«La democracia en que vivimos» es un resumen de un documento más largo titulado «El derecho a la resistencia frente al déficit democrático en México» que puede ser consultado aquí. Pretende dar un panorama de la situación de la democracia y los derechos humanos en México. Este es el marco analítico para los artículos en este blog.

La democracia en que vivimos

En el año 2000, por primera vez en más de 70 años, se logró en México, la alternancia en el poder. Sin embargo, este cambio en el régimen político, más que significar el inicio de una transición a la democracia, ha propiciado un reacomodo en el sistema político mexicano, continuando y profundización un modelo económico que ha deteriorado aún más la vigencia de los derechos humanos.

Una verdadera transición a la democracia habría implicado el inicio de una lucha contra la impunidad y el reconocimiento de la verdad y la justicia para las víctimas de crímenes del pasado; el estrechamiento de los márgenes de desigualdad, incluyendo la pobreza y la marginación rural, indígena y femenina; y la reconciliación nacional con base al reconocimiento de la diversidad y la apertura de espacios de participación política de la ciudadanía. La decepción de la “transición” ha dejado claro en la conciencia pública, que una democracia formal electoral es insuficiente para atender los graves y añejos agravios a la sociedad, dando pie a diferentes movimientos de resistencia y desobediencia civil.

Lucha contra la impunidad, por la verdad y la justicia.

Al inicio del sexenio (2000-2006) de Vicente Fox Quesada, ex presidente de la República, se anunció la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), dependiente de la Procuraduría General de La República. Esta figura, que se prefirió a una Comisión de La Verdad, tenía como misión investigar los crímenes de lesa humanidad en contra de los movimientos sociales y políticos de los años 70’s y 80’s (aproximadamente a partir de la masacre de Tlatelolco en octubre de 1968, hasta las ejecuciones y desapariciones forzadas ocurridas en el sexenio de José López Portillo finalizado en 1982), en lo que se conoció como la guerra sucia.

Esta Fiscalía se entrevistó con numerosas familias de las víctimas, con sobrevivientes y testigos, pero inició apenas tres procedimientos significativos, dos contra los militares De La Barreda y Quiroz Hermosillo por la desaparición de Jesús Piedra, hijo de la luchadora social Rosario Ibarra, y uno contra el ex presidente Luis Echeverría por genocidio en los eventos de San Cosme en 1971 que, sin embargo, no fructificaron.

Con la llegada, en el 2006, del impugnado Presidente Felipe Calderón Hinojosa se cerró dicha Fiscalía, sin ninguna información con respecto a sus investigaciones, salvo un informe preliminar filtrado a la prensa, que no ha sido oficialmente publicado. La administración de Felipe Calderón ha guardado silencio con respecto a este urgente tema para la sociedad.

Esta actitud omisa no fue nueva. Algo similar hizo el ex presidente Fox con respecto a las investigaciones de los crímenes cometidos por grupos paramilitares en Chiapas, al cerrar las dos fiscalías creadas en el sexenio (1994 – 2000) del ex presidente Ernesto Zedillo: la Fiscalía de Chenalhó, encargada de investigar los sucesos alrededor de la masacre de Acteal, y la Fiscalía para Delitos Cometidos por Presuntos Grupos Civiles Armados. La primera cerró con un informe que concluía que la masacre de Acteal fue producto de los problemas intracomunitarios, la segunda simplemente cerró, sin ninguna información con respecto a sus gestiones y sus investigaciones, a pesar de que tuvo contacto e información privilegiada del grupo paramilitar Paz y Justicia, y sus vínculos con el Ejército Mexicano.

Tanto en el caso de la FEMOSPP, como el de las fiscalías especiales para Chiapas, los expedientes abiertos se dispersaron entre los diferentes ministerios públicos en lo local y lo federal, individualizando los delitos y dejando de lado el fenómeno de los grupos paramilitares y la investigación de las responsabilidades del Estado, traicionando el derecho a la verdad y a la justicia.

