Publicado en Animal Político el 16 de mayo de 2024

México se prepara para sus elecciones generales del próximo 2 de junio, un evento crucial donde se elegirán más de 20.000 funcionarios públicos, desde el Senado y la Cámara de Representantes hasta numerosas gubernaturas y municipios, y la Presidencia de la República. En particular, esta elección sobresale como la primera en la que las dos principales contendientes a la presidencia son mujeres. Independientemente del candidato que gane, los resultados de las elecciones ya han estado marcados por la violencia política. Se necesitará valentía y apoyo internacional para adoptar medios no violentos para reducir el enorme papel de los actores armados, ya sean criminales o militares, en el futuro democrático del país.

El panorama electoral se desarrolla en un contexto sombrío de violencia en muchas regiones del país. El informe de titulado «Voto entre balas” destaca la terrible cifra de 1,833 incidentes de amenazas, asesinatos, ataques armados, desapariciones y secuestros relacionados con actividades electorales entre 2018 y el 29 de abril de 2024. Por su lado, el Laboratorio Electoral señala que al 10 de mayo hay un saldo de 63 personas vinculadas al proceso electoral asesinadas, 32 de ellas candidatos. Esta violencia, orquestada por grupos del crimen organizado, lamentablemente se ha convertido en una herramienta para influir en los resultados electorales.

Las estadísticas pintan un panorama desgarrador. El año 2023 fue testigo del mayor número de víctimas de violencia político-criminal, con 575 personas e instalaciones atacadas, seguido de cerca por 2022 con 486 incidentes. Sólo desde enero de 2024, el balance incluye 22 precandidatos y candidatos asesinados, 14 amenazados, 4 sufrieron ataques armados, 8 agresiones y 10 secuestrados. Sorprendentemente, más de 2.000 candidatos (alrededor del 10% del total) han retirado sus candidaturas debido a amenazas y violencia, particularmente a nivel local.

La infiltración del crimen organizado en el tejido político de la nación no sólo pone en peligro la libertad de elección en las urnas, sino que también plantea profundas preocupaciones sobre la gobernabilidad, las agendas que prevalecerán y la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la corrupción y la impunidad arraigadas.

No es ningún secreto que el crimen organizado ha florecido en México, extendiendo su alcance mucho más allá del narcotráfico para controlar una infinidad de empresas legales e ilícitas, desde la trata de personas hasta la monopolización de mercados de productos básicos como pollo, aguacate y limones, a menudo mediante la extorsión. En los últimos 15 años, la «guerra contra las drogas», inicialmente respaldada por la Iniciativa Mérida, ha entregado inadvertidamente entre el 30 y el 35% del territorio a grupos criminales hasta el 2021.

Al mismo tiempo, el país ha sido testigo de un aumento de la militarización, inicialmente destinada a combatir los cárteles de la droga, pero que se expandió gradualmente para abarcar diversas esferas, incluidas la seguridad pública, la protección ambiental, las políticas sociales, la salud, las aduanas y el desarrollo de infraestructura, entre otras.

El informe de México Unido contra la Delincuencia “El Inventario Nacional de lo Militarizado” revela que entre 2006 y 2023 se transfirieron funciones o presupuestos civiles a las fuerzas armadas en al menos 291 ocasiones, presentando el Poder Legislativo 87 iniciativas que contribuyen a la militarización, el 77% de las cuales surgió en las dos últimas sesiones legislativas dominadas por el partido gobernante.

Esta militarización implacable, que se extiende a lo largo de tres administraciones de partidos diferentes, subraya una tendencia preocupante en la acumulación de un poder transexenal tanto de las fuerzas armadas como del crimen organizado, socavando la autoridad civil de la República.

Entonces, ¿qué se juega el 2 de junio?

En el futuro inmediato, existe una amenaza inminente de una escalada de violencia que podría poner en peligro las elecciones en casi el 30% del territorio del país, una preocupación destacada por la coalición de oposición.

A largo plazo, existe el riesgo de seguir erosionando la gobernabilidad civil y democrática de México. A pesar de no ser contendientes directos en las elecciones, tanto las fuerzas armadas como el crimen organizado ejercen una influencia considerable sobre los resultados.

Las fallidas políticas antidrogas han reforzado inadvertidamente la influencia política y económica de ambos actores, con miles de vidas perdidas o afectadas. Las cifras oficiales de 2006 a 2022 pintan un panorama sombrío: 449.329 homicidios dolosos y 316.816 personas desaparecidas, de las cuales 116.300 siguen desaparecidas.

Los factores que propician este aumento del poder letal, ya sea en el frente militar o criminal, provienen de la corrupción rampante dentro de la elite política, la cultura predominante de impunidad que protege a los malhechores y una grave falta de transparencia y rendición de cuentas entre las filas militares, los partidos políticos y los representantes electos, desdibujando las fronteras entre actores estatales y no estatales, órganos criminales y de gobierno.

Lejos de disparar misiles contra México como pretende Trump o algunos republicanos estadounidenses, de militarizar a la policía o seguir armando a los militares, la batalla contra el crimen organizado debe librarse utilizando las herramientas de la democracia y la justicia. Si los candidatos y sus partidos pretenden defender la democracia y las libertades, deben apoyar activamente el fortalecimiento de las instituciones civiles, el sistema de justicia comenzando con las fiscalías, y los pesos y contrapesos para la rendición de cuentas. De no hacerlo, se corre el riesgo de empoderar a un monstruo alimentado por la corrupción de los políticos.