Michael W Chamberlin

CIP Non-Resident Fellow

Existe preocupación entre los analistas por una posible guerra civil tras la captura y muerte, el pasado domingo 22 de febrero, del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oceguera «El Mencho», durante un operativo militar. La reacción violenta del cártel, con la quema simultánea de vehículos y establecimientos en más de 20 estados del país, no solo demuestra su presencia territorial, sino que también es un posible teatro de operaciones para la disputa del liderazgo de la organización criminal.

La captura en junio de 2024 de Ismael Zambada «El Mayo», líder del narcotráfico hoy procesado en Estados Unidos, descabezó al Cártel de Sinaloa, provocando una guerra por el liderazgo entre dos bandos y dejando miles de muertos y desaparecidos. Si en el Cártel Jalisco Nueva Generación no hay un liderazgo consensuado, la situación de guerra puede volverse exponencial.

En México tenemos 20 años de la militarización de la política antidrogas, no solo por la participación del ejército en estas actividades, sino también porque, con ello, convirtieron a los carteles en empresas criminales armadas que no solo venden droga, controlan territorios mediante la extorsión y el control de los políticos locales, sino que también realizan otros muchos negocios criminales, como ya ha sido descrito por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Desde el punto de vista de la paz y el estado de derecho, ha sido una política fallida; desde el punto de vista del negocio, parece ser todo un éxito no solo para los cárteles.

Las fuerzas armadas, al igual que los grupos del crimen organizado, han adquirido un mayor poder político y económico a raíz de una política fallida contra las drogas, además de ser responsables de miles de víctimas. Según cifras oficiales de 2006 a 2025, ha habido 497,446 homicidios dolosos, con una tasa de 25 a 30 por cada 100 mil habitantes, y, a día de hoy, 391,722 personas desaparecidas, de las cuales 131,819 siguen sin aparecer.

Las condiciones que permiten ese crecimiento del poder letal en los ámbitos militar y criminal han sido la corrupción de la clase política que cogobierna con el crimen, la impunidad que deja sin castigo los crímenes de ambos lados, y la falta de transparencia y de rendición de cuentas de militares, partidos y representantes políticos. La lucha contra el crimen organizado debe hacerse con las herramientas de la democracia y la justicia. Las armas sólo han traído más violencia.

El Secretario de la Defensa, el general Trevilla, afirmó contundentemente que el operativo de captura de «El Mencho» demostró la fortaleza del Estado mexicano. Lo cierto es que la fortaleza del Estado radica en sus instituciones civiles. Lejos de fortalecer las instituciones de justicia y transparencia, el gobierno y el Congreso mexicanos han ido desmantelándolas, lo que genera condiciones que vulneran derechos básicos. Por ello, una serie de organizaciones de derechos humanos de México ha solicitado a los órganos de la Organización de las Naciones Unidas que intervengan para proteger a las víctimas y garantizar sus derechos.

La crisis actual del sistema multilateral se debe a que Occidente, como señaló el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el más reciente World Economic Forum, ha estado viviendo en una «ficción útil» en la que se fingía que las reglas se aplicaban por igual, y esto ha incluido a México. Las Naciones Unidas y, sobre todo, los países que la conforman deben abrazar los valores universales para un «nuevo orden mundial» y demostrarlo con hechos, haciendo valer los derechos humanos en cualquier país del mundo, independientemente del grado de poder que tenga. La autorización, el apoyo y la aquiescencia del gobierno mexicano ante los crímenes cometidos por los cárteles mexicanos deben ser objeto de discusión y toma de decisiones en la Asamblea General, como lo ha solicitado el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición.

Adicionalmente, las organizaciones criminales son promovidas por las empresas de armas, particularmente de Estados Unidos, debido al fácil acceso a las armas en ese país. Las empresas de armas se benefician de esta política militarizada porque venden a todas las partes del conflicto. Alrededor del 80% de las armas utilizadas por los cárteles han sido adquiridas en ese país, y también son los principales distribuidores de las fuerzas armadas en México. Un negocio redondo que el Congreso de Estados Unidos permite al no regular la venta y la trazabilidad de las armas, tanto al interior como al exterior del país. Una legislación comprensiva debe ser adoptada por el Congreso, como la propuesta de ley «ARMAS», comenzando por devolver la autoridad a la Secretaría de Estado en la venta controlada de armas y no al Departamento de Comercio, como actualmente, seguida de un control de la venta al público en los Estados Unidos para garantizar la trazabilidad de las ventas y la prohibición para sujetos vinculados a criminales, incluidos los cárteles.

Por otro lado, las estructuras criminales necesitan redes de negocios «legales» para transferir y lavar dinero, como bancos, empresas de transferencia de dinero, casas de cambio y redes de bitcoin, que ya han sido detectadas por el Departamento de Justicia. Las empresas criminales transnacionales cuentan con redes de complicidad también transnacionales para llevar las drogas al último consumidor y traer de vuelta su dinero. El gobierno de los Estados Unidos no parece interesado en desmantelar las redes criminales ni en regular los negocios de transferencia de dinero y de bitcoin que se vuelven cómplices y proveedores de los criminales en los Estados Unidos. Se necesita una política criminal enfocada en el desmantelamiento de las redes criminales y no solo en la aprehensión de señores de la droga, que suelen ser muy populares para lograr votos, pero poco eficaces para detener la actividad criminal y la violencia. Además de llevar a cabo investigaciones serias sobre crímenes de colusión de empresas estadounidenses con cárteles, debe haber mayor vigilancia y monitoreo para prevenir las transacciones hacia grupos del crimen a través de bancos, casas de cambio, transferencias de dinero y de bitcoin.

Los efectos de la captura y muerte de «El Mencho» aún están por verse, pero es claro que el crimen organizado seguirá actuando mientras la política de drogas siga siendo militarizada y no civil, encaminada a fortalecer las instituciones de justicia, transparencia y anticorrupción en México y en los Estados Unidos.