“No somos verdugos ni nos dedicamos a ultimar gente”, dijo el General Guillermo Moreno Serrano Comandante de la Cuarta Región Militar ubicada en Nuevo León, refiriéndose al Ejército Mexicano, en respuesta a la CNDH por la recomendación 45/2010 sobre los jóvenes asesinados del Tecnológico de Monterrey, según constata La Jornada en su edición del pasado domingo.
Resulta difícil creerle al General cuando a estas alturas del sexenio calderonista son alrededor de 29,000 los ejecutados en la guerra contra el narco. No sabemos cuántos de ellos lo han sido por manos de las fuerzas armadas pero dos casos de resonancia nacional nos dan una idea de cómo sí actúan como verdugos, me refiero a las ejecuciones de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca (16 de diciembre de 2009) y de Ignacio Coronel Villareal en Guadalajara (29 de julio de 2010), ambos presuntas cabezas del narcotráfico en México.
No me refiero sólo al hecho de que en el primero caso el enfrentamiento de 100 marinos contra apenas poco más de cinco hombres armados, y en el segundo de 200 militares contra dos presuntos delincuentes, hagan difícil creer la necesidad de ultimarlos en lugar de someterlos y detenerlos, como bien observa John Ackerman en su columna del 9 de agosto pasado; la mejor evidencia de la intención de las fuerzas armadas por ejecutar, es la portación y uso de balas expansivas. De acuerdo a notas de prensa, “varias balas expansivas le perforaron el tórax, el abdomen y la cabeza” a Beltrán Leyva, una más fue utilizada contra uno de sus escoltas en el mismo ataque, y dos fueron encontradas, según peritajes de la SIEDO, en el cuerpo de Ignacio Coronel.
El uso de balas expansivas se prohibió por primera vez por la Convención de Paz de La Haya de 1899. Posteriormente, esta prohibición fue retomada en el artículo 35 del Protocolo I de los Convenios de Ginebra, sobre conflictos armados internacionales: “2. Queda prohibido el empleo de armas, proyectiles, materias y métodos de hacer la guerra de tal índole que causen males superfluos o sufrimientos innecesarios.” La razón de esta disposición tiene su fuente en el preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en el que se establecía que “el único objetivo legítimo de la guerra es debilitar las fuerzas militares del enemigo” y que por tanto, “en la guerra es suficiente con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres”, no liquidarlos.
No sobra repetir que la guerra de Calderón en contra del narcotráfico es ilegal, dado que para declararla se necesitan cubrir los requisitos establecidos en el Artículo 29 constitucional e informar de dicha situación al menos a los Estados Americanos y establecer las medidas de protección de los derechos de las personas, como lo establece el Artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aun cuando estuviéramos en una situación de guerra o de peligro público que amenazara al Estado (recordemos que vivimos una situación de violencia creada por el propio gobierno federal, ver “A war on drugs?” de Luis Hernández Navarro), “agravar inútilmente los sufrimientos de quienes han sido puestos fuera de combate o hacer su muerte inevitable”, es hoy una norma considerada de derecho internacional consuetudinario, y aplica como delito de guerra de los Estados, aunque no sean parte de los Convenios que explícitamente lo prohíben.
Si esto es así en los supuestos de guerra internacional o interna, con mayor razón es aplicable a los supuestos donde se presumen condiciones de paz y un Estado de Derecho. Si en la guerra el objetivo legítimo es debilitar a las fuerzas armadas del enemigo, en tiempos de paz el objetivo legítimo de los funcionarios de hacer cumplir la ley (la policía o quién cumpla este papel, así sea el Ejército o la Armada) es proteger el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de la ONU, establecen que (Artículo 4)“(l)os funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego (…). (Artículo 5) Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga; b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; (…)”. El uso de balas expansivas es, como se evidencia, contrario a este propósito.
No es difícil suponer que los grupos de narcotraficantes utilicen los mismos métodos prohibidos pero no podemos considerar que la responsabilidad sea la misma porque sería tanto como elevarlos a la calidad de autoridades. Por el contrario, el uso de esos métodos deslegitima a las fuerzas armadas y las degrada a la calidad de delincuentes. Para estos existe el derecho penal, no las ejecuciones extrajudiciales.
No sabemos en qué otros casos las fuerzas armadas habrían utilizado balas expansivas u otros materiales prohibidos en su guerra contra el narcotráfico. Lo que se evidencia en los casos de Arturo Beltrán Leyva e Ignacio Coronel, es que el Ejército y la Marina, si es verdad que utilizan balas expansivas, actúan como verdugos, violando los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego, y más aún, incurriendo en delitos de guerra condenados por el derecho internacional humanitario.
El Ejército y la Marina estarían lejos de cumplir con los objetivos legítimos de la guerra y mucho más lejos de los objetivos de hacer cumplir la ley, razón por la cual no deben suplir la acción policiaca. Mientras eso se cumple, al menos deben abstenerse de utilizar armas prohibidas y recordar que las ejecuciones extrajudiciales están proscritas.
