Graffiti, Juventudes y Resignificación de los Espacios Públicos.

8 junio 2009 Michael W. Chamberlin2 comentarios

El respeto a los derechos de todos es el principio de la convivencia democrática.

Los abajo firmantes, preocupados por la persecución y el clima de violencia que se ha desatado contra los jóvenes en San Cristóbal de Las Casas, a raíz de la aprobación de un acuerdo municipal el 30 de marzo pasado queremos manifestar lo siguiente:

: No somos delincuentes

El 30 de marzo del año 2009, se realizó una Sesión Ordinaria del Cabildo, en la cual, Presidente Municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, manifestó que “…últimamente se han incrementado de manera irracional las pintas (llamadas erróneamente graffiti) en diversos inmuebles tanto públicos, como particulares; por lo que, somete a consideración del H. Cabildo, la siguiente propuesta: implementar una sanción pecuniaria a quienes se les sorprenda realizando pintas en inmuebles tanto públicos, como particulares, siendo ésta por la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M. N.), otorgando una gratificación de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.), a la persona que denuncie y/o detenga con hechos verídicos al responsable de estos hechos. Por otro lado, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, notificar a los establecimientos que expenden pinturas, que se abstengan de vender pinturas en spray a menores de edad; así también, solicitarles que cuenten con un registro de personas a quienes se les vende este producto, sugiriéndoles que le requieran al cliente copia de credencial de elector”, según consta en el acta de la Sesión, acordada por el cabildo de manera unánime.

La medida municipal tomada contra las personas que realizan graffiti en la ciudad, lejos de ayudar a abrir causes de diálogo y entendimiento entre autoridades y jóvenes, ha generado por un lado, enfrentamientos y polarización en la opinión pública, propiciando un ambiente de criminalización y estigmatización de las y los jóvenes; y por otro, de manera más velada, un ambiente propicio para la persecución, la detención arbitraria, los malos tratos, la extorsión y lamentablemente, el asesinato de Victor Martín Penagos Estrada, por parte de un particular, el pasado 27 de mayo. Estos casos han sido cometidos por igual, tanto por policías municipales como por personas alentados por la recompensa.

La decisión del ayuntamiento es errática en varios sentidos. Primero porque está orientada a criminalizar la expresión artística de las y los jóvenes a partir de un criterio arbitrario, calificando la manifestación artística como errónea o correcta. Segundo porque castiga una práctica juvenil aislándola del contexto de exclusión que viven las y los jóvenes en su relación con la ciudad y el resto de la sociedad, sin abrir opciones. Tercero porque incentiva y avala a la ciudadanía a ser parte de esta criminalización, exclusión y violencia, y a los establecimientos de pintura a ser cómplices de ello. Cuarto porque la experiencia ha demostrado que las políticas basadas en la intolerancia son ineficaces y agudizan la violencia. Quinto porque omite analizar la problemática juvenil para el ejercicio de sus derechos en un ambiente de convivencia democrática, como se esperaría del ejercicio de un buen gobierno.

Lo que está en juego no son las paredes “manchadas” ni la calidad artística del Graffiti, tampoco que se asignen paredes como forma de “acabar con el problema” que lo único que hace es dividir entre escritores buenos y malos. Se trata de cómo los jóvenes pueden, con pleno respeto y protección a sus derechos, ser partícipes de esta ciudad. Se trata de mirar el tipo de convivencia que queremos y de cómo queremos dirimir nuestras diferencias, donde quepamos todos y todas, de manera respetuosa, equitativa y participativa.