La falta de voluntad política para actuar frente a la impunidad tiene una cortapisa en la incapacidad institucional para procurar y administrar justicia. De acuerdo a estadísticas rescatadas por Miguel Carbonell, 85% de las víctimas no acuden a denunciar los delitos; se denuncia solamente uno de cada 15 delitos cometidos; se castigan menos de 1% de los delitos cometidos; 99% de los delincuentes no terminan condenados; 60% de las órdenes de aprehensión no se cumplen; 92% de las audiencias en los procesos penales se desarrollan sin la presencia del juez; 40% de los presos no ha recibido una sentencia condenatoria; 80% de los sentenciados nunca habló con el juez que lo condenó; la posibilidad de que el presunto autor de un delito llegue ante la autoridad judicial es de 3.3% del total de delitos denunciados, lo que equivale a decir que la impunidad se da en 96.7% de los casos.

Una mirada más cualitativa nos muestra que las víctimas tienden a ser las mismas. Amnistía Internacional señala en su Informe México: Leyes Sin Justicia que “a los más pobres se les niegan también sus derechos civiles básicos: no tienen protección contra la violencia policial y varias formas de violencia privada; se les niega el acceso igualitario a las instituciones del Estado y los juzgados; sus domicilios pueden ser invadidos arbitrariamente; y, en general, están forzados a vivir una vida no sólo de pobreza sino también de humillación recurrente y miedo a la violencia, muchas veces perpetrada por las fuerzas de seguridad que supuestamente deberían protegerlos”. En términos de Guillermo O’Donnell (2004: 49) este sector de la población no sólo es materialmente pobre, sino también legalmente pobre.

Desigualdad

Una característica de la democracia es la igualdad, no sólo en la participación en la dirección de los asuntos públicos, sino también de sus resultados. La pobreza constituye una violación a los derechos humanos que se torna más grave en tanto se vuelve más generalizada. Para la Red Nacional de Derechos Humanos, la desigualdad constituye una violencia estructural, dado que, entre otras cosas, “según cifras de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, del 2007, en México el 42% de la población vive en la pobreza, y casi el 14% vive en pobreza extrema. Esta violación generalizada se torna más escandalosa si consideramos que Carlos Slim, uno de los hombres más rico del mundo, concentra casi el 8% del PIB en México y que las 38 familias más ricas de México concentran el 14.4% del PIB mientras que el 10% (más de 10 millones) más pobre recibe el 1.6% del PIB y el 60% de la población más pobre (más de 60 millones de personas) concentra tan sólo el 27.6%.del PIB. Según el PNUD, si se transfiriera tan sólo el 5% del ingreso, de la quinta parte de la población más rica en México a los más pobres, aproximadamente saldrían de la pobreza 12 millones de mexicanas y mexicanos.”

Esta desigualdad es producto de una mala distribución de la riqueza que depende no sólo de factores económicos sino sobretodo de decisiones políticas. La preocupación por el mantenimiento de los índices macroeconómicos no basta para generar condiciones dignas de vida, sino un rediseño del papel regulatorio del Estado para generar condiciones de igualdad, lo cual implicaría el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales.

Reconciliación y participación política

La llegada de Felipe Calderón a la Presidencia de la República, genera un retroceso en la certeza de los procedimientos electorales para la alternancia. Iniciado en el período de Vicente Fox, el intento de desafuero del entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, con el fin de no permitirle registrarse en tiempo como candidato a la presidencia de la República, se profundizó durante las elecciones de julio de 2006, en el que se presentaron diversas irregularidades en el proceso que no fueron atendidas por las autoridades correspondientes. La falta de certeza en la legalidad de las elecciones ha generado dudas con respecto a la legitimidad del nuevo presidente y un movimiento de impugnación, encabezado por el mismo López Obrador.

La tercera pieza del deterioro la constituye la destitución arbitraria de los Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral en 2007, afectado la autonomía de este instituto que en el año 2000 fue pieza clave para la alternancia en el poder y el fin de un régimen de 70 años.