Es difícil esperar que el fuero de guerra juzgue a las propias fuerzas armadas por contravenir el derecho internacional pero una denuncia ante el Sistema Interamericano sería posible por cualquier persona, dado el carácter de derechos objetivos que tienen los derechos humanos en ese ámbito. Sería un servicio a la democracia y al Estado de Derecho en México que algún organismo de derechos humanos lo hiciera.
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La lógica de la guerra contra el narco:
Michael W. Chamberlin 
No cabe duda que existen narcoreporteros que se dedican a fraguar mentiras por el solo hecho de vender una noticia tan falsa, tratas de cambiar la verdad sobre el Derecho Internacional Humanitario y los diferentes convenios internacionales que existen, cabe aclarar que la lucha contra la delincuencia organizada no es una guerra ni existe algun enfrentamiento entre fuerzas regulares, por lo que mencionas no tiene sustento legal, sobre los capos muertos al querer ser detenidos mataron a algunos militares primero por lo que utilizaron sus reglas de enfrentamiento para poder neutralizar la amenaza, no cabe duda que te paga el narco para decir pendejadas.
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No suelo publicar comentarios anónimos ni injuriosos. Lo hago ahora para aclarar dudas que quizá otros tengan sobre el Derecho Internacional Humanitario. Primero hay que dejar en claro que el estatus ambiguo de la participación del Ejército en la esfera de los civiles, es la especialidad de nuestro sitema político mexicano. El término de guerra lo introdujo el presidente Calderón, si no es una guerra ¿quié hacen los militares en las calles?, esa es la primera contradicción. Segundo, el Derecho Internacional Humanitario aplica a las Fuerzas Armadas, independientemente de con quién esté combatiendo. Les imprime obligaciones que bajo ninguna circunstancia o argumento pueden desdeñar sin violar el derecho internacional, incluso si son atacadas primero, porque ellas sí son fuerzas regulares, peor aún, del Estado. Si utilizan balas expansivas el propósito de liquidar se evidencia y no hay reglas de enfrentamiento que legitimen las ejecuciones premeditadas. Tercero, si no es un estado de guerra las responsabilidades son mayores, las del estado de derecho como ya he explicado, lo que complica aún más justificar los métodos de guerra del Ejército y la Marina, particularmente las ejecuciones premeditadas. Cuarto, las Fuerzas Armadas como cualquier otra institución de Estado, no puede actuar en la ilegalidad y la arbitrariedad, aunque no les guste. Mientras algunos defienden a las Fuerzas Armadas como si fueran un grupo sicario más, el interés de este servidor es defender las instituciones democráticas que el propio gobierno federal a través de ellas, está destruyendo. Finalmente, no sobra decir que no soy un narcoreportero ni mucho menos y que nadie me paga por escribir mis opiniones. Lo hago con el derecho que me da ser un ciudadano en el ejercicio de sus derechos, aunque no les guste a algunos que con cortas miras y desde la impunidad del anonimato, quizá estos sí pagados, han hecho de este país el lugar más peligroso para la libertad de expresión.
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Qué alarmante es constatar que hay personas que pueden estar informadas y que por lo tanto tienen insumos para construir sus posiciones críticas a lo que sucede en nuestro país y que sin embargo su mirada estrecha sólo los lleva a descalificar, además con leparadas e injurias, lo que alguien se toma el trabajo de escribir con seriedad y bases, además con la intención de fortalecer caminos a democracia verdadera y no farsa-show de nuestro gobierno. Es muy lamentable que cuando se hable de derechos humanos y de derecho internacional las personas de mirada estrecha reduzcan la realidad a los buenos vs los malos, como si eso nos librara del lastre que vivimos entre narcotraficantes y Estado débil, irreflexivo o coludido. Es una lástima que en vez de aguzar nuestra mente, reflexión, sentidos, para empujar a mejores políticas de protección de todas y todos, de forma anónima algunos se expresen, sin darse cuenta de lo irresponsable de sus palabaras, como ahora el Cardenal Sandoval. En fin, gracias Mike por tus llamados a la conciencia, por poner los dedos sobre las llagas, por ofrecer gratuitamente luces de por dónde sí y por dónde va peor.
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Estimado Michael: Gracias por este artículo tan interesante y bien trabajado. El lector anónimo que te agrede no sólo demuestra su ignorante parcialidad, también se suma a una lista de personas que parecen estar cazando publicaciones en contra del ejército para hacer comentarios anónimos e insultantes. Seguro que son militares con esa misión… la autodefensa parece ser lo único que les queda ante sus inminentes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Gracias por tu artículo.
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Felicidades Michael por tan valiente artículo, ya hacen falta a estas horas más comunicadores como usted, con arta luz. Los periodistas del siglo pasado han quedado obsoletos ante los retos que exigen los problemas actuales, como filigreses del gatopardismo, la simulación y la fantasía, asi se quedaron siempre rebasados por la realidad, y hoy caducos.
Los que te conocemos siempre te respaldaremos en tus comentarios tan puntuales y puntales.
Fraternalmente
Timoteo Bautista Castelán
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Muchas gracias Tomiteo, por tus palabras.
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