No ignoramos las medidas que desde el año pasado el Ayuntamiento ha tomado contra todo tipo de manifestaciones e identidades culturales en espacios públicos, con la intención de mantener una imagen de la ciudad que favorezca la afluencia turística. Estas medidas de limpieza social conllevan a la exclusión, marginación y violación de derechos humanos por acción u omisión, principalmente de niñas, niños, mujeres y hombres jóvenes, en general, con un énfasis específico en los indígenas, quienes son considerados por el Ayuntamiento como no rentables o no generadores de dividendos para los intereses económicos de una parte, esta sí minoritaria de la población. Resulta contradictorio justificar la exclusión argumentando el bien común. La ciudad debe ser un bien público para todos quienes la habitamos y esto sólo es medible a partir del cumplimiento de todos los derechos de todas y todos, de lo contrario sólo será botín de intereses particulares.

Atendiendo a lo anterior:

Nos pronunciamos por medidas participativas, incluyentes, equitativas y respetuosas de la diversidad que existe en nuestro municipio. Un gobierno democrático debe regirse por principios de respeto y protección a los derechos humanos, implementando prácticas que promuevan la convivencia democrática, incluyendo mecanismos para dirimir controversias.

Nos proponemos participar en iniciativas de diálogo o de otra índole, siempre y cuando sean incluyentes y respetuosas de los derechos de todos y todas, anteponiendo siempre el bien superior de los jóvenes.

Nos solidarizamos con las y los jóvenes que han sido agredidos, y particularmente con la familia Penagos Estrada en su dolor, por la muerte de Victor, su hijo.

Exigimos al Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas:

1.- Una postura conciliadora de los derechos de toda la ciudadanía y no punitiva, particularmente de quienes se encuentran en una situación de desventaja. El gobierno municipal no puede ser parte en este problema sino el primero en proponer soluciones incluyentes para la convivencia democrática.

2.- La derogación inmediata del acuerdo municipal del 30 de marzo pasado, que ha generado un ambiente de persecución y criminalización de los jóvenes, y ha alentado un clima de mayor polarización y violencia.

3.- El debate con la ciudadanía de este municipio, particularmente con las y los jóvenes, de manera participativa, equitativa, transparente e incluyente, que derive en acuerdos para la creación e implementación de mecanismos de participación ciudadana y de convivencia democrática, iniciando en la sesión de cabildo inmediatamente posterior al cumplimiento del segundo punto.

San Cristóbal de Las Casas, a 5 de junio de 2009

Firmantes:

Melel Xojobal, A.C.

Iniciativas para la Identidad e Inclusión, A.C. (INICIA)

Colectivo Graffitiarte

Doscientas firmas más

¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? II

24 mayo 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

El precio a dos años de que “no lleguen las drogas a tus hijos” y “dar seguridad en las calles”, dijimos, ha sido de más de 10 mil muertos, al menos 610 de ellos niños de entre 2 meses y 16 años de edad, y 3,700 huérfanos de guerra contra el narcotráfico; tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales, desapariciones forzadas y violación sexual, por parte de militares y policías. La guerra por la que ha optado el gobierno federal, pretendería evitar el consumo de droga, penalizándolo, y reducir la oferta de droga a través de la militarización, el armamentismo, la impunidad y el debilitamiento del estado de derecho.

Las consecuencias de esta guerra hablan por sí solas del despropósito del gobierno actual pero su irracionalidad en realidad radica en la lógica que está detrás de esta política desde hace varios sexenios.

Pensemos en el drama que significa para una familia que uno de sus miembros padezca de narco dependencia, la inestabilidad emocional y económica, la perdida de armonía y la carencia de seguridad sobre el futuro, y si se le suma la angustia de la persecución policiaca y la cárcel, resulta entonces que esa familia y particularmente quien sufre la dependencia, cuentan con muy pocas opciones para salir de esa situación, por el contrario, las perspectivas de solución se vuelven más lejanas. El consumo de droga es desde el punto de vista de quien la padece, un asunto de salud y no uno penal.