El deterioro institucional de los órganos relacionados a la legalidad electoral es un reflejo de la degradación y deterioro de los partidos políticos para representar los intereses de la población una vez que llegan al poder. Protegidos en el monopolio del acceso al poder público, el régimen político actual se constituye principalmente por los tres mayores partidos PRI, PAN y PRD, que conforman los poderes del actual Estado Mexicano.

Una vez que el PRI perdió el poder presidencial y las mayorías en las cámaras, contrario a lo esperado, los partidos de oposición comenzaron a alejarse de las demandas sociales para entrar en el juego electoral de la alternancia, buscando ganar espacios de representación política sin importar con quien hicieran alianzas. Del régimen del partido único se pasó a un régimen de partidos en los que algunos han denominado partidocracia. Jorge Camil define la partidocracia como el gobierno de partidos políticos, una forma de oligarquía, el gobierno de unos cuantos que rigen en beneficio propio. Este régimen de unos cuantos, otorga a los partidos políticos el monopolio de la competencia electoral y, una vez en el poder, la libertad plenipotenciaria de decidir sobre los asuntos públicos sin ningún control por parte de los ciudadanos. El otro rasgo esencial de la democracia, que los individuos puedan participar en la dirección de los asuntos públicos que les atañen, tampoco se verifica.

El Estado mexicano es, como caracteriza O’Donnell (PNUD, Ibíd.), “burocráticamente ineficiente y económicamente colonizado por intereses privados, que no puede cumplir con su dimensión de legalidad, dado que no sólo descuida la efectivización de derechos de la población en general, sino que manifiesta sesgos a favor de los mismos intereses que colonizan al Estado en su faceta de aparato burocrático. En consecuencia no es capaz de actuar como filtro y moderador de las desigualdades sociales. Es también un Estado casi completamente sordo a las demandas de equidad y reconocimiento que surgen del sector popular y, al contrario, es reproductor activo de las desigualdades existentes, así como también facilitador de las más devastadoras consecuencias de la globalización.”

En ese mismos tenor, el grupo Paz con Democracia ha señalado en su Llamamiento a la Nación Mexicana de noviembre de 2007, que “(El) proceso de ocupación neoliberal ha provocado (…) una degradación profunda de la política y un vaciamiento de la democracia representativa, con la correspondiente crisis, descrédito y corrupción de los partidos, incluyendo a los de la llamada izquierda institucionalizada, que devienen útiles y funcionales al capital. Los partidos políticos se han mimetizado con el Estado en la aplicación de la política neoliberal, de tal manera que son inconsecuentes con la defensa de los intereses nacionales, sociales y ciudadanos (…). Los partidos mexicanos son la expresión de la crisis de legitimidad y credibilidad que provoca la democracia tutelada por los poderes fácticos. Al divorciarse de la sociedad, estos partidos devienen en grupúsculos marcados por el arribismo, el oportunismo y la corrupción”.

Esta arbitrariedad antes exclusiva del PRI, en lugar de eliminarse con la participación y contrapeso del resto de los partidos, se ha extendido. Hoy es posible ver acciones arbitrarias en la criminalización de la pobreza y de la protesta social, con la participación concertada de los tres principales partidos: PRI, PAN y PRD.

En el sexenio de Fox, particularmente desde 2004, ocurrieron graves casos de represión como lo fue  el caso de los alter-mundistas en Guadalajara en 2004, bajo el gobierno del PAN en el que se infringieron numerosas detenciones arbitrarias y torturas. Los casos de Atenco en el Estado de México y u de la APPO en Oaxaca, en 2006, ambos gobernados por el PRI en el ámbito estatal y en mancuerna con el PAN en el nivel federal. En Guerrero, entidad gobernada por ex miembros del PRI, cobijados y postulados por el PRD, no es diferente. La acción de despojo y criminalización de los comuneros de Cacahoatán, por la construcción de la represa de La Parota fue concertada entre el gobernador Zeferino Torreblanca y el ex presidente Fox; actualmente, el hostigamiento militar y policiaco a las organizaciones indígenas de Guerrero, ha dado como resultado cientos de órdenes de aprehensión contra líderes sociales, decenas de presos políticos y recientemente la ejecución de dos defensores de derechos humanos Raúl Lucas y Manuel Ponce de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

