La democracia es el hábitat natural de los derechos humanos. Es en democracia donde los derechos humanos crecen y se multiplican para todas y todos. Sin los elementos básicos de la democracia, los derechos humanos se asfixian, se confrontan, se confunden: que si la libertad de expresión pone en riesgo la seguridad, que si las manifestaciones de protesta atentan contra los derechos de la ciudad, que si la defensa de los derechos humanos ponen en riesgo la estabilidad del Estado, etc.; y se tiende a crear una ley y una institución para cada problema: comisiones, fiscalías, órganos autónomos, consejos ciudadanos, etc., etc., etc.

Los elementos básicos de la democracia son dos, la legitimidad del poder y la distribución del poder. La legitimidad del poder se refiere al cómo y al que, tanto al proceso que lo constituye respetando la voluntad popular, como al propósito y el contenido del ejercicio mandatado del poder. El ejercicio del poder público no tiene otro fin en una república democrática de derecho, que procurar el bien del pueblo, ese bien a partir de la reforma al artículo 1 constitucional se traduce sin lugar a dudas, de manera objetiva, en los derechos humanos. El poder se constituye por el pueblo (artículo 39) y toda autoridad tiene la obligación de proteger promover, respetar y garantizar los derechos humanos, toda producción de normas de cualquier autoridad (leyes, decretos o sentencias) deberá ser creada e interpretada desde los derechos humanos. Ese contenido del ejercicio de la autoridad es la otra cara y por ello condición de su legitimidad.

La distribución del poder se refiere por un lado a la capacidad de decisión de cada miembro de la comunidad política de incidir y participar de las decisiones, participar de su construcción y de sus resultados. Llamaré Poder, con mayúscula, a la tendencia orgánica de expropiar para sí la capacidad de decisión, es decir, la tendencia contraria a la distribución del poder con minúscula, entendido este como capacidad de ejercicio del libre albedrío personal y colectivo. El Poder en su contexto se repite a diferentes escalas y ámbitos, políticos, sociales o económicos. La distribución democrática del poder en su sentido más amplio, se refleja en el principio de “una persona un voto”, donde un voto es referido a tomar una decisión y no (sólo) a elegir a los decisores. En su otro extremo la distribución del poder tiene herramientas de escrutinio cotidiano de la autoridad y de rendición de cuentas (en lugar de una ley de acceso a la información que tolera al Poder). La participación en la construcción de decisiones y sus resultados, y el escrutinio público de la autoridad, requieren hacerse al ras del suelo, en estructuras de poder local donde se ponga el acento a la vida democrática. Es allí donde se pueden hacer ejercicios repetidos de consultas sobre planes de desarrollo o la definición participativa del presupuesto, el referéndum sobre la elección de los miembros de la policía local, etc.; es allí donde el escrutinio de la autoridad puede ser efectivamente público porque su acción está a la luz del día, naturalmente transparente.

El más reciente decálogo del Presidente Peña Nieto, a propósito de las violaciones graves a la vida y a la integridad de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, señala que la debilidad de las estructuras municipales facilita la infiltración del crimen organizado y propone como solución desaparecer los poderes cuando se presuma la infiltración del crimen en los municipios y la desaparición de las policías municipales para fortalecer las estatales. En lugar de proponer fortalecer la vía democrática pretende aprovechar la desgracia para fortalecer el Poder sin poner un remedio a la corrupción de la que también son presas las fuerzas policiales estatales y federales, incluso las fuerzas militares.

En contraste, las legítimas autodefensas (siguiendo la definición, aquellas que tienen su origen en la decisión popular y sirven para protegerla, y no como un Poder para sí) y las policías comunitarias indígenas nos han demostrado fehacientemente cómo la seguridad democrática es más efectiva que la seguridad militarizada que nos han querido vender pero que sólo beneficia al Poder. La comunidad p’urhépecha de Cherán nos ha demostrado que la debilidad municipal está en la falta de participación en la toma de decisiones y que en su contrario radica su fortaleza, no en las armas, porque los sujetos del derecho son los mismos que toman las decisiones para sí y nadie libremente quiere vivir sometido por el crimen. Lejos de institucionalizar la seguridad democrática, el Poder copta a los grupos de autodefensa o los encarcela. Si en Iguala la policía municipal hubiera estado bajo el referéndum y escrutinio de la población como en Cherán o la montaña de Guerrero, no se habría infiltrado el crimen organizado en ella (como no lo ha hecho hasta ahora), y no habría ocurrido la desaparición y ejecución de los normalistas, por el contrario, en Iguala ni la presencia del ejército esa noche, pudo evitar semejante crimen.

Una nota sobre la legitimidad. Hay quien defiende que la legitimidad es dada por la legalidad, desde mi punto de vista eso es fetichismo legal. La legitimidad es anterior y debe ser condición preexistente a la legalidad. La legalidad es sólo el proceso por el cual una decisión legítima (ya vimos las dos condiciones de la legitimidad) se institucionaliza para darle el carácter de observancia obligada a propios y extraños. Particularmente en países como el nuestro donde la creación de normas está alejada de la voluntad popular, pretender que la legitimidad devenga de la legalidad es hacerle el juego al Poder.