Ahora, se ha insistido que el fenómeno del narcotráfico no radica en la oferta sino en el consumo, y en esto existe razón, dado que el poderío económico de los narcotraficantes depende únicamente de los consumidores de droga. Si se ataca al oferente, en este caso a los cárteles de droga, por medio de las armas, resultará lógico que utilizarán ese poder financiero para adquirir más y mejores armas para defenderse. En esto consiste la espiral de violencia que ha sido fomentada por el gobierno actual. Si antes existía el narcotráfico, ahora existe con una faceta sumamente violenta que efectivamente atenta contra la seguridad nacional pero gracias al fomento de la violencia del propio gobierno federal.

Hemos dicho que en democracia, el único fin de las instituciones públicas, incluyendo las leyes, es procurar los derechos de los ciudadanos. La democracia es una forma de gobierno consecuente con los derechos humanos porque coinciden en poner a la persona como un ser de fines. Es la sujeción a ese propósito, prescrito en la Constitución, a lo que se le llama principio de legalidad, y al andamiaje institucional que lo hace posible, estado de derecho.

La democracia le da a la norma un carácter ético-político fundado en la libertad e igualdad de la persona para el ejercicio pleno de su autonomía individual. La autonomía es a la persona lo que la soberanía es al pueblo. La autonomía individual es capacidad de autocontenerse, es decir, de darse a si mismo un espacio en el mundo, regularse y crear para sí un proyecto de vida, es, en suma, libre albedrío. La autonomía es el atributo moral por excelencia porque es en su respeto que se reconoce la dignidad de la persona y es por ello un derecho que nadie tenga injerencia en ella. Sin el respeto a la autonomía, como a la soberanía, no es posible la paz.

Ahora bien, si el Estado es responsable (e insistiré que es su única función) de generar condiciones de posibilidad para el desarrollo máximo de la autonomía personal (que no es otra cosa que la vigencia de los derechos humanos), y respetar, proteger y garantizar el libre albedrío, luego entonces criminalizar el consumo de droga es atentar contra el principio de la autonomía personal.

Una política antidroga consecuente con un Estado democrático, debería considerar programas y acciones que fortalezcan la autonomía, para que la persona que sufre de dependencia sea sujeto y desarrolle su capacidad de agencia teniendo más y mejores oportunidades y opciones para elegir. Si los millones de pesos del presupuesto que se destinan al Ejército y la Policía Federal en su tarea antidroga y los millones de dólares de la iniciativa Mérida para la compra nunca suficiente de armas, se destinaran a ofrecer servicios de salud y atención a narcodependientes, en menos tiempo se abatiría el consumo y con ello el poder corruptor de los cárteles de la droga. Si el tráfico de droga dejara de considerarse un asunto penal para atenderse como un asunto de salud pública, como realmente es, ganaríamos con una reducción drástica de la violencia.

No escapa a mi atención que existen intereses inconfesables en esta guerra y en el narcotráfico mismo, que escapan al propósito que pregonan los gobernantes como son la gran rentabilidad de un negocio transnacional, quizá el más importante en la actualidad, la corrupción y la infiltración de estas redes en el gobierno, pero sobretodo que terminemos creyendo que esta es la única forma posible de la democracia. Si queremos dar pasos hacia condiciones de mayor libertad e igualdad, resulta necesario desmantelar los argumentos con los que nos quieren vender una falsa democracia y una guerra ilegal e ilegítima.

¿La guerra de Calderón es compatible con la democracia? I

17 mayo 200924 mayo 2009 Michael W. ChamberlinDeja un comentario

El uso de las fuerzas armadas por razones de “seguridad interna” ha sido permanente en la historia del país. La lógica del Ejército Mexicano no es la de combatir a enemigos externos en defensa de la nación, sino de mantener el control frente a amenazas internas. Así, el Ejército mexicano ha tenido una labor destacada en la persecución de la disidencia política, que en la época moderna militar puede ser que marque sus inicios en el ataque al Cuartel de Madera, Chihuahua (1965), pasando por la masacre de Tlatelolco (1968) y que derivó en la llamada Guerra Sucia de los años 70s, época en la que se produjeron los peores crímenes de lesa humanidad, con cientos de ejecutados y desaparecidos. En lo que podría considerarse una nueva fase en las actividades del Ejército Mexicano, durante el sexenio de Miguel de La Madrid (1982-1988), los militares comenzaron a participar en la lucha contra el narcotráfico, elevándolo a un asunto de seguridad nacional.