Esta política represiva es continuada e incrementada por el ahora presidente Felipe Calderón, permitiendo ejecuciones de activistas sociales y políticos, desapariciones forzadas como la de Raúl Reyes y Edmundo Amaya, miembros del Ejército Popular Revolucionario, detenciones arbitrarias y encarcelamientos políticos, y en general la criminalización de la protesta social. La Red Nacional de Derechos Humanos en su Documento Conceptual sobre el derecho a la protesta, ha explicado que la criminalización de la protesta social se caracteriza por la judicialización de los conflictos sociales y la renuncia al diálogo y la política. Como lo ha señalado la Red Nacional de Derechos Humanos, se lleva el conflicto a la arena judicial y se encarcela y somete a proceso penal a los líderes o participantes de los movimientos y las protestas sociales, quienes entonces deben concentrar sus energías en defenderse de dichas acusaciones. Se trata de la aplicación de una política de criminalización de la protesta social como forma de control del descontento social, reformado la legislación penal para enfrentar sus manifestaciones.

Crisis democrática

La conjugación de la falta de legitimidad política, el cierre de espacios de diálogo, la debilidad institucional particularmente frente al crimen organizado y la creciente protesta social tanto civil como armada, se ha traducido en una profundización de la militarización de la policía y de la presencia de unidades del Ejército, por todo el territorio nacional en un literal estado de Guerra. Justificada como “guerra contra el narcotráfico” ha cobrado alrededor de 10 mil muertos en poco más de dos años de la administración calderonista, cerca de dos mil más que en el sexenio de Fox (El Universal, 13 de marzo de 2009).

Esta guerra que tiene el propósito formal de recuperar la seguridad en las calles, ha provocado exactamente lo opuesto, una escalada de violencia armada y el reforzamiento de las cárteles de la drogas que ahora controlan el secuestro, el mercado negro y cada vez más el comercio formal a través de la venta de seguridad, generando un verdadero estado de sitio y un terror generalizado. El estado actual de las cosas no tiene otro responsable que el gobierno federal, dado que ha decidido atacar el fuego con gasolina.

La guerra es lo opuesto al estado de derecho. Apostar a la militarización y a la violencia armada en lugar de fortalecer la institucionalidad para tener la capacidad de enfrentar el conflicto de manera pacífica, es rechazar definitivamente, a la posibilidad de una transición a un régimen democrático de derecho, traicionada y postergada por la nueva composición de la oligarquía política que aún gobierna el destino de México a la vieja usanza.

Desobediencia civil, resistencia y democracia desde abajo

En los últimos años 7 años ha existido una creciente efervescencia social en México caracterizada por un sentimiento de inconformidad. A la falta de canales institucionales, la población ejerce, cada vez con mayor intensidad, el derecho a la protesta, como exigencia al Estado del resto de los derechos, expresados como agravios o daños producidos por el Estado mismo o que debiera proteger o corregir, debido a esto Roberto Gargarella lo caracteriza como el primer derecho (El derecho a la protesta, el primer derecho, Ad Hoc, 2005).

Acciones de desobediencia civil como al llamada “resistencia al pago de la luz eléctrica” que se disemina por todo el territorio de Chiapas y extendiéndose a otras partes, tanto en comunidades rurales como urbanas, en donde no sólo se abstienen del pago sino que han construido toda una red de técnicos electricistas populares que reconectan la energía en comunidades y colonias, de manera organizada; o la gran extensión de radios comunitarias indígenas y populares que reivindican su derecho a la libertad de expresión y su derecho a la información, y operan sin concesiones dados sus inalcanzables requisitos. La desobediencia civil se caracteriza por desobedecer una obligación o una prohibición de manera consciente y pública, y de manera no violenta, apelando a un sentido de justicia comunitario. Hugo Bedau lo define así: “cualquiera comete un acto de desobediencia civil, si y sólo si, actúa de manera ilegal, pública, no violenta y conscientemente, con el fin de frustrar (alguna de) las leyes, políticas o decisiones de su gobierno” (citado por Gargarella, El derecho a la protesta).