Todas esa acciones ciudadanas que desde el sentido común reconocemos legítimas aunque ilegales, no son más que la constatación de una democracia contradictoria (la contradicción no es de quien observa), de una democracia hueca, que nos empuja a protestar a las calles, hartos, y la respuesta del Poder es más represión y el intento de prohibir la movilización, una democracia sin contenido, apenas una democracia procedimental como la nombran los expertos politólogos. En estas circunstancias de desigualdad y falta de libertades, la defensa de los derechos humanos ha consistido en acotar el Poder, mantenerlo alejado de la libertad personal e incluso colectiva.

La democracia por su lado, una democracia plena, con contenido o una democracia sustantiva como se le llama, pretende ser el sistema que le da un sentido y una razón diferente al ejercicio del poder, entendido como la libertad de participar en condiciones idénticas (una persona un voto) en las decisiones que a cada quien afectan (no podemos participar en las decisiones de asuntos que no nos afectan), participación equitativa en la decisión y participación equitativa de sus resultados, es un modo de gobierno para la libertad en equidad, en el mandar obedeciendo de los zapatistas. Una democracia con libertad y derechos es contraria al Poder.

La exigencia de los derechos humanos pasa entonces por analizar las condiciones democráticas para su ejercicio. Sin democracia no son posibles los derechos humanos y son falsas las promesas de quien pretenda cambiar el deterioro de los derechos humanos, la corrupción o la impunidad, sin afectar al Poder como lo es pretender tomar el Poder para hacerlo. La defensa de los derechos humanos pasa hoy por democratizar los espacios de toma de decisión y buscar alternativas para la vigencia de los derechos como su resultado.

Considero que son tres los retos más inmediatos para acotar al Poder en el tiempo que hoy nos toca vivir en México, mientras logramos transitar hacia estructuras de real democracia (que hoy se construyen en resistencia y  a contrapelo del Poder, particularmente en regiones indígenas):

Hacer funcionar la justicia hasta el punto donde el Poder pueda también ser juzgado. Esto implica primero, contrarrestar al Poder del uso discrecional de la justicia. Ya no es suficiente buscar el escrutinio internacional que se limita a observar y hacer recomendaciones, es necesario incidir para que tal escrutinio se haga desde dentro, involucrándose con voz propia en las investigaciones, y en la definición y seguimiento exhaustivo de las líneas investigación. En su campo, esta es la labor que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense en las fosas de Guerrero, entre otras, trabaja a la par de la procuraduría para dar certeza a las familias sobre la veracidad de sus hallazgos. Es esta la misma expectativa que tiene que cumplir el grupo de expertos independientes que vendrá a México en el primer trimestre de 2015, como parte de las medidas cautelares dictadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, retomar las investigaciones en el caso de los 6 normalistas asesinados y los 43 desaparecidos en Iguala a la par de la procuraduría y dar certeza a la familias y a la sociedad de hacer llegar la justicia hasta el final o denunciarlo.

Implica también presentar sistemáticamente denuncias penales internacionales y por graves violaciones a derechos humanos como un modo de vencer la impunidad prevaleciente e impulsar el cambio de condiciones estructurales en lo doméstico. Quienes acompañamos y documentamos casos de desaparición forzada, ejecuciones y tortura debemos intentar demostrar, dado el patrón de violencia en el país, la violación sistemática y generalizada a los derechos humanos que incidan en abrir juicios penales internacionales por delitos de lesa humanidad y/o la intervención de los Comités de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Segundo, romper en los hechos el monopolio de la política en manos de los partidos. Esto implica impulsar en todo espacio una colectividad, una asamblea democrática, el debate y la deliberación para la toma de decisiones. Ejercer el parlamento de manera cotidiana, asambleas en condiciones democráticas, es decir legítimas y equitativas, procurando privilegiar la escucha y la solidaridad, es la mejor garantía de futuro para la democracia, al menos para el pedacito de lugar que nos toca y formar constelaciones de pedacitos que llenen el país y más allá. Tomar decisiones particularmente en los asuntos públicos y en los que más nos afectan o preocupan, poniendo por delante a las víctimas o a los más desfavorecidos que nivelar la balanza nos hará bien a todos. Ejercer la democracia en condiciones deliberadas de justicia, libertad y equidad nos hará superar la falsa democracia que vivimos.

Tercero, apostar por la libertad, la paz, la justicia y combinarlos con el arte, buscar espacios que nos motiven e inspiren, que se desarrolle la creatividad que alimente el espíritu en sentido contrario del ambiente de odio y venganza. Aquí los artistas tienen un papel importante que jugar. No podremos acabar con el dinosaurio si a cambio nos convertimos en él.

En conclusión, podemos decir que tenemos una crisis de derechos humanos pero si hemos de ser precisos en el diagnóstico y certeros en el remedio, lo que tenemos es una crisis de democracia que nos ha llevado al hartazgo y que nos está cobrando la factura con graves violaciones a los derechos humanos. Cualquier solución para los derechos humanos en el México contemporáneo, deberá pasar por la lucha por la democracia y por la libertad en todo espacio que podamos llenar.

#Yo me descuelgo, Danilo Oliva, cantante y compositor chileno en solidaridad con los 43 normalistas