A raíz del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, los militares reiniciaron su actividad de persecución del “enemigo interno”. Las regiones indígenas del país se militarizaron hasta la fecha, no sólo en Chiapas, aunque por años éste fue el principal foco de atención de los medios debido a una descarada persecución contrainsurgente, que tuvo cientos de víctimas combatientes pero sobretodo civiles. El presidente Zedillo (1994-2000) frente a su débil legitimidad política, a través del establecimiento, a finales de 1995, de la Coordinación Nacional del Sistema de Seguridad Pública, le dio carta de naturalización al Ejército para participar en materia de seguridad pública, en una deliberada confusión con la seguridad nacional. Durante los 70 años del PRI, el Ejército fue clave para el mantenimiento del régimen revolucionario contra la disidencia popular.

El bono democrático de Vicente Fox, presidente surgido del PAN, provocó que los reflectores a los abusos cometidos por el Ejército se desviaran, sin que éste abandonara ni sus funciones ni sus posiciones, por el contrario, se le agregó la función de control migratorio en la frontera sur en lo que se conoce como “sellamiento de la frontera”, particularmente en Chiapas, y continuó sus acciones contrainsurgentes en las regiones indígenas del sur del país, notoriamente en Guerrero y Oaxaca. La acción del Ejército en al vida pública del país es uno de los rasgos de la transición fallida.

El fuerte cuestionamiento a la legitimidad del presidente Felipe Calderón, hizo del Ejército nuevamente su principal fuerza, decretando una “guerra contra el narcotráfico” que no ha sido retórica. Según un recuento del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentado en mayo pasado, entre enero de 2007 y noviembre de 2008 se publicaron en los medios 101 casos de abusos militares en contra de civiles, entre ejecuciones, tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias y cateos ilegales.

Human Rights Watch (HRW) por su lado, documentó abusos militares en el mismo período, que incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República. Resaltan en su informe que “muchas de las víctimas en los casos documentados no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”.

Tanto HRW como el Centro Prodh resaltan un elemento más de esta guerra, la impunidad que genera el fuero militar frente a las violaciones a derechos humanos, y se pronuncian, como lo han hecho muchos otras organizaciones civiles, por la eliminación de este fuero, sustentado en el código penal militar.

Las víctimas en esta guerra, sin embargo, no son sólo a quienes se les viola sus derechos individuales. El derecho a la paz es un bien público que deber ser respetado, protegido y garantizado en un régimen democrático, lo cual significa no sólo que los abusos militares sean castigados, ni que sólo se eviten las violaciones a los civiles, sino que la guerra misma sea proscrita.

En democracia las instituciones existen para dirimir conflictos y proteger derechos, esta es su principal virtud. La guerra siempre es el último recurso frente a la falta de esas instituciones y la capacidad política de generar acuerdos. Para evitar la guerra es que se inventó la democracia. Optar por la guerra, como lo hace el gobierno de Calderón, no sólo ha significado atacar el fuego con gasolina, promoviendo una espiral imparable de violencia, significa sobretodo rechazar la democracia como forma de convivencia. Cuando es el Estado el que suprime los derechos, así se justifique por los más nobles propósitos, no se le puede denominar democrático sino tirano.

La política de Calderón consiste en crear inseguridad y violencia para generar control a través de la militarización acompañada de la creación y reforma de leyes que atentan contra los derechos humanos. Una política que cuenta con la anuencia de la clase política representada en los tres principales partidos políticos y el apoyo decidido de los Estados Unidos.