Pero más allá, el derecho a la resistencia constituye, de acuerdo al mismo Gargarella, uno de los cuatro principios del constitucionalismo del siglo XVIII, junto con el carácter inalienable de derechos básicos, la de la legitimidad de la autoridad sobre el consenso de los gobernados, y la que establece que el primer deber de todo gobierno es el de proteger los derechos inalienables de toda persona. Locke afirmaba que el pueblo podía legítimamente resistir y finalmente derrocar al gobierno de turno en caso de que no fuera consecuente con el respeto de aquello derechos básicos, y a él se sumaban Jefferson, Buchanan, Gerson en Estados Unidos y Morelos en México  (Gargarella R. El derecho a resistir el derecho, Miño y Dávila, 2005).

Gargarella señala que si el derecho no es expresión más o menos fiel de la voluntad de nuestra comunidad nacional, si no que se presenta como un conjunto de normas ajenas a nuestro designio y control, que afecta a los intereses más básicos de una mayoría de la población, pero frente al cual ésta aparece sometida, nos enfrentamos a una crisis tal en la que se dan las condiciones para el derecho a la resistencia, dado que quien sufre sistemáticamente la violación a sus derechos no tiene el deber de obedecer el derecho (Gargarella, 2005: 14).

La resistencia rechaza la legitimidad del Estado (normas e instituciones) por ser responsable de una situación de injusticia generalizada y/o sistemática; puede ser pacífica o violenta y es ejercida principalmente, pero no exclusivamente, por los que la sufren, de manera colectiva, con el fin revertir el orden legal existente. La resistencia hace referencia a la rebelión, a los movimientos revolucionarios que pretenden derrocar un gobernante o un sistema despótico y autoritario.

Existen también experiencias de resistencia en México, no sólo las armadas, sino también civiles y pacíficas. De las primeras el Centro de Documentación de los Movimientos Armados tiene un listado de más de 30 grupos armados en México, de los cuales al menos 13 tienen su más reciente comunicado en 2007, lo que haría presumir que son grupos autónomos y activos. Los más representativos quizá sean el EZLN, el EPR y el ERPI.

El ejemplo reciente más significativo de resistencia civil con el fin de destituir al tirano, lo constituye la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), que sobretodo en 2006, aglutinó a sindicatos, organizaciones sociales, civiles, padres de familia, comunidades, ayuntamientos populares, organizaciones de colonos, entre otras expresiones, que tuvieron tomada la ciudad por cerca de 5 meses, incluyendo las instalaciones de los poderes locales, el palacio de gobierno, el congreso del estado y el supremo tribunal de justicia, con el fin de destituir al gobernador Ulises Ruiz. La oligarquía política nacional finalmente impuso la fuerza policiaca federal y sostuvo al gobernador en el poder, dispersando la movilización pero no al movimiento que sigue actuante por todo el territorio oaxaqueño, y que sin duda reaparecerá, de algún modo, en un futuro inmediato, porque los agravios persisten y la voluntad de la sociedad oaxaqueña por cambiar el orden social también.

De las experiencias de resistencia civil quisiera resaltar, sin embargo, aquellas que tienen claros procesos democratizadores, dado que de ellas surgirá, sin lugar a dudas, un verdadero proceso de transición a la democracia en México. Su característica principal, además de rechazar el orden legal existente, es la de construir uno paralelo en el que pueden incidir y participar para procurar la vigencia de derechos que han sido negados por el Estado, asumiendo para sí funciones de gobierno a partir de la participación amplia de los sujetos involucrados y recuperando las formas tradicionales de autoridad indígena, en un doble desafío. Esta forma de resistencia está fuertemente influenciada por una idea en común que se ha difundido ampliamente, sobretodo entre pueblos indígenas: el derecho a la autonomía, que no es otra cosa que el ejercicio de la soberanía popular. En estas experiencias nos enfrentamos aunque sea de manera embrionaria, a los cuatro principios constitucionales vistos más arriba, que los vuelve un movimiento democrático.

Entre estos podemos ver de manera preponderante al EZLN, que de ser un movimiento insurgente abrió paso, sin dejar las armas, a un movimiento también civil y pacífico con la creación de los Consejos Autónomos que devinieron en Municipios Autónomos Rebeldes (MAREZ) y posteriormente, en un segundo nivel de gobierno, los Caracoles Zapatistas. El EZLN desde su Primera Declaración de La Selva Lacandona llamaba a un proceso de democratización que cerrara la brecha de la desigualdad y modificara las estructuras de un modelo excluyente: “pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático (…) y una nueva Constitución”. Como respuesta a la traición de los acuerdos pactados, tomaron la decisión de ejercer su derecho a la soberanía popular a través de órganos de gobierno y comités participativos, bajo la figura de la autonomía indígena, basándose en el Convenio 169 de la OIT y en los Acuerdos de San Andrés firmados con el gobierno federal el 1996.

Con una fuerte influencia de los zapatistas, se han extendido otras experiencias de resistencia civil democratizadora. El Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero (SSJC), conocida como La Policía Comunitaria, que es como ellos mismos se definen, «la organización de los pueblos indígenas y mestizos de la Costa-Montaña de Guerrero». Su comandancia es un consejo de comunidades y su propósito es atender el problema de inseguridad que privaba en su región garantizando la seguridad pública, procurar e impartir justicia, y reeducar con trabajo comunitario a los maleantes. Como es fácil imaginar, el Estado no ha sido omiso a esta “usurpación” de funciones y en varios momentos ha tratado de desarmar y desorganizar la resistencia.

También, la creación de nuevos municipios autónomos más allá de Chiapas en las que reivindican la máxima de “mandar obedeciendo”. El Municipio Autómomo de Suljaa’, en territorio amuzgo de Guerrero, el Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui de Oaxaca, el Caracol de Zirahuén en Michoacán, el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, el Pueblo de Vicente Guerrero de Centla, Tabasco, entre otros.

No es un hecho menor que estas experiencias sean fundamentalmente indígenas, ello se debe por un lado a su identidad común y a su memoria histórica y por el otro, a la oportunidad política para estos movimientos, suscitada por el debate sobre sus derechos partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT y al contexto del 500 aniversario de la conquista española, no sólo en México sino en toda América Latina. El movimiento indígena en México no está reivindicando derechos para sí sino para todos porque están conscientes que su suerte depende de la de todos que navegamos en este barco llamado México, y eso le pone otra característica, su universalismo a partir del reconocimiento de la igualdad en la diversidad.

Conclusión

La llamada transición en el poder en el año 2000, después de un régimen de 70 años del PRI ha devenido en una nueva oligarquía con características de partidocracia que en ningún sentido han significado un avance mínimamente significativo en mejorar las condiciones democráticas de la sociedad, que de acuerdo a Charles Tilly debería reflejarse en algún grado en al menos uno de estos indicadores: Los derechos y obligaciones se han ampliado a una proporción mayor de las personas bajo la jurisdicción del Estado; los derechos y obligaciones se distribuyen cada vez con mayor igualdad entre los ciudadanos; es consultada de manera obligatoria la ciudadanía, con respecto al personal y a las políticas del Estado; y/o se ha ofrecido a los ciudadanos, incluidos los miembros de grupos minoritarios, una mayor protección contra acciones arbitrarias por parte de los agentes del Estado.

El desenlace está aún por verse, todo parece indicar que la crisis del Estado mexicano tiende a una mayor profundización, antes que podamos vislumbrar una salida. Quizá surjan salidas insospechadas y procesos sociales y políticos aún por confluir, pero las semillas de una época más democrática están germinando en las tierras que se habían desechado. Valdrá la pena no sólo ser observantes sino participes de esta historia.

Marzo 2009.