A dos años de la gestión de Felipe Calderón, se superaron las 10,000 ejecuciones, dos mil más que todo el sexenio anterior y más que el total de bajas estadounidenses en Irak, a la misma fecha. Felipe Calderón justifica la militarización para “dar seguridad en las calles”, nada más lejos de ese propósito; y su guerra, “para que no lleguen las drogas a tus hijos” mientras que informes del Ejército señalan que de diciembre de 2006 a mayo de 2009, han muerto 610 niños menores de 16 años a causa de esta guerra y 3,700 quedaron huérfanos al ser ejecutados sus padres, vaya forma de lograr sus objetivos.

Mexico’s Drug War, Narco News

La resistencia al pago de la luz, un ejercicio de derechos.

3 mayo 2009 Michael W. Chamberlin4 comentarios

Uno de los más viejos y numerosos movimientos de desobediencia civil en México es el del no pago de la energía eléctrica. A la fecha este movimiento, que se denomina “Resistencia Civil Frente a Las Altas Tarifas Eléctricas”, tiene expresiones autónomas en Chiapas, Campeche, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, por contar sólo las entidades en las que hubo manifestaciones simultáneas el pasado 29 de abril, y con una tendencia hacia la organización en redes. El movimiento se cristaliza en un sin número de organizaciones cívicas, rurales, redes de consumidores, entre otras, tanto del campo como de la ciudad; son expresiones locales, sin vínculos orgánicos ni dirigencias, que combina la protesta y la denuncia con la defensa organizada del flujo eléctrico.

Este movimiento comenzó a raíz de las reformas al Artículo 27 Constitucional en 1992 y a otras de carácter secundario, como la Ley de Hacienda y la Ley y Reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, que en términos llanos, produjo un aumento insostenible en las tarifas para consumo doméstico, en muchos casos, mayor al ingreso familiar. Un ejemplo reciente se reportó en San Juan Chamula en Chiapas, un municipio indígena donde el recibo súbitamente llegó hasta 3 mil pesos (214 dólares aproximadamente) bimestrales para una casa rural que no tiene más de tres focos.

Para dimensionar este movimiento, valga citar algunas cifras a manera de ejemplo. Según un cálculo de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas, de agosto de 2008, el 40% de la población, de al menos 68 de los 118 municipios, se encontraba en resistencia al pago. De acuerdo a Sipaz, en diciembre de 2004 en el estado de Tabasco, la cifra llegaba al 52% de la población.

La demanda es muy sencilla, la gran mayoría de las organizaciones, muchas de ellas indígenas, se pronuncian por una tarifa justa, de acuerdo a sus posibilidades, otras además, condicionan las reformas constitucionales sobre derechos indígenas, según los Acuerdos de San Andrés (firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de 1996). Es un movimiento que apela a un sentido común de justicia que no ha sido escuchado.

En el caso de Chiapas, los gobiernos estatales, el actual y los pasados, han ofrecido, a través de programas y convenios que cada sexenio cambian de nombre (Luz Amiga, Tarifa Vida Mejor, y ahora Luz Solidaria), una reducción de más o menos el 50% del adeudo y el resto en pagos diferidos. En general los afectados no lo han aceptado, dado que no atienden el fondo del asunto, las desproporcionadas tarifas a las familias más pobres.

El gobierno federal incluso, ha llegado a condicionar otros programas sociales al pago de la luz. Al programa Oportunidades que otorga un subsidio a las familias más necesitadas, para atender la falta de alimentación, salud y educación, le han sumado, mañosamente, un apoyo adicional de 50 pesos para el pago de la electricidad doméstica, llamado Oportunidades Energético. Este apoyo termina condicionando los primeros, que no son recibidos si no se presenta el comprobante de pago por el consumo eléctrico.

La desobediencia civil, sin embargo, se mantiene y crece, y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra la cara represora del gobierno. A los líderes en muchos casos se les ha encarcelado, acusados por delitos prefabricados o por “robo de energía eléctrica”, y luego son liberados tras la aceptación de las agrupaciones de someterse a las condiciones de los programas de apoyo. Por si fuera poco, servidores de la CFE hostigan y amenazan con cortar la energía eléctrica o privarlos de otros servicios, agrediendo o enfrentando a los pobladores que sí pagan y los que no. Si la resistencia persiste llevan a cabo la amenaza y cortan la energía eléctrica desde lugares remotos, afectando poblados enteros sin distinción.

La respuesta de la población no se ha hecho esperar, hasta ahora el movimiento ha sido pacífico y su reacción ha sido la organización, formando técnicos populares que reconectan los hogares al flujo eléctrico e incluso reparando transformadores. Frente a esta acción, la CFE ha determinado además, desmantelar el tendido de cables, lo que constituye el sinsentido más grande.

Su razonamiento está basado en la renta del servicio. Como si se tratara de una empresa privada, y no del servicio público destinado a generar bienestar a la población. El movimiento de desobediencia civil por el contrario, caracteriza el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano desde el mejor argumento posible, un sentido común de justicia y de igualdad de oportunidades, que es el sentido original del artículo 25 de la Constitución Mexicana:

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución (Énfasis añadido).

Para este propósito se reserva el sector público, áreas estratégicas, entre las que se encuentran la generación y distribución de energía, particularmente la eléctrica (artículo 28 Constitucional).

La diferencia de enfoque es abismal. La actitud de la CFE en particular, y del gobierno en general, es la de quien trata con un usuario o cliente y no con un ciudadano con derechos cuya seguridad protege esta Constitución, como lo concibe el movimiento de desobediencia civil. Este problema ya se había presentado a principios del siglo pasado. Las altas tarifas y el servicio discriminado de las empresas privadas, llevaron a que en 1933, se decretara que la generación y distribución de la energía eléctrica son actividades de utilidad pública. La CFE nació en 1937 con ese propósito, sin fines de lucro y en beneficio de los intereses generales (Cfr. Historia de la CFE), y sin embargo, la historia se repite.

La disposición y acceso a la energía eléctrica en tanto servicio público, es un derecho humano que el Estado tiene el deber de respetar, garantizar y proteger, de manera democrática, es decir, para todos y todas, desde la doble vertiente de la democracia, participación equitativa en la toma de decisiones y en la distribución de los resultados (disfrute de derechos). El acceso a la energía eléctrica es uno de varios elementos que amplían el bienestar y la dignidad del individuo, además de las oportunidades para el ejercicio de la libertad y el desarrollo de la autonomía personal y la soberanía popular. Estos son el propósito único del Estado que deberían corresponderse con sus normas y sus instituciones, incluyendo sus empresas paraestatales.

Ahora bien, de la misma forma que no se puede llamar ladrón a quien roba alimentos por necesidad, mantener el servicio eléctrico sin pagarlo cuando de otro modo no podría ser asequible, tampoco constituye un crimen y no debería ser castigado, mucho menos perseguido. Por el contrario, un régimen democrático por simple congruencia, debería escucharlo y atenderlo, dado que la simple existencia de un movimiento de desobediencia, máxime de estas dimensiones, le estaría señalando una debilidad que corregir para fortalecer esa democracia. Al no hacerlo, mina las bases de su legitimidad.

Los integrantes del movimiento de desobediencia por su parte, en su calidad de ciudadanos, están haciendo uso tanto del derecho a no obedecer una ley o disposición injusta (propio de una tradición constitucionalista y democrática, desde el Siglo VIII), como del derecho a acceder a los bienes públicos que el Estado mismo les está negando.

En mayo próximo, en San Cristóbal de Las Casas, se reunirán todas las organizaciones que se movilizaron el 29 de abril pasado, para conformar la Red Nacional de Resistencia Civil frente a las Tarifas Eléctricas. La desobediencia civil frente al pago de la energía eléctrica es un ejercicio legítimo de derechos que nos interpela a solidarizarnos para modificar la democracia en que vivimos.

Denuncia de cortes masivos de luz, documentada por Ciepac